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    VÍDEO: Los vecinos describen los atropellos de Migración que provocaron la muerte de una haitiana

    Santo Domingo.- Los vecinos de la barriada de Los Soto, en Higüey, describieron los atropellos que recibieron principalmente las mujeres por parte de los agentes de la Dirección General de Migración (DGM).

    Una señora que se identificó como prima de la haitiana que, al huir de las acciones de la DGM, se refirió a los casos en los que eran empujadas y tiradas al suelo en medio de amenazas de muerte.

    Los agentes de Migración, sin el debido acompañamiento de representantes del Ministerio Público, llegaron a la barriada y de inmediato la emprendieron a empujones, hasta tumbar en algunos casos, a las mujeres que encontraban a su paso.

    Asimismo, los agentes entraban a los patios y rompían las puertas de las viviendas, en todo caso en búsqueda de haitianos supuestamente indocumentados.

    El PLD se juega su existencia en el proceso electoral, dice Danilo

    Santo Domingo.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se juega la existencia en el actual proceso electoral de cara a las elecciones de 2024, declaró el expresidente Danilo Medina.

    De acuerdo con el presidente del PLD, los militantes, miembros y simpatizantes del partido deben de estar preparados para trabajar de manera ardua y persistente ´si quieren preservar el PLD´. «El que quede den tercer lugar comenzará su extinción”.

    La principal amenaza del partido morado, según su presidente, estaría en la posibilidad de quedar en tercera posición en las elecciones municipales de febrero próximo.

    Otro reto para el PLD estaría dado por el hecho de que particip en un tipo de alianza “difícil y complicada”.

    Alianza solo municipal

    A Medina preocupa también el hecho de que luego de finalizar el proceso “algunos aliados, serán adversarios”.

    Al exponer ante decenas de militantes de su partido, el expresidente de la República reveló que no habrá alianzas en diputados “y poquísimas en la de los senadores”.

    Por tal razón, anotó, el candidato presidencial Abel Martínez tiene que andar en su proselitismo acompañado de los candidatos al Poder Legislativo.

    Kenia se resiste a invadir Haití sin que aparezcan 225 millones de euros

    Nairobi.- El ministro del Interior de Kenia, Kithure Kindiki, aseguró hoy que el país no enviará a sus policías a Haití como parte de la misión multinacional aprobada por las Naciones Unidas hasta que reciba los 225 millones de euros que estima que costará su despliegue.

    “Hemos acordado que los recursos para esta misión se organizarán y movilizarán entre los Estados miembros (de la ONU). A menos que se movilicen y estén disponibles todos los recursos, nuestras tropas no abandonarán el país”, dijo Kindiki este jueves ante el Parlamento keniano.

    Así, el ministro aseguró que el despliegue de la Policía keniana costará unos 36.570 millones de chelines (unos 225 millones de euros). Pese a esa advertencia, el país africano ya ha empezado a “identificar” a los 1.000 policías que deberían viajar a Haití en varias tandas, según el titular del Interior. “Estamos comprometidos a garantizar que los agentes sean aptos para su propósito”, añadió.

    Kenia no permitirá que sus tropas salgan del país hacia Haití hasta que se movilicen y aprovechen todos los recursos necesarios, incluidos equipos y finanzas, dijo el presidente de Kenia, William Ruto, ante la Sesión Conjunta de los Comités de Seguridad Nacional, Defensa y Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional y el Senado sobre la solicitud de aprobación por parte del Parlamento para el despliegue de oficiales en Haití

    El Gobierno keniano dio luz verde el pasado 13 de octubre al despliegue de los agentes, pese al bloqueo temporal ordenado días antes por el Tribunal Superior de Nairobi, y ampliado por la corte a finales de ese mismo mes, después de que el abogado y político opositor Ekuru Aukot interpusiese una demanda contra la iniciativa por considerarla inconstitucional.

    Los demandantes sostienen, entre otros argumentos, que la Constitución de Kenia limita el despliegue de policías para operaciones dentro del territorio nacional. Kindiki, por su parte, ha indicado que el Parlamento tendrá la última palabra sobre la participación de Kenia en esta misión, aprobada el pasado 2 de octubre por el Consejo de Seguridad de la ONU.

