PARA LOS GENERALES MARCOS JIMENES, SOTO JIMÉNEZ, MARICHAL , EL HIJO DE WESSIN Y TODOS ESOS HÉROES NACIONALES QUE TRATAN DE LIMPIAR LA IMAGEN DE ASESINOS Y TRAIDORES. ¡Cuidado! Este documento ha hecho derramar ríos de lágrimas entre quienes lo han leído. Tengo años con el guardado y hoy me decidí a publicarlo completo, sin los análisis posteriores de los Comisionados. No lo lea si tiene algún trauma sentimental reciente o sufre de depresión.
DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA
ATROCIDADES EN LA GUERRA CIVIL DE 1965
INFORME DE LA COMISION DE ASISTENCIA TECNICA QUE ENVIO LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) A LA REPUBLICA DOMINICANA, INTEGRADA POR LOS SEÑORES DANIEL SCHWEITZER. ALFONZO QUIROZ Y JORGE AVENDAÑO.
CARTA DE FECHA II DE JULIO DE 1965 DIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS POR EL SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS
EDICIONES RENOVACION- APARTADO POSTAL No 650 SANTO DOMINGO. R. D. 1971
Tengo el honor de trasmitir a Vuestra Excelencia de conformidad con los términos del Artículo 54 de la Carta de las Naciones Unidas y para conocimiento del Consejo de Seguridad los siguientes documentos, recibidos, en el día de ayer, de parte de la Comisión de Asistencia Técnica integrada por los criminólogos Señor Daniel Schweitzer, Doctor Alfonso Quiroz y Doctor Jorge Avendaño:
1. Nota de fecha 7 de julio:
2. «Informe sobre atrocidades cometidas en Santo Domingo, R.D., cuyos anexos no se han publicado aún por tratarse principalmente de documentos relacionados con el desarrollo de los trabajos de la Comisión; y
3. «Inventario» de restos óseos y objetos que la Comisión ha depositado en las Oficinas de la Secretaría General en Santo Domingo.
Aprovecho la oportunidad etc.
Firmados José A. Mora Secretario General
Doc. 231 (español) 11 de julio 1965 Original en español.
El Secretario General de la Décima Reunión de Consultas de Ministros de Relaciones Exteriores saluda muy atentamente al señor Delegado Especial y tiene el honor de transmitirle, junto con la presente los siguientes documentos recibidos en el día de ayer, de parte de la Comisión de Asistencia Técnica, integrada por los criminólogos señor
Daniel Schweitzer, doctor Alfonso Quiroz y doctor Jorge Avendaño:
Señor Secretario General:
Con esta fecha hemos puesto término al Informe que adjuntamos sobre las atrocidades cometidas En Santo Domingo, República Dominicana.
Forma parte integrante de nuestro Informe, pero obra separado de él y a continuación de este, el protocolo de necropsias y exámenes médicos legales firmados por los Doctores Alfonso Quiroz Cuarón y Jorge Avendaño, que ilustran numerosas fotografías.
Como Anexos del Informe que emitimos, agregamos también diversos documentos que le sirven de complemento, y que hemos cuidado de ir señalando con números romanos a lo largo de su texto.
Finalmente, deseamos informarle que hemos creído del caso dejar en el Hospital Salvador Gautier de esta ciudad las ropas y objetos hallados junto con los cadáveres, cuyo detalle figura indicado en el Protocolo de Necropsias, a disposición de la Secretaría General, que se servirá disponer lo conveniente a su respecto, en el momento oportuno. En lo tocante a otros objetos, cápsulas, balas, efectos personales, restos óseos, etcétera, cuyo inventario detallado los acompaña, también los dejamos depositados en las Oficinas de la Secretaria General en ésta, para igual fin.
Agradecidos del honor y la confianza que se nos ha dispensado, aprovechamos la ocasión para saludar a usted con nuestra más distinguida consideración.
Jorge Avendaño Daniel Schueitzer Alfonso Quiroz Citarón
Señor Doctor
José A. Mora
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos El
Presente:
IMFORME SOBRE LAS ATROCIDADES COMETIDAS EN SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA PRESENTADA AL SEÑOR SECRETARIO DE LA OEA POR LA COMISIÓN DE ASISTENCIA TECNICA QUE INTEGRAN LOS SEÑORES DANIEL SCHWEITZER, DOCTOR ALFONSO QUIROZ Y DOCTOR JORGE AVENDAÑO.
1. Fue nombrada esta Comisión, con el fin de prestar asistencia técnica en el esclarecimiento de atrocidades que según insistente información, habrían ocurrido en las proximidades de Haras Nacionales, situado a poca distancia de Villa Mella en el camino que conduce a la prisión La Victoria, alrededor de 6 kilómetros hacia el Norte y a unos 20 kilómetros de la capital.
Aun cuando su cometido no se especificó con mayor precisión, fue subentendido que se concretaría a los hechos denunciados por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Dr. José A Mora y por el Representante del Secretario General de las Naciones Unidas en Santo Domingo, señor José Antonio Mayobre, que divulgaron en la Prensa universal los despachos de las Agencias informativas internacionales en cuanto fueron conocidos.
2.-La Comisión se constituyó en Santo Domingo el viernes 18 de junio de 1965 tomando inmediato contacto con los señores Mora, Mayobre y Manuel Bianchi, Presidente de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, quienes la proveyeron de los antecedentes que sobre su particular cometido, obraban en poder de ellos.
3.-Se adoptó un plan de trabajos, previas algunas diligencias preliminares preparatorias, que aseguraran el resultado de las actividades que debería emprender.
4.-Es así como la Comisión de Asistencia Técnica obtuvo elementos materiales y humanos, autorización para proceder a la exhumación y trasladar cadáveres hasta el recinto del Hospital Salvador Gautier, donde practicaría necropsias, y luego entregaría los restos humanos examinados, para su sepultación previas las tramitaciones administrativas indispensables. En varios casos, se logró identificar los restos, interviniendo en ello personal de la Procuraduría General de la República, y se entregaron a los deudos los cadáveres identificados, para que las familias los sepultaran.
5.- Los cadáveres se habrían enterrado en sitios contiguos al Río Yuca, debajo del puente, y algunos fueron encontrados sin dificultad el primer día de las búsquedas emprendidas.
