Santiago.- Una mujer fue apresada luego de que esta ocasionara quemaduras de segundo grado en el pene de su ex pareja, en medio de una discusión por celos.

Dionisia Jiménez Abreu, (Ani), de 36 años, le vació un caldero con agua caliente a Amaury Gabriel Gómez ocasionándole heridas de profundidad incluyendo sus genitales, en un hecho registrado en Santiago.

El hombre tiene quemaduras de segundo grado superficial y profunda en un 35% de su superficie corporal, tanto en el abdomen, tórax, genitales y glúteo.

Se espera que le conozcan medida cautelar a la agresora quien según versiones no ha mostrado ningún tipo de arrepentimiento por lo sucedido

Santo Domingo.- La ex jueza Miriam Germán Brito deploró la manera «atropellante» con la que los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) supuetamente tratan a la defensa en el caso Odebrecht.

“A veces siento que este proceso está siendo llevado de una forma que si llega el momento de acudir al Tribunal Constitucional los defensores no va a tener que hacer grandes esfuerzos para demostrar asuntos que implican violaciones al derecho de defensa y en general al debido proceso, así como también a la imparcialidad”, dijo quien fuera magistrada de más de 30 años en diferentes instancias, incluida la presidencia de la Cámara Penal de la SCJ.

El proceder de los jueces no debe dar lugar a que parezca que existe un designio predeterminado de condena tomado en instancias ajenas al proceso, no debe dar lugar a que se piense que ya la sentencia se escribió, dijo Germán Brito en un artículo que publica el periódico digital Acento y que reproducimos a continuación.

Por el buen nombre de los jueces

“A pesar de haber sido desvinculada del sistema de justicia de mala manera y en violación a las reglas establecidas, aun no me desprendo del amor que siento por la función judicial.

Y aunque se atribuya lo que digo a afectos y colindancias lo cierto es que me preocupa el bienestar del sistema.

Creo que un juez no puede tener frente a los procesados una mirada de adversario que exprese en su actitud y en su trato, un juez debe ponderar, escuchar pero no con la actitud de que más que lo que escuche esté pensando en la respuesta negativa que va a dar.

Debe el que juzga no dejar traslucir la ira, este sentimiento es impropio de un tercero imparcial, es necesario mantener el orden, pero no uno que refleje un irreflexivo autoritarismo.

Los prejuicios no son ajenos a la condición humana, todos en una u otra manera los tenemos, pero el que juzga debe incluso mantenerse en guardia frente a estos, porque no las conoce el justiciable, que se puede defender de lo que le expresen, pero no de los prejuicios porque no los conoce.

La vida, la reputación, el sentido del honor de un juez no termina en un proceso, lo sigue en toda su carrera, sea esta corta o dilatada, no puede una persona apostar estos valores en pos de una sentencia sobre todo si esta es producto de un proceso llevado con inadecuadas prisas.

Me asombró y me preocupo que cinco personas recusadas y por tanto inhabilitadas, mientras no se decidiera su recusación, participaran en decidir acerca de la de otro juez, cuando se tenía la posibilidad de recurrir a jueces de Corte y completar el quorum sin los recusados.

En un colegiado los miembros no tienen la obligación de coincidir con todas las pretensiones y criterios del presidente, creo que su obligación su deber de lealtad incluye, no el decir lo que el otro quiere oír, la lealtad pasa por si algo les parece inconveniente señalárselo con respeto, la incondicionalidad, no es amiga de nadie.

No es adecuado que los defensores pretendan conducir el proceso, no es ese su papel; pero tampoco es el del juez querer que tengan un limitadísimo espacio para ejercer su labor y que más o menos les arrincone o enjaule; un proceso no es una carrera contra el tiempo.

El juez no debe olvidar que tiene en sus manos libertades y honras y que por grave que sea la acusación se trata de presuntos inocentes.

El proceder de los jueces no debe dar lugar a que parezca que existe un designio predeterminado de condena tomado en instancias ajenas al proceso, no debe dar lugar a que se piense que ya la sentencia se escribió. Y que los defensores por bien que argumenten, por profundo que sea su conocimiento de las normas no son más que tristes ícaros en pos del sol que impaciente los espera.

Supongamos que la investigación en un proceso haya sido llevada de una forma selectiva y estigmatizante, eso está mal, pero que continúe en la etapa intermedia con interpretaciones sesgadas de normas claras, si a eso le añadimos retroactividades no procedentes también está mal, pero si a eso se le agrega la conducción del juicio de fondo de una manera que si no es atropellante se le parece mucho, es lo peor que puede suceder sobretodo en un proceso en instancia única, esta circunstancia hace más grave los errores que puedan cometerse especialmente todos aquellos que implican una lesión a las cuestiones del debido proceso. A veces siento que este proceso está siendo llevado de una forma que si llega el momento de acudir al Tribunal Constitucional los defensores no va a tener que hacer grandes esfuerzos para demostrar asuntos que implican violaciones al derecho de defensa y en general al debido proceso, así como también a la imparcialidad.