    El país africano se ofreció a liderar un dispositivo que el propio Gobierno haitiano pidió hace un año y que contó con el respaldo del secretario general de la ONU, António Guterres. También varios países caribeños han mostrado su disposición para participar con un número indeterminado de agentes en la misión, incluyendo Jamaica, Barbados y Bahamas.

    “A menos que se movilicen y estén disponibles todos los recursos, nuestras tropas no abandonarán el país», dijo el ministro del Interior de Kenia, Kithure Kindiki, este jueves ante el Parlamento de su país

    Haití está inmerso en una profunda crisis marcada por la violencia extrema, con grupos armados que controlan la capital, Puerto Príncipe, y otras partes de su territorio y son responsables de centenares de asesinatos, violaciones, secuestros y otros crímenes.

    La ONU ha reiterado que la eventual misión no se asemejaría a una fuerza de paz o de interposición, como suele ser habitual, sino que sería una mera fuerza de apoyo policial a las órdenes de la Policía haitiana.

    Una haitiana muere al lanzarse al río Duey tras huir al terror de agentes de Migración

    Santo Domingo.- Una mujer de 34 años prefirió lanzarse al caudaloso río Duey, en la comunidad higüeyana de Aguada de los Soto, tras huir al terror de los agentes de la Dirección General de Migración (DGM), que rompían puertas y destrozaban bienes en viviendas de la zona.

    Una prima de la víctima, identificada sólo como “Milagros”, la cual tenía 34 años y dejó cinco niños en la orfandad, relató que ya los agentes de Migración habían entrado al patio de su vivienda.

    De acuerdo con esa pariente, los agentes de Migración «comenzaron a forzar las puertas de las viviendas de la zona», a lo cual temió Milagros.

    «¡Ayúdenme!, ¡ayúdenme!»

    Según testigos locales, la mujer fue vista lanzándose al río y clamar por auxilio, «pero nadie se atrevió a socorrerla» debido a la crecida que presentaba el río a consecuencia de las lluvias intensas.

    Una niña que presenció la situación relató que la mujer gritaba «¡ayúdenme, ayúdenme!», pero en el área solo habían niños que no sabían nadar.

    La mujer continuó pidiendo ayuda mientras levantaba los brazos, pero finalmente desapareció río abajo y no se le volvió a ver.

    Migración, el terror

    En diversas comunidades del territorio nacional, policías, militares y miembros de la DGM por igual han sembrado el terror al penetrar a viviendas de haitianos sin previamente percatarse de si estén o no en condición migratoria regular.

    Los curas y monjas de El Seibo emitieron un documento de protesta por una situación similar, lo cual también ha sucedido en bateyes del Ingenio Barahona, en Mao y en otros lugares, según han denunciado organizaciones defensoras de los derechos humanos.

    Las brigadas de Migración, incluso, penetran a consultorios médicos y salas de espera de centros médicos a apresar a embarazadas y lactantes que montan en un camión-celda para su posterior deportación.

    El TSE se reserva el fallo sobre demanda en nulidad de elecciones por encuestas en el PRM

    Santo Domingo. – El Tribunal Superior Electoral dejó en estado de fallo reservado dos procesos incoados contra el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la Junta Central Electoral.

    Un primer expediente es el número TSE-01-0042-2023 sobre la Solicitud de Reconteo incoada por el señor Abraham Sánchez Alcántara contra el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la Junta Central Electoral.

    El Tribunal otorgó un plazo de 48 horas solicitado por la parte demandante para depositar escrito de sustentación de sus conclusiones. «Vencido dicho plazo, el proceso queda en estado de fallo».

    El segundo expediente es el número TSE-01-0106-2023, en el que el Tribunal libró acta del desistimiento respecto al demandante, señor Rubén Darío Paulino Marte en la Demanda en nulidad de proceso de elección por la modalidad de encuesta.

    Los demás demandantes continuaron con su demanda, que son, los señores Francisco Payamps Gómez; Alexander Abad Leyba; Esteban Mella Gómez; Yanel Manuel Mateo González; José Francisco Peralta y María del Carmen Antigua Álvarez.

    El Tribunal otorgó un plazo de 48 horas a las partes para fundamentar sus conclusiones, transcurrido el cual, el proceso queda en estado de fallo reservado.

    En este proceso, la parte demandada es la Comisión Nacional de Elecciones Internas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el propio Partido.

