Santo Domingo– El activista haitiano y defensor de derechos humanos Roudy Joseph denunció, en una entrevista concedida al diario español El País reseñada en Santo Domingo por el periódico Listín Diario, que en la República Dominicana «existe un estado de excepción de facto», señalando que las garantías fundamentales para las personas de origen haitiano han sido suspendidas en la práctica a través de allanamientos sin orden judicial y deportaciones colectivas.
Desde Madrid, donde se encuentra acogido al programa de protección a defensores de Amnistía Internacional España, Joseph expuso durante la entrevista los hallazgos del informe Deportaciones masivas y Estado de excepción en la República Dominicana (2021–2025).
El documento, coordinado por el activista, registra más de un millón de deportaciones en cinco años bajo un esquema que describe como de perfilamiento racial.
Esta cifra de expulsiones duplica el tamaño estimado de la población haitiana en el país.
Según detalló Joseph al medio, esto responde a un sistema que deporta reiteradamente a las mismas personas sin el debido proceso ni registros fiables.
«Muchas regresan porque su vida está en República Dominicana: trabajan, tienen familias, han construido redes», explicó el portavoz del Colectivo HaitianosRD, quien agregó que la situación convierte la vida cotidiana en «una experiencia atravesada por el miedo» y constituye una «caza de seres humanos».
Al analizar la meta gubernamental de ejecutar 10,000 deportaciones semanales, advirtió que el plan de expulsar a 520,000 personas en un año —aproximadamente el 94 % de la comunidad haitiana— no es una medida administrativa, sino un «proyecto político de reconfiguración demográfica».
Aseguró al diario que este plan resulta mucho más ambicioso que las propuestas de deportación masiva en Estados Unidos y conlleva la amenaza implícita de una limpieza étnica.
La «retórica oficial», afirmó, se sustenta en la construcción del muro fronterizo y en el uso por parte del presidente Luis Abinader de la expresión «invasión haitiana», lo cual activa imaginarios racistas que reconfiguran la migración como una amenaza existencial.
Joseph contrastó el discurso que presenta a los migrantes como una «carga económica» con la realidad de que esta mano de obra sostiene sectores clave como la construcción, la agricultura y el turismo. Calificó esta contradicción como la «normalización del trabajo forzoso y la semiesclavitud».
El activista recordó el impacto de la sentencia de 2013, que privó de su nacionalidad a miles de personas. Enmarcó esta situación de apatridia prolongada dentro de un proyecto de «etnoestado» dirigido a desnacionalizar a personas en función de su origen e identidad racial.
Asimismo, criticó que la Procuraduría General de la República no actúe contra los grupos que definió como «paramilitares neonazis», quienes amenazan de muerte a los activistas. Mencionó como ejemplo el ataque con armas de fuego, palos y piedras ejecutado por la Antigua Orden Dominicana durante una marcha pacífica el 27 de abril de 2025.
Joseph citó el allanamiento militar a la sede del Movimiento de Mujeres Domínico Haitianas (MUDHA) y la detención de Franklin Dinol, dirigente del Movimiento Reconoci.do, como evidencias de la persecución hacia quienes cuestionan el orden establecido.
