Santo Domingo.- Las familias estadounidenses necesitan más espacios para respirar, no menos, advirtió el presidente Joe Biden a los congresistas del Partido Republicano.
Los republicanos de la Cámara (de Representantes) han propuesto un nuevo impuesto nacional sobre las ventas del 23%, informó el presidente estadounidense en un mensaje vía la red social Twitter.
Esa propuesta, según Biden, aumentaría para las familias estadounidenses los precios de todo, “desde comestibles y gasolina, hasta alimentos y medicinas”.
“Las familias estadounidenses necesitan más espacio para respirar. No menos”, precisó.
El entonces presidente Pedro Castillo y el periodista César Vignolo en la imagen publicada el 22 de febrero de 2022 por Apnoticias
Por Germán Reyes
Santo Domingo.- La Policía peruana ingresó con una tanqueta y decenas de agentes a la universidad San Marcos, donde detuvo a 200 personas, entre ellas a 20 convictos de terrorismo, declaró el periodista César Vignolo.
La incursión policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), de la capital peruana, Lima, fue realizada para desalojar a los manifestantes que se hallaban en el campus desde hace días para respaldar las protestas contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.
Sí, eran terroristas de esos grupos radicales, que han sido sancionados como tales por los tribunales de la República, declaró el comunicador, destacado por sus investigaciones sobre temas cardinales de la nación sudamericana.
La Policía peruana utilizó al menos este tanque de guerra para penetrar al recinto de la Universidad de San Marcos, en Lima
Vignolo refirió que algunos congresistas dicen que las autoridades aplican el abuso y la represión contra quienes se manifiestan en las calles de Lima y otros pueblos “porque parten de imágenes que describen sucesos pasados”.
El periodista deploró que se produzcan informaciones falsas, como el caso de un monumento histórico que habría sido incendiado por bombas lacrimógenas lanzadas por la Policía.
Los gases lacrimógenos, precisó, jamás pueden producir incendios. “No podemos decir esa falsedad para encubrir una acción terrorista”.
Nuestra firme posición
El periodista limeño, que ha sido víctima de innúmeras amenazas de muerte, compartió en su muro de Facebook la portada del periódico El Expreso, donde labora, el cual dice que la Policía ocupó la universidad de San Marcos para desalojar manifestantes que califica de “violentistas”.
Coordinadora Republicana exige al gobierno de Boluarte «firmeza» en defensa del orden democrático. Grupo lamenta que se esté destruyendo la propiedad pública y privada, mientras se vulneran los derechos humanos. Así tituló el diario peruano Expreso la información ofrecida en una rueda de prensa por ese grupo defensor de la presidenta Dina Boluarte
Asimismo, dispensó su “firme posición” en apoyo a una declaración de la Coordinadora Republicana que reclama a la presidenta Dina Boluarte proceder con “firmeza y eficacia”.
En su opinión, frente a ello, el Perú está sufriendo un ataque antidemocrático a sus instituciones.
«Esto pone en peligro a nuestra República Bicentenaria en la medida que desconoce las libertades ciudadanas. La agresión proviene de un extremismo izquierdista que fracasó con Pedro Castillo y ahora desata toda su furia radical», destaca el documento.
Sendero Luminoso y Túpac Amaru
También consideraron imposible soslayar que a la cabeza de los atentados criminales “están muchos epígonos actuales de Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), pretendiendo revivir épocas de horror y sangre”.
Es su deber, prosigue la declaración, desplegar las acciones que la democracia posee para debelar (develar) a sus enemigos, en el marco prescrito por la Carta Magna y la ley.
Insistió en que, “frente a la magnitud de la amenaza contra nuestras libertades, cualquier signo de tibieza, negligencia o indecisión, implica capitular vergonzosamente ante intereses ajenos a nuestra nación».
Manifestaciones en Lima, Perú, el 19 de enero de 2023
Lima, AT.- Una de las principales luchas que libran los manifestantes en Perú es contra el olvido. Desde hace más de un mes distintos grupos de las zonas más empobrecidas del país se mantienen en la calles para exigir la renuncia a la presidencia de Dina Boluarte y la convocatoria a elecciones, luego de que el expresidente Pedro Castillo fuese destituido por el Congreso, que torpedeó su mandato desde el inicio.
