Por Ephraim Alburquerque
El acuerdo firmado por Maxi Gerardo Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina, con el Ministerio Público, confirma lo que el pueblo dominicano sabía desde hace tiempo: el PLD convirtió al Estado en una finca privada donde familiares, amigos y compadres se repartieron las riquezas de la nación con descaro y sin pudor.
El PLD tiembla porque sabe que esto no es un simple caso judicial: es la tumba política de un partido que traicionó la confianza de un pueblo y que hoy pretende, sin vergüenza, volver a pedir el voto. Quienes no tuvieron “vela en ese entierro” también cargan ahora con la cruz de un legado corrupto que amenaza con arrastrarlos al abismo. De ahí el éxodo hacia la Fuerza del Pueblo, donde llegarán tarde, buscando refugio, pero apenas alcanzarán sobras.
Y como si las desgracias fueran pocas, la auditoría a Punta Catalina desnuda otro capítulo vergonzoso: más de RD$21,000 millones entregados a contratistas sin soportes ni documentación. ¡Veintiún mil millones! Una suma monstruosa que salió de los bolsillos de los dominicanos y terminó en manos de quién sabe quién. Ese dinero hoy falta en hospitales sin medicinas, en escuelas en ruinas, en barrios sin agua ni energía. ¿Dónde están los responsables? ¿Quién responde por este asalto a la nación?
El PLD se pudrió en el poder. Su nombre quedará marcado como sinónimo de corrupción, de impunidad, de saqueo institucionalizado. Pretender ahora maquillar esa historia es una ofensa a la memoria de un pueblo que cargó con el costo de su codicia.
La República Dominicana no puede seguir siendo rehén de políticos que entienden el gobierno como un negocio familiar. La justicia debe actuar sin contemplaciones, caiga quien caiga. Y el pueblo, en su conciencia, debe recordar que detrás de cada escándalo, de cada cifra robada, hay hambre, pobreza y atraso.
El PLD se cavó su propia tumba. Lo que falta es que la justicia y la sociedad dominicana se aseguren de que no pueda salir de ella.