Las informaciones precisas recibidas señalaban tres emplazamientos de tumbas colectivas, una bajo el puente (la única que se encontró) contenía cuatro cadáveres; otra junto al río, hacia arriba, habría contenido cinco cadáveres, pero se nos previno que la crecida de las aguas podía haberla removido. En efecto, el emplazamiento de esta tumba no se halló, si bien se recobraron flotando aguas abajo en el Río Yuca cuatro cadáveres más. La tercera tumba, con ocho cadáveres, en la margen derecha del mismo río hacia abajo, no fue posible encontrarla. Buscamos diversos lugares que parecían los de su ubicación, excavando en ellos sin rebultado. Una zanja abierta a lo largo de los posibles emplazamientos de bastante profundidad, tampoco logró éxito.
En cambio, fue muy precisa la indicación de una tumba junto al camino interior de la estancia, en el lugar “Mal Nombre”, a poco más de kilómetro y medio del puente sobre el Yuca, de donde se extrajo un cadáver.
De estos nueve cuerpos recobrados, sólo fue posible identificar inequívocamente uno: el de Arsenio Perdomo Martínez. Previo el certificado de defunción correspondiente, se entregó a la familia, que lo sepultó.
Es útil consignar que existen antecedentes o elementos susceptibles de conducir a otras identificaciones: un tatuaje en el antebrazo de uno de los cadáveres; el nombre escrito en la ropa de un segundo, y las iniciales escritas en la ropa de un tercero, fuera de otros menos concretos.
6.-Mientras procedíamos a realizar las labores referidas, el personal militar a cargo de la custodia del emplazamiento de las tumbas, la Fuerza Interamericana de Paz, comunicó informaciones obtenidas de los pobladores de la región que señalaban la existencia de otras en la hacienda vecina “la Estrella”. En efecto, en el lugar denominado “Mata Redonda” fue posible determinar tres lugares desde los que se extrajeron otros cinco cadáveres, que también fueron transportados al Hospital Salvador Gautier de esta capital, para su examen medicolegal. Uno de ellos corresponde a una mujer. Previa identificación de todos ellos, sus cadáveres se entregaron a los deudos, que los sepultaron. Se trataba de las siguientes personas. Rafael Antonio Vásquez García (No. 10); Luis Reyes Acosta (No. 11): Félix Fernando Taveras (No. 12); José María Reyes (No. 13), Yolanda viuda de Guzmán (No. 14).
Se trata, en el caso, de episodios distintos a los que denominaremos sucesos de “Haras Nacionales” o del río o del puente Yuca.
7.- Con fecha 29 de junio último, el Doctor Mora, Secretario General de la OEA nos encomendó completar investigaciones relacionadas con la muerte del Padre Arturo, conocido como Padre José, de nombre James Arthur Mackinnon, de nacionalidad canadiense, que en unión de otras dos personas perdió la vida el martes 22 de junio pasado, cerca de las siete de la tarde, en las afueras de Monte Plata.
Como los cadáveres de estas víctimas estaban sepultados desde el 23 de junio en los cementerios de Monte Plata y de Bonao, que no cuentan con medios adecuados para los exámenes medicolegales de rigor, se dispuso su exhumación y traslado al Hospital Salvador Gautier de esta ciudad a fin de proceder a la necropsia y demás observaciones y pericias complementarias, al igual que el tercero sepultado en esta capital. Nos fueron proporcionadas ropas del padre Arturo, un capsulas recogida junta al lugar de su muerte y dos hojas de plantas con apariencia de impregnación de pólvora, obtenidas en el mismo sitio.
Este sería un nuevo episodio violento ocurrido en otro lugar muy distante en fecha más próxima a la del presente informe cuyas características merecen estudiarse para desprender de todos los incidentes referidos conclusiones separadas o conjuntas que sirvan de ilustración adecuada acerca de la conducta de los que los produjeron o lo llevaron a cabo.
8.- Ha llegado ahora el momento de consignar las dificultades con que tropezó esta comisión al desempeñar su cometido.
Debido a su singularidad y carácter especial debemos señalar la actitud de los médicos, particularmente los que componen “la Asociación Dominicana de patólogos” por razones originadas hace más de año y medio se consideran ligados Por un compromiso moral, derivado de los estatutos de Ética, artículo 14 en orden a no participar en pericias medicolegales. Su posición es exclusivamente doctrinal y técnica, y se funda en la carencia de conocimientos especiales suficientes que los habiliten para semejantes tareas. Su empeño de entonces en el cual persisten tiende a procurar, ya sea la presencia en el país de algún profesor especializado que los prepare a ellos o a los futuros médicos dominicanos en esta materia, o bien el envío de becarios nacionales a especializarse durante el tiempo requerido en universidades extranjeras más adelantadas, que al regresar al país con sus nuevos conocimientos estuvieran en aptitud de proseguir la especialización de las nuevas promociones de profesionales dominicanos.
Dejamos constancia de que procuramos agotar la inflexible resistencia de los médicos, secundados por el Secretario de Salud Pública y sus colaboradores inmediatos, y por el Procurador General de la República, Dr. Fernando A. Chalas, y su Ayudante, Dr. Mendoza. Nuestro esfuerzo resultó infructuoso. (Ver Anexo I).
9.- A pesar de lo cual, consignamos con íntima satisfacción nuestro reconocimiento a los médicos doctores Rafael de la Motta y José de Jesús Ravelo, ambos de la Secretaría de Salud y Previsión Social, y César Augusto Campillo, de la Procuraduría General de la República, que nos brindaron su constante y abnegada colaboración.
Pudimos beneficiar, asimismo, de una permanente cooperación del resto del personal asesor de los diferentes servicios del Hospital Salvador Gautier; del personal especializado o técnico de la Policía local, y de los miembros de la Procuraduría General de la República, que se hicieron dignos del agradecimiento que creemos justo expresar por la eficiente labor que realizaron a nuestro pedido.