Hasta ahora, estas movilizaciones han dejado 54 personas muertas en medio de denuncias por excesos policiales, violación de derechos humanos y represión desmedida por parte de los cuerpos de seguridad.
Manifestantes en Lima, Perú, el 19 de enero de 2023
Esta semana llegaron a Lima grupos de campesinos de los pueblos chankas, aimaras, quechuas y waris que salieron de los olvidados poblados en el sur y el oriente peruano para unirse a las protestas. En esas partes del país, donde se encuentran los departamentos más empobrecidos y excluidos, Castillo resultó ganador en los comicios de 2021.
Un indígena ondeando la Wiphala, la bandera de los pueblos andinos, el 19 de enero de 2023
Entre las entidades que se han movilizado a Lima hay personas provenientes de Cusco, Cajamarca, La Libertad, Amazonas, Arequipa, Moquegua, Puno, Ica, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Huánuco.
Indígenas bloquean una carretera para protestar contra el gobierno de Dina Boluarte en Cusco, Perú, el 13 de enero de 2023
Algunos catalogan este movimiento popular como «sin precedentes» en el país, puesto que no hay liderazgos visibles ni partidos políticos que hagan las convocatorias.
Así como durante la campaña electoral imperaron muestras de racismo, estigmatización y criminalización contra Castillo y sus seguidores, en esta oportunidad no es diferente. Tanto los sectores políticos como los grandes medios han enfilado sus cuestionamientos contra quienes se trasladaron a la capital para exigir ser escuchados.
«Terroristas, senderistas e indios»
Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estuvo en el país suramericano la semana pasada presentó los resultados de su visita de observación e hizo referencia a la «fuerte estigmatización por factores étnicos, raciales y regionales» que encontró. Del mismo modo, habló del discurso de algunas autoridades que llaman «terroristas», «senderistas» e «indios» a los manifestantes, recoge Ojo Público.
Algunos catalogan este movimiento popular como «sin precedentes» en el país, puesto que no hay liderazgos visibles ni partidos políticos que hagan las convocatorias.
Así como durante la campaña electoral imperaron muestras de racismo, estigmatización y criminalización contra Castillo y sus seguidores, en esta oportunidad no es diferente. Tanto los sectores políticos como los grandes medios han enfilado sus cuestionamientos contra quienes se trasladaron a la capital para exigir ser escuchados.
«Terroristas, senderistas e indios»
Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estuvo en el país suramericano la semana pasada presentó los resultados de su visita de observación e hizo referencia a la «fuerte estigmatización por factores étnicos, raciales y regionales» que encontró. Del mismo modo, habló del discurso de algunas autoridades que llaman «terroristas», «senderistas» e «indios» a los manifestantes, recoge Ojo Público.
En una editorial de El Comercio, se condenan los hechos aislados de violencia que han ocurrido en las manifestaciones, donde grupos pequeños han causado daños contra bienes públicos, sedes de organismos del Estado, entre otros. Sin embargo, en el escrito abundan calificativos como «vándalos«, «energúmenos«, «turba» y se afirma que esos disturbios podrían extenderse aún más.
En los videos que circulan en las plataformas sociales también han quedado registradas la muestras de racismo. En uno de los clips, un grupo de personas en Cusco llama a los manifestantes «indios» y «cholos» y les piden que «regresen a sus chacras [granjas]».
En otra sucesión de imágenes, una joven califica a los que protestan de «indios, ladrones y delincuentes», mientras varias voces a su alrededor gritan «lárguense».
¿Cuál es el rostro de la protesta?
Los grandes medios han presentado una imagen distorsionada de quienes piden el cierre del Congreso y claman por justicia frente a la represión policial que ha causado la muerte de jóvenes, principalmente.
Sin embargo, en las redes sociales hay imágenes donde se ven los rostros y la forma de organización de estos grupos, que han decidido dirigirse a Lima para expresar sus demandas históricas.
