Por Germán Reyes

Santo Domingo.- Las autoridades haitianas echaron un boche al gobierno dominicano por el trato supuestamente violatorio de derechos dispensado a sus compatriotas en el proceso de apresamiento y deportación que aplica por disposición del presidente Luis Abinader.

Para tales fines el embajador dominicano en la nación caribeña fue invitado a una reunión en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cultos (MAE) haitiano.

En ese contexto, el ministro de Relaciones Exteriores @JVHJeanBaptiste exige “absoluto respeto a los derechos fundamentales de los haitianos residentes en República Dominicana”, informaron las autoridades haitianas en un mensaje que difundieron vía la red social X.

Según @MAE_Haiti, el ministro (Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste) transmitió este mensaje «claro» durante una reunión con el embajador dominicano en Haití, Farouk Miguel Castillo, en la Cancillería este viernes.

El contexto

El Consejo Presidencial de Transición (CPT) dhaitiano condenó «con la mayor firmeza toda forma de discriminación y toda violación de los derechos fundamentales» de los que serían víctimas los haitianos que residen en la República Dominicana.

«Las condiciones en las que se están llevando a cabo las expulsiones de estos ciudadanos haitianos son especialmente preocupantes», afirmó el CPT en una nota publicada en su página de Facebook.

El máximo organismo de dirección haitiano instó a las autoridades dominicanas a «respetar los derechos humanos» de sus conciudadanos y a «dar prioridad al diálogo bilateral con vistas a encontrar soluciones duraderas, equitativas y respetuosas con la dignidad humana».

En la misma vía, el Consejo llamó a las autoridades haitianas competentes a que adopten todas las medidas necesarias para acoger a sus compatriotas repatriados en condiciones «dignas», conformes con los principios de los derechos humanos.

La Presidencia haitiana reafirmó su compromiso de «defender los derechos de todos los ciudadanos haitianos, de todas las haitianas, y promover una gestión humana y coordinada de la migración» entre ambos países.

La reacción dominicana

El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana (Mirex) respondió al CPT) de Haití. «Ninguna nación puede ni debe renunciar a su derecho de proteger su integridad territorial».

El Mirex aseguró que República Dominicana ha mostrado su disposición a colaborar con Haití, aunque advirtió que toda nación tiene derecho de tomar las medidas necesarias para salvaguardar la paz, la estabilidad y la convivencia pacífica en su territorio.

Las autoridades dominicanas, según el comunicado, han adoptado su actual política migratoria debido a la crisis que atraviesa Haití.

En la nación caribeña si la violencia que allí impera se extienda al territorio dominicano sería una «amenaza real muy grave», por lo que se requiere una respuesta «decidida y responsable».

El Mirex reclamó el derecho soberano de República Dominicana de aplicar sus leyes migratorias de conformidad con su Constitución y su ordenamiento jurídico vigente.

En el marco de la ley

Igualmente, en el referido comunicado se afirmó que las repatriaciones de haitianos en situación migratoria irregular se llevan a cabo «en el marco de la ley, con apego a los procedimientos establecidos».

«República Dominicana continuará combatiendo las redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes que vulneran los derechos de los más frágiles y perpetúan ciclos de violencia y explotación, dice el comunicado del Mirex.

Asimismo, declara su voluntad de mantener un diálogo franco, respetuoso y orientado a soluciones duraderas con las autoridades haitianas y las instituciones intergubernamentales pertinentes».

La AI y grupos cívicos locales

Sin embargo, la organización Amnistía Internacional (AI) y varios grupos cívicos locales deploraron las supuestas violaciones en que incurrirían las autoridades dominicanas en el proceso de apresamiento y deportación de haitianos indocumentados.

Las organizaciones locales citaron una serie de leyes, la Constitución y convenios internacionales que supuestamente viola el gobierno dominicano cuando apresa y expulsa haitianos supuestamente sin papeles.