     

    VÍDEO: Hugo Beras: El Intrant «habría sido sorprendido en la buena fe»

    Santo Domingo, 9 de noviembre del 2023.- El director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, solicitó hoy al presidente Luis Abinader una licencia sin disfrute de sueldo, a raíz de las nuevas informaciones sobre el proceso de ejecución del sistema semafórico del Gran Santo Domingo.

    Beras manifestó que “las recientes informaciones dadas a través de los medios de comunicación me llevan a ponerme del lado de la Dirección General de Compras y Contrataciones para poder facilitar todo este proceso de investigación, por lo que he decidido tomar una licencia sin disfrute de salario y la he notificado al presidente de la República Luis Abinader.

    Asimismo, Beras indicó que desde el Intrant se han respondido todas las inquietudes y solicitudes de la DGCP sobre este proceso.  “Apelo a que si mi gestión ha sido sorprendida en su buena fe en todo este proceso, todo esto quede esclarecido y se tomen las medidas que sean necesarias”.

    Beras informó que previo a la solicitud de licencia, depositó este jueves ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) un escrito en el que pide a dicha instancia dejar sin efecto la solicitud de variación de medida cautelar depositada por ante ese mismo órgano el tres de noviembre del 2023.

    De esta forma la institución se suma a la solicitud de investigación ya hecha por la DGCP, específicamente en torno a las cuestionadas credenciales de la empresa Transcor Latam, quien resultó adjudicataria de la licitación No. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001, del proceso de “Contratación del Servicio de Modernización, Ampliación y Gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo”.

    Beras sostuvo que “nos sumamos a todas las acciones llevadas a cabo por los organismos competentes en aras de dejar claro la veracidad de los documentos cuestionados, tras lo cual, de demostrarse las presunciones, el organismo habría sido sorprendido en la buena fe que se le presupone a todo oferente”.

    La construcción masiva de viviendas rurales ¿prioridad del próximo gobierno?

    Por Emiliano Reyes Espejo

    Hacen 34 años, o sea, para el año 1989 –el país ya afrontaba un déficit habitacional de más de 500 mil viviendas, según investigaciones de la época. Se planteó entonces la necesidad de que el Estado a través de los gobiernos inicie programas de construcción masiva de viviendas rurales.

    Pero, ¿cuál será el déficit ahora partiendo del crecimiento que ha registrado la población en estas tres décadas? Eso, sin tomar en cuenta la inusitada presencia –permanente- de extranjeros, dígase haitianos, chinos, venezolanos y colombianos, los cuales, obvio, requieren de casas para vivir en nuestro territorio.

    Ante la innegable presencia del déficit de viviendas, surgen otras preguntas: ¿Qué se ha hecho en todos estos años para superar el problema? ¿Cuántas viviendas han construido el Estado y el sector privado desde 1989 a la fecha? ¿Habrá que reorientar los programas de construcción de viviendas para dirigirlos a beneficiar los campos dominicanos?

    Los datos preliminares del último censo, el X Censo Nacional de Población y Vivienda, publicado en agosto de este año, señalan que en República Dominicana existen 4,4 millones de viviendas. El resumen al respecto, dado a conocer en una nota de prensa por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) no especifica, no desbroza detalles sobre la calidad de las casas existentes. Se precisa, empero, que las mismas sirven de albergue a la población dominicana, un total  de 10 millones 760 mil 028 habitantes.

    Las cifras reveladas, muy valiosas sin dudas, no especifican cuál es el déficit actual de viviendas, lo cual según entiendo, se aprecia fácilmente a partir de cálculos del crecimiento poblacional y el ritmo de construcciones en el país.

    Ya en 1989 el déficit se proyectaba en 500 mil viviendas. Pero presumimos que el mismo se ha acentuado desde entonces, pese a los ambiciosos planes de construcciones que han ejecutado los distintos gobiernos en los últimos años, especialmente el actual, que encabeza Luis Adolfo Abinader Corona.

    El gobierno del Presidente Abinader se plantea construir 30 mil viviendas o soluciones habitacionales, con lo cual espera impactar a 30 mil familias, con inversiones de 190 millones de pesos.

    Un pellizco

    La actual gestión, según una promoción publicitaria, ha construido más 5,000 viviendas, lo que puede considerarse apenas “un pellizco” frente a la magnitud del déficit. No obstante, se percibe  interés del sector oficial a través de varios programas e iniciativas, de enfrentar el ancestral problema.