10. No fue como la recién señalada la actitud de otras reparticiones, policiales o militares. Por cierto, que nunca se nos expresó una negativa; antes, al contrario, recibimos ofrecimientos de ayuda y de cooperación. Pero en la práctica estos ofrecimientos no se concretaron positivamente en hechos efectivos de colaboración a la misión que nos incumbía realizar. En alguna ocasión, se ordenó al personal militar que prestara declaración, acudiendo a nuestras oficinas. Sólo que tales declaraciones aparecieron tan inverosímiles y reticentes, que nos queda la impresión de que fueron instruidas, tan iguales y calcados fueron sus términos, a pesar del esfuerzo que gastamos por inducirlos a declarar con libertad y verdad sobre lo que buscábamos saber. Dos ejemplos ilustran elocuentemente la no cooperación a que aludimos.
Después de aguardar infructuosamente varios días la respuesta a nuestros requerimientos de información elemental y simple, hechos verbalmente por intermedio de la Fuerza Interamericana de Paz, solicitamos algunos datos esenciales para proseguir la investigación, en nota dirigida al Procurador General de la República Dr. Chalas el 26 de junio. El lunes 28 de junio, el Dr. Chalas cursó nuestro pedido a las Jefaturas Militar y Policial, también por escrito. (Ver Anexo II). En igual fecha, reiteramos con apremio la petición, directa y verbalmente ante el Comodoro Don Francisco J. Rivera Caminero, que actúa como Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y por cuyo conducto deben canalizarse esas solicitaciones.
Pues bien, aunque entre los datos que inquiría esta Comisión figura conocer a quién corresponde una determinada placa de policía, los días transcurridos no han sido bastantes para conseguirlo.
Tampoco en varios días ha sido posible conocer el nombre, dotación a que pertenece y actual ubicación de destino de un mayor cuyo apellido indicamos al formular la indagación.
Tal pasividad y lentitud informativa mantiene paralizada nuestra investigación, que debería marchar aceleradamente, si el ofrecimiento de cooperación fuera más que retórico, formal o de mera apariencia.
Ante obstáculos semejantes, esta vía indagatoria ha quedado cerrada para nosotros.
II. El tercer día de nuestro desempeño decidimos aceptar el ofrecimiento que se nos hizo para que un experto policiólogo, Rene Vergara, residente en Caracas, viniera a auxiliarnos con su pericia en materia de homicidios. Su anunciado viaje a esta ciudad fue diferido primero, y como se prolongara inexplicablemente, nos vimos precisados a renunciar a su realización.
12. A lo anterior merece agregarse la reticencia y el temor que sella los labios de la población civil, generalmente modesta y humilde, que prefiere callar para no verse expuesta a riesgos o represalias que piensan les sobrevendrían si dijeran cuanto saben»
Un sistema de evidencias seguidas de impunidad, instituido durante la era de Trujillo, parece no haber cesado de atormentar a la población aún hoy, varios años después de la eliminación del cruel tirano. Las bocas del pueblo continúan cerradas. Su prudencia te diría que les asegurara la vida, por lo menos, y prefieren seguir viviendo.
Tal es el ambiente de temor con que tropezamos, incrementado por los trágicos hallazgos de cadáveres, que no lo amenguan ciertamente. De ahí, quizás, la neurosis que prevalece, traducida en la abundante floración de rumores sin base, de exageración de los hechos, de amenazantes vaticinios, que vamos encontrando a cada instante. Son innumerables las denuncias de este y de las reparticiones públicas. Ejemplo ilustrativo se contiene en las que nos han llegado particularmente del Ministerio de Relaciones exteriores del Gobierno Constitucionalista, al igual que los que consignan periódicamente las oficinas antedichas.
13. La Comisión se esforzó por agrupar el mayor número de antecedentes fidedignos sobre los cuales apoyar conclusiones irreprochables.
No le fue posible obrar del modo que se había propuesto, y están expresados los motivos que concurrieron a impedírselo.
Teniéndolos en cuenta considera que la anómala situación imperante en el país les veda la revelación completa de sus fuentes informativas, cuando se traía de testigos privados, cuya declaración sometió a cuidadoso y prolijo análisis, antes de utilizarla como elemento corroborante de sus pericias técnicas. En otros casos, citando tales testimonios emanan de fuente oficial, idéntico análisis crítico la conduce a no admitirlos como veraces, para lo cual cuida de señalar las razones que pesan en su ánimo.
14. En cambio, partiendo de los hechos acaecidos desde el surgimiento de la guerra civil dominicana, con el ejercicio de autoridad de los bandos contendientes sobre fracciones del territorio de la República, con la ubicación de los lugares en que se desarrolló la lucha armada, con la reproducción de hechos de naturaleza semejante en diversos y apartados sitios del país y en tiempo también diferente; y con las conclusiones que ya ha hecho públicas en un informe preliminar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cree disponer de antecedentes serios e irrefutables para alcanzar, en un sentido muy general, sus propias conclusiones acerca de las atrocidades puestas de manifiesto a lo largo de sus investigaciones.
15.-En acápites precedentes nos referimos a tres sitios principales donde encontramos cadáveres: el puente Yuca y sus inmediaciones sea en el camino que pasa frente a la estancia “Haras Nacionales” en dirección a Mata Redonda, sea en las aguas mismas del Río Yuca; Mata Redonda, que dista 15 kilómetros hacia el Norte, y Monte Plata, también al Norte de Santo Domingo.
El emplazamiento de estos hallazgos y de los sucesos que deben haberlos precedido, es inequívoco en cuanto a quien ejerce autoridad sobre ellos y controla los caminos de acceso sembrados de puestos de vigilancia militar, la cual se acentúa y se hace más rigurosa al disminuir la luz del día y empezar las sombras de la noche, con la hora de queda, a las seis de la tarde.
El Gobierno Constitucionalista carece de medios para llegar hasta los emplazamientos señalados. Se encuentra ceñido a un territorio estrechado por la Fuerza Interamericana de Paz y por el Río Ozama y el mar, en el extremo Sureste de la ciudad capital.
16.- Tanto el puente Yuca como Mata Redonda se hallan a pocos kilómetros de distancia de una de las cárceles más importantes, la de La Victoria, cerca de la población de igual nombre, establecimiento carcelario que en un momento dado contuvo más tres mil presos políticos, en la actualidad reducidos a cerca quinientos. El Gobierno de Reconstrucción Nacional que preside el General Imbert, ejerce autoridad sobre esta prisión.