En consecuencia, Abinader dijo a AI que «vaya a trabajar a Haití», después de que el miércoles la organización defensora de los derechos humanos pidiera el fin inmediato de las expulsiones colectivas de haitianos y que se derogue el polémico protocolo que vincula el acceso a servicios sanitarios y las deportaciones.

Santo Domingo.- Las mujeres organizadas en la Plataforma de Género del Noreste (PGNE) declararon que es inaceptable permanecer en silencio ante la realidad actual que afecta a sus compatriotas en República Dominicana.

No se trata de casos o incidentes aislados, dijo la PGNE en un documento que firma su coordinadora, Jesula Blanc. “Esta es una política deliberada, una persecución sistemática”.

Blanc se hizo eco de informaciones en el sentido de que los servicios de inmigración dominicanos ingresan a los hospitales con el objetivo de detener a las mujeres haitianas que están dando a luz.

“Los verdugos”, dice la organización en su documento, “los expulsan sin tener en cuenta la salud de las madres y los recién nacidos”.

En el lado de Juana Méndez

De acuerdo con la organización, en tan sólo ocho días, en la frontera haitiana colindante con Dajabón el número de repatriados atendidos en el lado Oeste, en Juana Méndez, fueron recibidas 3.222 personas repatriadas desde el territorio dominicano.

De ese total, según señalan las mujeres en su documento, 2.289 fueron hombres, 98 niñas, 93 niños, 100 ancianos, 20 personas con discapacidad y 24 niños no acompañados.

Asimismo, habían 742 mujeres, “de las cuales 53 estaban embarazadas y 60 en período de lactancia”.

Bebés amamantados

En total, el número de bebés fue de 76, 60 de los cuales aún son amamantados, dijeron las mujeres de la PGNE.

Estos últimos grupos, es decir los bebés, las mujeres embarazadas y las mujeres lactantes, “están verdaderamente traumatizados por las condiciones inhumanas de deportación, que constituyen una flagrante violación de sus derechos”.

Peor aún, las mujeres embarazadas en labor de parto son abandonadas sin atención en los patios de los hospitales, capturadas con todo el dolor del parto y obligadas a entrar en contenedores de transporte inadecuados, según testimoniaron en el documento.

Paras la Plataforma de Género del Noreste (PGNE) estos casos constituyen verdaderamente actos de barbarie “que desconocen cualquier principio de derechos humanos y deben llamar a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a tomar acciones expresas a favor de estas víctimas”.

Por Joseph Guyler C. Delva

Puerto Príncipe, (HCNN). – Bandas criminales tomaron el control de una estación de radio en una ciudad controlada por bandidos que decidieron rebautizar el medio de comunicación como «Taliban FM», mientras que un periodista secuestrado fue liberado tras pagar un rescate parcial en este país caribeño, donde las pandillas reclaman el control exclusivo.

En Mirebalais, en la región del Plateau Central, las bandas procedentes de la metrópoli de Puerto Príncipe, que invadieron la comunidad provincial el 31 de marzo y expulsaron a poblaciones enteras, han prometido permitir a los habitantes regresar a sus hogares pacíficamente.

En las ondas de Radio Panic FM (97.5 MHz FM) en Mirebalais, unos bandidos, miembros de una banda llamada Canaan, liderada por Jeff Larose (Jeff Gwolwa), se han proclamado dueños de Haití.

Los hombres armados rebautizaron la emisora ​​de radio como «Taliban FM». Se llaman a sí mismos «talibanes» para enfatizar su crueldad y crueldad.

El gerente de la estación, Joseph Allan Junior, confirmó que la estación de radio ha estado bajo control de pandillas desde el domingo 20 de abril de 2025.

Santo Domingo.- Las acciones que ejecuta el gobierno relacionadas con la política migratoria constituyen discriminación y violación de la Constitución, las leyes dominicanas y los acuerdos internacionales “de los cuales somos signatarios”, declararon varias organizaciones cívicas.

