Santo Domingo.- La falta de documentación legal continúa siendo parte de la realidad cotidiana de muchas mujeres afectadas por la sentencia 168, pese a que fue emitida por el Tribunal Constitucional (TC) el 23 de septiembre de 2013, observó la abogada y activista por los derechos humanos María Bizenny Martínez.

Esa situación trae como consecuencia acoso y violencia sexual, “sin que existan mecanismos efectivos de protección o reparación”, declaró Martínez, también coordinadora del departamento de derechos humanos e incidencia política del Movimiento Socio Cultural de Trabajo Humanitario y Ambiental (Mosctha).

De acuerdo con la experta, desde hace años se ha venido denunciando la situación de las personas dominicanas nacidas de padres inmigrantes haitianos, “pese a lo cual el Estado dominicano haya adoptado las medidas necesarias para avanzar en los procesos de documentación de aquellas personas que fueron víctimas de la Sentencia 168-13 y que, en el momento de su emisión, no estaban inscritas en el registro civil nacional”.

Cabe destacar, precisó Martínez, que los padres de estas personas, en su gran mayoría, fueron traídos a República Dominicana para trabajar en la industria azucarera nacional, contribuyendo de manera significativa al desarrollo económico del país. “Su labor, marcada por condiciones precarias y explotación histórica, ha sido fundamental para sostener sectores clave de la economía dominicana, sin que hasta la fecha se les haya reconocido plenamente su aporte ni garantizado los derechos de sus descendientes”.

Graves violaciones

Sin embargo, sus hijos e hijas continúan enfrentando graves violaciones de derechos humanos, dijo la experta.

Según Martínez, la falta de documentación legal continúa siendo parte de la realidad cotidiana de muchas mujeres afectadas por la sentencia 168-13, situación que trae como consecuencia: Acoso y violencia sexual, sin que existan mecanismos efectivos de protección o reparación.

La defensora de los derechos humanos aseguró que la negación de acceso a servicios de salud, ausencia de atención adecuada durante los procesos de maternidad y lactancia en condiciones de extrema vulnerabilidad, han afectado de forma negativa el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

Además, dijo Martínez, persiste una negación no explícita, pero sistemática violación de derechos fundamentales como la educación, el empleo formal, la protección social, el acceso a vivienda y, sobre todo, el derecho a vivir con dignidad y sin miedo.

Según la abogada y activista defensora de los derechos humanos, esta exclusión y discriminación estructural se mantienen “sin reconocer el aporte histórico de sus padres, quienes han dejado su esfuerzo, su salud y su vida en los campos de caña, todo sin que el Estado les haya garantizado justicia ni reparación”.

Segregación social y jurídica

Martínez aseguró que esa situación constituye una forma de segregación social y jurídica, “que perpetúa la apatridia, la discriminación racial y el racismo estructural”.

Es urgente, según su opinión, que se reconozca el derecho a la identidad, la nacionalidad y la ciudadanía plena de los dominicanos y dominicanas víctimas de la sentencia 168-13 y que se adopten medidas concretas para garantizar su inclusión en todos los ámbitos de la vida nacional.

Miles son afectados aún

A doce años de su dictamen, la sentencia 168-13 sigue marcando la vida de miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana, declaró Martínez. “Su legado no solo despojó de la nacionalidad a quienes nacieron en suelo dominicano, sino que institucionalizó un régimen de exclusión, apatridia y negación de derechos”.

Según su enfoque de los hechos, la indiferencia estatal, la invisibilidad mediática y la herencia jurídica de esta sentencia configuran un apartheid moderno, sostenido por prácticas administrativas, discursos discriminatorios y omisiones legislativas.

Martínez destacó que a pesar de la promulgación de la Ley 169-14 sobre naturalización especial, los discursos progresistas dirigidos a la opinión pública internacional en materia de igualdad, inclusión y equidad continúan siendo una utopía construida sobre la imagen que deseamos proyectar ante otros Estados, pero no sobre la realidad que enfrentamos como sociedad.

No cambia para los jóvenes

La situación de los jóvenes afectados por la sentencia 168-13 no ha cambiado de manera sustantiva. “Persiste la ausencia de políticas públicas efectivas, mecanismos de impulso o soluciones estructurales que garanticen su inclusión plena”.

Estos jóvenes, agregó, han sido sistemáticamente excluidos del sistema social, económico y, especialmente del sistema político como estrategia para impedir que, en algún momento, puedan ejercer su derecho a elegir y ser elegidos, declaró la experta.

Perpetúa la apatridia

Esta exclusión, que consideró como deliberada, “vulnera principios fundamentales del Estado de derecho, perpetúa la apatridia y consolida un modelo de ciudadanía condicionada, “que niega el reconocimiento pleno de derechos a personas nacidas en el país por el simple hecho de su ascendencia haitiana”.

Santo Domingo.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) exhortó al presidente de la República a instruir una investigación integral, pública y con cronograma definido sobre todos los procesos del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) desde 2021 hasta la fecha.

Según la organización política, la magnitud del presupuesto de la institución —que en 2025 asciende a 40 mil millones de pesos, superando el de 18 entidades juntas— exige un manejo ejemplar y libre de cuestionamientos.

En su acostumbrada rueda de prensa de los lunes, el PLD señala que, en 2021, durante el proceso de licitación del almuerzo escolar, esa entidad adjudicó de manera irregular contratos a más de 1,260 proveedores.

