“Todos estamos amenazados”, dijo el fiscal titular Jacques Lafontant luego de enterarse del deceso de Fritz Gérard Cérisier, quien estaba a cargo del servicio de ordenanzas y Habéas Corpus
Por Germán Reyes
Santo Domingo.- El asesinato a tiros del fiscal adjunto de Puerto Príncipe dentro de su vehículo en Carrefour Sans fil cuando acababa de salir de sus oficinas, ha sembrado el pánico en el Ministerio Público de la capital haitiana, según reportan medios digitales.
“Todos estamos amenazados”, dijo el fiscal titular Jacques Lafontant luego de enterarse del deceso de Fritz Gérard Cérisier, quien estaba a cargo del servicio de ordenanzas y Habéas Corpus.
Todo indica que el crimen fue cometido por los temores que implicaba la declinación de los expedientes a las oficinas del hoy occiso.
“A veces cuando la fiscalía apela a las órdenes del gabinete de investigación, esto causa revuelo, especialmente entre los prisioneros», declaró Lafontant, quien también anunció la incautación esta semana de una cantidad de armas y municiones en el puerto privado de Lafito donde se confiscaron 12 armas de guerra y más de 16,000 cartuchos.
Sin embargo, no se han realizado arrestos, dijo el jefe de la fiscalía de la capital.
Inseguridad inaceptable
De su lado, el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados Haitianos (ANAMAH), Jean Wilner Morin, dijo que la inseguridad en Haití ha adquirido una dimensión inaceptable “a la que el Estado debe buscar una solución”.
«Este asesinato villano conmovió profundamente al poder judicial haitiano, especialmente a los fiscales. Esto justifica que nadie esté a salvo en Haití», declaró
Morin también expresó su consternación por el asesinato del magistrado Fritz Gérard Cérisier.
Según Mike Pompeo "si el Consejo fuera honesto, reconocería las fortalezas de la democracia estadounidense e instaría a los regímenes autoritarios de todo el mundo a seguir el modelo de la democracia estadounidense y a mantener a sus naciones con los mismos altos estándares de responsabilidad y transparencia que los estadounidenses nos aplicamos"
Washington.- El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, ha criticado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU por ratificar una resolución para luchar contra el racismo y la brutalidad policial, diciendo que la votación demostró la «hipocresía» de ese organismo y por qué Estados Unidos lo abandonó en el 2018. Además, Pompeo tachó dicha votación como un «nuevo mínimo» marcado por el organismo de la ONU.
De acuerdo con el secretario de Estado de EE.UU., el Consejo de Derechos Humanos de la ONU «ha sido y sigue siendo un refugio para dictadores y democracias que los complacen».
«Si el Consejo fuera honesto, reconocería las fortalezas de la democracia estadounidense e instaría a los regímenes autoritarios de todo el mundo a seguir el modelo de la democracia estadounidense y a mantener a sus naciones con los mismos altos estándares de responsabilidad y transparencia que los estadounidenses nos aplicamos», aseveró en un comunicado.
Este viernes, los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobaron de forma unánime una resolución que condenó el racismo y la brutalidad policial, sin dirigir acusaciones directas a EE.UU.
Santo Domingo.- La Junta Central Electoral (JCE) informó este sábado que el Ministerio de Salud de Panamá comunicó que no es viable realizar las Elecciones Extraordinarias Generales del 5 de julio en ese territorio.
En República Dominicana, sin embargo, están en marcha todos los preparativos para el montaje de los comicios en esa misma fecha, aunque todavía se está en fase II.
La información, según informó la JCE en una información que cuelga en su portal web, la dio a conocer dicho Ministerio mediante una comunicación dirigida a la Embajada Dominicana en Panamá, en la cual señalaron que la situación epidémica de ese país se encuentra en la fase 3 de la pandemia, con transmisión local y comunitaria.
“Como ente responsable de salvaguardar la salud de toda la población, consideramos que en estos momentos no sería viable realizar” las elecciones del 5 de julio.
El libro de John Bolton incluye una serie de afirmaciones condenatorias sobre la conducta del presidente Trump en el cargo, incluido que Trump le suplicó al presidente chino, Xi Jinping, que lo ayudara a ganar la reelección, y que dijo que los periodistas deberían ser "ejecutados"
Por JOSH GERSTEIN y KYLE CHENEY
Washington, Político.- Un juez federal ha negado la solicitud de la administración Trump de bloquear la publicación de las memorias de John Bolton, señalando que el libro del ex asesor de seguridad nacional ya había sido «impreso, encuadernado y enviado a todo el país».
