Santo Domingo.- Para las organizaciones gestoras en el área de la cultura la recién aprobada ley de mecenazgo constituye un trascendente paso de avance, aunque le considera elitista y excluyente.
“Criticamos de manera enérgica la tendencia verticalista y antidemocrática definida en la estructura y forma de funcionamiento del Consejo de Mecenazgo”, dijeron en una rueda de prensa los voceros de la Fundación Cultural Cofradía, la Federación Dominicana de Arte y Cultura, la Fundación Teatro Popular Danzante y la Red Cultural.
Por tales razones, esa estructura “no da seguridad del conocimiento pleno del sector ni de la transparencia y objetividad en las asignaciones de los fondos para el desarrollo de proyectos culturales”.
Sugirieron como una necesidad que sean democratizados los mecanismos de participación en el Consejo de Mecenazgo, según refieren en un documento entregado en la ocasión y que a continuación reproducimos.
“La Fundación Cultural Cofradía, la Federación Dominicana de Arte y Cultura, la Fundación Teatro Popular Danzante y la Red Cultural validan y saludan públicamente la aprobación final de la Ley de Mecenazgo Cultural por parte del Congreso Nacional el pasado miércoles 28 de agosto, después de más de 7 años de debates y modificaciones entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
Entendemos que es una imperiosa necesidad para la sociedad dominicana la promulgación por el Poder Ejecutivo y la puesta en marcha de esta ley, cuyo objeto es el de establecer un régimen de fomento e incentivo a las iniciativas y aportes económicos y de otra índole de mecenazgo del sector privado, para contribuir al financiamiento de programas orientados al desarrollo cultural en el país. El Fondo Solidario de Apoyo a la Cultura se formará esencialmente a través de la aplicación a los donantes de un deducible de hasta dos punto cinco por ciento del impuesto sobre los ingresos netos al final de cada año fiscal.
Sin embargo, al mismo tiempo que celebramos su aprobación, criticamos de manera enérgica la tendencia verticalista y antidemocrática definida en la estructura y forma de funcionamiento del Consejo de Mecenazgo, el cual será el órgano rector de la Dirección de Mecenazgo que deberá ser creada. Allí, de forma inexplicable e inconsulta, se excluyó la participación de “dos representantes de las ONGs culturales de mayor representatividad nacional, a ser elegidos entre ellos”, como bien lo establecía el proyecto de ley y había sido consensuado con el sector; quedando así como una ley cultural sin participación del sector artístico-cultural que le da sustento.
De igual manera, fue excluida la representación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que como institución académica superior es la de mayores méritos, experiencias y resultados en el campo de las políticas culturales y relaciones con el sector desde hace más de cincuenta años. También se excluyó la Liga Municipal Dominicana, la cual debiera jugar un rol protagónico para la expansión de la dinámica sociocultural en todos los territorios y alcaldías del país, como lo establecen las políticas de desarrollo municipal. A ello se suma la exclusión de la diáspora como beneficiaria de los proyectos a ser aprobados e implementados bajo la cobertura de la ley.
Ante tales exclusiones, la Dirección General de Mecenazgo será una institución adscrita al Ministerio de Cultura, con una estructura elitista dirigida esencialmente por altos funcionarios gubernamentales, entre ellos los ministros de Hacienda, Cultura y la Presidencia y un representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada; lo cual no da seguridad del conocimiento pleno del sector ni de la transparencia y objetividad en las asignaciones de los fondos para el desarrollo de proyectos culturales.
Como expresión del movimiento cultural activo, con incidencia de trabajo a nivel nacional y más de 60 instituciones vinculantes, Cofradía, Funtepod, Fedoarcu y la Red Cultural vemos de manera positiva el espíritu pluralista establecido en la Ley de Mecenazgo respecto a la diversidad de sectores del arte y la cultura a ser beneficiados, incluyendo: la música, el teatro, la danza, el coleccionismo, el arte público, la plástica, los audiovisuales, la multimedia, el folclor, el patrimonio cultural, tangible e intangible, así el amplio complejo de tradiciones de las culturas populares existentes en los barrios y campos del país, base de nuestra identidad como pueblo. Por igual, enfatizamos el amplio campo de acciones definidos en sus objetivos, como son: la capacitación en gestión, gerencia y administración cultural, la investigación, la publicación y la divulgación artístico-cultural, producción de festivales y ferias culturales y el impulso de las industrias culturales y creativas.
Finalmente, apostamos a la elaboración de un reglamento funcional, inclusivo, participativo y democrático, acorde a lo establecido en el artículo 64 de la Constitución sobre los Derechos Culturales y a lo consensuado con el sector en la Estrategia Nacional de Desarrollo”.
