Por Tony Pérez
Bajo un manto de desconfianza popular provocado por antecedentes de contratos onerosos como el del “peaje sombra” de la carretera del nordeste Juan Pablo II, el Gobierno ejecuta la ley 47, del 20 de febrero de 2020, que regula las alianzas público-privadas. El primer director general de las APP, Sigmund Freund, ha dicho que se esfuerzan por garantizar que el Estado no salga lesionado de los emprendimientos.
Así debe ser. Por cuestión de sobrevivencia, la novel institución necesita hilar muy fino de cara a la estrecha vigilancia social sobre la transparencia de sus procesos y los pesados antecedentes de contratos sucios firmados cuando ella no existía.
La Ley APP responde a la necesidad de un marco regulatorio para las alianzas, en consonancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Facilitaría la obtención de financiamientos para la ejecución de proyectos sociales ante probables limitaciones presupuestarias del Estado. Buena iniciativa.
Paradójicamente, desde el Instituto Agrario Dominicano (IAD) y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), dos instituciones gubernamentales, le han echado pelos al sancochoque cocina con esmero la DGAPP. Siembran dudas al granel.
Con sus discursos ambiguos, han animado un conflicto social con asentados en el estatal Proyecto de Desarrollo del Valle de Juancho (Prodevaj), acosados por el Consorcio Azucarero Central para que “arrienden” sus tierras. El proyecto fue creado mediante el decreto 668 de septiembre de 2009, y actualizado por el 38, del 22 de enero de 2021. Es un proyecto asociativo de tres fincas de 6 mil tareas cada, divididas en bloques de 500, con 32 parceleros cada uno. Cada una contempla tres lagunas que serían alimentadas por el canal interprovincial Nizaíto. El agua sería bombeada hacia las plantaciones. Está destinado, básicamente, a la producción de plátanos.
En reunión de urgencia el 13 de marzo de 2021, en las instalaciones del proyecto, los directores ejecutivos Danilo del Rosario y César Cedeño han emplazado a los agricultores a “arrendar” sus tierras, a más tardar en un mes, al Consorcio Azucarero Central (CAC), una alianza dominico-guatemalteca que administra el viejo ingenio Barahona.
Tras el remolino de críticas de la sociedad pedernalense a tal pretensión, Danilo del Rosario ha enviado una carta a la gobernadora de Pedernales, Altagracia Brea (Miriam), para “fijar la posición del IAD” de respaldo a los pequeños productores, pero de su retórica se infiere la existencia del plan de “arrendamiento” denunciado y su preferencia por esa estrategia.
En el texto, después de repetir el anuncio de su antecesor Leonardo Faña sobre entrega de títulos definitivos a cada parcelero, e informarle a la funcionaria que remitirá al presidente Abinader las peticiones de recursos por parte del Prodevaj para desarrollar dos proyectos, el funcionario se desliza –tal vez sin proponérselo- hacia el carril del objetivo implícito de su discurso, ese que encubre la real intención del emisor.
A continuación los últimos tres párrafos, tal como están escritos:
“El IAD, siguiendo las directrices del gobierno, de generación de alianzas público-privadas, como parte de la política de desarrollo, promoverá conjuntamente con el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, iniciativas de posibles alianzas entre el sector público, los parceleros asentados por el IAD (sector privado), que puedan favorecer y dinamizar la producción agropecuaria y el desarrollo sostenible de la seguridad alimentaria, bajo un esquema de transparencia y alianzas que garantice beneficios justos para las familias asentadas y seguridad para los inversionistas. El IAD cuidará de que ningún parcelero pierda el derecho legítimo de su propiedad”.
“En lo referente a cualquier alianza pública-privada en este sector, es potestad exclusiva del parcelero asentado, aceptarla o no, en ningún momento para la decisión deberá influir el IAD, siendo las dos partes responsables del cumplimiento de los acuerdos y el IAD un testigo de los posibles acuerdos”.
“Es libertad de cada parcelero decidir sobre el uso de la parcela asignada y adjudicada por parte del IAD, misma que debe destinarse a la producción”.
Del Rosario se define como un exitoso empresario agrícola, y lo evidencia su retórica sobre el caso Prodevaj. En vez de asumirse como funcionario del Gobierno y anunciar con precisión la rehabilitación del proyecto bananero e incentivos para los parceleros, se deja llevar de su condición de empresario tradicional.
Concentra la fuerza de su carta en la justificación del arrendamiento de las tierras de los parceleros al CAC, con un adorno retórico como distracción: el acto de arrendamiento es absolutamente voluntario y nunca pondrá en juego los títulos de propiedad.
Del Rosario no es el director general de Alianzas Público-Privada, ni el tema Prodevaj es parte de la agenda de esa institución, ¿Por qué no habla, entonces, como funcionario del sector agrícola estatal si ese es su rol?
¿Ha advertido el daño que le hace a la DGAPP al tratar de meter bajo su sombrilla una operación oscura que daña a pequeños parceleros”.
Si los arrendamientos en curso en Prodevaj son voluntarios ¿por qué, sorpresivamente, él llevó a la reunión del 13 de marzo al director del Consejo Estatal del Azúcar, César Cedeño, y a representantes del CAC? ¿Qué pintaba el CEA en esa reunión? ¿Y los otros?
¿Qué de voluntario tiene cuando el IAD abandona el proyecto, construye desesperanza, debilita a los propietarios y luego se aparece con un interesado que ofrece la panacea de 30 mil pesos al año y promesa de bienestar eterno?
¿Por qué, en la reunión, su advertencia sobre el desamparo oficial que sufrirán los parceleros que no se adhieran a la propuesta de arrendamiento?
La provincia Pedernales cree en la alianza público-privada para motorizar proyectos de desarrollo. Acogerá a los empresarios que, junto al Gobierno, invertirán en hoteles y otras infraestructuras para atraer turistas. Tiene espacio para empresas productivas y hasta para zonas francas en la frontera dominico-haitiana, pese a que el 60 por ciento de su territorio de 2,080 kilómetros cuadrados está ocupado por los parques nacionales Sierra Baoruco y Jaragua.
Si el CAC quiere diversificarse con la participación en empresas distantes de la azarosa dinámica de los ingenios y la caña de azúcar, en Pedernales tiene un nicho.
Le apoyaremos sin reserva, si se acoge a las condiciones de la Ley APP, que en su articulado no contempla la manipulación de parceleros empobrecidos asentados por el Estado. Entretanto, que quite la mira del Prodevaj.
Y el gobierno de Abinader, que despeje las dudas sobre el plan de enajenación activo hace varios años. Que comience por anunciar tolerancia cero para arrendamientos, mucho menos para venta. E inicie la reparación del canal interprovincial Nizaíto, la rehabilitación del sistema de riego e incentivos sostenidos para la producción de alimentos.
No será un gasto. Los productos hallarán mercado en los hoteles turísticos que serán construidos y los parceleros mejorarán su calidad de vida.