En un fallo del sábado por la mañana, el juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Royce Lamberth, dijo que la solicitud del Departamento de Justicia de suprimir el libro revelador por razones de seguridad nacional sería imposible de aplicar, pero el juez criticó a Bolton por su decisión de seguir adelante con la publicación sin una declaración explícita de aprobación del gobierno.
«Si bien la conducta unilateral de Bolton plantea graves preocupaciones de seguridad nacional, el gobierno no ha establecido que una medida cautelar sea un remedio apropiado», escribió Lamberth. «El daño está hecho.»
De hecho, el juez criticó a Bolton con tanta severidad que el fallo no parecía una gran victoria para el ex halcón de la política exterior que pasó 18 meses como el principal asistente del presidente Donald Trump.
De hecho, el juez Royce Lamberth (a la derecha) criticó a John Bolton con tanta severidad que el fallo no parecía una gran victoria para el ex halcón de la política exterior que pasó 18 meses como el principal asistente del presidente Donald Trump. Lamberth, designado por el presidente Ronald Reagan, incluso llegó a sugerir que Bolton podría ser procesado por su conducta. “El acusado Bolton ha jugado con la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ha expuesto a su país a daños y a él mismo a responsabilidad civil (y potencialmente criminal)”, escribió Lamberth en su orden de 10 páginas
Lamberth, designado por el presidente Ronald Reagan, incluso llegó a sugerir que Bolton podría ser procesado por su conducta.
“El acusado Bolton ha jugado con la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ha expuesto a su país a daños y a él mismo a responsabilidad civil (y potencialmente criminal)”, escribió Lamberth en su orden de 10 páginas.
Trump pareció subrayar ese mensaje el sábado a través de tuits argumentando que Bolton debería enfrentar graves consecuencias por sus acciones.
«Sencillo y simple, John Bolton … quien estaba completamente lavado hasta que lo traje de vuelta y le di la oportunidad, violó la ley al divulgar información clasificada (en grandes cantidades). Debe pagar un precio muy alto por esto, como lo han hecho otros antes que él”, escribió el presidente.
Más tarde tuiteó: «GRAN GANADO DEL TRIBUNAL contra Bolton. Obviamente, con el libro ya entregado y filtrado a muchas personas y a los medios, nada que el juez altamente respetado podría haber hecho para detenerlo… PERO, declaraciones y fallos fuertes y poderosos en DINERO y en CLASIFICACIÓN DE ROMPIMIENTO … Bolton violó la ley y ha sido llamado y reprendido por hacerlo, con un precio realmente alto que pagar. Le gusta arrojar bombas sobre las personas y matarlas. ¡Ahora le arrojarán bombas! »
Si bien Bolton se quejó de que la Casa Blanca se arrastró injustamente al revisar su manuscrito, Lamberth rechazó la idea de que los retrasos no eran razonables.
«Muchos estadounidenses no pueden renovar sus pasaportes dentro de cuatro meses, pero Bolton se queja de que revisar cientos de páginas del informe de un asesor de seguridad nacional merece un horario más rápido», escribió Lamberth.
El fallo no deja impedimento para el lanzamiento oficial del libro de Bolton el martes. El Departamento de Justicia podría apelar la decisión, pero las perspectivas para tal apelación parecen escasas. Los portavoces del departamento no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios el sábado.
En cualquier caso, se espera que los abogados del gobierno sigan adelante con el litigio en un intento por obligar a Bolton a eliminar todas las ganancias que obtuvo o obtiene del libro. Según los informes, recibió un anticipo de $ 2 millones del editor Simon & Schuster.
El abogado de Bolton, Chuck Cooper, elogió la conclusión de Lamberth de que no se debería emitir un mandato judicial, pero señaló el desacuerdo con el resto de la orden del juez y sugirió que estaba lejos de ser la última palabra en la disputa.
«Agradecemos la decisión de hoy de la Corte de negar el intento del Gobierno de suprimir el libro del Embajador Bolton», dijo Cooper en un comunicado. «Sin embargo, respetamos respetuosamente la conclusión preliminar de la Corte en esta etapa temprana del caso de que el Embajador Bolton no cumplió plenamente con su obligación de prepublicación contractual con el Gobierno, y el caso ahora procederá al desarrollo del registro completo de ese caso problema. La historia completa de estos eventos aún no se ha contado, pero lo será «.
Simon & Schuster también agradeció la decisión de Lamberth de no intentar bloquear el libro.
“Estamos agradecidos de que el Tribunal haya reivindicado las fuertes protecciones de la Primera Enmienda contra la censura y la restricción previa de la publicación. Estamos muy contentos de que el público ahora tenga la oportunidad de leer el relato del embajador Bolton sobre su tiempo como asesor de seguridad nacional ”, dijo la editorial en un comunicado.