En uno de los clips, una abuela de una comunidad indígena dice que en esta oportunidad no se dejarán engañar, después de años de robo y saqueo contra esos sectores empobrecidos.
«Tanto tiempo hemos sido olvidados, nadie ha preguntado por nosotros», dice.
¿De dónde sale el dinero?
Si bien la Policía apunta al supuesto financiamiento de Sendero Luminoso, el congresista derechista Alejandro Cavero, de Avanza País, agregó en un artículo de opinión de El Comercio que los sectores más radicales obtenían recursos de la minería ilegal y del narcotráfico.
En sus explicaciones Cavero fue más allá y responsabilizó a financistas externos con vínculos con el «narcotráfico boliviano», además de cubanos, venezolanos y colombianos, según El Perfil.
A pesar de estas acusaciones sin pruebas, en las plataformas sociales varios usuarios han compartido cómo han logrado obtener los recursos para emprender un traslado desde los alejados departamentos del sur y el oriente hasta la capital peruana.
En un video, una mujer afirma que está «por cuenta propia» y que nadie la financia. «Estamos yendo para hacernos respetar, abandonando nuestras tierras y nuestros hijos. Por culpa de la presidenta estamos siendo pisoteados», manifesta.
En otras imágenes se observa cómo las personas les dan voluntariamente dinero a los manifestantes cuando salen de sus comunidades. Cada ingreso es anotado en un cuaderno.
Así, se ve cuando una comerciante dona una paca de papel higiénico, una de agua mineral y galletas. También de otros pequeños negocios proporcionan mantas y bastimentos.
El lingüista y educador aymara Roger Gonzalo dice en una entrevista de Wayka que ha escuchado una «pregunta muy primaria» que la hacen los periodistas limeños sobre las fuentes de recursos para estas movilizaciones.
Gonzalo, que pertenece a la comunidad Chatuma, en Puno, niega que el dinero provenga del narcotráfico o de la minería ilegal y explica que hay varias opciones.
Una de ellas es que quienes se movilizan paguen su propio pasaje o que se hagan colectas para cubrir los traslados de los comisionados que irán a las marchas.
En cuanto a los alimentos, dice que puede encargarse el teniente gobernador, que es la autoridad del ayllu o comunidad originaria. El transporte es proporcionado por los dueños de los autobuses, que son aimaras.
«Tenemos banco comunal. Y no se olvide que quienes salieron esta vez en su mayoría fueron mujeres, que son el motor de la economía familiar».
En estas muestras de solidaridad también participan organizaciones sociales, movimientos populares e incluso universidades, que han publicado a través de sus redes sus ofertas para albergar de manera gratuita a quienes protestan. Del mismo modo, se ven solicitudes de intérpretes para los procesos legales de indígenas detenidos y los números de cuentas de bancos para recibir donaciones.
Un movimiento popular «sin precedentes»
En un artículo de J. Carlos Flores, publicado en La Patria, analiza lo que estaría detrás de la ‘Marcha de los Cuatro Suyos’, que tomó el nombre de las divisiones regionales de los incas y de una movilización contra el expresidente Alberto Fujimori, que precipitó su salida del poder.
«Esta marcha no tiene una cabeza visible, no es sostenida por institución alguna, ha provocado divisiones en la iglesia, no hay indicios de financiamiento externo».
Además, se ha referido a las cohesión de distintos pueblos indígenas tras «las muertes ocasionadas por el Gobierno y la actuación abusiva de las fuerzas del orden»
Lima, AT.- Unidades de la Policía Nacional de Perú (PNP) entraron la mañana de este sábado en las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) de Lima para desalojar a los manifestantes que se hallaban en el campus desde hace días para respaldar las protestas contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.
«Ante la flagrancia de las personas que habrían tomado las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, efectivos policiales ingresaron para poder desalojarlos de dicha entidad», confirmaron desde la PNP.