17.- La Comisión ha tenido oportunidad de examinar las constancias agrupadas en el expediente judicial que se ordenó instruir con fecha 10 de junio pasado por las autoridades del Gobierno de Reconstrucción Nacional a raíz de la comunicación de igual fecha que, reiterando denuncias de los días precedentes, dirigió el Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor Manuel Bianchi, al Ministro de Relaciones Exteriores de dicho Gobierno, señor Horacio Vicioso Soto, (Anexo III).
Ya en la respuesta de este señor Ministro se anticipa “el resultado de las primeras investigaciones realizadas” acerca de “supuestos hechos ocurridos en las últimas semanas en las inmediaciones de la “Hacienda Las Haras”, diciendo que “posiblemente fueron cometidos por un pequeño grupo de civiles armados”. Anuncia, además, que el Gobierno “ha ordenado una investigación adicional por parte de la Procuraduría General de la República, cuyos resultados me complaceré en hacer del conocimiento de Su Excelencia”.
Pero el contenido del expediente judicial referido (Anexo IV), en orden a la investigación y esclarecimiento exhaustivo anunciado, es absolutamente nulo. Aparte de la transcripción de un acelerado informe de la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que sucintamente está reproducido en la Nota Ministerial antes comentada, nada, absolutamente nada, se ha avanzado. Son constancias banales que exhiben el vacío completo, la carencia de una investigación propiamente tal.
Es el mismo tropiezo que sobre el particular ha encontrado esta Comisión: la Procuraduría General queda detenida por la jurisdicción militar, que no apremia ni produce informaciones, por simples que ellas sean, los días y las semanas trascurren, dificultando cada vez más los indispensables esclarecimientos que ansiamos conseguir.
18.- Sin embargo, alrededor de la fecha recién indicada: 10 de junio de 1965, los hechos habían trascendido, originados en fuentes todas concordantes: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los corresponsales de la prensa extranjera; el representante personal del Secretario General de las Naciones Unidas, don José Antonio Mayobre; la Embajada de los Estados Unidos y otras privadas que no sería Prudente revelar. Todos visitaron la hacienda «Haras Nacionales; inspeccionaron las inmediaciones del Puente sobre el Yuca, y vieron la tierra removida de las tumbas improvisadas, y hasta algún cadáver; restos de huesos humanos calcinados y cenizas, y se hicieron eco de la noticia macabra, publicando fotografías e informaciones. De la notoriedad misma de la revelación, surgió el llamado que se nos hizo y la designación honrosa de los firmantes para constituir la Comisión de Asistencia Técnica que integramos.
Puede decirse, pues, que los sucesos mismos integraban el acervo del conocimiento público, y que nuestra acción se ha limitado a concretarlo materializando las pruebas de su existencia, y apreciando los antecedentes que los produjeron.
Aún más: desde antes de nuestra llegada al país, se dispuso la protección y vigilancia militar del lugar aparente en que manos piadosas habían enterrado a las víctimas.
19.- Las aludidas fuentes originarias no se limitaron a denunciar el hecho de las muertes sucesivas y nocturnas, ni la existencia de cadáveres, primero insepultos y luego inhumados privadamente, o de otros que las aguas arrastraban. Coincidentemente, también se refirieron a vehículos motorizados, camión, jeep land-rover, que una y otra vez, llegaban de noche cargados de presos, luego los descargaban, disparaban armas de fuego que los pobladores de la región pudieron escuchar en su trágica secuencia periódica, así como después oían el ruido de los mismos vehículos que tomaban el camino de regreso hacia el lugar de donde habían venido.
La autoridad militar, los puestos de control diseminados por la ruta de estos convoyes dantescos, que al parecer no consignaron jamás su paso, ni repararon que los mismos vehículos de poco antes regresaban con menos personas, exhiben con ello una falta de eficacia que no es razonable admitir en tiempo de guerra civil, si no es que rubrican conocimiento de lo que acaecía ya que no vamos a atribuirles complicidad.
Y no llegamos a tal extremo, porque pensamos que las cargas de presos que transportaban para darles muerte alevosa, pasaban esos puestos de control militar en supuesto traslado a una prisión: la cárcel de La Victoria, a donde jamás llegaron.
Se hace, por lo tanto, indispensable revisar las nóminas de presos de todas y cada una de las prisiones existentes, para cerciorarse de si los que murieron estuvieron en ellas ingresados, y saber cuándo se les dio salida para su última jornada en vida.
Hemos buscado infructuosamente la cooperación de la autoridad militar que nos habilitara para llevar a cabo la comprobación de que hablamos y otras concomitantes.
El Boletín Informativo No 91 emitido por la OEA el 1ro. del corriente julio en esta ciudad (Anexo V), reproduce sintéticamente el informe preliminar de don Manuel Bianchi Presidente de la C.I. de D.H. en cuya tercera conclusión leemos lo siguiente: Se han denunciado muchos casos de personas detenidas que han sido trasladadas de una prisión a otra, sin llegar a su destino. La misma conclusión invita a investigar y evitar esta clase de ocurrencias. He ahí un punto concreto a que podría contraerse la “investigación adicional ordenada a la Procuraduría General de la República, que sigue esperando informes de las autoridades militares y policiales, como pacientemente ha esperado de ellas esta Comisión sin conseguirlos.
20.- La Comisión deseaba verificar su investigación, sin anticipar la finalidad específica perseguida, para no frustrar sus resultados.
Después de pedir verbalmente algunos datos de apariencia inocente, concretó por escrito el 26 de junio, su requerimiento, que prefirió cursar a través del Procurador General de la República, Dr. Chalas, como ya está referido anteriormente (Ver acápite No 10).
Pero como el Dr. Chalas cursó de inmediato nuestra petición a las autoridades militar y policial, y tampoco se obtenía resultado, acudimos nuevamente a él en demanda de auxilio y de consejo, antes de perder más tiempo con nuevos pasos infructuosos. Seguimos el que nos dio y fuimos amablemente recibidos por el Ministro de Relaciones, Dr. Vicioso, a quien suplicamos hiciera una gestión que nos significara la eliminación de la rutina y de los trámites burocráticos., y que, a nuestro juicio podría estar constituida por una orden rompe-filas o salvoconducto proveniente de la superior autoridad militar y policial que nos permitiera acudir directamente, en demanda de datos, investigaciones, testimonios, obtención de armas para su examen, ganando tiempo y acelerando las investigaciones que nos preocupaba realizar.
