Bogotá, Telesurtv.- Este domingo 8 de marzo, 41 millones de colombianos deberán elegir los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030.
En la misma jornada electoral, los ciudadanos también podrán participar en las consultas interpartidistas para definir quiénes serán los candidatos presidenciales de varias formaciones o alianzas que se medirán en los comicios del próximo mes de mayo.
Los días previos a estos primeros comicios del calendario electoral de este año para el país neogranadino, han estado marcados por acusaciones de fraude realizadas desde el Palacio de Nariño, la casa presidencial, y refutaciones desde la Registraduría Nacional.
Petro y el riesgo de fraude
El presidente Gustavo Petro advirtió en sus redes sociales que sobre un “riesgo de fraude” debido a la continuidad de un software informático para la contabilización de votos perteneciente a una empresa privada cuyo acceso independiente, aseguró, fue negado.
Su declaración fue en respuesta a las afirmaciones del registrador nacional, Hernán Penagos, quien mencionó que el proceso electoral colombiano incluye controles y participación ciudadana que descartan esa posibilidad.
“La orden del consejo de estado en 2018 se ha desobedecido, ordenó que el software de escrutinios fuese propiedad del estado y hoy el software de elecciones es privado y usted, señor Penagos no dejó auditarlo de manera independiente”, recordó Petro.
Recordó que el Consejo de Estado comprobó en sentencia del año 2018, que el año 2014 y en el 2022, este software “permitió fraudes”.
“El software de escrutinios debe ser del Estado”, enfatizó el jefe de Estado, que está en desacuerdo en la forma en la que se hace el conteo de los votos y se transmite a la ciudadanía.
Penagos sobre Petro: No le informan bien
El registrador nacional indicó que la percepción de Petro se debe a la falta de información precisa sobre el procedimiento electoral y sus mecanismos de control.
“Posiblemente no lo informan bien de cómo se procesan los votos en Colombia, de cómo es el sistema electoral de nuestro país y cuáles son las garantías múltiples que tiene el proceso electoral nuestro”, indicó Penagos.
Además, recordó que el conteo no es hecho directamente por la Registraduría sino por “jurados de votación: 860.000 de ciudadanas y ciudadanos”.
¿Software privado?
Según medios internacionales, el pasado 20 de enero, sin anuncio público, la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, que ganó el contrato para hacer las elecciones este año en Colombia, le solicitó a la Registraduría Nacional permitir que una de sus empresas socias, Grupo ASD, cediera su participación en la organización electoral que tenía a su cargo.
En el documento contractual ASD justificó la decisión de manera clara: por los cuestionamientos públicos que la rodean en Honduras, donde un exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y un excandidato presidencial la han señalado por presunto fraude en las elecciones presidenciales del país centroamericano a finales del año pasado.
“Para garantizar la objetividad y transparencia en el proceso y evitar ataques interesados e infundados respecto del proceso de Honduras sobre el cual a la fecha no existe notificación alguna de autoridad administrativa o judicial”, dice el documento.
Sin embargo, esa cesión no se hizo efectiva de inmediato. Según la documentación en poder de la revista RAYA, la Registraduría aceptó la salida de ASD el 13 de febrero pasado, casi un mes después.
Ese movimiento, no obstante, no fue de conocimiento público en ese momento y estalló pocas horas después de que el presidente Gustavo Petro hablara de un presunto mecanismo de fraude en el que estaría involucrado ASD.
El mandatario colombiano habló de un presunto fraude técnico, que es lo mismo que se denuncia en Honduras y que sucedió en Colombia en 2014 y en 2022: que las actas muestran unos votos y el software de preconteo otros.
Al día siguiente de la denuncia presidencial, el 24 de febrero, el periodista Jorge Espinosa divulgó un fragmento del documento contractual para sostener que ASD había renunciado “hace días” a la organización de las próximas elecciones.
Sin embargo, RAYA encontró evidencia documental y recogió testimonios que muestran que la empresa continúa operando en simulacros con sus operarios contratistas, quienes se encargarán de diferentes funciones que comprometen los resultados el día de las elecciones.
La revista conoció dos testimonios con sus contratos, firmados por la empresa ASD, quienes además aportaron pantallazos de citación a capacitaciones por parte de ASD y reuniones con funcionarios superiores de la Unión Temporal mucho después de que la Registraduría aceptara su renuncia al contrato y de que quedara en firme la decisión. Es decir, mientras la Registraduría, en cabeza de Hernán Penagos, se demoró un mes en aprobar la salida de la empresa, ésta avanzó con contratistas, software y maquinaria para el día de las elecciones, lo cual hace inviable su no presencia en los comicios.
Delito electoral
En medio de esta advertencia de “riesgo de fraude”, se suma la alerta del Gobierno de Colombia realizada el 5 de marzo, sobre la posibilidad de que se presenten irregularidades durante los comicios como la “compra de votos”.
Para dar una muestra de ello, este sábado Petro detalló que en lo que va de 2026, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares de Colombia han confiscado 3.492 millones derivados de 27 procedimientos, con un resultado de 37 capturas.