En videos que circulan por las redes sociales se aprecia que los agentes tuvieron que valerse de un vehículo blindado para derribar una de las rejas que lleva al campus universitario y emprender el operativo de desalojo. Los agentes planean identificar a todos los manifestantes que se alojaron en ‘la Decana de América’, señala RPP.
Mientras tanto, los universitarios de la UNMSM no pueden entrar en el recito del centro tras la irrupción policial. Por su parte, el Ministerio Público comunicó que los fiscales de prevención del delito se dirigen a las instalaciones del centro educativo «para verificar la legalidad de las actuaciones policiales» y garantizar «el debido proceso de todas las personas».
El campus de la universidad fue tomado el pasado 18 de enero por un grupo de estudiantes con la intención de alojar a los manifestantes que llegaron a la capital peruana desde distintas regiones del país para participar en la marcha multitudinaria ‘Toma de Lima‘ que transcurrió el jueves por las calles de la capital.
Alfonso Barrenechea, coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, indicó que más de 200 ciudadanos fueron detenidos, recoge El Comercio. Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Romero, situó en más de 100 el número de personas detenidas, durante una entrevista con TV Perú.
La rectora de la ‘Decana de América’, Jerí Ramón, condenó la toma del campus y se pronunció en contra del alojamiento de los grupos provenientes de otras provincias. «Si ellos han decidido venir, han debido venir con sus estrategias para irse a los parques u a otros sitios, ¿por qué San Marcos?», se preguntó en una entrevista con RPP.
La UNMSM denuncia actos de violencia antes del operativo
La entrada de la PNP se produce después de que la UNMSM denunciara que a las 21:40 del viernes un grupo de manifestantes alojados en la universidad agredió a los efectivos de seguridad del centro.
«Este grupo de manifestantes se encontraba con el rostro cubierto, redujeron y sustrajeron los equipos de seguridad y chalecos de todos los miembros de seguridad, golpeándolos y botándolos de la Ciudad Universitaria, a esas horas de la noche», reza el comunicado oficial, citado por La Republica.
Asimismo, los sujetos se apoderaron de equipos de seguridad y de chalecos de los agentes de la Oficina de Seguridad y Vigilancia que estaban cerca de la puerta 6 del complejo universitario. En total, se detectó la sustracción de siete dispositivos y siete chalecos.
Mientras tanto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó a las autoridades a asegurar la legalidad y dar garantías del debido proceso para las personas que se encontraban en la Universidad de San Marcos durante de la intervención de la PNP.
Desde que el pasado 7 de diciembre estallaran las movilizaciones, que se extienden por todo el país, se han reportadoal menos 60 muertes. Mientras, el Ministerio de Salud informó el viernes que 76 personas han sido hospitalizadas desde el 4 de enero, cuando se reanudaron las protestas tras una tregua navideña.
Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones anticipadas para este 2023 y la liberación del destituido mandatario Pedro Castillo.
También se han sumado otras peticiones, como la celebración de una asamblea constituyente y justicia por los caídos en las protestas.
Las manifestaciones, que tenían como epicentro al sur del país, donde aún continúan, llegaron esta semana a la capital del país, con la denominada «Toma de Lima» o «Segunda Marcha de los Cuatro Suyos», que recuerda a la movilización realizada en julio del 2000, luego de que Alberto Fujimoriasumiera la presidencia por tercera vez.
Manuel Terán, alias Tortuguita, 26 años, fue asesinado por la policía en Atlanta el 18 de enero de 2023 por proteger el bosque de Weelaunee
Atlanta, AT.- Manifestantes en la ciudad estadounidense de Atlanta hicieron estallar fuegos artificiales y lanzaron piedras contra los policías la noche de este sábado, después de que días atrás un activista ambiental, que se oponía a la construcción de un centro de entrenamiento policial en una zona verde, fuera abatido a tiros por un agente, recoge Fox 5 Atlanta.
Manuel Esteban Páez Terán, de 26 años, supuestamente se negó a cumplir las exigencias de las autoridades el pasado miércoles y disparó contra un oficial. En respuesta y alegando defensa propia, otros policías activaron sus armas de fuego contra el manifestante.
