Por Fulgencio Severino

Hablar de migración en República Dominicana se ha vuelto un tema cada vez más delicado y polarizante. La narrativa dominante de los líderes de los partidos tradicionales y sus aliados suele centrarse en los “peligros de la migración haitiana”, sin atender a las causas estructurales, responsabilidades estatales ni a los beneficios económicos que diversos sectores obtienen de ella.

En lugar de asumir una postura informada y coherente, desde el poder se ha fomentado una doble moral: por un lado, se criminaliza la migración haitiana, mientras por el otro es flexibilizada esa migración con visas en cinco consulados y en la frontera se ha creado una estructura de tráfico de personas con la cual funcionarios civiles y militares hacen un gran negocio y la vez se garantiza la mano de obra barata para sostener una economía altamente dependiente de esa misma mano de obra. Un análisis serio y técnico debe partir del hecho de que este fenómeno no ocurre en el vacío ni es nuevo, sino que responde a una configuración estructural, política y económica global.

Simultáneamente, la migración haitiana ha sido construida como el «chivo expiatorio» del fracaso estatal. Se le responsabiliza del colapso de los servicios públicos, del desempleo, de la inseguridad y del desorden urbano a los haitianos, sin admitir que es el propio sistema quien les emplea en condiciones de extrema precariedad.

En República Dominicana, sectores como la construcción, la agricultura latifundista y la hostelería dependen abiertamente de esa fuerza laboral, particularmente la indocumentada, ya que permite una mayor explotación laboral sin garantías ni derechos sociales.

Por ejemplo, cifras del 2017 estimaban que los trabajadores migrantes haitianos representaban un 30% en hoteles y restaurantes, 25% en agricultura y 27% en la construcción. Sin embargo, para el 2024 apenas 35,000 estaban registrados en el sistema de seguridad social, lo que evidencia que estos trabajadores son empleados en la informalidad por empresas que solo les interesas sus grandes ganancias a costa de negarles protección social en salud y pensiones, salarios justos y prestaciones laborales.

El argumento falso de que no existe mano de obra nacional obviando que el abandono de los dominicanos de esas actividades es por las condiciones laborales caracterizadas por negación de prestaciones sociales y derechos laborales.

Hay que insistir que la migración haitiana en el país es producto de factores estructurales de la economía Dominicana dominada por los servicios, latifundio, la financiación y bancarización de las viviendas, los cuales pagan salarios bajos, predomina la informalidad y carencia de prestaciones laborales y de seguridad social que impulso a u a parte de la población dominicana a emigrar para tratar de lograr el sueño que el país le negaba y atraído por política de flexibilización migratoria de países ricos.

La retórica de pérdida de la dominicanidad, pérdida de empleo para nacionales y fomento de la inseguridad ha creado un ambiente para que políticos monten sus consignas alrededor del tema haitiano y naturalmente obvien el crecimiento de las desigualdades, injusticias en nuestro país y el estrés crónico, enfermedades y muertes prematuras que afectan al pueblo.

Los sectores que se benefician de la migración y emplean a ilegales para obtener más beneficios forman parte de una estrategia que pone a los dominicanos a pensar en la migración como causa de sus problemas y desaparecen del debate político los temas del narcotráfico en los partidos y el gobierno, la corrupción, bajos salarios, sistema fe seguridad social que no es seguro ni social, la falta de tierra y financiación para familias del campo, la inseguridad ciudadana, el alto costo de los alimentos, materiales del hogar  y la vivienda y los responsables.

De esa manera el pueblo continuará sumergido en esas condiciones, los más ricos serán más ricos y cada cuatro años saldrá la gente a votar por la retórica de que los inmigrantes son el problema y no los líderes de la derecha dominicana y los sectores empresariales que gobiernan juntos a ellos.

