Por Belval Bivensley Juvento
La victoria por 4-1 de los Grenadiers frente a la República Dominicana, el 1 de octubre en el estadio Félix Sánchez de Santo Domingo, sigue generando consecuencias que trascienden ampliamente el ámbito deportivo. Tras el encuentro, el ministro dominicano de Deportes, Kelvin Cruz, anunció la prohibición de que la selección haitiana utilizara las instalaciones deportivas dominicanas.
Ese anuncio, presentado como respuesta a los incidentes ocurridos en los accesos al estadio, plantea sin embargo, una cuestión importante: ¿hasta dónde puede llegar una decisión gubernamental cuando afecta a una competición internacional regida por la Concacaf? (Diario Libre)
En primer lugar, cabe señalar una distinción esencial. El 1 de octubre, Haití no era el equipo organizador: los Grenadiers actuaban como visitantes, mientras que República Dominicana era la asociación anfitriona del encuentro.
El Reglamento de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027 establece que la asociación miembro anfitriona debe colaborar con la Concacaf para organizar y llevar a cabo el partido, así como para gestionar su seguridad (art. 2.1). Asimismo, le asigna la responsabilidad de garantizar, planificar y ejecutar las medidas de orden y seguridad en los estadios, en coordinación con las autoridades locales (art. 2.5.1). La gestión de las entradas para los partidos en cuestión también corresponde a la asociación anfitriona (art. 20.1), siempre respetando los requisitos de seguridad.
Esto no significa, obviamente, que los aficionados o los miembros de una delegación visitante estén exentos de cumplir las normas.
El mismo reglamento hace a cada asociación participante responsable de la conducta de los miembros de su delegación y establece obligaciones de comportamiento, así como mecanismos disciplinarios.
En caso de infracción, el Comité de Disciplina de la Concacaf es, en particular, el órgano competente para examinar los hechos e imponer diversas sanciones según su gravedad. Estas pueden abarcar desde una advertencia o una multa hasta sanciones deportivas más severas. Para las personas jurídicas, los Estatutos de la Concacaf contemplan medidas como jugar a puerta cerrada, disputar partidos en terreno neutral, la prohibición de utilizar un estadio específico, la anulación de resultados, la derrota por incomparecencia, la deducción de puntos o incluso la exclusión.
¿Puede una autoridad gubernamental decidir…?
Por tanto, cabe plantear la cuestión con cautela: ¿puede una autoridad gubernamental decidir por sí sola modificar las condiciones de acogida de una selección en una competición internacional sin tener en cuenta el marco de la Concacaf?
Los Estatutos de la Confederación establecen que las asociaciones miembras se comprometen a respetar los reglamentos y decisiones de la Concacaf y de sus órganos, mientras que la imposición de sanciones disciplinarias corresponde a las instancias (de la Concacaf) competentes.
En determinadas circunstancias, una asociación miembra puede incluso ser objeto de suspensión, especialmente cuando la intervención de autoridades gubernamentales compromete sus obligaciones estatutarias o el correcto desarrollo de las competiciones.
Sin embargo, el 3 de octubre surgió una precisión importante: tras su anuncio inicial, Kelvin Cruz habría aclarado que la restricción afectaba a la posibilidad de que Haití utilizara República Dominicana como país anfitrión para sus partidos como local, y no necesariamente a que Haití jugara en República Dominicana en calidad de visitante. Esta aclaración modifica considerablemente el alcance del debate, aunque las informaciones publicadas al respecto siguen siendo contradictorias y quedan pendientes de confirmación mediante una decisión oficial por escrito. (RC Noticias)
Así pues, el asunto trasciende ya la polémica surgida a raíz del partido del 1 de octubre. Haití, obligado desde hace varios años a disputar sus partidos como local en el extranjero por motivos de seguridad, ya ha tenido que buscar soluciones fuera de su territorio, concretamente en el Caribe. En este contexto, la posibilidad de utilizar puntualmente un estadio dominicano plantea un verdadero desafío deportivo y logístico.
La cuestión final es, por tanto, menos política que reglamentaria: entre las decisiones de un gobierno, las responsabilidades de la asociación anfitriona y los reglamentos de la Concacaf y de la FIFA, ¿quién tendrá la última palabra sobre las condiciones en las que la selección haitiana podrá jugar en República Dominicana?
Y, sobre todo, en un hipotético próximo enfrentamiento en el que República Dominicana volviera a acoger a los Grenadiers, ¿podrá el principio de partido en casa verse realmente cuestionado por una decisión nacional, o deberá resolverse en el marco de las competiciones y los organismos del fútbol internacional?