Los compañeros del fallecido prometieron continuar la lucha contra la construcción de un centro de entrenamiento policial en una zona verde de la ciudad
Después de la muerte del joven, sus compañeros activistas prometieron continuar sus protestas contra las controvertidas instalaciones, conocidas como ‘Cop City’, y las acciones de la Policía local.
La manifestación, que empezó este sábado, inicialmente era pacífica, pero más tarde estallaron los disturbios después de que activistas enmascarados vestidos de negro comenzaran a arrojar piedras y estallar fuegos artificiales en la sede de la Fundación de la Policía de Atlanta.
Un coche de policía quemado permanece en la calle tras una violenta protesta en Atlante, EE.UU. 21 de enero de 2023
Fotos tomadas en el lugar evidencian que los activistas prendieron fuego a un vehículo policial, además de atacar el edificio.
«Los agentes de policía de Atlanta han respondido a un grupo que dañaba bienes en varios lugares a lo largo de [la calle] Peachtree», reza un comunicado de la institución emitido el mismo día.
«En este momento se han realizado varias detenciones y se ha restablecido el orden en el espacio del centro de la ciudad», declaró la Policía, señalando que la investigación sigue activa para poder proporcionar datos específicos sobre el número de detenciones y los bienes afectados.
En una conferencia de prensa, el alcalde de la ciudad, Andre Dickens, señaló que las autoridades realizaron seis arrestos y recuperaron artefactos explosivos, además informó que detuvieron los actos de violencia en dos cuadras y ningún ciudadano o agente resultó herido.
At the #StopCopCity protest in Atlanta this evening at least 5 were arrested. Activists are protesting the killing of forest defender Manuel Teran, aka Torta. The protests have been occurring this past year in the forest on the planned site of a $90 mill police training facility pic.twitter.com/Txy00M7oWG
Protestas contra el centro de entrenamiento policial
En los últimos días, los activistas habían acampado en un bosque Weelaunee para protestar contra el proyecto en la zona. Páez era uno de los manifestantes que las fuerzas del orden intentaron desalojar del terreno. Por el momento, se reporta un total de siete personas arrestadas y acusadas de realizar actos de terrorismo doméstico el pasado miércoles.
El jefe de policía de Daytona, Jakari Young, dijo que fueron usadas técnicas disuasivas para reducir a Ellen Gilland, atrincherada en la habitación del piso 11 de su esposo, Jerry Gilland
Daytona Beach, AT.- Una mujer de 76 años mató este sábado de un disparo a su esposo que permanecía internado por una enfermedad terminal en un hospital de Daytona Beach, Florida, EE.UU., informa NBC.
Según un comunicado policial, los agentes acudieron al lugar de los hechos después de recibir un aviso sobre una persona herida de bala. Cuando llegaron los uniformados, la mujer estaba atrincherada en la habitación de su marido.
La mujer dijo a los oficiales que, debido a los problemas de salud de su esposo, tuvieron una conversación hace unas tres semanas y decidieron que si él «seguía empeorando quería que ella terminara con esto».
«Inicialmente, creo que el plan era un asesinato y suicidio, así que ella lo mató y luego iba a apuntarse con el arma, pero decidió que no podía seguir adelante», dijo la Policía. La mujer fue detenida y se enfrenta a un cargo de asesinato en primer grado.
La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson
Washington, AT.- La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, explicó este jueves en conversación con el ‘think tank’ Atlantic Council por qué a Washington realmente le importa Latinoamérica.
«¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienes el triángulo de litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60 % del litio del mundo está en el triángulo de litio: Argentina, Bolivia, Chile«, indicó Richardson.
Según la jefa militar, otra razón importante resulta ser la concentración de «las reservas de petróleo más grandes«, incluidas las de «crudo ligero y dulce descubierto frente a Guyana hace más de un año». «Tienes los recursos de Venezuela también, con petróleo, cobre, oro«, continuó la general, destacando además la importancia del Amazonas, «los pulmones del mundo».
