Por Ephraim Alburquerque

Después de más de dos décadas de debates, aplazamientos, vetos y tensiones entre los poderes del Estado, la República Dominicana se encuentra —por fin— a las puertas de aprobar un nuevo Código Penal.
Si las previsiones se cumplen, este mismo miércoles se romperá una cadena de retrasos que ha dejado al país operando con un cuerpo legal decimonónico, anclado en el siglo XIX y ajeno a los desafíos jurídicos del presente.

El anuncio de que el nuevo código podría aprobarse “en las próximas horas” despierta una mezcla comprensible de esperanza y escepticismo. ¿Cuántas veces se ha dicho que está “a punto de aprobarse”? ¿Cuántas versiones ha sufrido el proyecto? ¿Cuántos temas sensibles han sido utilizados como ficha de negociación política?

Y, sin embargo, si esta vez se concreta, será una conquista institucional largamente anhelada.

No se trata simplemente de modernizar el lenguaje jurídico, sino de ajustar el sistema penal a las realidades del siglo XXI: delincuencia organizada, crímenes cibernéticos, violencia de género, corrupción, trata de personas, feminicidios, delitos medioambientales, entre otros.

El código actual, redactado en 1884 y solo reformado parcialmente, ha dejado vacíos legales que entorpecen la acción de la justicia y la correcta aplicación de penas proporcionales.

En esta espera prolongada, muchas víctimas han visto frustradas sus expectativas de justicia. Y muchos fiscales y jueces han tenido que operar con herramientas jurídicas inadecuadas.

No podemos ignorar que este parto ha estado marcado por fuertes controversias. Especialmente en torno a la despenalización del aborto en circunstancias excepcionales, así como la tipificación o no de ciertos crímenes de odio.
La discusión no ha sido meramente técnica: ha sido moral, ideológica, política, y hasta religiosa.

Sin embargo, si el país alcanza hoy un acuerdo, significará que —aun en medio de esas tensiones— se logró avanzar.

Puede que no sea un código perfecto, pero será uno más justo, más aplicable y más acorde a las realidades del país.

La aprobación de un nuevo Código Penal no debe verse como un fin en sí mismo. Será apenas el inicio de un proceso que implica formación, aplicación justa y vigilancia ciudadana.
No servirá de nada si no se respeta el debido proceso, si los operadores de justicia no son independientes, o si la impunidad sigue ganando terreno.

Por eso, más que celebrar prematuramente, hay que prepararse para acompañar el proceso con sentido crítico y con altura cívica.

En onclusión:
El país necesita y merece un nuevo Código Penal.
No para sumar un trofeo político, sino para asegurar un marco jurídico que defienda la dignidad humana, castigue el delito y garantice los derechos de todos.
Si hoy finalmente se aprueba, la nación no debe dormirse en la autocomplacencia. El verdadero reto comienza después de la promulgación: hacer que se cumpla la ley y que nadie esté por encima de ella.

Por Pavel De Camps

La pregunta que la Superintendencia de Pensiones se niega a responder… y que el pueblo tiene el derecho —y el deber— de exigir. Un silencio institucional que esconde cifras clave mientras más de tres millones de dominicanos permanecen en la oscuridad sobre su futuro previsional.

En este momento la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), el ente responsable de velar por la transparencia total y el buen manejo del sistema previsional dominicano, ha cometido un acto inaceptable. En un documento oficial (SAIP 113791), y ante una solicitud de información elevada por un medio de comunicación (Panorama), la institución declaró que no puede revelar el monto acumulado en las cuentas de capitalización individual (CCI) de más de 3 millones de afiliados inactivos, alegando razones de “seguridad de la información” porque “los montos no son visibles en el sistema”.

Esa excusa no solo es técnicamente insostenible. Es una falsedad institucional revestida de formalismo, una bofetada a la inteligencia del ciudadano, y una violación directa al derecho constitucional de acceso a la información pública, consagrado en la Ley 200-04 y su reglamento, el Decreto 130-05.

Lo que SIPEN oculta y no quiere que sepas

Los datos no son personales. No se pidió una lista de nombres ni cédulas. Se solicitó un dato agregado: ¿cuánto dinero manejan actualmente las AFP en cuentas de afiliados que no han cotizado en los últimos 12 meses?

Y lo cierto es que SIPEN sí tiene acceso diario a toda la información del sistema, incluyendo movimientos, saldos y estado de cuentas. Lo sabe porque es su obligación legal y técnica.

Entonces, ¿por qué niega el dato?

¿Para proteger a quién?

