Numerosos observadores consultados por AlterRadio y AlterPresse denunciaron la injerencia extranjera en los asuntos políticos haitianos y la incapacidad de los dirigentes nacionales para estar a la altura de estadistas, de cara a la fecha simbólica del 7 de febrero de 2026.
Por Charilien Jeanvil
Puerto Príncipe, 2 de febrero de 2026 [AlterPresse] — A medida que se acerca la fecha simbólica del 7 de febrero de 2026, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de diversos grupos políticos continúan expresando serias preocupaciones sobre el futuro institucional del país.
A medida que se acerca esta fecha límite, la perspectiva de un consenso global sobre la gobernanza nacional disminuye considerablemente. Todo parece converger hacia un escenario de caos casi inevitable, dadas las persistentes tensiones en las altas esferas del gobierno y las profundas divisiones dentro de la clase política.
Una crisis interna agravada por presiones externas
Los analistas consultados por AlterRadio y AlterPresse cuestionan tanto la injerencia extranjera en los asuntos políticos haitianos como la incapacidad de los dirigentes nacionales para alcanzar la estatura de estadistas capaces de sacar al país del impasse.
La evaluación es ampliamente compartida: el fracaso del actual gobierno es innegable. Tras casi dos años en el poder, la situación se ha deteriorado significativamente. Las crisis de seguridad y humanitarias se han agravado, con más de 1,6 millones de personas desplazadas por la violencia de las pandillas y más de 5 millones de ciudadanos en situación de inseguridad alimentaria.
En este contexto, hablar de una recuperación económica o de la organización de elecciones creíbles a corto plazo es pura ilusión.
Ante este balance considerado abrumador, varias voces exigen la dimisión del Consejo Presidencial de Transición (Cpt), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del 3 de abril de 2024, que debe enmarcar la gobernanza de transición.
La Plataforma de Organizaciones Haitianas de Derechos Humanos (POHDH) llama a los miembros del CPT y al gobierno a dimitir el 7 de febrero. Según su secretario ejecutivo, Alermy Piervilus, estas autoridades tienen una gran responsabilidad en la catastrófica situación que vive el país.
En el programa FwoteLide de AlterRadio, seguido por AlterPresse, denunció un gobierno marcado por una corrupción endémica y una incapacidad manifiesta para frenar la expansión de la violencia armada.
Alermy Piervilus considera que el Consejo Presidencial de Transición y el gobierno ya no poseen la legitimidad necesaria para comprometer al Estado después del 7 de febrero, y enfatizó que sus acciones no sirven a los intereses fundamentales de la población. Subrayó la urgente necesidad de situar el interés nacional en el centro de toda acción política e instó a las fuerzas vivas del país a organizarse para proponer una alternativa creíble de gobierno.
A falta de un acuerdo previo, propone que el actual gobierno asuma un rol interino estrictamente limitado a un mes, para evitar un vacío institucional.
Interferencia extranjera y presión estadounidense
Al mismo tiempo, el Pohdh denuncia una clara injerencia de potencias extranjeras, en particular tras las amenazas lanzadas por Estados Unidos contra cualquier iniciativa destinada a destituir al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé.
Jean Robert Argant, coordinador general del Colectivo 4 de Diciembre de 2013, comparte la opinión de que, en principio, todo el equipo directivo debería dimitir. Sin embargo, advierte sobre los riesgos de un vacío institucional y aboga por una transición coordinada con los partidos políticos y la sociedad civil, proponiendo incluso la creación de un órgano de supervisión de la transición.
Respecto a la postura estadounidense, afirmó que compartía el fondo, pero no la forma, pues consideraba que el contexto actual no era propicio para un cambio de primer ministro. El mandato del CPT finaliza en aproximadamente una semana.
La injerencia estadounidense también fue duramente criticada por el columnista Hérold Jean-François, director general de Radio Ibo. Respondía a la decisión del Departamento de Estado de EE. UU., anunciada el 28 de enero de 2026, de revocar las visas de dos miembros del CPT y un ministro haitiano, elevando a cinco el número de asesores presidenciales sancionados. Estos individuos están acusados de facilitar las acciones de bandas armadas, descritas como organizaciones terroristas extranjeras.
Jean-François rechaza estas acusaciones, calificándolas de arbitrarias e infundadas, y considera que tales decisiones minan la credibilidad de Estados Unidos.
También denuncia el apoyo casi incondicional de Washington al primer ministro Fils-Aimé, que según él está motivado por el miedo a lo desconocido.
También acusa al presidente del Consejo Presidencial de Transición, Laurent St-Cyr, de deriva autoritaria al bloquear la implementación de la decisión mayoritaria de destituir al jefe de gobierno. Insta a este último a acatar el veredicto de la votación y priorizar los intereses del país.
De igual manera, Samuel Madistin, presidente de la Fondasyon Je Klere, deplora la actitud de la administración estadounidense, que considera irrespetuosa con las normas y procedimientos locales. Teme la imposición de un modelo de gobierno unipersonal contrario a los intereses nacionales y aboga por el nombramiento de un presidente de la Corte Suprema para dirigir un poder ejecutivo sin primer ministro, centrado en tres prioridades: restablecer la seguridad, la recuperación económica y organizar elecciones creíbles.
Una lucha de poder persistente
Para André Raphaël, ex portavoz del Movimiento Popular Dessaliniano (Mopod), es imperativo redefinir las relaciones diplomáticas y confiar la gestión del país a líderes capaces de identificar y afrontar los verdaderos problemas nacionales, de lo contrario la sociedad haitiana se hundirá aún más.
Se une a Me Madistin y Alermy Piervilus al afirmar que el primer ministro Fils-Aimé, considerado dimitido, no puede comprometer válidamente al Estado, lo que lo expone a posibles acciones legales. También insta a Laurent Saint-Cyr a respetar el principio de la mayoría.
Por último, la socióloga Olriche Jean Pierre, de la estructura política Demócratas Movilizados para el Avance de la República de Haití (Demareh), considera que la crisis actual se inscribe en una lógica histórica de conquista del poder y acumulación de riqueza, persistente desde la caída de la dictadura de Duvalier.
Enfatiza que la resolución del CPT no tiene fuerza vinculante sin publicación oficial y aboga por una nueva transición inclusiva basada en un amplio consenso nacional. De lo contrario, advierte, la injerencia extranjera seguirá prevaleciendo.
