Barahona. – El candidato a la Alcaldía por la Alianza por el Rescate de Barahona (ARBA), Praede Olivero Féliz, reclamó del alcalde Noel Suberví Nin, que rinda un informe económico de los más de RD$1,700 millones que ha recibido en los 17 años que lleva en el cargo.
Olivero Féliz señaló que el alcalde tiene la obligación de rendir un informe sobre la forma que ha utilizado los ingresos recibidos del Presupuesto del Estado, tal como lo establece la Ley-176-07 en su artículo 246. Ese dispositivo se refiere a que “los servidores públicos de los municipios tienen la obligación de responder ante los ciudadanos por su trabajo, donde expliquen a la sociedad sus acciones y aceptar consecuentemente la responsabilidad de las mismas”.
El dirigente político señaló que con los recursos que ha manejado durante el periodo 2002-2019 Suberví Nin pudo haber resuelto el caos en el tránsito, construido aceras y contenes, asfaltar más de dos kilómetros de calles todos los meses, construido un matadero y un mercado público.
También, señalizado las calles, corregido el drenaje pluvial, colocado semáforos inteligentes, iluminar la ciudad, implementar un buen sistema de recogida de basura, dar mantenimiento a los parques y plazas públicas, apoyado los deportes, la educación, salud y la equidad de género.
Olivero Féliz reitero que la presente gestión municipal de Suberví Nin ha recibido del Presupuesto del Estado y de los proventos municipales más de RD$1,700 millones desde agosto de 2002 hasta agosto 2019, “sin que la población conozca dónde han sido invertidos esos recursos.
Incumple la ley
El aspirante a la Alcaldía por el ARBA manifestó que tampoco Suberví Nin cumple con la Ley 176-07 es su artículo 21, que establece cómo se destinan los fondos del Ayuntamiento que, a su entender, son “el 25% para gastos de personal, el 31% para realización de actividades, funcionamiento y mantenimiento ordinario de los servicios municipales”.
Además, al menos el 40% para obras de infraestructura, adquisición y modificación de inmuebles y bienes muebles, incluyendo gastos de preinversión e inversión para iniciativas de desarrollo económico local y social; y un 4% dedicado a programas educativos, género y salud.
Olivero Féliz recordó que la violación de este artículo es sancionado con penas de 2 a 5 años de prisión, con el pago de indemnizaciones.