Un día después, repitiendo su amabilidad, que coincide con su inicial ofrecimiento (ver Anexo VI), el Dr. Vicioso se comunicó por teléfono con nosotros, para anunciarnos que creía haber satisfecho nuestro anhelo, y nos recomendó entrevistarnos con el Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, a una hora de la mañana siguiente, para obtener la materialización de la facilidad perseguida.
No nos fue nocible hablar con él, a pesar de una prolongada espera, a que pusimos término al cabo de tres horas, dejándole una tarjeta escrita. Al llegar a la sede de nuestros trabajos encontramos un llamado telefónico que nos dirigiera, solicitando que por igual vía lo alcanzáramos, lo que intentamos de inmediato, pero sin éxito.
Buscado nuevamente por la tarde, tampoco lo encontramos; pero le dejamos aviso de que esperábamos noticias suyas para verlo. Y continuamos aguardando .
21.- Estaba terminada la ímproba labor médico-legal y concluida la redacción de las diecisiete necropsias practicadas. Además de los tres últimos cadáveres, conocidos desde la muerte de las personas a quienes correspondían, se había 1ogrado identificar otros seis. La incógnita de los ocho restantes era relativa para tres, y absoluta para cinco.
22.- El número de víctimas voceado por el rumor público sobrepasaba la centena. Comparado con el de desaparecidos cuyos parientes reclamaban a diario ayuda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para encontrarlos, establecimos que éste era de 42 (Anexo VH). Esta cifra coincide con el número de 39 víctimas de ejecuciones denunciadas persistentemente por las diversas fuentes informantes. Resulta significativo señalar la particularidad con que este número se indicaba: 38 y 1, porque, efectivamente, encontramos un cadáver enterrado junto al camino, solitario, en el lugar denominado “Mal Hombre”, lo cual parecería justificar esa información.
En cambio, los muertos en el sector o región del “Puente Yuca» no llegan ni con mucho, a 38. Las indicaciones acerca de los que fueron enterrados, difieren de ese número, pues sumado 4, 5 y 8, que corresponderían a los que se habrían enterrado, apenas alcanzará 17. De ellos recobramos 4, a los cuales podrían sumarse otros tantos, que flotaban en el río aguas abajo, y que cabe suponer que pertenecen a los 5 enterrados superficialmente junto al río, cuya crecida, al remover la tumba, habría arrastrado sus cuerpos. Con todo, solo 8 de un total de 17 sepultados logramos encontrar. La sepultura conjunta de otros 8 no apareció.
Algunos informantes, entre ellos dos periodistas extranjeros a quienes oyó esta Comisión, se refirieron a cadáveres humanos incinerados, algunos de cuyos restos óseos fueron recogidos y obran en nuestro poder, y hasta señalaron varios lugares al parecer de hornos improvisados al aire libre, junto a cercas de alambre de púas, sostenidas por troncos de madera, y vieron montones de cenizas.
No excluimos, por cierto, la posibilidad de que algunos cadáveres insepultos hayan sido destrozados por animales perros, chanchos y después quemado el remanente que seguía pudriéndose.
Pero su número no es probable que fuese superior a unos dos, cuatro o seis, a lo sumo. Y con ello la cuenta tampoco se aproxima a los 38 más 1 de que se ha hablado insistentemente, ya que sería siempre inferior a la mitad.
Uno de los informantes privados que escuchamos, y que mayores precisiones aportó a nuestra búsqueda, a quien otra fuente de gran seriedad oyó también y lo juzga testigo muy calificado y de buena fe, negó enfáticamente las cremaciones de cadáveres en las inmediaciones del Puente Yuca.
Otra de sus informaciones pretende que una de las “ejecuciones sumarias” se habría verificado de día, poco después de la una o dos de la tarde. Que él considera haber oído los disparos, y más tarde vio los cuerpos yacentes de las víctimas. Pero se trata de algo que nadie sino él ha referido, y tampoco existe fuera de su manifestación dato alguno que sirva para confirmarla.
Resumiendo: aunque parecería plausible apreciar las víctimas en la región del Puente Yuca en cerca de 40, por la persistencia en señalar esta cifra de parte de los informantes de la región, y por la semejanza de este número con el de personas desaparecidas denunciado, obsta a su admisión el hecho de no haberse encontrado ni siquiera mitad de los cadáveres, a pesar del esfuerzo empleado al efecto. Fuera de que entre los cadáveres identificados ninguno pertenece a la lista de los desaparecidos. Finalmente, es preciso agregar que los 5 cadáveres exhumados en Mata Redonda, todos identificados, no fueron ultimados ni en la región ni en las fechas que se atribuyen a las ocurrencias trágicas del Puente Yuca.
23.- Un sargento y cinco soldados de la dotación militar que cuida la estancia Haras Nacionales fueron examinados por la Comisión.
El primero rehusó proporcionamos información alguna, fuera de su nombre, sin previa autorización de sus superiores. Obtenida esta se limitó a manifestar que nada sabía de los hechos por conocimiento personal, ni tampoco por haberlo oído. No vio ningún cadáver no presenció traslado de presos en vehículos, sea de noche o de día, y aunque, en varias ocasiones escuchó disparos, no se sor prendió de ellos, a causa de que siempre se oyen disparos. Insistió en que su misión se reducía a proteger el recinto y bienes de la estancia, y no le incumbía lo que fuera de ella aconteciera. Admitió no obstante, que las guardias nocturnas en que el personal de su dotación se turnaba, alcanzaban a la circulación de vehículos por el camino que corre por el interior de la estancia, después de la hora de queda y por la noche; pero aclaró que se limitaba a revisar si se trasportaban armas en tales vehículos. Ningún vehículo sospechoso pasó ante su guardia o su personal. Tampoco se detuvo camión, jeep, ni Land Rover conduciendo presos o detenidos ante su puesto de guardia, ni hablaron militares a cargo de ellos con él o con los hombres a su mando anunciando que los ejecutarían para escarmiento. Rechazó con gran energía, como falsas, las afirmaciones hechas en sentido contrario a lo que nos decía. Pero, ante nuestra insistencia, hubo de admitir que siendo él la única autoridad en el lugar, acudieron campesinos a pedirle permiso para enterrar cadáveres. Con ese motivo, desde Villa Mella, solicitó por telégrafo instrucciones a sus superiores en la Capital, y éstas, recibidas por igual conducto, le ordenaban no mezclarse porque concernían a algo fuera del recinto de la estancia, cuyo cuidado le incumbía.