El fallo de Lamberth se produjo después de una audiencia judicial de casi dos horas realizada el viernes por videoconferencia y teléfono debido a restricciones de coronavirus.
«El caballo, como solíamos decir en Texas, parece estar fuera del establo», dijo Lamberth al comienzo de la audiencia del viernes. «Ciertamente me parece difícil lo que podría hacer con esos libros en todo el país».
Sin embargo, Lamberth planteó problemas repetidos con la forma en que Bolton finalmente pareció cortocircuitar el proceso de revisión para precipitar la brutal cuenta del liderazgo de Trump.
Si bien las memorias, tituladas «La habitación donde sucedió», se entregarán oficialmente el martes, las copias físicas y digitales del libro han estado circulando en Washington durante varios días, generando una avalancha de titulares poco halagadores para la Casa Blanca. Y 200,000 copias del libro han sido enviadas a revendedores, según el editor de Bolton.
El libro de Bolton alega que Trump alentó la construcción de campamentos por parte de China para su población uigur, y que le suplicó al presidente chino, Xi Jinping, que comprara productos agrícolas estadounidenses para ayudar a su reelección. También describe la oferta de favores de Trump a los líderes autocráticos y afirma la evidencia de juicio político de los demócratas de la Cámara de que Trump presionó a Ucrania para que investigara a sus rivales políticos a cambio de asistencia militar. Trump ha dicho que Bolton es un «mentiroso», y varios funcionarios del gabinete han disputado su versión de los hechos.
En la audiencia del viernes, Lamberth presionó al abogado del Departamento de Justicia argumentando a favor de la orden de restricción, David Morrell, para que explicara qué beneficio tendría tal orden en este momento dada la amplia distribución del libro.
Morrell insistió en que sería valioso recuperar tantas copias físicas del libro como sea posible y evitar las versiones de libros electrónicos y audiolibros que aún no se han lanzado.
«Esta no es una propuesta de todo o nada», dijo Morrell, un asistente del fiscal general adjunto en la División Civil de Justicia. «El gobierno todavía tiene interés en detener el flujo de texto clasificado de Simon & Schuster y todos esos afiliados … y su cadena de distribución».
Morrell también dijo que la logística de implementar una orden judicial no era realmente un problema del gobierno, sino de Bolton ya que violó sus acuerdos relacionados con información clasificada.
“La responsabilidad recae en el Sr. Bolton para descubrir cómo hacer esto. … Este es un problema de su propia creación «, dijo Morrell, y agregó que el ex funcionario debería» recuperar el libro «.
Si bien Lamberth parecía escéptico sobre su capacidad para recordar el libro, acribilló al abogado de Bolton con preguntas sobre por qué el exoficial de alto rango se movió unilateralmente para publicar sin autorización escrita del Consejo de Seguridad Nacional.
Lamberth dejó en claro que pensaba que Bolton actuó precipitadamente y en violación de sus obligaciones cuando dio el visto bueno para la publicación de su libro en ausencia de una aprobación formal de la Casa Blanca.
Cuando el abogado de Bolton, Chuck Cooper, afirmó que Bolton había seguido sus obligaciones legales «no solo en espíritu sino al pie de la letra», Lamberth respondió: «No, no lo hizo».
«Tenía una obligación … una vez que invocó ese proceso, no puede simplemente retirarse», declaró el juez, y agregó: «No le dijo al gobierno que se estaba alejando». Simplemente se alejó y le dijo al editor ‘ve a publicar’ «.
La postura de Lamberth le causa problemas a Bolton cuando el juez considera el caso más amplio de la Casa Blanca de que Bolton debería perder las ganancias de su libro porque contiene información altamente clasificada que podría causar daños «excepcionalmente graves» a la seguridad nacional.
Bolton ha sugerido que la política corrompió el proceso de revisión, pero Lamberth se preguntó por qué no buscó intervención judicial en lugar de simplemente decirle a su editor que enviara el libro a la impresora.
Cooper argumentó que Bolton simplemente consideró el proceso de revisión completo una vez que el revisor inicial, Ellen Knight, consideró su manuscrito libre de información clasificada. Creía que todo lo que quedaba era una carta escrita pro forma, argumentó Cooper.
Pero esa carta nunca llegó. Más bien, su sucesor como asesor de seguridad nacional, Robert O’Brien, se hizo cargo del proceso y designó a un asistente de mayor rango para revisar el libro sin informar a Bolton.
Morrell dijo que la decisión de Bolton de rescatar el proceso de revisión fue imprudente.
“No es su rol o derecho decidir cuándo se realiza el proceso. Eso pertenece al gobierno y el control sobre eso es una revisión judicial ”, dijo el abogado del Departamento de Justicia. «No puede haber un autor que decida unilateralmente rescatar cuando está descontento».
