Barahona.- Varias decenas de pequeños productores agrícolas se concentraron acompañados de sacerdotes y monjas en el salón parroquial de la comunidad de Batey 5 de la zona cañera del estatal Ingenio Barahona, para denunciar lo que consideraron como “atrocidades” que en su contra estaría acometiendo el Consorcio Azucarero Central (CAC).
Varios sacerdotes y monjas jugaron un rol activo en la asamblea, donde fue agendado un plantón para el lunes próximo, día 27 de abril de 2025, frente a las oficinas administrativas del CAC, la empresa que mediante contrato administra la empresa agroindustrial barahonera.
Se tratará, según explicó Luis Manuel Peña, del Bloque Campesino Sur Sur, de una acción como parte de un plan de lucha para impedir que el CAC y CEA, sigan despojando a campesinos de las zona cañera de sus pequeños predios agrícolas que trabajan por mas de 90 años. Asimismo, para reclamar la liberación de su compañero Alcibíades Ogando Féliz, preso en la cárcel del Ejército de Neiba “por acusaciones ´falsas´ de parte del CAC”.
A Ogando se le imputa la destrucción de cañaverales y de otros supuestos desórdenes contra la propiedad de la empresa, según informó su abogado defensor José Cornielle.
Las razones del CAC
El CAC desarrolla un proceso convulsivo, apoyado por patrullas de militares, para despojar de sus tierras cultivadas a pequeños productores agrícolas de entre diez y 50 tareas en los alrededores de los cañaverales, según denunció el cosechero Ángel Medina, de Santa Bárbara El 6.
Se trata, según explicó el agrónomo Manuel Pérez Canario, de una práctica iniciada por ancestros de los actuales detentadores desde incluso 80 y 90 años atrás “y en torno a los cuales se consignó de manera oficial al momento del arrendamiento del Ingenio Barahona que esos terrenos les serán respetados a esas familias humildes”.
Varios de los dirigentes de organizaciones de productores, como el caso de Luis Manuel Peña, dijeron que los ejecutivos del CAC hacen sus mediciones sin consultar a los lugareños, establecen que se trata de prop
iedades de su área de concesión y conminan a los detentadores a aceptar el avalúo que realizan o, de lo contrario, demuelen los cultivos con máquinas pesadas y luego niegan todo tipo de recompensas.
De acuerdo con el economista Héctor Turbí, consultado en la comunidad de Batey 5, los ejecutivos de la empresa en una segunda adenda del contrato de operación del ingenio Barahona lograron que el gobierno les reconozca otras 100,000 tareas como parte de su área de concesión.
“Después, realizan mediciones que igualmente en coordinación con las autoridades, asumen como suyas pequeñas propiedades que los agricultores cultivan desde varias décadas atrás”, agregó Turbí, quien ha realizado varias investigaciones sobre las remuneraciones que obtiene el CAC con la explotación de las áreas fabril y agrícola del Ingenio Barahona.
