Ciudad Juárez, AT.- Organizaciones de derechos humanos presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) de México para que investigue «las acciones y omisiones» de las autoridades y de una empresa privada de seguridad en el incendio registrado el pasado 27 de marzo en una estancia migratoria de Ciudad Juárez, que dejó un saldo de 39 fallecidos y 27 lesionados.
La querella, interpuesta por homicidio y lesiones, también señala la posible responsabilidad en la comisión de delitos por parte del titular del Instituto Nacional de Migración (INM), el comisionado Francisco Garduño Yáñez; del jefe de la oficina de representación del INM en Chihuahua, el contralmirante Salvador González Guerrero; y del representante local noreste de esa oficina, Daniel Goray Yosioka.
«Es imperante que éstos sean separados de sus cargos«, exigieron las organizaciones Fundación para la Justicia (FJEDD), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Asylum Access México y Uno de Siete Migrando.
La muerte de 39 personas migrantes y muchas otras lesionadas, durante el incendio en instalaciones del @INAMI_mx, no fue un accidente, sino el resultado de un sistema y cadena de negligencias.
Organizaciones presentamos denuncia ante @FGRMexico por los hechos y queja en @CNDH pic.twitter.com/kvB57QFrz8
— Fundación para la Justicia (@FJEDD) March 31, 2023
«Todas las personas en la cadena de mando son responsables, el Estado mexicano tiene la responsabilidad. No es incidente aislado, hay un patrón, un vacío de poder en México en el tema de la política migratoria», consideró Gretche Kuhner, del INUMI, en conferencia de prensa este viernes.
Además de los altos funcionarios, la denuncia también exige a la FGR indagar en la responsabilidad de los servidores públicos y guardias privados que tenían a su cargo la Estancia Provisional Tipo «B» del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez.
Es necesaria una Comisión Especial, con expertxs independientes para el esclarecimiento de la tragedia de Ciudad Juárez, y muchas otras que han cobrado la vida de miles de personas migrantes: @meyermc, Vicepresidenta para Programas de @WOLA_org#MigrarSinMorir pic.twitter.com/if8jbR1Kp0
— Fundación para la Justicia (@FJEDD) March 31, 2023
Pese a que las autoridades investigan a un migrante que habría prendido fuego a las colchonetas, provocando el incendio, la responsabilidad de los funcionarios y de los agentes de seguridad privada quedó en evidencia con la difusión de un video de una cámara de vigilancia, en donde se muestra cómo varios agentes se desplazaron por la sala sin intentar abrir la celda para dejar salir a las personas que estaban desesperadas por las llamas y el humo.
La tarde del jueves, el Gobierno mexicano informó sobre la orden de captura dictada contra tres funcionarios del INM, dos policías de seguridad privada y una persona migrante que presuntamente inició el incendio. De momento, se realizaron cinco detenciones, aunque no se ha detallado quiénes fueron aprehendidos.
«El INM tenía la responsabilidad de cuidar a las personas en su custodia (…) y no lo hicieron», agregó Kuhner.
Asimismo, las organizaciones interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que investigue las violaciones a los derechos fundamentales a los migrantes, que habrían comenzado desde las ilegales detenciones que realizaron las autoridades.
De acuerdo con reportes de medios locales, algunas de las víctimas del incendio fueron previamente detenidas por las autoridades mexicanas cuando pedían dinero en la calle o vendían dulces para sobrevivir.
Por ello, las organizaciones documentaron la violación de varios derechos humanos: a la migración y libre circulación; a la igualdad y no discriminación; a la libertad; a la asistencia y seguridad jurídica; a la seguridad e integridad personal; derecho a la salud y la vida.
Solicitud de diligencias
Las organizaciones de derechos humanos también instaron al Estado mexicano a que permita la colaboración de expertos independientes (Comisión Forense formada por el Equipo Argentino de Antropología Forense y peritos de la FGR) en la identificación de los cuerpos.
«No llevar a cabo acciones de incineración y repatriación de los cuerpos de los migrantes extranjeros fallecidos, sin que antes la Comisión Forense practique la autopsia y todos los dictámenes periciales sobre dichos cuerpos, con el fin de recabar las evidencias forenses necesarias», exigieron.
También pidieron llevar a cabo con expertos independientes (recomendados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos o el Equipo Argentino de Antropología Forense) una pericial de fuego, que deberá incluir «el examen de los cuerpos y del lugar de los hechos a fin de establecer la causa y dinámica del incendio».
En marzo de 2021 la Policía intentó penetrar al territorio de las bandas en Martissant, a la salida Sur de capital, y al menos cinco agentes fueron asesinados. Para la ocasión, los bandidos retuvieron un tanque de guerra y todavía no devuelven los cadáveres de los policías.