Después de la audiencia en la corte pública, Lamberth celebró una sesión cerrada a puerta cerrada para escuchar a los funcionarios del gobierno que dijeron en documentos secretos de la corte que el libro de Bolton contiene información clasificada. Los abogados de Bolton fueron excluidos de esa sesión.
El caso se desarrolló rápidamente esta semana, desde la presentación de la demanda el martes hasta la solicitud de mandato del gobierno al día siguiente. Los abogados de Bolton respondieron con una moción para desestimar la demanda por completo , alegando que el impulso legal del Departamento de Justicia viola la Primera Enmienda.
Bolton argumentó que la afirmación de la administración de material clasificado es una hoja de parra por su esfuerzo por castigarlo por revelar información vergonzosa sobre Trump.
Si bien los abogados y los altos funcionarios de seguridad nacional han presentado ante el tribunal graves advertencias sobre el daño a la seguridad nacional que el libro podría hacer, Trump ha hecho una serie de declaraciones radicales que ponen de manifiesto su deseo de suprimir el libro simplemente por violar lo que él considera como un deber de confidencialidad que deben los ayudantes de la Casa Blanca.
Si bien existe un marco legal para proteger los secretos de seguridad nacional, no existe un mecanismo legal obvio para imponer un secreto general a los ex funcionarios de la Casa Blanca, aunque Trump parece creer que dicha obligación puede hacerse cumplir legalmente.
«Las conversaciones conmigo están altamente clasificadas», dijo Trump a los periodistas en una sesión de fotos el lunes con el fiscal general William Barr. “Le dije eso al fiscal general antes. Consideraré cada conversación conmigo, como presidente, altamente clasificada ”.
Las quejas de Trump sobre la divulgación de conversaciones privadas por parte de Bolton también se han visto confundidas por una serie de afirmaciones del presidente de que el libro está fabricado en gran parte o por completo. En un tuit el jueves por la mañana, llamó al tomo de Bolton «una compilación de mentiras e historias inventadas».
Lamberth pareció darse cuenta de la agitación de Trump sobre el libro de Bolton y le preguntó a Morrell durante la audiencia si el presidente había intervenido en el proceso de revisión al ordenar a los funcionarios que alegaran que ciertos asuntos estaban clasificados.
«Su señoría, no he hablado con el presidente. No estoy al tanto de eso», dijo el abogado del Departamento de Justicia.
Gran parte del movimiento de Bolton para desestimar el caso en su contra se centró en la afirmación del DOJ de que su libro contiene inteligencia «compartimentada» altamente clasificada, lo que desencadenaría un estándar de revisión más alto. Bolton dice que tuvo mucho cuidado de excluir cualquier información clasificada, pero especialmente el llamado material de SCI, y se sometió a una minuciosa revisión con Knight, para ser más cuidadoso.
Morrell también admitió, al ser interrogado por Lamberth, que al menos parte de la información que el gobierno dice que está clasificada en el libro fue clasificada después de la revisión inicial.
El viernes por la mañana, el Departamento de Justicia reconoció que el recién instalado funcionario de inteligencia del NSC encargado de la revisión adicional del libro de Bolton, Michael Ellis, no había sido entrenado formalmente como una «autoridad de clasificación original», un requisito para los funcionarios que realizan la clasificación y desclasificación. decisiones Más bien, obtuvo su entrenamiento el 10 de junio, el día después de que completó su revisión del libro de Bolton y luego reafirmó retroactivamente sus determinaciones anteriores de que el libro contenía material clasificado adicional.
El abogado de Bolton tomó nota de la divulgación a Lamberth. «Este fue el día después de que su declaración dice que completó su revisión. ¿Qué tal eso?» Cooper preguntó.
Washington, Político.- Facebook y Twitter el jueves tomaron medidas drásticas en las publicaciones en redes sociales del presidente Donald Trump y su campaña de reelección, incluidos el contenido y los anuncios que mostraban un símbolo nazi utilizado en la Segunda Guerra Mundial para identificar a ciertos prisioneros en campos de concentración.
La campaña de reelección de Trump publicó contenido y anuncios que mostraban el triángulo invertido rojo, que una vez marcó a disidentes políticos como los comunistas y los socialdemócratas, y una variación de los cuales se utilizó para etiquetar a los presos políticos judíos.
Las publicaciones y los anuncios fueron eliminados por violar la política de Facebook contra el odio organizado, confirmó un vocero de la compañía el jueves por la tarde, que «prohíbe el uso del símbolo de un grupo de odio prohibido para identificar prisioneros políticos sin el contexto que condena o discute el símbolo», dijo.
