Por Juan TH

El principal obstáculo que tiene el Partido Revolucionario Moderno para mantenerse en el poder más allá del 2028 es el propio partido de gobierno que debe resolver sus problemas internos garantizando la unidad y fortaleza de su estructura interna.

El presidente Luís Abinader navega sobre aguas poco profundas en un mar sin olas que atenten contra su gobierno. Son aguas tranquilas, sin amenazas que atenten contra la estabilidad de su gobierno.

La oposición está desarticulada, dividida, sin un liderazgo que amenace la gobernabilidad y la paz social. Las cifras que emanan del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y  el Banco Central dominicano, dicen que el país va bien o mejorando en crecimiento económico, aumento de las reservas monetarias, aumento del empleo, reducción de la pobreza y la marginalidad, aumento consistente del turismo, inflación controlada, reducción y castigo ejemplar del flagelo de  la corrupción, según Transparencia Internacional, paz social, aumento de la inversión extranjera, gracias a la estabilidad política, la garantía jurídica y el  fortalecimiento de las instituciones públicas, en un Estado Democrático de Derechos, que se fortalece cada día más.

Con ese cuadro político, económico y social, general, el presidente Abinader y su partido, el PRM, marchan sobre ruedas, sin mayores obstáculos, sin muchas vallas que saltar en la carrera de los cien metros.

Se requiere de una oposición moderna, novedosa, inteligente y con calidad ética y moral para la critica constante.

Dos partidos se disputan el liderazgo principal en la lucha por el poder. A saber, el Partido de la Liberación Dominicana, (PLD) y el Partido Fuerza del Pueblo, el primero liderado por Danilo Medina (Dañino) y el segundo por Leonel Fernández, padre de la corrupción moderna, jefe de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, (FUNGLODE), “cuerpo del delito”, como la llamó el doctor Guillermo Moreno.

Tanto Fernández como Medina, estuvieron en el poder, el primero durante 12 años, tres periodos, el segundo durante 8 años, dos periodos. En total, 20 años. (La peste morada) donde la corrupción fue lo único que subió escandalosamente, convirtiendo el país en uno de los más corruptos de América y del mundo, según Transparencia Internacional. Durante esos 20 años, todos los parámetros, educación, salud, pobreza, marginalidad, desempleo, costo de la vida, endeudamiento externo, etc., fueron negativos.

Los escándalos de corrupción en las instituciones del Estado se sucedían uno detrás del otro, sin que el Ministerio Público actuara. El Sistema Judicial fue secuestrado durante la “peste morada”.  Significa, pues, que Fernández ni Medina, tienen calidad moral para condenar ni criticar al presidente Abinader. Ambos debieron retirarse de la actividad política y convertirse en piezas de museo y dejarles el espacio a las demás generaciones dentro del PLD y la FUPU. Pero no. Insisten en mantenerse en la competencia; Medina con un “jamás” sobre sus espaldas y Leonel con un fardo corrupto sobre sus hombros que pesa más que un “matrimonio obligado”.

Fernández consideraba que un periodo de gobierno era suficiente, luego dijo dos, pero gobernó tres veces. En 12 años no hizo más que corromperlo todo, incluso su propio partido. Ahora quiere volver, con las mismas ideas y la misma gente. Convertiré el país, nuevamente, en caso improbable de volver al poder, en un estercolero, una letrina.

Dañino Medina prometió lo mismo: un solo periodo y nunca más. Se reeligió y gobernó 8 años. Intentó igualar a Leonel gobernando 12 años, pero fracasó. Bajo su mando el país siguió siendo un estercolero, una letrina, una pocilga.

Los dirigentes del PLD y el FUPU apuestan al descalabro, al fracaso, al deterioro, a la crisis económica, a las denuncias de corrupción tratando de vender la idea de que “todos los políticos son iguales”, incluyendo a los que del PRM.

La oposición vende frustración, incertidumbre, desasosiego y desaliento en el pueblo, sin convencer a nadie, mientras el presidente Abinader con sus acciones cotidianas, dentro y fuera del Palacio Nacional, trabajando día y noche 24/7 profesa certidumbre, desarrollo, fe, esperanza y confianza en el presente y el futuro del país.

El presidente Abinader no apaña corruptos, no los defiende, no los protege, no los premia, como en los gobiernos del PLD que encabezaron Leonel Fernández y Danilo Medina. Y eso marca una enorme diferencia entre el pasado y el presente.

La oposición no tiene propuestas para encarar los problemas del país. Recurre a las denuncias, la mayoría de las veces sin fundamentos, la mayoría de las veces sin pruebas que la avalen. Se trata de una oposición vacía, que no ofrece soluciones a lo que considera desaciertos del gobierno. No tiene una plataforma programática. La crítica por la crítica no aporta nada.

Tanto Fernández como Danilo están descalificados política y moralmente. La oposición precisa de caras nuevas, de otros rostros, de propuestas programáticas que los diferencien y los alejen del pasado tenebroso de sus viejos líderes; se requiere de jóvenes que no tengan deudas de sangre, que no les hayan robado el futuro a las nuevas generaciones.

El país precisa de una oposición política verdadera, integrada por gente sin mácula, sin expedientes de corrupción, sin antecedentes penales. Gente nueva, inteligente, preparada, con vocación de servicio, sacrificio y entrega total.