Los soldados, que en su mayor número, pomo el sargento, están en funciones desde antes de la guerra civil, negaron casi todos saber algo de lo ocurrido, siquiera por conversación con los pobladores. No vieron vehículos trasportando presos: no oyeron descargas nocturnas que los ultimaran en las proximidades; ni escucharon que los vehículos regresaban hacia la dirección de Santo Domingo: no vieron cadáveres en el río, bajo el puente o en otra parte, no supieron que muchos de esos cadáveres fueron enterrados. Se mantuvieron en estas negativas porfiadamente, a pesar de nuestras representaciones acerca de su inverosimilitud manifiesta, puesto que admitían que, fuera del servicio, circulan libremente, hablan con gente de la región, visitan Villa Mella, y no parece posible o razonable que que jamás ninguno escuchara comentario o rumor de alguna especie sobre lo que durante dos semanas estuvo ocurriendo en la región, ni siquiera sintiendo el nauseabundo olor de la putrefacción cadavérica. Sus dichos fueron tan idénticos unos con otros, las palabras empleadas las mismas, las negaciones tan similares, que parecían el resultado de instrucciones precisas recibidas, al punto de parecer sus testimonios como calcados.
Uno solo de ellos, llegado allí el 1ro. de junio, reconoció que ya se habían producido los hechos trágicos con anterioridad, y que oyó hablar de ellos, sin precisión alguna, en comentarios de la gente del lugar y en conversaciones de sus compañeros, si bien no puede dar detalles al respecto. Basta lo dicho, sin embargo, para revelar la inexactitud de lo revelado por los demás soldados y su jefe. Este testimonio fue obtenido hallándose ausente el sargento varios días después de que lo hicieron los cuatro que fueron interrogados uno después del otro.
La Comisión lamenta no poder acoger como fidedignas las informaciones que le dio el sargento, tanto porque las juzga inverosímiles frente a los acaecimientos que no puede haber dejado de conocer, siquiera de oídas, como porque dada su jerarquía militar en la estancia que el mismo admite al señalar que los pobladores se presentaron a solicitarle permiso para enterrar algunos cadáveres, y Este pedido que lo movió a pedir instrucciones a sus superiores, frente al estado de guerra civil predominante, no resulta compatible con su pasividad ante tales hechos, de que ha debido informar a sus jefes. Por lo demás, la guardia o control nocturno de circulación de vehículos, tiene que haberlo habilitado para enterarse del movimiento repetido a deshoras en la región: los disparos o descargas nocturnos debe haberlos escuchado, y su atención haberse despertado para procurar explicárselos en alguna forma compatible con su función militar en la estancia: sobre todo si después quedaban algunos muertos, de que los pobladores le informaban al pedirle permiso para enterrarlos.
Tanto sus declaraciones, como la del personal de su dotación resultan ser. por consiguiente, insinceras, contrarias a la verdad y entorpecedoras de la misión encomendada a esta Comisión, que ellos debieron secundar.
24.- Contrasta con las reseñadas en el número anterior, la información espontánea prestada por el cabo de la Fuerza Interamericana de Paz. Eduardo Ruiz, para dar a conocer lo que escuchó decir a un muchacho y a su padre, en el sentido de que cuando al anochecer regresaban por las cercanías del puente Yuca, vieron uno o varios jeeps de San Isidro pertenecientes a la fuerza aérea, junto a él, y escucharon varios disparos, por lo que se ocultaron, Cuando ya de noche, siguieron su camino, vieron cadáveres: cerca del Puente algunos jóvenes, en el agua, una persona de 35 a 40 años de edad.
25.- Para los firmantes no resulta extraño que el clima prevaleciente reseñado en el No. 12, y al cual se refieren porque corresponde J un neurosis colectiva, parezca contradecirlo la serie de informaciones fragmentarias emanadas de los mismos a quienes afectaría. Es que semejantes estados no son absolutos ni permanentes, tienen grados, momentos de relajación y de tensión, y cuando el hombre cree que puede hacer confianza sin arriesgarse, habla e informa veladamente, sobre todo si piensa que no podrá atribuírsele lo que dice.
26. Sintetizadas las resultantes de diversas fuentes de información se las puede concretar así, individuos de la policía, en ocasiones, o miembros del Ejército, en otras, procedían a aprehender civiles, haciéndoles objeto de inculpaciones diversas. Se les conducía sin mayor control a un lugar de mando policial o militar. Luego eran trasladados en vehículos militares, en grupos más o menos numerosos. Debido a la confusión reinante, a desorganización o a motivos que se ignoran, su destino final no es conocido, pero en épocas próximas a las crisis -la inicial de fines de abril, a que siguió a violaciones de tregua, a fines de mayo y principios de junio recrudecía la pasión política y se efectuaban “operaciones de limpieza de adversarios, reales o presuntos. Sistemáticamente eran conducidos en dirección a la cárcel de La Victoria desde la capital, en traslados nocturnos anteriores a la medianoche, que no completaban su presunto itinerario. Así llegó una vez un automóvil con seis presos, una mujer entre ellos, a Mata Redonda, dónde se les hizo descender y se les fusiló en medio de llantos y gritos. Uno de los seis presos logró salvarse y escapó. Obtuvimos su nombre y conversamos con él. Los cadáveres permanecieron insepultos, para escarmiento de otros. El Alcalde señor Carbone dispuso que los enterraran. La prensa enterada del suceso atroz, lo aludió pocos días después del hecho (Anexo VIH). Pero el silencio cubrió el horror de la tragedia, hasta que empezaron a investigarse crímenes semejantes, que alentaron a señalar el lugar de las improvisadas tumbas, de donde se extrajeron los cadáveres de las víctimas.