Me resulta un poco amargo decir esto, conozco en lo personal y desde hace mucho tiempo al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, hubo un tiempo en el que trabajamos juntos, solo lo he visto una vez después que asumió su cargo y recibí de su parte el trato amable y considerado que dispensaba a todas las personas, sin un asomo de arrogancia. Me duele verlo en su función de Presidente de la Suprema Corte de Justicia, casi siento que desconozco a ese hombre de trato ríspido y talante autoritario, casi rebasando el limite necesario para mantener el orden.

La manera de producir una decisión que sea respetable y que deje en buen lugar el nombre de los jueces que la dictaron pasa por el respeto a las garantías.

No hay otro sendero que no sea este”.

San Juan de la Maguana.- Un recluso de la cárcel pública del municipio de San Juan de la Maguana, denunció que fue torturado y quemado con aceite caliente por órdenes del Alcaide ese recinto penitenciario.

En un video y un audio enviado a la redacción de Las Calientes del Sur, el interno Jefferson Cabral Guzmán, manifestó que fue esposado, golpeado brutalmente y luego quemado con un aceite caliente.

Jefferson Cabral Guzmán, lleva 11 años privado de libertad en la cárcel de San Juan de la Maguana. Está condenado a 30 años por homicidio.

Según supo este espacio de noticias, los recluso de la cárcel pública de San Juan de la Maguana, son sometidos a brutales maltratos, pero son amenazados de muerte para que no hablen sobre lo que ocurre en dicha cárcel.

Se espera que en las próximas horas la Dirección General de Prisiones realice una profunda investigación sobre la denuncia que hace el joven Jefferson Cabral Guzmán, sobre las supuestas torturas a que son sometidos los reclusos de la cárcel pública de San Juan de la Maguana.

Tomado de El Fogón de San Juan

Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República (PGR) informó que dio inicio al programa de formación para la persecución de los delitos electorales con el taller “Rol del Ministerio Público en la implementación de las nuevas leyes electorales”, dirigido  inicialmente a más de 50 procuradores fiscales del país.

En un comunicado divulgado por el órgano de justicia, explica que sobre las fiscalías recae la responsabilidad de investigar y perseguir los crímenes y delitos electorales en sus respectivos departamentos judiciales, por lo que dijo que cientos de fiscales estarán siendo debidamente entrenados para enfrentar dichos delitos con efectividad y garantizar que se cumpla con lo establecido en la ley.

Resaltó la PGR con relación a la jornada de capacitación, que se trata de un amplio programa que está a cargo de la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP) y que en adición al primer taller impartido el pasado sábado, incluye un Diplomado en Derecho Penal Electoral, así como múltiples talleres y seminarios, entre otras actividades docentes.

En ese orden, destacó que el programa está orientado a reforzar la formación de los fiscales, proporcionándoles las herramientas necesarias para que puedan desempeñar su función con eficiencia, procediendo con el correcto abordaje y tratamiento a los casos.

Detalló que durante la capacitación serán abordados temas sobre la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y sobre la Ley Orgánica de Régimen Electoral (No. 15-19), entre ellos, relativos a las normas estatutarias, la precampaña electoral y registro de candidaturas, patrimonio, financiamiento y disolución, así como también sobre las autoridades y órganos electorales, la identidad y el registro electoral, las elecciones, el período de campaña electoral, el libre ejercicio del derecho a elegir y sobre el régimen sancionador.

La capacitación además incluye un ciclo de módulos o conferencias especializadas, donde se abordarán los temas, Fiscalías, Procuraduría Especializada y delitos electorales, jurisdicción y nuevo Derecho Penal Electoral,   Ministerio Público y delitos electorales de alta tecnología y análisis de casos de la jurisprudencia constitucional vinculante sobre precedentes fundados en la violación a tipos penales electorales.

Destacó que los docentes que estarán a cargo de los programas de formación son reconocidos juristas especialistas en temas electorales, entre ellos, el jurista y politólogo Trajano Vidal Potentini, Dennys Díaz, del Tribunal Superior Electoral, y Marcos Cruz, asesor técnico legal de la Cámara de Diputados.

Explicó que el programa de formación se imparte en la sede de la ENMP y adelantó que se extenderá en una primera fase hasta el primer trimestre del próximo año 2020 con cientos de fiscales capacitados y que posteriormente pasará a formar parte de los planes de formación continua de esa institución académica.

La PGR destacó que en la actual gestión del Ministerio Público se trabaja de manera permanente en la capacitación del recurso humano para combatir con eficacia los delitos y garantizar la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía, resaltando que como evidencia de esas significativas mejoras, de 2,400 capacitados en el año 2016, para este año 2019 se superarán los 7,000 miembros del Ministerio Público capacitados.