    La gravedad del déficit de viviendas en el país fue advertido hace casi cuarenta años por el experto, doctor Luis E. Martínez, entonces director ejecutivo de la entidad CII-Viviendas. Tuve entonces el honor de realizar como periodista del periódico La Noticia una amplia entrevista a este especialista.

    El doctor Martínez, hombre tranquilo, de instinto juicioso e inteligente, me invitó a pasar a su despacho en CCI-Viviendas, y con gesto de franca y sencilla cortesía nos ofreció una taza de café, tras la cual  iniciamos una enjundiosa conversación en la que, con acendrados conocimientos, nos detalló a profundidad la situación del sector de las viviendas a nivel nacional. La extensa y bien documentada plática nos permitió realizar tres entregas a doble páginas centrales en las ediciones de los días 7,9 y 10 de marzo de 1989 del vespertino La Noticia.

    “El problema de la vivienda es uno de los más serios que tiene la República Dominicana”, expresó entonces el doctor Martínez cuando apenas habíamos accionado el grabador para iniciar la entrevista. Apuntó que existe en el país “un déficit de viviendas cuantitativo y cualitativo del orden de las 500 mil unidades”.

    Con palabras fáciles y rápidas propias de un especialista con profundo conocimiento del tema, Martínez advirtió que los expertos y técnicos del Consejo Inter-Institucional para la Coordinación de Programas de Viviendas (CII-Viviendas), una entidad sin fines de lucro, habían llegado a la conclusión de que el problema no tenía solución con las tecnologías que se utilizaban en aquel tiempo en el país.

    “Entendemos que el problema no tiene solución a partir de la  tecnología, de las experiencias tecnológicas que hasta ahora ha tenido el país para atacar el problema”, expresó, y agregó: “El costo de esta tecnología es tan elevado que haría imposible siquiera, lograr combatir el déficit acumulado de viviendas y el déficit que se le va agregando cada vez al déficit acumulado”.

    Se estimó aquella vez, hace 34 años, que el déficit acumulado era “del orden de unas 22 mil viviendas  anuales que se le va agregando al déficit de medio millón de viviendas”.

    Nuevas tecnologías

    ¿Ha cambiado algo en el sector viviendas desde aquel momento? ¿Se han sustituido las costosas tecnologías que impiden implementar planes de construcción masiva de viviendas en el país?

    Para Martínez, los esfuerzos que realizó entonces el gobierno con programas de construcciones y remodelaciones de viviendas en barrios de Santo Domingo y algunas ciudades del interior, utilizando las mismas tecnologías convencionales para atacar el problema, no lograron construir y ni siquiera evitar el déficit del año.

    Hace casi dos años el nuevo Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) y el Plan de Asistencia Social de la Presidencia (PASP) firmaron un acuerdo de cooperación dirigido “a aunar esfuerzos en la construcción y equipamiento de viviendas para los sectores más vulnerables de la nación”.

    Aunque en el convenio las dos instituciones prometen “incrementar la seguridad integral de las familias más vulnerables y en extrema pobreza, a través de la provisión y construcción de viviendas adecuadas, así como asentamientos urbanos y rurales dignos en todo el territorio nacional”, llama la atención que no se especifican las tecnologías ni los métodos a utilizar para lograr los señalados objetivos.

    Tampoco se plantea el número de soluciones habitacionales metas a realizar anualmente o durante el cuatrienio gubernamental. Tampoco se ha hablado de estudios realizados o por realizar para establecer los nuevos estimados del déficit de viviendas en el país.

    Reiteramos, no obstante, que en el actual gobierno existe el interés manifiesto de enfrentar el inconveniente, pero ¿cómo hacerlo? ¿Con cuáles políticas? ¿Con cuáles recursos? ¿Son suficientes los 190 millones de pesos que destina el gobierno en la actualidad?

    Reflexiones y sugerencias

    Las apremiantes circunstancias que giran desde hace tantos años alrededor del sector vivienda nos llevan a plantear las siguientes sugerencias, a los fines de que sean acogidas en los programas de gobierno de los partidos políticos que se disputarán la Presidencia de la República en el próximo año 2024:

    1)       Que los partidos políticos contemplen en sus programas de gobierno 2024-2028 la realización de un plan de construcción masiva de viviendas rurales. Redirijan sus gastos hacia el campo.