De acuerdo con una declaración escrita, los extranjeros no residentes en la República Dominicana deberán tener garantizado el derecho en la forma que las leyes, la Constitución, los convenios internacionales, acuerdos bilaterales y multilaterales, así como otras disposiciones legales que de igual manera así lo establezcan.

El acceso a la salud pública es un derecho humano universal, protegido por los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, de los cuales República Dominicana es signataria, dijeron la Coalición Ong-Sida, el Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU), el Centro de Investigación y Apoyo Cultural (CIAC) y la la Red Dominicana de Personas Viviendo con VIH (REDOVIH).

Además, la Red de Encuentro Dominico-Haitiano Jacques Viau, Proactividad, Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vuñlnerables, el Centro de Mujeres Juristas por los Derechos Humanos y el Movimiento Socio Cultural para el Trabajo Humanitario y Ambiental (Mosctha).

Una cacería en contra de los inmigrantes haitianos y sus familias es lo que se desprende de las acciones de migración en diferentes puntos del territorio nacional, proclamaron en su documento. “En estas batidas se violan todas las normativas que han sido dictadas en materia migratoria”.

Es urgente, proclamaron esas instituciones, reformar las políticas migratorias y de salud para adoptar un enfoque inclusivo y humanitario que garantice el derecho a la salud de todas las personas, sin importar su estatus migratorio. “No es admisible que en un proceso tan delicado como es la atención médica, se niegue un trato digno”.

Acusaciones legales por violaciones graves

Los grupos cívicos se refirieron a lo que llamaron “el Protocolo Salud Anti-mujer Inmigrante”, el cual “violenta (los) derechos humanos”.

De acuerdo con el documento, muchas personas se ven obligadas a enfrentar una decisión “inhumana” a consecuencia de las políticas “discriminatorias, anti-pobres haitianos” y excluyentes, “implementadas en la actualidad por la administración de Luis Abinader”.

“Acudir a un hospital en busca de atención médica, corriendo el riesgo de ser apresado y deportado, o quedarse en casa, poniendo en graves riesgos sus vidas y en caso de una enfermedad infecto contagiosa, se pone en graves riesgos la salud pública en general”, observaron las organizaciones.

Este dilema es inaceptable y exige una respuesta inmediata, insistieron.

Se empuja a la irregularidad

Para las organizaciones cívicas es esencial que el Estado dominicano reconozca que las personas no están indocumentadas por decisión propia, “sino que las leyes migratorias restrictivas y el no facilitar procesos de regulación migratoria, han empujado a esta situación”.

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) destacaron que, incluso, las normativas no solo afectan a las personas sin documentación de identidad, “sino también a quienes no poseen una nacionalidad definida, agravando aún más su estado de vulnerabilidad”.

En el documento se refirió el caso de una joven dominicana, sin ascendencia extranjera, “que fue humillada al ser detenida para ser expulsada de su país”.

Ese escenario se presentó no obstante varios de sus familiares trataban de interceder ante los guardias y los inspectores de Migración. “Ella fue colocada a un lado”, dicen las orgnizaciones.

El caso implica, según el documento, que el delito de esta joven mujer es que ella no tiene acta de nacimiento y consecuentemente, tampoco tiene cedula de identidad y electoral.

Ni los dominicanos indocumentados se salvan, precisaron los grupos cívicos. “¿Hacia dónde pensaba Migración llevar a esta hija de machepa, solo porque ella es una víctima?”

Ella no ha cometido ningún delito. Quienes han faltado son las autoridades que no la han documentado, insistieron.

Las normas que se violentan

Las organizaciones cívicas citaron las normas, locales e internacionales, que son supuestamente violadas por las acciones emprendidas por el gobierno a través de la Dirección General de Migración (DGM).