Más repetida fue la selección del puente Yuca, como sitio de ejecuciones nocturnas sucesivas. Llegaron hasta allá diversos vehículos con presos, algunos con los brazos y las manos amarrados a la espalda. Los bajaron y los fusilaron con varias descargas de fusiles o de ametralladoras, algunas de cuyas cápsulas vacías se recogieron del lugar. También se dispararon armas cortas, algunas de cuyas capsulas se encontraron igualmente. Luego de cumplir su tarea feroz, los vehículos y los asesinos regresaban en dirección a la capital. Los cadáveres quedaban en el lugar o los arrastraba el rio. También aquí los pobladores cavaron tumbas y los enterraron. Existen fotografías de una improvisada sepultación. Coinciden con el lugar de que los cadáveres fueron exhumados. Los vecinos escuchaban llegar los vehículos, descargarlos, órdenes de mando dadas en voz baja; ruidos de disparos; y como los coches regresaban, en dirección a Santo Domingo. Algunos sostienen que en ocasiones se anunció la ejecución y se ordenó que no se sepultara a las víctimas. Todas fueron civiles. Las armas largas provienen de soldados, las cortas, de oficiales.
Por último un suceso local, en Monte Plata, pasada la hora de queda, hace victima a un sacerdote, reconocidamente querido y de espíritu generoso y justiciero, que protesta de arrestos en masa en su prédica desde el pulpito, y en sus gestiones ante la autoridad central las cuales culminan con la liberación de algunos presos y el traslado del oficial de policía responsable de las detenciones en masa. Este sacerdote extranjero es ultimado en circunstancias sospechosas y equívocas, que no llegan a disimular que podría tratarse de otra ejecución sumaria en un camino público. Sus asesinos reciben, a su vez muerte inmediata en el lugar mismo del crimen. El sacerdote ostenta heridas a lo menos de dos armas diferentes; evidencias de fuerte presión en el cuello y una contusión profunda de golpe en la región torácica. Su ropa, perforada por los disparos, acusa al examen con luz ultravioleta impregnación de pólvora, lo que indica que algunos de ellos fueron hechos desde corta distancia.
Los otros dos cadáveres sólo muestran heridas producidas por quien dice haber disparado luego de no haberse obedecido sus intimidaciones.
27. El resultado de las verificaciones, exámenes, testimonios y demás elementos agrupados por la Comisión corresponde al cuadro general recién trazado.
Aunque debemos admitir lq insuficiencia de las informaciones orales recogidas; su falta de precisión y hasta las contradicciones que contienen, no podemos prescindir de ellas de modo absoluto. .En primer lugar, porque condujeron al hallazgo de numerosas víctimas en lugares perfectamente determinados. En segundo lugar, porque algunos justificaron haber participado en la labor piadosa de sepultación. En seguida, porque en las proximidades hallamos vestigios de armas, ropas y restos, presumiblemente de los ejecutores y sus víctimas. Y. además, por la evidencia real y moral que arranca de publicaciones de prensa y de una persona que habría sobrevivido
a la primera matanza nocturna en despoblado.
Mencionamos, por lo sugestiva, la aparición en las proximidades del Puente Yuca, de un automóvil de alquiler como desbarrancado, y su ulterior desaparición inexplicable. Ese automóvil habría estado ahí cuando numerosas personas visitaron y recorrieron el lugar luego de las trágicas revelaciones; si bien los primeros informantes de los hechos y los pobladores de la región aseguraron que no se encontraba cuando descubrieron y enterraron los cadáveres.
En seguida, tan misteriosamente como surgió su presencia, desapareció de allí uno de nosotros, al regresar de una visita a la prisión de La victoria en unión del Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus ayudantes, el 19 de junio, les escuchó sorprenderse por no verlo ya allí, ni en otra parte inmediata.
Esto induce a pensar en una prueba fraguada para intentar justificar las atrocidades, a que después se habría renunciado. Y por su índole recuerda procedimientos inveterados muchas veces empicados bajo el régimen de 1 Trujillo para enmascarar crímenes.
Corona este conjunto informativo robusteciéndolo, el mudo pero elocuente denuncia que exhiben los cadáveres sometidos a cuidadosa pericia médico legal. Todos revelan uso de armas de fuego a consecuencia de cuyo impacto sobreviene la muerte. Algunos acusan sevicias (brazos y manos amarrados a la espalda, fractura de tibias por debajo de las rodillas).
La época de la muerte ha llegado a señalarse con suficiente afirmación, no obstante la dificultad que ofrece.
Nos remitimos al detallado protocolo de necropsias que agregamos a continuación del presente Informe, cuyo contenido integra de manera fundamental. Las numerosas fotografías que lo acompañan nos ahorran entrar en mayores detalles
28- Con ayuda de dos funcionarios del Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional Dominicana, señores Nabel Martínez técnico en balística, y Fausto Antonio Cruz, técnico en dactiloscopia y fotografía criminal, procedimos a reconocer y determinar características correspondientes a las armas utilizadas, como sigue:
1. Encontrados por la Comisión cerca del lugar donde halló restos óseos calcinados y cenizas en la inmediación del Puente sobre el Yuca;
un plomo, correspondiente a una bala de fusil calibre 7mm.; y
una capsula vacía correspondiente a una bala de ametralladora, calibre 30 M1
II-Recogidos en el lugar del Puente Yuca por el Representante DEL Secretario General de las Naciones Unidas, y entregados a esta Comisión:
Cápsula vacía pequeña, de pistola automática calibre 32 c
Cinco cápsulas, vacías de fusil, de las cuales tres (3) son calibre 30, referencia N, y dos (2) de y dos de calibre 30 referencia 54 F.
111. En poder de la Comisión, proveniente y relacionado con los casos que se indican a continuación Cadáver No. 2: un plomo de bala de revólver calibre 38
Cadáver No. 4: un plomo deformado, aparentemente de bala de ametralladora San Cristóbal, calibre 30 M 1
Cadáver No.5: recogido del camino Y de la fosa junto a él en Mal Hombre, dos (2)capsulas vacías de ametralladora San Cristóbal calibre 30 M 1.
