Puerto Príncipe, Rezo Nòdwès. — La espiral de violencia que asola Haití ya no perdona a los periodistas, convertidos en el blanco principal de una sociedad en decadencia, donde bandas armadas, autoridades desalmadas y una población desesperada convergen en una desconfianza total hacia la prensa.
Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), al menos un periodista ha sido secuestrado y otros dos escaparon por poco de intentos de linchamiento en la última semana.
Roger Claudy Israël, propietario de la emisora RC FM, y su hermano, fueron secuestrados en Mirebalais por la banda Viv Ansanm (Vivir Juntos). En un vídeo difundido el 4 de abril, los secuestradores amenazaron con ejecutarlos.
Desde 2023, esta banda terrorista ha unido a varios grupos criminales que ahora controlan gran parte de Puerto Príncipe y se están expandiendo hacia el centro del país.
Golpeados, desplazados, desaparecidos
Su ataque a Mirebalais el 31 de marzo provocó la muerte de varios civiles, la fuga de 500 detenidos y el desplazamiento forzado de miles de residentes, incluidos una docena de periodistas.
Jean Christophe Collègue, excorresponsal de Voice of America (Voz de América), sigue desaparecido después de que su casa se incendiara.
Otros dos periodistas, agredidos en Canapé-Vert durante las manifestaciones antigubernamentales, denuncian haber sido agredidos por grupos hostiles: «La policía, las bandas e incluso los manifestantes están contra nosotros», declaró uno de ellos, herido en la cabeza y el tobillo.
El periodista salvadoreño Juan Martínez d’Aubuisson, conocido por sus investigaciones sobre conflictos armados, fue salvajemente golpeado en Puerto Príncipe el 19 de marzo, antes de ser salvado in extremis por un manifestante y huir del país: «Un error y quedas reducido a cenizas», confesó, después de ver cuerpos carbonizados esparcidos por las calles.
Impunidad generalizada
A esta inseguridad generalizada se suma la impunidad institucionalizada, que hace ilusoria toda justicia.
Haití encabezó el Índice de Impunidad Global 2024 del CPJ, una clasificación que mide el fracaso de los Estados a la hora de procesar a los responsables del asesinato de periodistas.
Esta dura constatación no se debe a las circunstancias: se inscribe en una larga tradición de inacción, en la que el asesinato de periodistas –desde Jean Dominique (2000) hasta Diego Charles (2021)– no ha suscitado ninguna condena efectiva.
Si bien la libertad de información se considera uno de los pilares de cualquier democracia, su brutal declive en Haití es testimonio de un colapso más amplio: el del Estado, la justicia y la confianza ciudadana.
En un contexto en el que los periodistas deben huir, permanecer en silencio o arriesgar sus vidas, es el propio derecho a la información el que se tambalea y, con él, la posibilidad de un despertar colectivo.