El símbolo apareció en los anuncios de la campaña de Trump que condenaban a los «MOBS peligrosos de los grupos de extrema izquierda» que decía que «DESTRUYEN nuestras ciudades y disturbios», según The Washington Post, que informó por primera vez el uso del símbolo.
La campaña de Trump sostiene que el triángulo invertido es un símbolo de antifa, el movimiento antifascista de izquierda que el presidente atacó con frecuencia durante las protestas de justicia racial que se extendieron por todo el país en las últimas semanas.
«El triángulo rojo invertido es un símbolo utilizado por Antifa, por lo que se incluyó en un anuncio sobre Antifa», dijo el director de comunicaciones de la campaña de Trump, Tim Murtaugh, en un comunicado. «Observaríamos que Facebook todavía tiene en uso un emoji de triángulo rojo invertido, que se ve exactamente igual, por lo que es curioso que solo apunten a este anuncio».
Horas después, Twitter también marcó un video que Trump tuiteó por violar la política de la compañía sobre «medios sintéticos y manipulados». El video incluía un falso cronón de CNN que decía «un niño aterrorizado huye de un bebé racista», que muestra a dos niños corriendo. Era una versión alterada de un video previamente reportado por CNN de dos niños abrazados.
«No puede promover engañosamente medios sintéticos o manipulados que puedan causar daño», se lee en el aviso de Twitter. «Además, podemos etiquetar Tweets que contengan medios sintéticos y manipulados para ayudar a las personas a comprender su autenticidad y proporcionar un contexto adicional».
El representante Eric Swalwell (demócrata por California) presionó al jefe de política de seguridad de Facebook, Nathaniel Gleicher, sobre el tema durante una audiencia virtual del Comité de Inteligencia de la Cámara sobre seguridad electoral el jueves. Swalwell le preguntó: «¿Qué sanciones tomará contra la campaña de Trump, porque esta no es la primera vez que se retira un anuncio?» y se le preguntó cuántas veces una campaña tendría que publicar un símbolo que viole las políticas de Facebook antes de que la compañía elimine una página o elimine una cuenta por completo.
«Congresista, mi enfoque no está en nuestras políticas publicitarias», dijo Gleicher, y agregó que no tenía detalles sobre cuál podría ser ese umbral, pero podría dar seguimiento. «Lo que puedo decirte es que, si vemos instancias repetidas de violaciones, por ejemplo, instancias repetidas de información errónea, tomaremos medidas crecientes».
El derribo se produce después de semanas de reacción violenta por parte de los empleados de Facebook, los legisladores y el público estadounidense por la decisión del CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, de no tomar medidas sobre los comentarios del presidente sobre disparar a saqueadores durante las protestas provocadas por el asesinato de George Floyd por la policía de Minneapolis.
Nadia Cruz, abogada, es la Defensora interina del Pueblo Boliviano desde el 30 de enero de 2019. Es la segunda mujer en ocupar el puesto de defensora, después de Ana María Romero de Campero
La Paz, Actualidad.rt.- La Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia ha condenado «la falta de ética y responsabilidad» del programa televisivo ‘No mentirás’, de la cadena boliviana PAT, que emitió en vivo la muerte de un enfermo de coronavirus.
Las controvertidas imágenes mostraron, durante más de media hora, la agonía de un hombre no identificado, que sufría un paro cardiorespiratorio mientras los médicos intentaban reanimarlo sin éxito en un hospital de Santa Cruz.
El programa justificó la emisión de la durísima secuencia alegando una necesidad de denunciar el supuesto abandono que sufren los profesionales sanitarios por parte de las autoridades del país. Aun así, el rechazo a su contenido ha sido prácticamente unánime.
«Estas imágenes no se pueden considerar como información útil para la sociedad», manifestó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, que advirtió que «además de transgredir derechos constitucionales y legales, daña la sensibilidad de los espectadores en su conjunto».
«Falta de respeto y humanidad»
Varios profesionales del periodismo boliviano expresaron igualmente su repulsa en las redes sociales.
La redactora Fabiola Chambi, del diario Los Tiempos de Cochabamba, expresó en un tuit que la emisión de las polémicas imágenes «no es solo una falta de respeto y humanidad, es una bajeza y una acción que debe ser sancionada».
Fabiola Chambi (@fabiolachambi) dijo en su cuenta de Twitter que “no es solo una falta de respeto y humanidad es una bajeza y una acción que debe ser sancionada”.
Precisó que “para que quede claro: transmitir en vivo por televisión la muerte de una persona por #COVID19 es alimentar el morbo, el show, el rating, todo eso y más, pero NO ES PERIODISMO”.
Por su parte, la periodista María Silvia Trigo, del diario El Deber de Santa Cruz, también criticó el contenido del programa ‘No mentirás’. «Qué falta de respeto por la familia, por el muerto. Perdimos muchas cosas con este virus, también la empatía», comentó en Twitter.