El Código Penal dominicano (Art. 336.- (Modificado por la Ley No. 24-97 de fecha 28 de enero de 1997 G.O. 9945) fue citado par los grupos cívicos para sostener que constituye una discriminación toda distinción realizada entre personas físicas en razón de su origen, edad, de su sexo, de su situación de familia, de su estado de salud, de sus discapacidades, de sus costumbres, de sus opiniones políticas, de sus actividades sindicales, su ocupación, de su pertenencia o de su no pertenencia, verdadera a una etnia, una nación, una raza o una religión determinada.

Asimismo, que constituye una discriminación toda distinción realizada entre las personas morales en razón del origen, de su edad, del sexo, la situación de familia, el estado de salud, discapacidades, las costumbres, las opiniones políticas, las actividades sindicales, la pertenencia o no pertenencia verdadera o supuesta a una etnia, una nación, una raza, o una religión determinada de los miembros o de alguno de los miembros de la persona moral.

De igual manera, el artículo 61 de la Constitución de la República consagra el derecho fundamental a la salud. “En dicho orden, establece que el Estado ´debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran”.

El artículo 28 de la Ley No. 42-01 General de Salud establece los derechos a los que toda persona, independientemente de su estatus jurídico, tiene acceso en materia de salud, destacan las organizaciones en su documento.

También, la Ley número 42-01, General de Salud, artículo 9, el cual precisa que “todos los dominicanos y dominicanas y las y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional, son titulares del derecho a la promoción de la salud, prevención de las enfermedades y a la protección, recuperación y rehabilitación de su salud, sin discriminación alguna”.

Asimismo, los extranjeros no residentes en la República Dominicana tendrán garantizado el derecho en la forma que las leyes, los convenios internacionales, acuerdos bilaterales y otras disposiciones legales lo establezcan.

Otras normas

-La Meta 5.6, sobre acceso universal a salud sexual y reproductiva, Agenda 2030.

– La Declaración Universal de los Derechos Humanos Art. 25: Toda persona tiene derecho a la salud, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

-Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 10 Los Estados partes reconocen a toda persona el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

-Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial Articulo 5-

-Los Estados parte se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:

-Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular: i) El derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, a igual salario por trabajo igual y a una remuneración equitativa y satisfactoria; ii) El derecho a fundar sindicatos y a sindicarse; iii) El derecho a la vivienda; iv) El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales; v) El derecho a la educación y la formación profesional.

Santo Domingo.- Rafael Méndez, quien fuera presidente de la Comisión de Frontera de la Cámara de Diputados, calificó de «fracaso estrepitoso» a las políticas de control fronterizo implementadas por el gobierno del presidente Luis Abinader.

Y se evidencia que el gobierno ha perdido el control de nuestra frontera, sentenció el también dirigente del opositor partido Fuerza del Pueblo y periodista.

Para Méndez, a pesar de la ostentosa y supuesta presencia de diez mil soldados que interactúan con la proliferación de doce organismos de seguridad en la zona, «la realidad es que el tráfico de todo tipo, incluyendo el negocio redondo con el tráfico de parturientas, es el resultado de la corrupción rampante».

El exlegislador se refirió a lo que entiende como  complicidad entre mafias y funcionarios corruptos «que se lucran con la desesperación de los más vulnerables».

El pasado legislador por la Provincia Bahoruco aseguró que sin el contubernio con las autoridades y los miembros de los organismos de seguridad, los personaje que se dedican al tráfico diverso no les fuera tan fácil, “pero resulta que los pases perforados en la verja perimetral están precisamente frente a los puestos de chequeo”.

“Cuando viene el cargamento de inmigrantes, el enlace va avisando y entregando el soborno en cada puesto de control, y se llega al extremo de que en esos puestos cuentan los ilegales para que los dueños del gran negocio no les pase inmigrantes por encima de lo negociado”, denunció.

Santo Domingo.- Claude Joseph, quien fuera primer ministro y canciller haitiano, lanzó una andanada de críticas contra el Consejo Presidencial de Transición (CPT) y del jefe del gobierno, Alix Didier Fils-Aimé, por su supuesto silencio frente al trato que reciben sus compatriotas en el territorio dominicano.