«La concentración de «las reservas de petróleo más grandes«, incluidas las de «crudo ligero y dulce fue descubierto frente a Guyana hace más de un año». «Tienes los recursos de Venezuela también, con petróleo, cobre, oro«, dijo Laura Richardson
Por otro lado, «tenemos el 31 % del agua dulce del mundo en esta región», agregó, concluyendo que a EE.UU. le queda «mucho por hacer» y que «esta región importa». «Tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que empezar nuestro juego«, puntualizó.
Refiriéndose a la seguridad nacional, Richardson mencionó a su «adversario número dos« en América Latina, «Rusia«, indicando que Cuba, Venezuela y Nicaragua tienen relaciones con Moscú.
Lima, 21 ene (Prensa Latina) La Policía allanó hoy la Universidad Mayor de San Marcos en Perú y desalojó y detuvo a cientos de estudiantes y manifestantes llegados del interior, lo que dio pie a diversas expresiones de condena.
Un carro blindado forzó la reja de la puerta principal cerrada por los alumnos que el miércoles último tomaron la Ciudad Universitaria para alojar allí a grupos de provincianos que arribaron para participar al día siguiente en una jornada de protestas por la renuncia de la presidente Dina Boluarte.
Tras el blindado entraron los policías y registraron las instalaciones y, según fuentes estudiantiles, detuvieron personas hasta en los alojamientos en los que viven permanentemente alumnos becados, mientras un helicóptero de apoyo sobrevolaba el campus.
Voceros de la Federación de Estudiantes de la principal universidad del país y la más antigua de América calificaron como ilegal la intervención por no contar con permiso del centro, pese a lo cual la rectora, Jeri Ramón, avaló la intervención.
La autoridad académica, que se opuso desde un primer momento a alojar a los marchistas, al afirmar que la universidad es un bien público y la Policía tiene puede actuar conforme a sus facultades.
Un comunicado de la institución docente sostuvo que la Policía actuó” de oficio” (por su iniciativa), en el marco del estado de emergencia decretado por el Gobierno ante las protestas sociales.
La abogada de derechos humanos Cruz Silva declaró que la actuación policial es nula por ilegal, pues no contó con la presencia de fiscales, lo que confirmaron fuentes del Ministerio Público, al señalar que acudieron horas después de consumada la intervención.
Por su parte, la congresista Sigrid Bazán, que junto a otros legisladores progresistas acudió a San Marcos preocupada por la situación de alumnos y marchistas -los que quedan, porque parte de ellos han retornado a sus pueblos-, contrastó la operación policial con los pedidos de diálogo de la presidenta Boluarte.
La excandidata presidencial Verónika Mendoza condenó el allanamiento y lo calificó como “inaceptable y riesgoso acto propio de una dictadura
La legisladora Sigrid Bazán indicó que la mandataria cierra la posibilidad de diálogo “al elegir la violencia como camino fácil”, rechazó la represión y exigió respeto a los derechos humanos, y la excongresista Indira Huilca condenó “el accionar repudiable de Dina Boluarte y la rectora Jerí”.
“Es una muestra más del autoritarismo del régimen y su desprecio por la protesta. Los tanques no van a frenar las legitimas demadas populares”, aseveró la exministra de la Mujer, Anahí Durand.
Manifestantes reclaman en las calles de Puerto Príncipe el cese del apoyo del gobierno y la élite empresarial a las bandas criminales en Haití
Por Germán Reyes
Santo Domingo.- Luego de 10 años de prisión, Sherlson Sanon recuperó su libertad. Fue arrestado el 01 de julio de 2013 después de revelar en un documento notarial que había sido contratado en 1999 por el entonces senador Joseph Lambert para convertirse en un miembro de la pandilla «Kakos».
Tras sus declaraciones, Sherlson Sanon fue encarcelado en la prisión civil de Puerto Príncipe el 1 de julio de 2013, a sus 25 años de edad, por disposición de Lambert, entonces asesor y cercano del presidente de la ocasión, Michel Martelly.
Sherlson Sanon fue liberada el pasado viernes, día 20 de enero
El 9 de enero de 2013, el exsenador Joseph Lambert rechazó las acusaciones de Sherlson Sanon, a quien dijo no haber conocido en su vida.