Maria Silvia Trigo (@MariaSTrigo) opinó que “un programa de televisión en #Bolivia acaba de transmitir en vivo la muerte de un paciente de coronavirus al que los médicos no lograron reanimar”.
Qué falta de respeto por la familia, por el muerto. Perdimos muchas cosas con este virus, también la empatía, agregó.
Desde la Defensoría del Pueblo se hizo además un llamamiento a las asociaciones de periodistas para generar un «proceso de reflexión» que evite que se repitan este tipo de hechos.
“Condenamos la falta de ética del programa No Mentirás por la #TransmisiónEnVivo del fallecimiento de un paciente con #COVID19”, dijo en Twitter la Defensoría Bolivia (@DPBoliviaOf).
Lima, 18 jun (Prensa Latina) La apatía y el escepticismo ubicaron hoy en primer lugar a la opción ‘ninguno’ en un sondeo preelectoral de la empresa Ipsos en Perú, sobre el aspirante con más preferencia, el alcalde del municipio limeño de La Victoria, George Forsyth.
La pesquisa registra 26 por ciento a quienes ningún posible postulante presidencial convence para las elecciones generales de abril de 2021. A ese porcentaje podría sumarse tres por ciento que simplemente no respondieron al sondeo.
Después aparece con 23 por ciento de preferencias Forsyth, amigo de la exposición pública y la espectacularidad en sus actividades, que la prensa recoge con amplitud. Suele decir que por ahora no piensa en postularse a la presidencia y se dedica de lleno a la alcaldía.
Partidario de mantener el modelo económico neoliberal, Forsyth expresó posiciones de la derecha internacional en las pocas veces que habló de política, pues busca presentarse distinto a los políticos tradicionales y pragmático.
Tras él se ubica con 12 por ciento el parlamentario Daniel Urresti, de centroderecha y acusado de populista, que tiene gran figuración por sus declaraciones e intervenciones e iniciativas en el Congreso de la República y su lenguaje directo y coloquial.
El siguiente, con 11 por ciento en intención de voto, es el actor y cineasta Salvador del Solar, centroderechista ex primer ministro del actual presidente Martín Vizcarra.
De imagen y estilo elitista, Del Solar tiene gran ascendencia en los sectores sociales altos y medios y está alejado de la actividad política pública desde su retiro del gobierno y dedicado a su labor actoral.
Más abajo está la titular del partido derechista Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, con siete por ciento y poca actividad política e investigada por lavado de activos, por lo que fue sometida a prisión preventiva, de la que fue librada por polémicos fallos judiciales.
El empresarial alcalde de Lima, Jorge Muñoz, de opaca actuación en la actual crisis de la Covid-19, cuenta con cinco por ciento de preferencias.
Los centroderechistas Julio Guzmán y Alfredo Barnechea tienen tres por ciento, y la progresista Verónika Mendoza y el derechista César Acuña dos por ciento. Ninguno de los cuatro tiene protagonismo en los medios de prensa.
De otro lado, el sondeo evidenció que 59 por ciento de los consultados están a favor de mantener el llamado voto preferencial, sistema que permite a los electores escoger a dos candidatos al parlamento, entre los postulantes del partido de su preferencia.
Solo 39 por ciento cree que debe mantenerse la modalidad, nacida hace más de cuatro décadas, pese a que su intención democrática inicial se ha distorsionado por favorecer a los candidatos que tienen más dinero para publicidad, las prebendas y otras prácticas proselitistas.
Santo Domingo.- La enfermedad que provoca el coronavirus, la COVID-19, registra un proceso de expansión en República Dominicana, a tal punto que en algunos casos llega al 100 por ciento de los espacios de los centros médicos destinados al tratamiento de los pacientes infectados.
La situación es tan crítica que la disponibilidad de ventiladores de las unidades de cuidados intensivos (UCI) se está agotando y la espera de los pacientes que lo demandan puede extenderse por hasta tres días, dado lugar al deterioro de su condición.
Una elevada ocupación de camas de pacientes con Covid-19, que en ocasiones alcanza hasta el 100% de su capacidad, están reportando centros de salud públicos y privados de República Dominicana, en momentos en que la epidemia mantiene aún una curva en ascenso.
Los reportes incluyen al hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS) con una ocupación plena de las camas de hospitalización, 30 en total, y 11 del área de cuidados intensivos.
El Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (Cedimat) tenía este jueves 35 pacientes ingresados y el área de emergencia abarrotada.
En tanto que en el Hospital Marcelino Vélez Santana los pacientes permanecen canalizados en sillas, actualmente los 92 espacios de uso están al tope incluyendo las seis camas de UCI.