Para Joseph, que preside el partido Comprometidos con el Desarrollo (EDE, siglas en francés), que forma parte de los nueve miembros del CPT, las autoridades de su país observan sin reaccionar ante las políticas migratorias dominicanas “claramente discriminatorias hacia las mujeres haitianas”.

El influyente político en la nación caribeña, a quien el presidente Luis Abinader prohibió su ingreso al territorio dominicano, se refirió a la disposición de apresar en los hospitales públicos y deportar a las embarazadas y parturientas haitianas como parte de una agresiva campaña dirigida a expulsar a esos extranjeros en condición migratoria irregular.

«El número de supuestas violaciones de derechos humanos, que van desde redadas en viviendas no autorizadas a discriminación racial, así como deportar a madres lactantes y menores no acompañados, crece conforme las autoridades redoblan las deportaciones a Haití, que comparte la isla de La Española con República Dominicana», dijo la agencia internacional de noticias AP

En consecuencia, mujeres en plena labor de parto y otras con sus criaturas recién nacidas al hombro son montadas en autobuses sin la menor asistencia médica para ser llevadas a la cárcel de Migración en Haina, en el caso de los centros de salud ubicados en el Distrito Nacional y la región Este, y luego ser trasladadas a la frontera para ser repatriadas en las mismas condiciones de precariedad y riesgos.

Esas medidas relativas a las mujeres embarazadas y parturientas procuran reducir el gasto en esas labores, considerado excesivo por las autoridades dominicanas.

También se enmarcan en la disposición anunciada el día dos de octubre de 2024 por el presidente Abinader en el sentido de que desde entonces las expulsiones sumarias de haitianos sin papeles sería de 10,000 por semana.

Una diplomacia de rodillas

Para Joseph, el silencio del Consejo Presidencial de Transición (CPT) y del jefe del gobierno haitiano ante el trato inhumano infligido a las mujeres haitianas embarazadas en República Dominicana “es simplemente repugnante”.

Este silencio no es neutral: es cómplice, proclamó el político en sus críticas a las autoridades de su país vía un mensaje que colgó en su cuenta en la red social X.

A su entender, mientras las mujeres haitianas vulnerables son humilladas, maltratadas y deportadas en condiciones atroces, las autoridades haitianas —o lo que queda de ellas— observan sin reaccionar.

“Echaron mi puerta abajo a las 4 de la madrugada”, dijo Odelyn St. Fleur a la agencia AP, que había trabajado como albañil en República Dominicana durante dos décadas. Estaba durmiendo junto a su esposa y a su hijo de 7 años.

Ninguna declaración, ninguna condena oficial, dijo el presidente del partido EDE. “Este silencio no es sólo una falta de coraje político; es el síntoma de un Estado rezagado, carente de toda capacidad para defender a sus ciudadanos, ya sea que estén en Haití o en el extranjero”.

Embarazadas haitianas pagan de 12 a 15 mil pesos a traficantes para cruzar la frontera y venir a dar a luz en República Dominicana, según un reporte de prensa divulgado este lunes, 21 de abril de 2025. Sin embargo, si no tienen documentos legales, luego que logran ingresar a territorio dominicano tienen que disponer de más dinero para llegar a los centros de salud donde quieren parir, conforme una publicación del periódico Listín Diario

Ante los racistas de RD

Joseph, al enfocar la actuación de la diplomacia de su país en relación a la política migratoria dominicana, dijo que está “de rodillas” ante “los caprichos de los racistas y ultranacionalistas dominicanos”.

La indiferencia de la diplomacia haitiana ante políticas migratorias claramente discriminatorias hacia las mujeres haitianas demuestra que se ha convertido en una diplomacia de sinecuras, precisó el exfuncionario.

Una diplomacia, insistió Joseph, de rodillas y al servicio no del pueblo haitiano, sino de los caprichos de los racistas y ultranacionalistas dominicanos.