Por Adonis Arache

Los que vivimos en La Altagracia sabemos que esta provincia no es la misma de hace 10 ó 15 años.

Hemos visto hoteles levantarse donde antes solo había monte.

Hemos visto cómo el turismo nos ha traído empleos, progreso y oportunidades.

Pero también hemos sentido cómo ese mismo crecimiento ha traído consigo desorden, abandono y desigualdad.

Hoy, el conflicto por los arbitrios entre Higüey y Verón–Punta Cana va más allá de un tema de quién cobra qué.

Es un reflejo de algo más profundo: una provincia que ha crecido sin detenerse, pero que no ha tenido tiempo de sentarse a repensar cómo crecer de forma justa para todos.

Más que dinero: dignidad y autonomía

Verón quiere administrar sus arbitrios. Y hay que decirlo con claridad: tiene razones para hacerlo.

Allí se genera una gran parte de la riqueza turística del país, pero muchas veces sus calles siguen polvorientas, sus servicios limitados y sus comunidades olvidadas.

Es natural que sus líderes digan: “Queremos decidir sobre lo que generamos”.

Pero Higüey no puede ser echado a un lado. Higüey no solo ha sido cabecera política, ha sido el corazón institucional de esta provincia. Ha cargado con responsabilidades, ha dado estructura, ha sostenido servicios. No se le puede quitar de golpe lo que durante años ha ayudado a sostener.

Este no es un pleito de uno contra otro. Este es un llamado a la equidad. A la madurez.

Lo que realmente está en juego

Mucha gente cree que este tema es solo un lío político o de papeles.

Pero detrás de cada peso de arbitrios hay historias humanas.

Si Higüey pierde ingresos sin una transición bien pensada, habrá comunidades que se queden sin basura recogida, sin lámparas en la calle, sin respuesta cuando haya una emergencia.

Si Verón no puede planificar su crecimiento, seguirá creciendo sin alma, sin orden, sin una visión a futuro.

Y al final, los que pagamos los platos rotos somos siempre los mismos: la gente común, la que trabaja doble turno en un hotel, la que se levanta a las 5 para tomar una guagua, la que lucha por construir su casa bloque a bloque.

¿Y ahora qué?

Este no es tiempo de competir. Es tiempo de construir.

¿De qué sirve que uno gane y otro pierda, si todos estamos montados en la misma barca?

Lo que propongo es sencillo, aunque no fácil: sentarse a hablar con respeto y sin agendas ocultas.

Crear un acuerdo de colaboración real entre Higüey y Verón. No uno de papel, sino uno donde ambas partes trabajen juntas, compartan responsabilidades, distribuyan recursos, piensen en el futuro sin egoísmos.

Verón necesita autonomía, sí. Pero Higüey merece ser parte de esa evolución, no una víctima de ella.

Una oportunidad disfrazada de conflicto

Tal vez esta discusión sea la oportunidad que necesitábamos para poner las cosas en orden. Para dejar de crecer a lo loco y empezar a crecer con propósito.

Una oportunidad para que las decisiones no se tomen desde escritorios fríos, sino desde la mirada de la gente que vive aquí, que respira este aire, que ama esta tierra.

Por Ephraim Alburquerque

En el corazón turístico de Punta Cana, donde el sol, la arena y el mar deberían ser sinónimo de armonía y sustento para decenas de familias, se está gestando un conflicto que amenaza la paz laboral y la imagen del destino.

Nos referimos a la ya conocida situación con la señora Milagros Santo Villa, una «trencera» que opera en la playa de Macao y cuya actitud desafiante frente a las normas ha convertido un servicio aparentemente inofensivo en un foco de tensiones, acusaciones y disturbios legales.

Hacer trenzas a los turistas —una actividad tradicionalmente vista como parte del folclore caribeño— no debería, en ninguna circunstancia, convertirse en una herramienta de acoso ni de litigio permanente.

Sin embargo, la señora Milagros Santo Villa ha logrado que lo que debía ser un servicio estético y cultural se transforme en una especie de arma de presión, intimidación y desafío constante, tanto para los propietarios de negocios formales como para los agentes de la Policía Turística (Politur) y otros trabajadores regulados e informales de la playa.

Más preocupante aún es que Milagros Santo Villa cuenta con el respaldo activo de la señora Aracelis Valdez, presidenta de la Zona 2 del PRM y, al mismo tiempo, vicealcaldesa del Distrito Turístico Verón, Bávaro, Punta Cana.

Esta alianza política, lejos de contribuir al orden institucional, ha servido para blindar actitudes insubordinadas y amparar una conducta que ha desbordado los cauces del diálogo, dando paso a una sistemática judicialización de cualquier diferencia o roce con la autoridad y los actores del turismo local.

A esto se suma otro hecho grave: la señora Milagros ignora reiteradamente los llamados del hotel Dreams Macao, que ha solicitado —por razones de seguridad, imagen y control— que no se introduzca un exceso de «trenceras» dentro del recinto hotelero.

Pese a estas peticiones formales, ella ha hecho caso omiso, demostrando no solo una falta de respeto por las regulaciones del Ministerio de Turismo, sino también por los acuerdos y límites establecidos por el sector hotelero que sustenta gran parte de la economía local.

Pero quizás lo más alarmante de todo es que a pesar de haber sido arrestada en más de tres ocasiones por la Policía Turística, la señora Milagros Santo Villa continúa con sus prácticas desafiantes, sin mostrar señales de corrección ni voluntad de cooperación.

Este patrón de reincidencia pone en tela de juicio no solo su compromiso con la convivencia, sino también la efectividad de las medidas institucionales para frenar los abusos persistentes.

Lejos de buscar una integración colaborativa con el ecosistema económico de Macao, ha optado por una estrategia de confrontación: ignora las disposiciones oficiales, utiliza las citaciones judiciales como herramienta de presión, y mantiene en tensión permanente a quienes comparten el mismo espacio de trabajo.

Lo que podría haber sido un ejemplo de empoderamiento económico femenino se ha transformado en un caso de desviación del derecho, erosionando el respeto por la autoridad y provocando una atmósfera de temor e inseguridad.

Hay que decirlo con claridad: ningún ciudadano está por encima de la ley, y la libertad de emprender no es licencia para el caos.

La señora Santo Villa, como cualquier otra persona que ofrezca servicios en un destino turístico regulado, debe someterse a las normas que rigen la convivencia comercial, sanitaria y de orden público.

No es aceptable que se desprecie la autoridad del Ministerio de Turismo, que se ignore a los hoteles que promueven el desarrollo sostenible, ni que se hostigue a la Policía Turística que intenta mantener el equilibrio entre turismo, legalidad y empleo digno.

Este tipo de comportamientos reiterados ponen en riesgo la imagen del país como destino seguro y ordenado.

Si cada conflicto personal se convierte en expediente judicial, si cada diferencia se convierte en denuncia, si cada norma es ignorada a voluntad y respaldada políticamente, entonces no estamos ante un ejercicio legítimo de derechos, sino frente a una distorsión del sistema legal y del poder local.

Es urgente que las autoridades actúen con firmeza pero con justicia. Que se escuche a todas las partes, pero que también se ponga un límite a quienes abusan del sistema o se sienten por encima de él por tener respaldo político.

La trenza que se ofrece al turista debe ser un símbolo de arte, cultura y servicio, no el lazo que estrangule la convivencia y la paz en la playa de Macao.