El crecimiento de la afluencia de pacientes que incrementó los centros sanitarios fue mayor en Santo Domingo y Santiago, según informó el periódico Listín Diario.
Según el rotativo, la situación de alta ocupación se registran en los centros privados de Santiago como la Clínica Unión Médica, que ayer mantenía 55 pacientes ingresados, 10 en Cuidados Intensivos y dos en ventilación.
La Clínica Corominas, de Santiago, emitió un comunicado anunciando que está repleto de pacientes positivos y sospechosos y que no puede aceptar a más personas.
El Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) , aunque ayer todavía tenía disponibilidad de camas y ventiladores, mantenía 31 pacientes ingresados, seis en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y uno en ventilación.
El presidente Danilo Medina ofreció un almuerzo al presidente haitiano Jovenel Moïse y otros mandatarios el 22 de marzo de 2019 previo a una cita con el presidente de EE.UU., Donald Trump. Antes, en enero de 2017, Moïse expresó a Medina sus deseos de que entre las dos naciones se sostengan relaciones armoniosas y de beneficio mutuo
Por Germán Reyes
Santo Domingo.- El presidente de Haití dispuso por decreto que serán “detenidos y devueltos a la frontera de su país” los “extranjeros”, en aparente alusión a los dominicanos, que no puedan demostrar su condición de turistas o diplomáticos.
El tema de las deportaciones de haitianos desde República Dominicana se constituye en uno de los temas de la agenda en las relaciones bilaterales que eventualmente a diferentes niveles de las dos naciones. En otras épocas se denunciaban maltratos y violaciones a los derechos humanos en el proceso, un aspecto que ha cesado en el transcurrir de los años.
El gobierno dominicano realiza frecuentes deportación de haitianos indocumentados que, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), se suceden sin la aplicación de protocolos que faciliten a las autoridades receptoras un adecuado tratamiento porque son dejados abandonados al cruzar los puestos fronterizos.
Con esa disposición la nación caribeña procura avanzar en la dotación de los documentos de identidad a sus ciudadanos, cuya inexistencia ha generado el desembolso de sumas millonarias de parte del gobierno dominicano para el registro de sus inmigrantes en la parte Este de la isla de Santo Domingo.
El Plan Nacional de Regulación de Extranjeros (PNRE) puesto en marcha en República Dominicana confrontó serias dificultades en el caso de los haitianos que en una gran mayoría carecían de las menores señales de documentos de identidad.
Sanciones en Haití
La disposición también obliga a los haitianos a portar sus documentos, so pena de ser multados con el 5% de los ingresos mensuales o el salario mínimo mensual para las personas desempleadas.
El decreto, del 11 de marzo, fue publicado el pasado día 16 de junio en el periódico oficial Le Moniteur, según reseña el periódico haitiano Vant Bèf Info (VBI).
A los haitianos, después de cumplirse los 120 días después de la publicación de la medida, se les exigirá el porte el Número de Identificación Nacional Único (NINU) y la Tarjeta de Identificación Nacional Única (CINU).
Confieso que no podía creer los mensajes que entraban por mis orejas cuando escuché a la profesora Mirlande Manigat, constitucionalista, hablar de Jocelerme Privert como presidente provisional constitucional y de las elecciones presidenciales de noviembre de 2016 como la continuación del proceso electoral iniciado a finales de 2015. Así que, según la Sra. Manigat, no fue una nueva elección presidencial.
De la Sra. Manigat, esta insinuación es imposible entender. Francamente, me pregunto cuál podría ser la motivación detrás de este posicionamiento que sólo puede contribuir a destruir su buena reputación, el crédito intelectual y de probidad que siempre le ha concedido la sociedad, como poseedora de ricas habilidades académicas.
Esta es la primera vez que vi a la Sra. Manigat -generalmente muy elegante, objetiva, honesta y convincente- engañarse y enredarse en un lío constitucional inextricable y en una lógica argumental llena de incoherencias y malentendidos que supongo que quería exhibir.
Mirlande Manigad posa después de ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 28 de noviembre de 2010. El 28 de enero de 2011, el Consejo Electoral Provisional (CEP) fijó para el 2 de febrero el anuncio de los resultados definitivos de la primera vuelta. Además, anunció que la segunda vuelta se celebraría el 20 de marzo, donde sufrió una derrota aplastante frente a su rival Michel Martelly
Sabemos que el mandato del presidente Jovenel Moise termina el 7 de febrero 2022. Sin embargo, este mandato termina el 7 de febrero 2021, según la Sra. Manigat.
1) La Sra. Manigat declaró firmemente en Radio Caribe el lunes por la mañana que no se trataba de una nueva votación presidencial, y que las autoridades provisionales solo seguían la votación iniciada en 2015. Es increíble!
