Por Adriana Robreño

Quito (Prensa Latina) Asesinatos, robos, masacres carcelarias, extorsiones… La inseguridad es una asignatura pendiente en el Ecuador del presidente Guillermo Lasso, quien en 16 meses en el cargo no encuentra un antídoto para frenar la ola de violencia.

En los últimos tiempos, los 18 millones de ecuatorianos presencian cómo día a día el país se convierte en un territorio donde la criminalidad y los homicidios alcanzan índices preocupantes.

Datos de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) de la Policía de Ecuador revelan que este año el número de homicidios intencionales sobrepasó lo registrado en 2021.

En 2017 la tasa de homicidios era de 5,6 por 100 mil habitantes; cuatro años después, al concluir su mandato el presidente Lenín Moreno, esa cifra subió a 14,4, y ahora, con el gobierno de Lasso, la tendencia apunta a que 2022 concluya con una tasa de 21 o 22.

Eso significa que Ecuador estaría por encima del promedio de los países de la región, cuya tasa es de 18, con lo cual pasaría a ser uno de los territorios más violentos de América Latina, estimó el sociólogo y experto en temas de seguridad Fernando Carrión.

En conversación exclusiva con Prensa Latina, este profesor universitario comentó que la salida a la problemática pasa por construir un marco institucional sustentado en el Ministerio del Interior que coordine la labor de la Policía Nacional, del sistema carcelario y la inteligencia.

Hay que construir un sistema nacional de seguridad donde estén involucrados los municipios, la educación, las universidades, para tener así una política que sea asumida por la sociedad, subrayó el investigador.

ESTADOS UNIDOS Y LA IDEA DE UN “PLAN ECUADOR”

El presidente Lasso reveló en una entrevista reciente, que cuenta con un plan estratégico de seguridad para, con apoyo de Estados Unidos, hacer frente a la violencia creciente, aunque se negó a revelar detalles.

El jefe del ejecutivo manifestó que su propuesta implica una inversión de cinco mil millones de dólares y aclaró que Ecuador no tiene por qué asumir ese gasto en su totalidad, porque es un esfuerzo para combatir el narcotráfico y proteger a los niños y jóvenes de su país y de Estados Unidos.

Lasso propuso que Washington lo apoye en la lucha contra la inseguridad con una especie de Plan Colombia, sin tener en cuenta que en el país vecino los resultados de esa estrategia no fueron favorables. Aplicar algo parecido en Ecuador sería un error, enfatizó Carrión.

Recordó que en el 98 las administraciones de William Clinton, de Estados Unidos, y Andrés Pastrana, de Colombia, firmaron un plan aplicado en el periodo de Álvaro Uribe (2002-2010), y lo que hizo fue desplazar las áreas de cultivo y producción de cocaína hacia las fronteras de Ecuador y Venezuela.

En la actualidad -explicó-, el problema de Ecuador es que no tiene una política propia para enfrentar el narcotráfico como una de las causas de la violencia, y eso hace al ejecutivo buscar ayuda en el exterior.

Pero alertó que debe ser un pedido de respaldo multinacional, no puede ser a un solo país “porque si no, terminamos haciendo la política que esa nación quiere para beneficio propio”.

CONSULTA POPULAR, OTRA PROPUESTA DE LASSO

Otra de las esperanzas del presidente Lasso para enfrentar la inseguridad está puesta en tres de las ocho preguntas propuestas para una consulta popular que pretende realizar en febrero de 2023, conjuntamente con las elecciones seccionales.

De acuerdo con el gobernante, con ese proceso pretende responder a las inquietudes de la población respecto a la ola de criminalidad.

Con la primera de las interrogantes, el gobierno busca la presencia militar en seguridad pública sin necesidad de decretar un estado de excepción, mientras especialistas consideran que así no se resolvería nada, por el contrario, podría agravarse la situación de los derechos humanos.

El experto Carrión recordó que Lasso declaró emergencias como promedio una vez cada cuatro meses en poco más de un año, lo cual demuestra que esa no es la salida.

Para el sociólogo la segunda interrogante de la consulta, relacionada con la extradición de personas que cometieron ilícitos de carácter internacional, tampoco resuelve mucho. Con el envío a otros países de un pequeño número de delincuentes, no cambiará la correlación de fuerzas al interior del país, valoró.

El tercer cuestionamiento buscará entre los votantes saber si está de acuerdo con la formación de una especie de consejo dentro de la Fiscalía General, y esa es una pregunta que Carrión considera “interesante” porque las decisiones de ese ente caerían en un colectivo y no en individuos.

No obstante, el presidente apuesta mucho al mecanismo de la consulta e intenta transmitir que si no es aprobada, la violencia se va a incrementar, lo cual no necesariamente ocurrirá de esa manera.

En opinión de la bancada legislativa de la alianza Unión por la Esperanza (UNES), el procedimiento es “tramposo e inconstitucional” y señalan que los problemas del país se resuelven con políticas públicas beneficiosas para la mayoría, no con una consulta “mañosa”.

FEMICIDIOS, ROBOS, CÁRCELES EN EBULLICIÓN

El femicidio de la abogada María Belén Bernal, ocurrido en septiembre en la Escuela Superior de Policía, en Quito, sacó a la luz el papel del Estado en hechos de violencia por haber tenido lugar dentro de una institución, mientras varios uniformados escucharon el hecho y ninguno hizo nada.

Ese caso estremeció al gobierno y a la cúpula policial, sin embargo, la ciudadanía manifiesta que nada cambió en la práctica en cuanto a medidas para evitar la violencia de género en Ecuador, donde más de 200 mujeres murieron este año por dicha causa.

Los más recientes episodios de la crisis carcelaria también evidencian la inseguridad latente en esta nación suramericana, pues en menos de dos años, más de 400 personas privadas de la libertad fueron asesinadas bajo custodia del Estado.

Las autoridades aseguran que la causa son las disputas entre bandas delictivas como Los Chone Killers, Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones, las cuales buscan el control del tráfico de drogas, pero muchos ecuatorianos apuntan al gobierno como responsable.

Ecuador vive una carnicería: sicariatos en las calles, masacres en las cárceles y un femicidio en la propia Policía Nacional; no hay gobierno y lo más preocupante, no hay Estado, lamentó el abogado y profesor universitario Mauro Andino.

Para hacer frente a esa realidad, el profesor Fernando Carrión afirma que se necesitan acciones y políticas públicas encaminadas en tres sentidos.

Uno sería atender la violencia común, robos, hurtos o asesinatos resultantes de problemas económicos como el incremento del desempleo y la pobreza.

Por otro lado estaría la política antinarcóticos, dirigida hacia la importación, exportación, consumo y lavado; y una tercera línea de trabajo estaría encaminada a disminuir la violencia discriminatoria por racismo, género o xenofobia.

Para lograr todo eso es imprescindible aumentar la inversión, “no hay mejor política económica que la de seguridad”, concluyó el especialista.