Por Enrique Ojito Linares

La Habana.- Cuando hoy la Ley Helms-Burton intenta poner de moda las reclamaciones por las propiedades estadounidenses nacionalizadas en Cuba, los argumentos desnudan al verdadero deudor.

El hombre mordió el tabaco a medio fumar y lanzó un escupitajo maloliente sobre la hierba. De pie, frente a todos en el escampado, el miliciano Roberto Gutiérrez Rodríguez con la soga al cuello, sostenida en cada extremo por un bandido.

A esa hora del 7 de septiembre de 1963, las auras ya merodeaban este pedazo de Rolletico, en Jatibonico. En la noche del día 5, Roberto había ido a visitar a la novia en la finca La Salida, Taguasco, donde también vivían el joven maestro y su numerosa familia, y de regreso a casa, le cortó el paso la banda terrorista de Juan Alberto Martínez Andrade, a la cual confundió con milicianos, al punto de enseñarles el documento que lo acreditaba como militante de la Unión de Jóvenes Comunistas.

—Estás equivocado. Estás tratando con el Ejército de Liberación Nacional, le advirtió Martínez Andrade.

La aclaración marcaría la sentencia de muerte para Gutiérrez Rodríguez, cuyos restos fueron encontrados debajo de un plantón de caña 12 meses después, y a ello contribuyó uno de los miembros del grupo contrarrevolucionario participante en el crimen, como recuerda Nelson Barrios Castillo, de la directiva de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en el municipio de Taguasco.

Este suceso no aconteció de modo aislado en Sancti Spíritus ni en Cuba, en sentido general, como resultado de la actuación de las bandas, aprobadas y financiadas por el gobierno de Estados Unidos y, en particular, por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) casi desde el mismo triunfo de la Revolución el primero de enero de 1959.

Expertos del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado sostienen que 196 personas fueron asesinadas por esas agrupaciones y más de 70 resultaron heridas en actos terroristas, sin incluir a los combatientes y milicianos que murieron en los enfrentamientos contra estas.

Contrapunteo legal

Desde que la administración de Donald Trump activó el Título III de la Ley Helms-Burton el 2 de mayo pasado, la pregunta volvió sobre el tapete: por fin, ¿quién le debe a quién? Alharaca mediática de por medio, las autoridades norteamericanas justifican la aplicación total de este apartado debido a la no indemnización por el gobierno cubano a las entidades y a los ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades resultaron nacionalizadas en un acto de soberanía.

Cuba no irrespetó el Derecho Internacional, como sí lo hace ahora la Casa Blanca, que en los años 60 no aceptó la propuesta de compensación de la isla, quizás por la esperanza de Washington de colonizar otra vez el país caribeño.

En virtud de la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas, suscrita por la Asamblea Nacional del Poder Popular en 1996, Cuba ha estado dispuesta a entrar en un proceso de negociación con el gobierno norteño en la búsqueda de un acuerdo en la suma total para indemnizar a los antiguos demandantes, reconocidos por la Comisión de Ajuste de Reclamaciones Extranjeras de los Estados Unidos a inicios de los años 70 del siglo anterior.

Sin embargo, esta legislación cubana, que declaró ilícita, inaplicable y sin valor ni efecto jurídico alguno la Helms-Burton, a seguidas deja por sentado lo obvio: las reclamaciones “deberán ser examinadas conjuntamente con las indemnizaciones a que el Estado y el pueblo cubanos tienen derecho, con motivo de los daños y perjuicios causados por el bloqueo y las agresiones de todo tipo, cuya responsabilidad corresponde al gobierno de los Estados Unidos de América”.

Si bien la vida es invaluable, en 1999 la Sala Segunda de lo Civil y lo Administrativo, del Tribunal Provincial Popular (TPP) de Ciudad de La Habana, dio curso a un proceso judicial sin antecedentes en el mundo y falló “Con lugar” la demanda interpuesta contra el gobierno de EE.UU., condenado a una reparación económica a Cuba por daños humanos ascendente a 181 100 millones de dólares, debido a lamuerte de 3 478 personas, a la discapacidad física ilícitamente quebrantada de otras 2 099 y a la indemnización de perjuicios, como retribución de las prestaciones que ha tenido que asumir la sociedad cubana y demás ingresos dejados de percibir por víctimas y familiares.

Trasfondo humano

Julio de 1999. Sala del Pleno del antiguo Tribunal Supremo de Justicia, hoy Palacio de la Revolución, en La Habana. Frente a Bartolo Romero Rojas, los jueces vestidos de impecable toga negra. Viene a atestiguar sobre un crimen que lleva atragantado entre pecho y espalda, cometido contra su familia el 2 de julio de 1962 por la banda de Julio Emilio Carretero en San José de Altamira, Escambray adentro.

