Santo Domingo, CDN,. En los últimos meses han salido a la luz varios casos de ciudadanos que resultaron víctimas de errores del sistema judicial dominicano, enfrentando procesos largos, costosos y, en algunos casos, cumpliendo condenas injustas durante años. Las historias, marcadas por el dolor y la incertidumbre, evidencian fallas estructurales que han dejado profundas secuelas personales y familiares.

Uno de los casos es el de Manuel José de la Rosa Romero. Este permaneció detenido injustamente por más de siete meses y luego libró una batalla judicial de 14 años. Finalmente, el Estado dominicano fue condenado a pagarle dos millones de pesos como indemnización. Mientras que el exfiscal William de Jesús Viloria Santos deberá pagar 250 mil pesos adicionales por daños y perjuicios.

Otra historia estremecedora es la de Luis Peña Valdez, un albañil que pasó 12 años en la cárcel La Victoria sin expediente formal ni juicio previo. Según su relato, resultó detenido tras acudir a cobrar un trabajo realizado en Monte Plata. Aunque recibió su libertad gracias a la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desapareció posteriormente. Hasta la fecha se desconoce su paradero, generando cuestionamientos nacionales e internacionales.

Más recientemente, el piloto Afe Gutiérrez Gil recibió una indemnización de 10,912,792 pesos luego de permanecer 28 meses en prisión y condenársele en dos ocasiones por homicidio, sentencias que resultaron anuladas. Aunque la Suprema Corte de Justicia confirmó la compensación en agosto de 2025, el afectado considera que ninguna suma económica puede devolverle los años perdidos ni reparar completamente el daño emocional sufrido.

Estos casos reafirman que al Estado se le puede demandar por errores judiciales. Sin embargo, también dejan en evidencia que ninguna indemnización compensa plenamente el estigma social, el tiempo arrebatado y las heridas que deja una condena injusta.

La historia la presentaron en el programa «55 Minutos con Julissa Céspedes», realizada por la periodista Rosanna Morillo.

La Autopista de la Cordillera Septentrional es sinónimo de comunidades afectadas, riesgos geológicos y conflicto ambiental

Por Felipe Lora Longo
La Autopista del Ámbar no nació de una demanda popular ni de una evaluación seria de las prioridades del país. Surgió en escritorios lejanos a las comunidades, impulsada por interés económico específico y luego envuelto en el lenguaje tecnocrático del “desarrollo”. En estas condiciones, el gobierno de Luis Abinader, que ha hecho de las grandes obras un sustituto del debate democrático, la bendijo desde el principio.

Este proyecto no fue discutido ni consultado. Fue impuesto bajo una lógica demasiado conocida en la República Dominicana: infraestructura grande,  préstamos, costo público, beneficio privado.

Y hoy, nos la presentan como inevitable. Pero no lo es.

¿Quiénes la imponen y por qué?
Detrás de la Autopista del Ámbar hay una alianza clara: sectores empresariales ligados al turismo, la logística y la especulación inmobiliaria del norte, junto a un gobierno que confunde crecimiento con desarrollo y modernización con cemento.

Tras cinco años de gobierno, el presidente Abinader busca finalmente cumplir la promesa de iniciar la construcción de la autopista. La misma abarcará 32.7 kilómetros, con cuatro carriles, dos túneles y sin la modalidad de “peaje sombra”

No se trata de conectar comunidades, sino de reordenar el territorio para ponerlo al servicio de intereses particulares. No es una solución nacional, sino un negocio con cobertura estatal.

Cuando un proyecto no nace desde abajo, genera rechazo ambiental y social, y concentra beneficios en pocos actores, no estamos ante una política pública legítima. Estamos ante una imposición.

Incluso desde dentro del propio sector de la construcción he escuchado versiones persistentes: el proyecto fue impulsado desde el más alto nivel del Ejecutivo pese a reservas técnicas y financieras por su alto riesgo. Que hoy avance no disipa esas dudas; las confirma. Ignorar advertencias conocidas no es visión de futuro: es terquedad política y captura del Estado.

Una obra marcada por fragilidad geológica, impacto ambiental severo y opacidad en su origen no puede llamarse desarrollo. Es, sencillamente, una jugada temeraria con respaldo oficial.

Desmontando los argumentos “a favor”
1. “Reducirá el tiempo entre Santiago y Puerto Plata”
Este argumento es engañoso. Ambas ciudades ya están conectadas mediante rutas existentes que, con mejoras puntuales, cumplen su función. No existe una emergencia logística que justifique el altísimo costo económico, el daño ambiental irreversible y el desvío de recursos de otras prioridades viales urgentes en el país.

Reducir algunos minutos de viaje no es una estrategia nacional. Es una excusa.

2. “Dinamizará el turismo y el desarrollo regional”
Aquí se revela el núcleo ideológico del proyecto: se nos pide sacrificar los ecosistemas de la Cordillera Septentrional —bosques, cuencas y biodiversidad— en nombre de un supuesto “turismo dinámico”.

Eso no es desarrollo. Es una contradicción.

El modelo que se impulsa es el de siempre: turismo concentrado, empleo precario, dependencia económica y comunidades subordinadas, no fortalecidas.