Como parte de esa retórica el 30 de marzo del presente año, se produjo una manifestación en la zona de Friusa, Bávaro-Punta Cana, con incidentes violentos y mensajes xenofóbicos pidiendo la salida de haitianos del área. Días después, el gobierno anunció 15 medidas para “regular” la migración, entre ellas, la restricción del acceso de personas haitianas a los servicios públicos de salud, salvo que presenten documentos laborales, contrato de alquiler y documentos de identidad válidos. En caso contrario, se les cobrarían los servicios, y en caso de no pagar, serían deportados.

Esto, además de ser inhumano, puede tener consecuencias sanitarias graves. Las estadísticas del SNS para 2024 indican que el 10% de las consultas y el 30% de los partos en hospitales públicos corresponden a población haitiana. Negar acceso a estos servicios no solo viola derechos fundamentales, sino que incrementa el riesgo epidemiológico de enfermedades infecciosas, como la tuberculosis.

¿Por qué los inmigrantes haitianos y de otras nacionalidades buscan atención en hospitales públicos? Porque sus empleadores le niegan el derecho a la seguridad social. Si alrededor 300 mil trabajadores haitianos y de otras naciones tuvieran afiliados al sistema dominicano de seguridad social podrían buscar servicios de salud pagado por su ARS. Pero sus empresarios como empleadores se ahorran el 15.2% del salario, que es una gran ganancia. Entonces cuando un haitiano o su familia busca servicio de salud a quien el gobierno está subsidiado es al empleador.

Más que esa medida poco civilizada anunciada por el gobierno, lo que debe hacer es obligar a sus empleadores a inscribirlos a ellos y sus familiares en la seguridad social.

Frente a esta realidad, es fundamental reivindicar que el acceso a la salud es un derecho humano universal, y ninguna medida que lo impida puede ser aceptada.

La migración es un fenómeno global, producto de políticas globales que hacen a países y gente más ricas y los pobres más pobres. Para comprender las raíces de este fenómeno, es necesario mirar hacia atrás. La actual situación migratoria es consecuencia de una transformación estructural iniciada en las décadas de los 80 y 90, impulsada por la globalización económica promovida por Estados Unidos y Europa.

Este proceso provocó la desarticulación progresiva de la industria estatal dominicana —azúcar, papel, mármol, algodón, CDE, entre otras— al tiempo que se incentivaba la inversión extranjera en zonas francas y turismo. Desde 1997 hasta la fecha solo hubo venta, regalo y robo de empresas y tierras estatales.

En ese contexto, las políticas migratorias de los países ricos promovieron la salida de millones de personas en busca de mejores oportunidades, mientras nuestro país se convirtió en receptor de trabajo migrante. Haití, con una situación de crisis humanitaria sostenida, se convirtió en fuente ideal de esa fuerza laboral barata.

Creándose así, un mercado ilegal y tolerado de trata de personas fronterizo, tráfico de visas y venta de servicios migratorios. El Estado no solo fue testigo, sino cómplice de esa estructura. Y paralelamente, se alimentó una narrativa peligrosa: los inmigrantes como responsables del deterioro de los servicios públicos del país.

Esta narrativa, que intenta simplificar un problema complejo, invisibiliza a los verdaderos responsables: las élites políticas y económicas que se han beneficiado históricamente del modelo desigual, y que ahora utilizan la xenofobia como cortina de humo para desviar la atención.

Cualquier política migratoria que busque ser justa, efectiva y coherente debe partir del reconocimiento de las causas estructurales de la migración y de la responsabilidad estatal. No se puede construir un país moderno y justo sobre la base del odio, la exclusión y la hipocresía.

Somos partidario de que la inmigración debe ser legal y el país definir la cantidad de trabajadores que necesita, pero fundamentalmente, debe formalizarse el trabajo agrario, hoteles, servicios construcción y que todos y todas sean afiliados y coticen en la seguridad social, reciban salarios justos y respeten sus derechos laborales y veremos cómo los dominicanos son incorporados y los inmigrantes no tendrán que ir a hospitales sino que podrán buscar servicios de salud cubierto por su ARS en centros públicos y privados.