—¿Dónde está el Peliblanco?, vociferó uno de los bandidos al irrumpir en la vivienda aquella noche.

Ya fuera de la casa, entre patadas y culatazos…

—Sí, chico, yo soy Eustaquio Polo Romero y que viva Fidel Castro.

Ráfagas de disparos. Para rematar a Eustaquio, apodado el Peliblanco, le clavaron una bayoneta en el cuello. Cerca, acribillaron a quemarropa a José Pío Romero Rojas y a Ana, hermana de este.

A Pastora, la esposa de Pío, y a sus hijas Teodora y Paula, también las golpearon salvajemente.“(…) a mi papá se le vio salir la candela por la espalda”, testimoniaría esta última años después. Bartolo escapó por una ventana en busca de ayuda. De retorno a casa la mañana siguiente —según declaró a Escambray años atrás—, un vecino lo alertó: “Óyeme, tienes que ser fuerte”.

El catálogo sangriento de las bandas terroristas en Sancti Spíritus no solo incluyó el crimen de la familia Romero y el de Roberto Gutiérrez. El 5 de enero de 1961 fueron asesinados en Las Tinajitas, San Ambrosio, Trinidad, el maestro Conrado Benítez y el campesino Heliodoro Rodríguez (Erineo), y el 26 de noviembre de ese propio año el alfabetizador Manuel Ascunce y Pedro Lantigua en Limones Cantero, en el municipio trinitario.

Un día antes a este último hecho, ultimaron al campesino Ricardo Díaz Rodríguez en presencia de su esposa y sus tres pequeños hijos, en Trinidad. El 21 de julio, también de 1961, la banda de Carretero atacó la cooperativa Patricio Lumumba, en Magua, en el Escambray, y provocó la muerte de Fidel Claro Álvarez y su esposa María Caridad Luis Perera e hirió a dos niños.

El 8 de enero de 1963, otro grupo terroristas mató a dos personas y le causó heridas al niño Teodoro Ramos en la finca El Corojal, en Manaca Iznaga; en tanto, el 21 de julio del propio año una banda asesinó a Fidel Navarro Mora y a su hijo Rubén Navarro Jaime en la finca El Güije, Río Ay, en Trinidad.

Entre 1959 y 1965 operaron en Cuba 299 bandas contrarrevolucionarias (totalizaron más de 4 300 alzados), respaldadas desde los campamentos de la CIA en la Florida y la Base Naval de Guantánamo. La Revolución, bajo el liderazgo del Comandante en Jefe Fidel Castro,aniquiló dichas agrupaciones aun alto costo en vidas: 618 combatientes y milicianos murieron en los enfrentamientos, han suscrito fuentes del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado.

(Tomado de Escambray)

Moscú, 20 jun (Prensa Latina) Rusia defendió hoy la ley destinada a garantizar el funcionamiento de la internet en Rusia, con independencia de factores externos, y rechazó los intentos de manipular legislaciones para evitar la crítica.

Al referirse a la necesidad de un sistema nacional que permita el funcionamiento de la red de redes, Putin retomó el ejemplo de la empresa china Huawei y las medidas aplicadas por Washington para limitar su acceso a Androide y otros programas.

Claro está, no creo que Estados Unidos se atreva a apagar los servidores de internet para limitar ese servicio en el orbe, pues a ellos también los perjudicaría, pero si pueden imponer limitaciones como hicieron con Huawei, afirmó el estadista.

Para mantener nuestra propia seguridad fue que se aprobó la ley sobre la llamada Runet, comentó el jefe de Estado ruso, en respuesta a una pregunta de un bloguero en el programa ‘Línea directa’, donde llegan inquietudes de Rusia y fuera del país.

El mandatario ruso defendió otra ley sobre el castigo por atentar contra los símbolos nacionales como el escudo o la bandera, algo que, afirmó, se penaliza en Europa con periodos carcelarios.

Pero aclaró que de ninguna forma la ley puede dar pie a manipulaciones o interpretaciones negativas a ningún nivel de las autoridades de tal forma que alguien pueda ser castigado por criticar al Gobierno.

En referencia a una iniciativa de ley sobre las fake news (noticias falsas), el mandatario consideró tal propuesta como algo posible, pues en la red de redes aparecen muchas informaciones que luego son dadas como algo verídico.

Además, Putin recordó los casos cuando se hacen llamadas con alarma falsa de explosivos, lo cual obliga a evacuar medios de transporte o fábricas, con las consecuentes pérdidas. Eso sería necesario evitarlo, comentó el estadista.