Este es el libreto del gobierno de Abinader: hablar de sostenibilidad mientras se profundiza un modelo extractivo, maquillado de verde y vendido como progreso. Un desarrollo que destruye su base natural no es desarrollo; es pan para hoy y hambre para mañana.

La mayoría de los “beneficios” de la Autopista del Ámbar son promesas estándar del manual de megaproyectos, refutables con evidencia técnica, económica y social. Lo que sí es seguro son los costos ambientales, fiscales y territoriales.

Lo que realmente es la Autopista del Ámbar
Hay que llamar las cosas por su nombre. La Autopista del Ámbar no es una obra estratégica, ni una prioridad nacional, ni una respuesta a una necesidad popular. Es:

• una imposición territorial,
• un negocio con respaldo estatal,
• una agresión ambiental presentada como modernidad,
• y otra muestra de un Estado capturado por intereses privados.

Cuando el “progreso” exige silencio, destrucción ambiental y exclusión social, no es progreso. Es abuso de poder.
Y frente a eso, lo responsable, lo ético y lo verdaderamente patriótico no es aplaudir, sino resistir, denunciar y organizarse.

Santo Domingo.- El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que el sistema del Metro de Santo Domingo comenzará a operar en la Línea 2C, correspondiente al tramo hacia Los Alcarrizos, antes del próximo 27 de febrero.

Durante sus declaraciones, Paliza señaló que “el tren va a comenzar a operar” y aseguró que, de acuerdo con el avance de los trabajos, todo indica que la línea estará en funcionamiento antes de la fecha indicada.

El funcionario reconoció que la construcción de esta obra ha tenido un impacto significativo en la ciudadanía, especialmente para los residentes del Gran Santo Domingo.
Indicó que se trata de una de las infraestructuras de mayor envergadura y costo que ha asumido el Estado dominicano.

“Son obras de alto impacto, una de las principales y más costosas para el dominicano, sobre todo para el ciudadano de Santo Domingo. Gran parte del tiempo se pierde en traslados, en el recorrido del trabajo a la casa”, expresó.

Paliza destacó que la puesta en funcionamiento de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo contribuirá a reducir los tiempos de desplazamiento y a mejorar la calidad de vida de miles de ciudadanos que a diario se movilizan desde y hacia el municipio de Los Alcarrizos.

Pueblo Viejo, jueves, 05 feb. 2026.– El párroco de la iglesia Las Mercedes del municipio Pueblo Viejo, en Azua, se quejó por la escasez de agua potable y el mal estado en que se encuentran las calles de esa localidad.

El padre Rafael Cuello asegura que las calles de Pueblo Viejo están en muy mal estado y que el servicio de agua es “bastante inestable”.

“Aquí no hay buen servicio de agua y las calles están casi intransitables, las autoridades no están haciendo nada”, se quejó el religioso.

Del tema también hablaron residentes de la comunidad, quienes  se quejaron por el abandono de las vías.

Recordaron que allí  están las Ruinas de Pueblo Viejo, donde se cree que está sepultado el cacique Enriquillo.

“Todas están en mal estado, las autoridades se olvidaron de este pueblo”, criticó un lugareño que se identificó con el alias de “Tindindo”.

Sin embargo, los residentes del lugar destacan la tranquilidad que reina en la demarcación, respecto a la delincuencia.

“Aquí se puede caminar tranquilo y nadie te atraca, solo pueden venir algunos ladroncitos de otros lugares”, dicen.

En Pueblo Viejo se están llevando a cabo labores de búsqueda de los restos del cacique Enriquillo, el líder taíno que se rebeló contra la dominación española sobre la población taína (siglo XVI).

Hato Mayor.– Un operativo conjunto de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Ministerio de Medio Ambiente dejó al descubierto un insólito montaje utilizado para cometer estafas digitales en la comunidad de Palmilla, donde un grupo de jóvenes, conocidos en el entorno digital como “pichadores”, había construido un falso cementerio con el objetivo de simular rituales de brujería y extorsionar a personas a través de las redes sociales.

Lo que aparentaba un cementerio abandonado era, en realidad, un escenario improvisado utilizado como set de grabación. Tumbas construidas con blocks, cruces de madera pintadas de forma rudimentaria, montículos de tierra reciente. Asimismo, restos de velas conformaban la escenografía empleada para realizar transmisiones en vivo y enviar videos personalizados a las víctimas.

Durante la intervención, el director provincial de Medio Ambiente, Fernando Santana, informó que en el lugar hallaron dos bóvedas falsas, varias cruces. También velas y velones de distintos colores, así como plumas y patas de pollo, elementos utilizados para dar mayor credibilidad a los supuestos rituales.

Según las autoridades, los implicados captaban clientes mediante plataformas como TikTok y Facebook, ofreciendo servicios de “amarres”, “limpiezas espirituales” y “venganzas”. Una vez recibido el pago, realizaban grabaciones en el falso cementerio para aparentar la ejecución de los trabajos prometidos.

El montaje fue desmantelado por las autoridades, quienes utilizaron herramientas como picos y mandarrias para destruir las estructuras improvisadas y eliminar las falsas lápidas que alteraban visualmente el entorno. Las investigaciones continúan para identificar y someter a la justicia a los responsables de estas estafas.