    2)       Que el gobierno que surja de las elecciones inicie un proceso de búsqueda y captación de nuevas tecnologías de construcción de viviendas en los países donde estas iniciativas han sido exitosas.

    3)       Que se estimule la permanencia de los hombres del campo en las zonas rurales mediante la reorientación del gasto para dirigir más recursos  de inversión en el campo, así como la dotación de viviendas decentes, adecuadas y provistas de servicios (educación, agua, electricidad, telecomunicaciones y asistencia médica).

    4)       Que el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) celebre un foro de expertos que se centre en analizar y debatir la realidad del déficit de viviendas en el país.

    5)       Que se introduzcan nuevas tecnologías de construcción de viviendas (prefabricadas, por ejemplo) para realizar programas de construcción masiva de casas en zonas apartadas.

    6)       Que se haga una mora en las construcciones de viviendas populares en el Gran Santo Domingo y Santiago para desestimular la migración campesina. En cambio, se estimula a inversionistas (sectores bancarios y empresarios de la construcción a redirigir sus inversiones, acompañados del gobierno, a zonas productivas de los campos del país.

    7)       Que el próximo gobierno destine una mayor cantidad de recursos a la construcción de viviendas rurales, a los fines de impactar un grave problema social y crear fuentes de empleos adicionales en las poblaciones del área rural.

    8)       Que se implementen políticas de estímulos fiscales que convenzan a inversionistas nacionales o extranjeros a invertir en la construcción de casas en el campo dominicano.

    9)       Que se explore la posibilidad de acercamientos con países que han tenido buenas prácticas de construcción masiva de viviendas.

    La realización de este plan estratégico de construcción de viviendas rurales contribuiría, asimismo, a evitar el preocupante problema de la emigración del campo a las grandes ciudades. Es sabido que estas migraciones de ciudadanos desamparados y sin ninguna esperanza en sus zonas de nacimiento, terminan migrando y ocupando áreas vulnerables, orillas de cañadas y terrenos del Estado en las ciudades donde levantan casuchas en las que  viven con muchas precariedades.

    La construcción masiva de viviendas rurales, además, atenuará el problema de la delincuencia y otros males que afloran y azotan en las barriadas pobres, que se fomentan, precisamente, a consecuencia de la migración campesina debido al descuido del Estado en los campos del país.

    Ojalá nuestros políticos tomen en cuenta estas sugerencias y las incluyan en sus respectivos programas de gobierno para el período gubernamental del 2024-2028. Todo esto si es que realmente desean reducir la pobreza y atraer los votos del campo que son muchos y muy valiosos. ¿Estamos?

    Entre Samuel Adams y Tomás Bobadilla

    Por Manuel O. Pérez

    Aquí en Santo Domingo, Tomás Bobadilla fue el autor, redactor y primer firmante del Manifiesto del 16 de enero de 1844 y Samuel Adams fue uno de los firmantes de la Declaración de independencia de Estados Unidos.

    Samuel Adams en Estados Unidos estuvo a la cabeza de los que dirigieron el movimiento independentista y Tomás Bobadilla en Santo Domingo estuvo a la cabeza de todos los independentistas dominicanos la noche del 27 de febrero de 1844.

    Tomás Bobadilla
    habló para su presente y
    para la posteridad

    «Creo, señores, que ninguno puede ser mejor dominicano que yo. Yo fui el primero que dijo, Dios, Patria y Libertad; yo fui el autor del manifiesto del 16 de enero: yo en la noche del 27 de Febrero, me encontraba a la cabeza del pueblo: yo fui el Presidente de la Junta Central Gubernativa más de tres meses, el que dirigió los negocios públicos, uno de los fundadores de la Patria…»

    (Emilio Rodríguez Demorizi, Discursos de Bobadilla, Imp. J. R. Vda. García, Sucs. C.T, S. D. 1938. Tomás Bobadilla en el Congreso el día 10 de junio de 1847).

    Samuel Adams es considerado uno de los padres de la independencia de Estados Unidos y en República Dominicana, a Tomás Bobadilla que fue quien convocó para la Puerta de la Misericordia y al Baluarte del Conde donde proclamó la Independencia y la creación de la República Dominicana la noche del 27 de febrero de 1844, quien sofocó el primer alzamiento del 28 de febrero de 1844, contra la recién nacida República Dominicana, evitándole así , la lucha en el frente interno, quien luego del primer triunfo negoció y logró la salida de las tropas haitianas, poniéndole así, fin a la Dominación Haitiana de Boyer y de Herard, quien venció todas las invasiones haitianas de la Primera Campaña (marzo-abril 1844)…se le ha negado todo.

