Por Teonilda Gómez
Nagua.- La Asamblea Regional Nordeste de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de República Dominicana (CNDH-RD) decidió el inicio de actividades en contra de la privatización de las playas en todo el territorio nacional en el entendido de que constituyen un patrimonio público.
Los delegados de las distintas provincias de la región expusieron una situación que consideraron bochornosa, toda vez que ha sido permitida por los gobiernos pese a constituir una violación de la Constitución. Fue resaltada en particular el caso de varias playas en el litoral de Samaná.
La legislación dominicana establece que las playas forman parte del dominio público del Estado, por lo que ninguna persona, empresa o complejo turístico puede atribuirse su propiedad. No obstante, ese derecho convive con la protección constitucional de la propiedad privada, lo que implica ciertas limitaciones en la forma de acceder al litoral.
El fundamento principal se encuentra en el artículo 15 de la Constitución, que reconoce como bienes de dominio público los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales, garantizando su libre acceso, siempre que se respete el derecho de propiedad.
A este marco se suma la Ley 305-68, que crea una franja marítimo-terrestre de 60 metros contados desde la línea de pleamar. Dentro de esa zona, las construcciones permanentes están prohibidas, salvo aquellas autorizadas por el Estado por razones de interés público o para proyectos turísticos. El propósito de esta disposición es preservar el litoral y asegurar que la población pueda acceder a las playas.
También otras demandas
La Asamblea Regional Nordeste de la CNDH-RD, realizada en el recinto de la Universidad Autónoma en Cotuí, también determinó apoyar la familia del asesinado Juan Hernández, un hecho ocurrido en el escenario de las luchas contra la minera Barrick Gold, en Cotuí.
Asimismo, trabajar por la construcción del Poder Social, exigir y luchar por seguridad social y «apoyar el programa rectificación actas estado Civil.
De igual manera, apoyar la lucha contra la Presa Cola, en Cotui; por la presa Rincón; y demandar del gobierno implementar políticas publicas en favor de la juventud.
