Por José Diaz Nin
El Gobierno dominicano debe poner alguna restricción a las inversiones provenientes del enriquecimiento que ostentan, hoy por hoy políticos y funcionarios de gobiernos anteriores.
Exigir, en lo adelante, una certificación de organismos calificados, que determinen la procedencia de los recursos a invertir en la compra de bienes raíces, automóviles y otros activos.
No sé que dicen los economistas del patio; pero creo que se limitaría o por lo menos se contrarresta la presión que sobre el costo de vida tiene la circulación de dinero no generado por la producción nacional de bienes y servicios.
Estimo que el espíritu de la Ley 155, sobre lavado de activos, es la de regular las inversiones de dinero que provienen del narcotráfico o de otras actividades ilícitas.
En este sentido debemos exigir que se cumpla esta ley y que la justicia juegue su papel de llevar a la cárcel a los que intentan o son sorprendidos invirtiendo dinero de fuentes ilegales.