    «Zona de no vuelos» para terminar el genocidio de Israel en Gaza

    Por Felipe Lora Longo

    La situación en Palestina es un reflejo del sufrimiento y la opresión que ha vivido el pueblo palestino durante décadas a manos del gobierno israelí. Las acciones de Israel, que van desde la ocupación militar de territorios palestinos hasta el asedio de la Franja de Gaza, han causado un estado de terror constante para los palestinos.

    El sufrimiento del pueblo palestino ha alcanzado un nivel insoportable. El genocidio llevado a cabo por el gobierno israelí no puede ser ignorado ni un minuto más. La comunidad internacional debe tomar medidas concretas y efectivas para detener esta masacre y proteger a los civiles inocentes.

    La osadía del gobierno de Israel de llevar a cabo un genocidio de esta naturaleza, en plena luz del día y desafiando las leyes y la voluntad internacional es inconcebible.

    La intención del gobierno israelí de «limpiar» la Franja de Gaza de todos los palestinos es una muestra clara de la política de apartheid y limpieza étnica que ha caracterizado a Israel desde su creación. El objetivo es consolidar el control israelí sobre los territorios palestinos y negar a los palestinos su derecho a la autodeterminación y a vivir en paz en su propia tierra.

    Los prisioneros en Gaza no pueden esperar más.
    La hora de los encuentros o reuniones, de los comunicados y resoluciones, de los votos y contra votos en la ONU y de los llamados al cese de fuego ha pasado. Es hora de actuar para salvar las aterrorizadas familias que aún continúan con vida en lo que el gobierno de Israel ha convertido, de una cárcel sin techo, a un infierno sin precedente en la historia de la humanidad.

    Es hora de que la comunidad internacional tome medidas concretas y efectivas para proteger a la población palestina y poner fin a esta tragedia. Una de las acciones más urgentes y necesarias es la implementación de una «Zona de No Vuelos» sobre la Franja de Gaza. La implementación de una «Zona de No Vuelos» en Gaza permitiría detener los bombardeos israelíes que han causado la muerte de miles de personas, incluyendo mujeres y niños. También proporcionaría un espacio seguro para que la población pueda recibir ayuda humanitaria.

    Esa «Zona de No Vuelos» debe ser acompañada por una presión internacional para que Israel ponga fin a su ocupación de los territorios palestinos y respete los derechos humanos y el derecho internacional. La comunidad internacional debe condenar de manera firme y clara las acciones de Israel y exigir que rinda cuentas por sus violaciones de derechos humanos.

    Los actos criminales del gobierno de Israel han creado una mancha en la historia de la humanidad que nunca será borrada. Debemos asegurarnos que acciones como éstas no vuelvan a ocurrir jamás.

    RD dice en la CIDH que deportó 2,252 haitianas embarazadas en un año

    Washington DC, 8 de noviembre de 2023.- Durante el 188 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de la sociedad civil dominicana denunciaron graves violaciones de derechos humanos que enfrentan mujeres haitianas migrantes embarazadas en República Dominicana, las cuales ocurren en medio de una ola de persecución y deportación de población haitiana y dominico-haitiana en la que también se ven afectados menores de edad.

    Más de 800 haitianas, entre ellas 165 embarazadas, fueron deportadas durante el mes de noviembre desde República Dominicana, reveló hoy la prensa local. Las autoridades vecinas también devolvieron a 107 niñas desde que se intensificaron en ese país las deportaciones de migrantes ilegales, en medio de la tensa relación diplomática entre ambas naciones y el aumento de la inseguridad en el tercio oeste de la isla La Española, según datos divulgados por el diario Le Nouvelliste

    En la audiencia, que se denominó República Dominicana: Acceso a la salud de mujeres y niñas migrantes haitianas embarazadas, participaron las organizaciones Movimiento Reconocido, Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA), Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados (ODHGV), Movimiento Socio Cultural de Trabajadores Haitianos (MOSCTHA) y Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las cuales contaron con apoyo técnico del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).

