Por Juan TH
La lucha de la humanidad por el establecimiento de leyes que garanticen el respeto de un conjunto de normas y procedimientos que permitan la formación de una sociedad organizada, es tan vieja como la humanidad misma posterior al nacimiento de la propiedad privada.
Desde entonces, hasta nuestros días, las leyes han tenido un carácter de clases. Desde el surgimiento del Código de Hammurabi, de aproximadamente 1750 a. C. Le siguen otros igualmente memorables, como el Código Justiniano y el Napoleónico, sin olvidar, por supuesto, los Diez Mandamientos bíblicos que no fueron más que un ordenamiento ético y moral, el Código Tang, que se aplicó en China, 650 años antes de Cristo, muy avanzado para la época, entre otros a lo largo y ancho del planeta en diferentes etapas de la historia.
En el Manifiesto Comunista de 1848 escrito por Karl Marx y Friedrich Engels se establece, como un principio fundamental, que “la historia de la humanidad no es más que la historia de la lucha de clases”, por el control del Estado y sus instituciones, incluyendo los poderes fácticos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, las Iglesias y los medios de comunicación, etc.
En nuestro país, al igual que en los demás países de la región y del mundo, la lucha por el establecimiento de un régimen que respete los derechos humanos no deja de ser una lucha de clases en perjuicio de los indígenas, obreros, campesinos y miembros de la clase media, cuyos miembros han sido apresados, torturados, desaparecidos o asesinados.
Las dictaduras fascistas han dejado secuelas imborrables en todos los países. Pero las protestas populares no han desaparecido. Por el contrario, la lucha ha sido permanente hasta alcanzar gobiernos “democráticos” donde se respeta la Constitución y las Leyes; como es el caso nuestro, que después de una accidentada historia de más de 200 años, entre dictaduras y gobiernos no autoritarios, hemos llegado al 2026 con un gobierno auténticamente democrático como el del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que encabeza Luis Abinader.
Sin embargo, la herencia nefasta del dictador Rafael Leónidas Trujillo, y del mas conspicuo de sus seguidores, Joaquín Balaguer, quien fuera presidente títere y que gobernó a sangre y fuego durante 12 sangrientos años, aún se mantiene en diferentes sectores políticos de la sociedad dominicana. La figura del “jefe”, del “autoritarismo”, que de “el civil no es gente”, que impregnó, aún se mantienen a pesar de los denodados esfuerzos del presidente Abinader por depurar y transformar la Policía y las Fuerzas Armadas.
El Código Penal Dominicano tiene su origen en la adopción del Código Penal francés durante la ocupación haitiana y posteriormente fue adaptado por la República Dominicana. Ha sufrido algunas modificaciones a lo largo del tiempo. Ha rodado de un lado a otro en las últimas décadas hasta que por fin fue aprobado por el Congreso con un año de vacaciones durante el cual debió ser corregido y ampliado. Nadie o muy pocos lo estudiaron profundamente hasta que llegó la fecha límite. Fue entonces cuando todos se hicieron abogados constitucionalistas expertos y comenzaron a opinar y proponer, muchas veces de manera absurda. (El dominicano todo lo deja para el último día, como sucede con los impuestos, el marbete, la cédula, licencia, etc.)
Aún hay funcionarios, empresarios, fiscales y hasta jueces, que desafían la Constitución y las Leyes, que no acaban de entender que nadie, siquiera el presidente de la República está por encima de la ley, que Dura Lex, Sed Lex, que la ley es dura, pero es la ley.
Muchos quieren que la ley sea la ley, pero para “los “ellos»: políticos, empresarios, incluso funcionarios, no importa su nivel en el Estado. No entienden que, como dijera el cantautor argentino Alberto Cortez, que ellos son, “demás de los demás”, que la ¡Ley es dura, pero es la Ley, no para los de abajo, sino también para los de arriba no importa su estatura política, empresarial, civil o militar! ¡Dura Lex, Sed Lex!
