Por Fernando de los Santos
República Dominicana necesita una ley de turismo del siglo 21. El vibrante sector turístico de dominicano, motor indiscutible de su economía y orgullo nacional, se encuentra operando bajo una camisa de fuerza legal: La ley 541, de 1969.
Con más de cinco décadas, esa normativa se ha convertido en un anacronismo que, lejos de impulsar el desarrollo, lo limita y resta competitividad a un destino con un potencial ilimitado.
La urgencia de actualizar esa ley no es solo una necesidad, es un imperativo estratégico para el futuro del turismo.
La ley 541, promulgada en una época muy distinta, no contempla las realidades, desafíos y oportunidades del turismo global contemporáneo.
El mundo ha evolucionado a pasos agigantados y con él las preferencias de los viajeros, las modalidades de inversión y las exigencias de sostenibilidad.
Mantener una ley obsoleta es como intentar navegar en un yate de lujo con un mapa de la era de la carabela.
¿Por qué es crucial la actualización?
Sostenibilidad como Pilar Fundamental: La ley actual carece de la visión y las herramientas necesarias para promover un turismo verdaderamente sostenible.
En un momento donde la protección de los recursos naturales y la minimización del impacto ambiental son clave para la permanencia del destino, una nueva ley debe establecer marcos claros para el desarrollo responsable, la conservación de ecosistemas frágiles y el fomento de prácticas amigables con el medio ambiente.
Nuestro paraíso natural es nuestro activo más valioso, y la ley debe protegerlo.
Diversificación y Nuevas Tendencias: El turismo dominicano no puede limitarse a «sol y playa».
La demanda actual se orienta hacia experiencias de turismo de aventura, ecoturismo, turismo de salud, turismo de reuniones (MICE) y turismo cultural.
La normativa de 1969 no reconoce ni facilita la regulación y promoción de estas modalidades emergentes, frenando la diversificación de nuestra oferta y la capacidad de atraer a un espectro más amplio de visitantes.
Seguridad jurídica para la inversión: La inversión, tanto local como extranjera, es el combustible del crecimiento turístico.
Una ley desactualizada genera ambigüedad, procesos burocráticos engorrosos y falta de claridad en ciertos aspectos regulatorios. Esto se traduce en incertidumbre para los inversores, desincentivando la llegada de capital fresco y la creación de nuevos proyectos.
Una ley moderna, transparente y eficiente, es sinónimo de mayor seguridad jurídica, que atrae las inversiones que el sector tanto necesita.
Competitividad Regional e Internacional: Mientras otros destinos turísticos de la región y del mundo han adaptado sus marcos legales a las exigencias del siglo 21, República Dominicana corre el riesgo de quedarse atrás.
No podemos darnos el lujo de perder terreno frente a competidores que ofrecen entornos legales más ágiles y atractivos.
Una nueva ley nos permitirá estar a la vanguardia, consolidando nuestra posición como líder turístico del Caribe.
Revolución Digital y Nuevos Modelos de Negocio: La tecnología ha transformado la forma en que viajamos y nos alojamos.
Plataformas como Airbnb y el ecosistema digital de reservas y promoción, requieren una regulación moderna que la ley 541 simplemente no puede ofrecer.
Es imperativo integrar y regular estos nuevos actores, asegurando la equidad, la seguridad del consumidor y la correcta recaudación fiscal.
República Dominicana se encuentra en un momento crucial para el futuro de su turismo.
La actualización de la ley 541 no es solo una cuestión de modernización: es una estrategia vital para asegurar un crecimiento sostenible, diversificado y competitivo.
Es hora de dotar a nuestro principal motor económico con las herramientas legales que merece, permitiéndole alcanzar su máximo potencial y continuar generando prosperidad para todos los dominicanos.
Instamos a nuestras autoridades y legisladores a priorizar esta importante reforma, escuchando a todos los actores del sector para diseñar una nueva ley de turismo que nos proyecte firmemente hacia el futuro.