    Juan Alberto Francisco, del Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), estuvo a cargo de exponer la situación de persecución y deportación que sufren mujeres haitianas, dominico haitianas y fenotípicamente identificadas como negras que están embarazadas, parturientas y en lactancia. Detalló que, de 2021 a junio de 2023, fueron deportadas a Haití 342,820 personas, de las cuales 2,159 eran mujeres embarazadas y 2,981 menores de edad no acompañados.

    Más de 14 mil haitianos fueron deportados desde República Dominicana en octubre de 2022, confirmó el Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriados (GARR), que denunció la situación de Haití con la inseguridad y crisis de combustible. Entre los expulsados a Haití figuran 266 embarazadas y mil 548 niños

    El gobierno dominicano ha intentado usar la situación precaria del sistema de salud para justificar estas acciones, apuntó Francisco; sin embargo, señaló que tanto tratados internacionales de derechos humanos adoptados por República Dominicana como la misma Constitución de la República establecen estándares para la protección de mujeres embarazadas y menores de edad bajo los cuales dicho argumento no tiene validez. “La maternidad, sea cual fuere la condición social o el estado civil de la mujer, gozará de la protección de los poderes públicos y genera derecho a la asistencia oficial en caso de desamparo”, reza el artículo 55, numeral 6, de la Carta Magna dominicana.

    En tanto, Jenny Morón, del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA), planteó que el proceso de expulsión y repatriación de migrantes en el país, según la Ley 285-04, está bajo responsabilidad de la Dirección General de Migración; sin embargo desde el Poder Ejecutivo se emitió el  Decreto 668-22, que da competencia a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para ser parte del control migratorio, lo que ha provocado que frecuentemente se realicen operativos y detenciones migratorias fuera de los horarios correspondientes y en un marco de informalidad que termina en corrupción y violencia.

    “Los servicios médicos no deben ser limitados por el estatus legal de un individuo. Convertir los centros de salud, incluyendo las maternidades, en lugares de detención para la deportación de mujeres, viola el artículo 12 párrafo 2 de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”, dijo.

    Manuel de Jesús Dandré, de la Red de Encuentro Dominico-Haitiano Jacques Viau, hizo referencia a testimonios y otras evidencias físicas recopiladas por organizaciones de la sociedad civil sobre los controles migratorios en zonas de acceso a los centros de salud y en ocasiones incluso dentro de las maternidades en centros urbanos.

    “El jueves 20 de julio de 2023, en la Maternidad en Higüey, Agentes de la Dirección General de Migración, sin orden judicial alguna, entraron por la fuerza y requisando y deteniendo a todas las mujeres de color negro, que le parecieran haitianas, sacando de los consultorios y habitaciones a mujeres embarazadas y otras que se encontraban con sus hijos recién nacidos, y fueron montadas en una cárcel móvil, tipo camión y fueron enviadas a un centro de detención con fines de deportación”, detalló.

    En representación del Estado, el embajador de República Dominicana ante la OEA, Josué Fiallos, respondió a las denuncias aduciendo una “carga asistencial” excesiva debido al aumento de partos de mujeres haitianas en el país, e hizo alusión a la intención de hacer un balance entre los derechos de las personas migrantes y las nacionales. El diplomático señaló que entre el año 2021 y octubre de 2023 fueron deportadas 69,810 mujeres, de ellas 2,252 mujeres embarazadas, y aseguró que las detenciones de mujeres embarazadas en los hospitales y sus alrededores son casos “aislados”.

    De parte de la CIDH, la Presidenta y Relatora para República Dominicana, comisionada Margarette May Macaulay, mostró su preocupación ante las violaciones de derechos humanos denunciadas por la sociedad civil y pidió al Estado estadísticas sobre los procesos judiciales que anteceden a las deportaciones, haciendo énfasis en que estos son fundamentales como garantía del debido proceso. La comisionada Julisa Mantilla, Relatora de la CIDH sobre Derechos de las Mujeres, preguntó sobre estadísticas de deportaciones de menores no acompañados.

    La sociedad civil hizo ocho solicitudes a la CIDH y al Estado, entre ellas que la Comisión realice una visita in loco a República Dominicana, que se ponga fin a la detención arbitraria y deportación masivas de mujeres, niños/as y adolescentes migrantes haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, y que el Estado dominicano soluciones de manera real y efectiva el acceso al derecho a la nacionalidad de las personas dominicanas de ascendencia haitiana.

     

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