¿Para evitar qué?

La única respuesta lógica es que SIPEN no quiere que el pueblo sepa la magnitud real del dinero que manejan las AFP fuera del radar público. Algo insólito y a la vez impactante.

Una cifra colosal que paraliza: más de RD$460 mil millones

Los datos del propio portal de SIPEN, al 31 de mayo de 2025, confirman que hay 5,417,158 afiliados, de los cuales 3,174,826 (el 59%) están inactivos: no han hecho un solo aporte en al menos 12 meses.

Con un saldo promedio estimado de RD$145,000 por cuenta inactiva (según el análisis de Panorama), la cifra total acumulada rondaría los:

👉 RD$460,349,770,000 (más de 460 mil millones de pesos dominicanos).

Esos fondos siguen generando intereses anuales del 6% al 8%, y aun sin aportes, las AFP siguen cobrando comisiones. Es decir: el sistema gana, aunque el afiliado esté fuera del juego. Ahora deberías calcular ese monto al finalizar tu lectura.

¿A dónde va ese dinero si su dueño ya no cotiza, emigró o falleció?

Esa es la gran pregunta que la SIPEN evade. Muchos de esos afiliados emigraron, otros simplemente fueron expulsados del mercado laboral formal, y otros han fallecido sin retirar sus fondos.

Mientras tanto:

Las AFP siguen cobrando.

SIPEN sigue guardando silencio.

Y los ciudadanos pierden el control sobre su propio dinero.Eso no es eficiencia. Eso es una caja negra institucionalizada, donde los fondos se acumulan sin rostro, sin nombre y sin dueño, pero con muchos beneficiarios invisibles. ¿Al final quién se podría quedar con ese dinero?, es la pregunta qué debo hacerte y que mismo la responda…

Una transparencia de papel mojado

Lo más insultante es que el propio Portal Interactivo de Transparencia de la SIPEN asegura lo siguiente:

“Garantizamos el derecho del ciudadano al libre acceso a la información pública de forma completa, adecuada y oportuna…”

Entonces, ¿por qué se niega un dato fundamental que afecta a millones de dominicanos?

¿Por qué se contradice la ley que dice defender?

¿Qué oculta realmente SIPEN?

Este no es un caso aislado. Es el síntoma de una democracia enferma.

Cuando una institución del Estado decide negar información pública bajo pretextos absurdos, no está defendiendo la seguridad de los datos. Está secuestrando el derecho ciudadano a la verdad.

Esta negativa no solo vulnera la Ley 200-04:

–  Viola el principio de publicidad de la función pública,

–  Atenta contra la libertad de prensa,

–  Y desacredita el sistema previsional dominicano (establecido en la ley 87-01) frente a la comunidad internacional.

¿Dónde están los medios? ¿Dónde está el Congreso? ¿Dónde está la ciudadanía?

Este acto de opacidad política no puede pasar desapercibido, ya que es una falta de transparencia y claridad en la gestión pública. La democracia muere en la oscuridad, y SIPEN está colaborando activamente a esa muerte lenta al ocultar información que le pertenece al pueblo.

Es hora de que el Congreso Nacional despierte, los medios de comunicación se una en una voz, las organizaciones de la sociedad civil y cada dominicano consciente exijan respuestas claras, verificables y completas.

Porque el dinero no es del gobierno.

No es de las AFP.

Es del pueblo, es decir de cada dominicano.

Lo que SIPEN no dice, el pueblo debe exigir

Mientras el país discute sobre reformas constitucionales, pactos fiscales y el costo de la vida, hay más de RD$460 mil millones de pesos de los trabajadores dominicanos que están flotando en la penumbra de un sistema cerrado, clientelista y voraz.

Ese silencio tiene un precio.

Y ese precio lo paga el pueblo.

Exijamos lo mínimo:

Publicación inmediata del monto total de cuentas inactivas.

Auditoría independiente de los fondos “dormidos”.

Plan de protección y trazabilidad para los afiliados inactivos o fallecidos.

Revisión urgente de la ley de pensiones para evitar el lucro silencioso de las AFP a costa del trabajador ausente.

No se puede gobernar lo público desde la oscuridad.

No se puede callar el derecho a saber.

No se puede robar el futuro con tecnicismos.

¡El dinero está ahí, y el pueblo tiene derecho a saber dónde!

La gran pregunta que queda flotando en el aire:

¿Qué tan peligrosa puede llegar a ser una democracia que oculta datos a sus ciudadanos… y protege al poder que lucra con su ignorancia?