Según un artículo del diario Le Nouvelliste, «Sherlson Sanon, fue recibido en la sede de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos RNDDH el 12 de marzo de 2013, donde confesó haber participado con miembros de la pandilla «Base Kakos» en varias actividades delictivas en nombre, en varios momentos, de Joseph Lambert y Edo Zenny a cambio de una remuneración».
El empresario Zenny también fue senador y ex alcalde de Jacmel, en el Sureste de Haití.
El Senado, entonces inoperante, designó el día nueve de julio de 2021 a Joseph Lambert, en el centro, como presidente provisional tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, quien antes había designado a Ariel Henry, en el extremo derecho, como el primer ministro en sustitución de Claude Joseph, en el extremo izquierdo
Canadá lo confirma
En Haití es vox populi, sabido y aceptado, el hecho de que una parte de quienes detentan el poder político y empresarial integran y fomentan las bandas armadas para protegerse y obtener ganancias en virtud de las acciones delictivas que realizan.
Jimmy Cherizer, Barbeque, se exhibe con una imagen del hoy extinto presidente Jovenel Moïse y una inscripción donde reclama justicia en su favor para que su asesinato sea esclarecido
El régimen de Jovenel Moïse reunió los nueve más numerosos grupos delincuenciales y constituyó la Federación de Bandas G-9, a cuyo frente colocó al expolicía Jimmy Cherizier, alias «Barbecue».
Se trata de la más poderosa banda haitiana, la cual mantuvo clausurada durante poco menos de tres meses la terminal de combustibles Verreux, lo cual generó una crisis con el desabastecimiento de los canales de distribución en mercado.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau y la ministra de Asuntos Extranjeros, Melanie Joly. La foto da cuenta en 2015 llegaban al desfile anual del Día de San Juan Bautista en Montreal en labor proselitista. Trudeau es el líder del Partido Liberal y Joly la entonces candidata a la Alcaldía de Montreal
El gobierno canadiense dispuso el pasado 22 de diciembre nuevas sanciones a miembros de la élite haitiana. Esta vez, dos ex ministros de gobierno de ese país, Berto Dorcé y Liszt Quitel.
Antes, el día cinco de diciembre, 2022, Canadá impuso una ronda de sanciones contra tres miembros de «la élite económica de Haití», a los que acusó de proporcionar apoyo financiero y logístico a bandas armadas de delincuentes que operan en el país.
Jimmy Cherizer, alias Barbeque, jefe de la Federación de Bandas G-9
Los tres sancionados por Canadá son Gilbert Bigio, Reynold Deeb y Sherif Abdallah.
La medida impide que individuos o entidades canadienses les proporcionen servicios a la vez que congelan sus activos en el país norteamericano.
“Canadá tiene razones para creer que estas personas están utilizando su condición de miembros destacados de la élite económica de Haití para proteger y permitir las actividades ilegales de bandas criminales armadas, incluido el lavado de dinero y otros actos de corrupción”, señala el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Canadá está imponiendo sanciones adicionales en respuesta a la conducta atroz de las élites haitianas que brindan apoyo financiero y operativo ilícito a las bandas armadas. Estas últimas sanciones apuntan a 3 miembros de alto perfil de la élite económica en Haití”, dijo por vía de Twitter Mélanie Joly, la ministra de Asuntos Extranjeros
Buenos Aires, EFE.- El presidente dominicano Luis Abinader, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro y el chileno Gabriel Boric son algunos de los presidentes que han asegurado su asistencia a la Cumbre de la Celac del próximo martes en Buenos Aires, y, si bien aún no hay confirmación oficial, se estiman visitas polémicas como la del venezolano Nicolás Maduro y el cubano Miguel Díaz-Canel.
Hasta el momento, según fuentes oficiales argentinas, en la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que integra a los 33 países de la región, estarán presentes mandatarios de 15 países, mientras que el resto estarán representados por sus ministros de Exteriores u otros altos miembros del Gobierno.