Les daré un conjunto de detalles que podría haber presentado aquí, pero que ya he enumerado en un análisis anterior. Sin embargo, se dirá que además de establecer un nuevo Consejo Electoral Provisional (CEP), se exigieron nuevas inscripciones (confirmación de candidaturas), y después de cancelar la votación presidencial de 2015, el gobierno de Privet llamó al pueblo a sus comicios en una nueva votación presidencial de 2 vueltas. Una primera ronda organizada el 20 de noviembre de 2016 y otra prevista para el 8 de enero de 2017. Mientras tanto, los resultados definitivos, publicados el 3 de enero de 2017, decidieron la elección desde Primera ronda del presidente Jovenel Moise.
¿Cómo puede una constitucionalista como la Sra. Manigat negar categóricamente que haya habido una nueva elección presidencial? Esto es patético!
2) La Sra. Manigat explicó que Jocelerme Privert era presidente constitucional, elegido de conformidad con el artículo 149 de la Constitución vigente. Esto es totalmente falso.
Este artículo estipula: “En caso de vacantes de la presidencia de la República por renuncia, destitución, muerte o incapacidad física o mental, el Consejo de Ministros, bajo la presidencia del Primer Ministro, ejercerá el poder ejecutivo hasta la elección de otro presidente”.
“En este caso, la votación para la elección del nuevo presidente por el tiempo que queda por correr tendrá lugar sesenta (60) días como mínimo y ciento veinte (120) días como máximo después de la apertura de las vacantes, de conformidad con la Constitución y la ley electoral”.
También según el artículo 149 de la Ley madre, “En caso de que las vacantes se produzcan a partir del 4° año del mandato presidencial, la Asamblea Nacional se reúne de oficio en los sesenta (60) días que siguen la vacante para llenar con la elección de un nuevo presidente provisional de la República por el tiempo que queda por correr.
Evidentemente, el artículo que acabamos de leer no se aplica en nada al caso que nos preocupa. La Asamblea Nacional podrá elegir un presidente provisional si sólo se observa una vacante a partir del 4° año del mandato presidencial.
Ahora bien, hemos acordado que el mandato del presidente Joseph Michel Martelly había concluido el 7 de febrero de 2016. Y el plazo constitucional de 60 días como mínimo y 120 días como máximo… para organizar una nueva votación en caso de vacante, no se aplica al presidente provisional. Solo puede referirse al Consejo de Ministros, en caso de que haya vacante durante los 3 primeros años de un mandato presidencial.
Un presidente provisional, naturalmente constitucional, siempre está llamado a organizar una nueva votación en el tiempo constitucional, justo a tiempo para que el nuevo presidente electo pueda asumir el cargo el 7 de febrero siguiente a su elección por un nuevo mandato de cinco años. Y si por alguna razón el presidente provisional no logra organizar esta votación en el tiempo fijado por la constitución, tendrá que irse, ya que su mandato, que no puede extenderse más allá del quinquenio del presidente que se suponía que debía estar en el poder, habrá terminado. Por lo tanto, el Consejo de Ministros, bajo la presidencia del Primer Ministro, tendrá que ocuparse de ello.
La Sra. Manigat debe reconocer claramente que Jocelerme Privert ha sido y cualquier otra personalidad, elegida por la Asamblea Nacional en las mismas condiciones, habría sido un presidente provisional de facto. No hay debate posible sobre este tema.
Sin embargo, incluso de facto, Privert ha cumplido su tiempo y el tiempo pasado en el poder, así como los actos materiales, administrativos y jurídicos, hechos durante su paso, están lejos de ser ficticios. Se considera que ha completado un mandato presidencial de 5 años (art. 149-1), le pasó la bufanda al presidente Jovenel Moise y fue el 57 presidente de Haiti, Martelly el 56 y Jovenel Moise es actualmente el 58 Jefe de Estado de Haití. ¿Qué truco de magia pretende la Sra. Manigat, tachar el tiempo de Privert para asignárselo a Jovenel Moise?
¿Qué tal si hablamos del año de la elección de Jovenel Moise en una lógica distorsionada, mantenida por algunos, del art 134-2 de la constitución? Aun así, sería 2017, ya que es la proclamación de los resultados finales la que consagra la elección de un presidente. Los profesores y juristas, los doctores Ricardo Augustin, Fritz Dorviliers y otras personalidades sabias se adhieren a esta tesis.
Al final, entendemos que la Sra. Manigat lo entendió todo, pero algunos dirán que decidió sacrificar a la académica que está dentro de ella, por falta de poder deshacerse de su casaca política. En cualquier caso, nunca había sido tan irreconocible y patética en sus argumentos.
