Santo Domingo.- La Policía mató a otras cuatro personas como parte de una escalada de ejecuciones extrajudiciales con las que pretende terminar con la delincuencia generalizada.
Dos de las víctimas en un incidente ocurrido en San Francisco de Macorís fueron identificadas por la propia Policía Nacional como Jarris Almánzar Damián, de 45 años, quien supuestamente operaba un punto de drogas en Las Terrenas, Samaná, y Jeffry Oscar Mejía, de 36 años.
En la ocasión resultaron con heridas Jairo Almanzar, de 19 años, hijo del occiso Jarris Almánzar; la fémina Natali Suriel Hiciano, de 29 años; el mayor de la Policía Matos Trinidad Martínez; y los agentes Eddy Frank Boció y Enmanuel Durán Peralta.
«Dos muertos más éste sábado en Guaricano, también dos en San Francisco de Macorís, serían cuatro», informó en Twitter el periodista Geraldino González
Las otras, en este caso en el sector Los Guaricanos, Santo Domingo Norte, cayeron cuando desconocidos a bordo de motocicletas y con vestimentas policiales les hicieron varios disparos.
De acuerdo con el testimonio de un residente en el lugar, el hecho ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana de este sábado, a dos esquinas del destacamento policial de esa localidad.
Además, explica que las víctimas se encontraban tomando bebidas alcohólicas en un colmado cuando de repente aparecieron varios hombres y les abrieron fuego sin mediar palabras.
Seis en Los Alcarrizos
La semana pasada la Policía mató a seis en Los Alcarrizos, cinco en el sector Las Mercedes y otro en el hospital Vinicio Calventi.
En Las Mercedes las víctimas, entre las cuales se encontraban dos policías, supuestamente pertenecían a una banda de delincuentes denominada Los 30-30.
Así, según los testigos, se produjeron serios fallos en las tres ejecuciones llevadas a cabo en el estado de Arizona, incluido «el espectáculo ‘surrealista’ en el que un hombre ayudaba a sus ejecutores a encontrar una vena en la que iban a inyectarle los productos químicos letales». En Alabama se necesitaron tres horas para instalar una intravenosa antes de ejecutar a un preso, lo que, según el informe, la convirtió en la ejecución por inyección letal más chapucera de la historia estadounidense. Además, otra que se debía realizar en Tennessee fue suspendida cuando, poco antes de que se llevara a cabo, el gobernador del estado se enteró de que el equipo de ejecución no había comprobado los productos químicos para detectar impurezas y contaminación. También canceló todas las ejecuciones pendientes y ordenó una revisión del proceso.