El PLD por intermedio de Johnny Pujols, su secretario general, junto a René Jaquez, exdirector de Inabie, los miembros del Comité Político, Kenia Lora y Elías Cornelio y los miembros del Comité Central, Mercedes Rodríguez y Chanel Rosa y una representación de titulares de Secretarías y miembros del Comité Central, solicitó al presidente Luis Abinader instruir una investigación con un cronograma definido sobre los procesos cuestionados en Inabie.

Recordaron que ninguna licitación del INABIE en los últimos cuatro años ha estado exenta de denuncias: contratos otorgados a suplidores sin requisitos, exclusiones arbitrarias de centros educativos, pagos indebidos y hasta supuestos cobros ilegales para garantizar adjudicaciones.

Señalaron además que tanto la Dirección de Contrataciones Públicas como la Contraloría General de la República han documentado irregularidades en procesos de compras de alimentos, mochilas, uniformes y calzados escolares por montos que superan los seis mil millones de pesos.

El partido advirtió que no se trata de rumores ni de especulaciones, sino de hechos sustentados en informes oficiales, resoluciones anuladas y expedientes remitidos al Ministerio Público. “Cada irregularidad significa escuelas que arrancan el año sin la utilería a tiempo, suplidores quebrados y, sobre todo, niños que dejan de recibir la alimentación a la que tienen derecho”, denunció la organización.

Propuestas de reformas inmediatas

El PLD subrayó que el INABIE necesita medidas urgentes para recuperar la confianza pública. En ese sentido, propuso fortalecer los controles internos y la supervisión en cada fase de las licitaciones, al tiempo de garantizar que todos los procesos tengan trazabilidad digital para una auditoría transparente. También planteó la necesidad de establecer mecanismos que aseguren pagos oportunos a las MIPYMES suplidoras, verificaciones rigurosas de las plantas físicas de los oferentes, así como la eliminación de intermediaciones que encarecen los contratos.

De igual modo, llamó a proteger a los denunciantes de posibles represalias y a instaurar una cultura institucional de cero tolerancias a la corrupción. “El país no puede seguir normalizando que la sombra de la corrupción opaque programas tan sensibles como el de alimentación escolar”, enfatizaron los dirigentes.

El PLD recordó que durante su gestión al frente del Estado aplicó correctivos para garantizar transparencia en el INABIE y que por eso habla hoy con la autoridad moral de haber elegido siempre el camino correcto. “Fallar en proteger al INABIE es fallar en proteger la confianza del pueblo dominicano en su democracia. Este es el momento de demostrar que no hay cómplices, como tantas veces ha dicho el presidente”.

Santo Domingo.- El 27 de abril pasado personeros de la Antigua Orden Dominicana propinaron golpizas a manifestantes de una marcha para rechazar la invasión de Estados Unidos el 28 de mayo de 1965. Ahora vuelven por sus fueros con las amenazas basadas en el odio y el proceder violento.

El escenario ahora ha sido el anuncio de una supuesta amenaza realizado por el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón. Aprovechó una manifestación que junto a su organización propició por las calles de la comunidad.

No quedará uno

“Por eso hemos venido a darle respaldo y dejar claro que, si le pasa, en este país no quedará un haitiano”, proclamó Vásquez.

El líder de la Antigua Orden Dominicana aclaró que este es el momento para darle apoyo al funcionario municipal.

“Tenemos que recordar que lo que pasa Riverón nos puede pasar a cualquiera de nosotros, argumentó Vásquez.

Del uniforme a las armas

Los miembros de la Antigua Orden Dominicana visten uniformes color negro, con insignias parecidas a los de los cuerpos de seguridad del Estado. La vestimenta de esa indumentaria fue prohibida por el nuevo Código Penal dominicano que entraría en vigencia en un año.

Si tocan a Riverón este país cogerá candela y no quedará un haitiano, dijo el vocero de la organización de apariencia paramilitar que, por demás, actúa a la orden del día sin que siquiera haya sido molestada por el Ministerio Público ni por la Policía.

“Si tocan a Riverón este país cogerá candela y no quedará un haitiano. Usted no se encuentra solo y estamos dispuesto a tomar las armas para defenderlo a usted”, proclamó el líder de la violenta Antigua Orden Dominicana.

Verón-Punta Cana.- Para las autoridades municipales de Verón-Punta Cana constituye un quebradero de cabeza el dilema de recobrar el ritmo de los proyectos y de recuperar los ingresos que se desplomaron por la salida de migrantes haitianos.

El director distrital Ramón Antonio Ramírez (Manolito) se refirió al impacto de las deportaciones masivas de obreros haitianos por parte del gobierno central como parte de una política dirigida a reducir la presencia de esos inmigrantes en el territorio dominicano.

(La salida masiva de obreros haitianos) «detuvo la construcción de obras e impactó de manera negativa el presupuesto, dijo Ramírez.

De acuerdo con el director distrital, cada decisión y acción en la administración se vuelve crucial para retomar el ritmo de los proyectos y asegurar que los recursos destinados al desarrollo sean efectivos.

Esa realidad se produce en un contexto marcado por la paralización de zonas estratégicas y la falta de liquidez generada por la deportación de inmigrantes haitianos, agregó el ejecutivo municipal.

“Cada retraso en las obras se traduce en un golpe directo a los ingresos”, precisó Ramírez en declaraciones que ofreció a la radio local.