Destacan las ausencias del mexicano Andrés Manuel López Obrador, que suele delegar en su canciller, Marcelo Ebrard, los compromisos internacionales; la peruana Dina Boluarte, en medio de la fuerte crisis y protestas que azotan a su país; el guatemalteco Alejandro Giammattei y el panameño Laurentino Cortizo.
El nicaragüense Daniel Ortega será otro de los ausentes, después de que en 2021 acusó a Argentina de haberse convertido “en instrumento del imperialismo norteamericano”, tras las críticas vertidas por el Gobierno de Alberto Fernández por la detención de políticos opositores en Nicaragua.
Quien finalmente confirmó su presencia fue el ecuatoriano Guillermo Lasso, quien hasta hace unas horas era dudoso por los roces con el Gobierno de Fernández por la decisión de este de conceder asilo diplomático a una exministra del izquierdista Rafael Correa (2007-2017).
ASISTENCIAS CONFIRMADAS
Además del anfitrión y de Lula da Silva -que en la víspera inaugura su primera visita oficial al extranjero en este tercer mandato-, Petro y Boric, a la cita llegarán la hondureña Xiomara Castro, el uruguayo Luis Lacalle Pou, el boliviano Luis Arce y el paraguayo Mario Abdo Benítez.
También la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, y el de San Vicente y Las Granadinas, Ralph Gonsalves.
Asimismo, Estados Unidos, aunque no integra la Celac, enviará a una delegación encabezada por el asesor principal del presidente, Joe Biden, para las Américas, Chris Dodd.
El presidente norteamericano había sido invitado por Fernández con el fin de acercar posiciones entre Latinoamérica y Estados Unidos tras los años de roces con la Administración de Donald Trump.
También fue invitado el mandatario chino, Xi Jinping, pero se prevé que Pekín solo participe desde la distancia con un video.
Asimismo, la Unión Europea, bloque con el que la Celac busca fortalecer su relación en 2023, será invitada especial con la asistencia del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.
VENEZUELA, CUBA Y NICARAGUA
En cuanto a Venezuela, si bien no hay confirmación oficial, se da por hecho la llegada de Maduro, por la cantidad de menciones que en los últimos meses ha hecho el líder chavista al foro regional.
“Pronto viene la Cumbre de la Celac en Buenos Aires, va a ser una buena oportunidad para que se escuche la voz de nuestros pueblos”, dijo Maduro el lunes pasado, en un discurso en el que destacó que Lula haya reincorporado a Brasil al grupo, tras la decisión del anterior presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, de salir de él.
Sobre Cuba, se espera a su presidente Miguel Díaz-Canel, ya que el Ejecutivo argentino confirmó una reunión bilateral con Fernández el miércoles próximo.
Sin duda, es la presencia de los mandatarios venezolano y cubano -principalmente la del primero- la más controvertida, ya que se encontrarán con presidentes críticos hacia su gestión. Pero Fernández reitera desde hace meses la necesidad de una Latinoamérica unida, “sin ningún tipo de exclusiones”.
Esta semana, el Foro Argentino para la Democracia en la Región (FADER) -integrado por dirigentes políticos opositores de Argentina y Venezuela, intelectuales y periodistas- denunció ante la Justicia a Maduro, Ortega y Díaz-Canel para que sean investigados por “crímenes de lesa humanidad”.
E incluso la opositora Patricia Bullrich pidió que, si Maduro llega, sea detenido “de manera inmediata” por ese motivo.
Además, grupos de venezolanos en Buenos Aires convocaron a protestas contra Maduro ante el Hotel Sheraton, donde se desarrollará la Cumbre en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.
Tras el blindado entraron los policías y registraron las instalaciones y, según fuentes estudiantiles, detuvieron personas hasta en los alojamientos en los que viven permanentemente alumnos becados, mientras un helicóptero de apoyo sobrevolaba el campus.
La autoridad académica, que se opuso desde un primer momento a alojar a los marchistas, al afirmar que la universidad es un bien público y la Policía tiene puede actuar conforme a sus facultades.
