Santo Domingo.- Representantes de Cotuí piquetearon nueva vez a la empresa extractivista Barrick Gold, ahora frente a su sece central en el Distrito Nacional, para reclamar la reubicación de las comunidades ubicadas debajo de la Presa de Cola El Yagal.
La extracción de oro en la zona de Cotuí genera un aparente descuido de la mineras que, según múltiples estudios y testimonios, amenazan con la vida de cientos de familias residentes en el área, lo cual mantiene a sus residentes en pie de lucha desde hace alrededor de dos décadas.
Y, según la marcha de los acontecimientos, tanto el gobierno como la Barrick Gold, se presentan como los sordos frente a los reclamos y el deterioro de las condiciones ambientales que provocan enfermedades y mueres.
Reclaman que se les reubique
Los manifestantes también entienden que deben ser parados los planes de instalar una nueva presa de cola para almacenar más lodos tóxicos y que sean revisados y evaluados por especialistas independientes sus “supuestos estudios” de impacto ambiental para esos propósitos.
“Las comunidades La Piñita, La Cerca, La Laguna, Jurungo, Jobo Claro y El Naranjo, si no son reubicadas, están condenadas a muerte”, dijeron en un comunicado los voceros de las organizaciones que realizaron la manifestación en el Edificio Novo Centro, que alberga a la empresa minera.
Esas comunidades, según dijeron las entidades, viven un “drama de muerte” a consecuencia del “desastre ambiental y humano” que impone la explotación minera a cielo abierto que desarrolla la Barrick Gold en la provincia Sánchez Ramírez.
Sepultarían seis pueblos
Insistieron en “el peligro que amenaza con arrasar y sepultar las seis comunidades, de producirse cualquier colapso del actual relave de lodos tóxicos conocido como El Yagal, que almacena ya millones de toneladas de lodo tóxico del viejo embalse de relaves”.
En el documento se precisa que el gobierno y la minera han tenido que asumir la necesidad urgente de la reubicación de las comunidades. “Y ahora con mucho más urgencia cuando hablan de la ampliación de la explotación minera y de la instalación de un nuevo embalse de relaves tóxicos o nueva presa de cola”.
Denunciaron que además de abandonar a su propia suerte a las comunidades, se ha incumplido el compromiso y la promesa de su reubicación, después de que el gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas, “se comprometió a sanear la situación poblacional de la zona para responder posteriormente a la reubicación de las comunidades, con base en un estudio censal a cargo de una empresa independiente, que el propio gobierno financió”.
Según establecieron los voceros de las organizaciones, la empresa Barrick Gold viola la ley 6400 de medio ambiente. “Entra en conflicto con reglamentaciones y convenios internacionales que prohíben la existencia de comunidades en los perímetros correspondientes a las áreas de explotación”.
Esa empresa extranjera, precisaron, viola los derechos humanos, económicos, sociales y ambientales, “como estipulan los convenios relativos a las explotaciones mineras, tal como el Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria Minera”.