Por Edwin Paraison
Este 14 de febrero, mientras el mundo celebra el amor y la amistad, la sociedad dominicana tiene también razones para una profunda reflexión. Dos tragedias recientes han sacudido la conciencia nacional y colocado a prueba la solidez del Estado de derecho.
Se cumplen tres meses de la muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph, una niña haitiana de 11 años fallecida el 14 de noviembre de 2025 durante una excursión escolar en Santiago. Su caso conmovió al país y tuvo eco internacional. A pesar de críticas por la lentitud del proceso, el expediente sigue su curso institucional. Su madre, Lovelie Joseph, ha mostrado un coraje admirable al optar por el camino más difícil y digno: reclamar justicia por las vías legales.
Hace pocos días, la muerte violenta de Nauriel Misael Medina, un adolescente dominicano de 14 años en el sector Katanga de Los Mina, volvió a estremecer al país. El crimen, ocurrido la noche del 4 de febrero de 2026, de “tipo pasional”, implicaría supuestamente a un menor y a un adulto haitianos (detenidos por la policía), según lo contado por familiares.
Sin embargo, antes de que la justicia establezca responsabilidades definitivas, algunos sectores han intentado transformar el duelo en una peligrosa narrativa de “cacería de haitianos”, con llamados a expulsiones y amenazas colectivas contra residentes haitianos en la zona.
Stephora: indignación sin ruptura social
En el caso de Stephora, las responsabilidades han apuntado hacia una grave negligencia institucional: la realización de una excursión prohibida, sin supervisión adecuada y en un entorno que no reunía condiciones mínimas de seguridad. El Ministerio Público ha formulado imputaciones vinculadas a homicidio involuntario, mientras también se han denunciado episodios de acoso escolar con connotaciones raciales.
Un aspecto social clave: pese a la indignación legítima, nadie organizó turbas para perseguir a los familiares de los imputados ni a los directivos del colegio Da Vinci. Hubo presión mediática y cuestionamientos al sistema judicial, pero predominó el respeto al debido proceso. La madre de Stephora, incluso ante el trato poco solidario del centro educativo, ha dado una lección de civismo: firme en su reclamo, pero dentro del marco institucional.
Nauriel: dolor legítimo, deriva peligrosa
El duelo por Nauriel, en cambio, estuvo acompañado por la irrupción de grupos extremistas que promueven, acorde a sus propios intereses, un levantamiento contra haitianos. No fue una reacción espontánea de los moradores, sino la entrada en escena de actores externos que encontraron en la tragedia una oportunidad para alimentar tensiones y el antihaitianismo.
Frente a ese clima, las autoridades recordaron un principio básico: solo el Estado tiene la potestad de ejecutar acciones migratorias o de seguridad. Este recordatorio merece el respaldo unánime de todas las fuerzas vivas de la nación, más allá de sus banderas políticas.
¿Por qué dos reacciones tan distintas?
Ambas tragedias son profundamente dolorosas y ambas merecen justicia. Entonces, ¿qué explica respuestas sociales tan diferentes?
Primero, la construcción de un “enemigo colectivo”. En el caso de Nauriel, ciertos discursos no apuntan a responsables individuales, sino a una comunidad definida por su origen. Esa lógica alimenta el miedo y convierte el duelo en combustible para la confrontación.
Segundo, existe un precedente histórico que la República Dominicana no puede olvidar.
Hatillo Palma: la advertencia vigente
En mayo de 2005, tras el asesinato de la comerciante dominicana Maritza Núñez en Hatillo Palma (provincia Montecristi), atribuido injustamente a haitianos, se desató un clima de persecución que derivó en agresiones y asesinatos, incendios de viviendas y expulsiones masivas de inmigrantes y dominicanos de ascendencia haitiana. Aquellos hechos colocaron al país en una situación profundamente embarazosa a nivel internacional, al contrastar la barbarie de las acciones con la realidad de una extensa diáspora dominicana que, como toda sociedad, no está exenta de la presencia de individuos vinculados a bandas criminales.
Ante ese escenario, el extinto sociólogo Carlos Dore Cabral publicó su recordado artículo “Antes y después de Hatillo Palma”, una llamada de atención sobre los riesgos de permitir que el miedo y el prejuicio sustituyan a la justicia. Su reflexión sigue siendo pertinente: cuando una sociedad normaliza reacciones colectivas frente al crimen, erosiona sus propios cimientos democráticos.
Hatillo Palma no es solo un episodio del pasado; es una advertencia.
La bomba de tiempo
Veintiún años después, la República Dominicana, con una sólida reputación turística y de hospitalidad, no puede permitirse lo anunciado contra haitianos en Los Mina, que debe entenderse como lo que realmente es: un peligroso regreso al pasado. Si se acepta que grupos organizados impongan “orden” contra una comunidad específica, mañana esa misma lógica podría dirigirse contra chinos, venezolanos, estadounidenses o cualquier otro grupo percibido como diferente.
La intolerancia crece cuando se siente impune y avanza cuando percibe debilidad institucional.
Por eso la República Dominicana debe tomar muy en serio cualquier veleidad de ruptura del Estado de derecho. No hacerlo sería jugar con una bomba de tiempo.
Una sola ruta legítima
En el más allá, Stephora y Nauriel colocan a la sociedad dominicana ante una prueba moral:
* Exigir investigaciones serias y transparentes.
* Sancionar a los responsables, no castigar comunidades.
* Cerrar el paso a quienes promueven “cacerías”.
* Proteger la convivencia en la isla.
En el caso de Los Mina, si permitimos que la ley sea reemplazada por el odio, nadie estará realmente seguro.
En este Día del Amor y la Amistad, recordemos que la historia de la isla no solo ha estado marcada por conflictos, sino también por la solidaridad cotidiana entre dominicanos y haitianos.
Preservemos esos altos sentimientos entre nuestros dos pueblos.
Llame hoy a un amigo haitiano o dominicano. Felicítelo. Reafirme ese vínculo humano que ninguna tragedia debería romper.
Porque la convivencia no se decreta desde los discursos: se construye cada día, gesto a gesto.