Cadáver No. 8: un plomo de bala de fusil calibre 7mm, y
Cadáver No. 15: una cápsula vacía de bala de carabina o ametralladora Cristóbal, calibre 30 M 1.
29.- Con exclusión de los tres últimos cadáveres (números 16 y 17), perfectamente identificados, derivados de un suceso reciente en Monte Plata, e inhumados al día siguiente de la muerte el 23 de jumo último, los demás examinados por esta Comisión pueden reunirse en tres grupos diferenciados por la mayor o menor descomposición e integridad en que se encuentran:
a) los que fueron recogidos de las aguas, menos conservados que el resto;
b) los exhumados debajo del Puente Yuca y el sitio Mal Hombre, distante 1.5 km de dicho Puente siguiendo un camino interior de la estancia Haras Nacionales; y
c) los cinco (5), cadáveres todos identificados, exhumados en Mata Redonda a varios kilómetros de distancia de los de la letra precedente.
Por su estado más avanzado de descomposición, notorio aun a simple vista, y por referencias concernientes a la fecha en que habrían sido detenidas y ejecutadas las personas que estos restos pertenecen, se puede concluir que la muerte de los cincos (5) agrupados en la letra c) precedió a los de la letra b), y data, con seguridad, del día 2 de mayo pasado.
De los cinco (5) que ubicamos en la letra b), el solitario extraído del lugar “Mal Nombre», cuyo grado de descomposición es mayor que el de los cuatro (4) sepultados bajo el Puente Yuca, parece haber muerto y permanecido enterrado más tiempo que estos últimos. Respecto de todos ellos, por los testimonios agrupados acerca de la época en que encontraron la muerte, y por su estado de conservación no sería aventurado fijar como fecha probable de su muerte, alguna entre el 22 de mayo y el 5 de junio de este año. El cadáver solitario enterrado junto al camino, más cerca de la primera de ambas fechas: los otros cuatro, más cerca de la última fecha.
Por lo que se refiere a los agrupados en la letra a), extraídos de las aguas, presentan características que obstan a formular fecha aproximada de su muerte, si bien permiten asegurar que no llega a más de dos meses antes de recobrarlos y probablemente menos tiempo.
Precisa añadir que la fecha en que acaeció la muerte depende de la fauna de la putrefacción cadavérica, proceso variable y contingente, sujeto a factores personales, a otros que corresponden a la mayor o menor humedad del terreno de sepultación y a la consistencia misma del medio –según cuya índole se abarcan períodos que llegan hasta seis meses para diferenciar unos de otros. La inmersión y contacto con el agua acelera el proceso de putrefacción y ayuda a perder integridad a los cuerpos humanos que la experimentan.
30. Con el mérito de lo que antecede, la Comisión arriba a las siguientes conclusiones:
PRIMERA. Los cadáveres procedentes del Río Yuca: de una fosa bajo el puente del mismo Río Yuca: de otra al borde del Camino en “Mal Nombre»; y de varias en «Mata Redonda», corresponden a personas que recibieron muerte por heridas causadas con armas de fuego, después de ser detenidas y llevadas hasta esos sitios, donde fueron fusiladas, y abandonadas insepultas.
SEGUNDA. Todos los lugares donde se encontraron los cadáveres están situados en la parte del territorio de la República Dominicana controlado por el Gobierno de Reconstrucción Nacional.
TERCERA. Existen vehementes indicios para atribuir las detenciones, el traslado de los presos y las ejecuciones, a elementos policiales y militares.
CUARTA. Las referidas ejecuciones se habrían llevado a efecto, con mucha probabilidad, de noche.
QUINTA. Es improbable que las autoridades ignoraran estas ocurrencias trágicas, porque a) controlaban la circulación y el acceso de los caminos que conducen a los sitios en que se desarrollaron: b) no fueron hechos aislados, sino repetidos y múltiples; c) debían atravesar numerosos puestos de control ejercidos por elementos militares, d) debido a la situación de guerra civil, por ser traslados nocturnos, debía informarse de ellos a la jefatura superior para enterarla de estas novedades; e) cuando un subalterno requerido para autorizar sepultación de cadáveres solicitó instrucciones de sus superiores, se le ordenó no mezclarse, en vez de indagar a fondo la materia.
SEXTA. La circunstancia de que hechos esencialmente similares se produjeran en lugares muy apartados entre sí y en fechas diferentes hace pensar, no sólo en su origen militar, sino en la existencia de órdenes reveladoras de una política que perseguía eliminar a adversarios, ejecutándolos sin juicio, expeditivamente, dejando abandonados los cadáveres, para que la suerte de las víctimas sirviera de lección y de advertencia ejemplar a las poblaciones.
SÉPTIMA. Las conclusiones positivas anteriores son excluyentes, por sus mismos fundamentos, de la hipótesis vertida en orden a que las muertes pueden haber sido obra de grupos civiles armados.
OCTAVA. Aun cuando obran en poder de la Comisión nombres de policías y militares inculpados de participación en los hechos, cree que debe reseñarlos para conocimiento de las autoridades judiciales encargadas de aplicar sanción a quienes resulten responsables en el proceso respectivo.
NOVENA. El suceso de Mata Redonda ocurrió en la noche del dos de mayo de este año.
DECIMA. El fusilado y sepultado junto al camino en «Mal Nombre» lo fue antes que los victimados bajo el Puente Yuca, donde ocurrieron varias ejecuciones sucesivas entre el 22 de mayo y el cinco de junio pasados.
DECIMO PRIMERA. Los cadáveres rescatados del Río Yuca, aguas abajo del Puente sobre el mismo, corresponden, probablemente, a algunos ejecutados bajo éste.
DECIMO SEGUNDA. Existen fuertes presunciones de que los restos óseos recogidos cerca del río Yuca son de proveniencia humana. Asimismo, la incineración parcial de ellos puede deberse tanto razones de higiene como a motivos piadosos.
DECIMO TERCERA. El suceso de Monte Plata, a las siete de la tarde del 22 de junio pasado, tiene visos de constituir también una ejecución expeditiva, si llegara a comprobarse fehacientemente, mediante el examen de las armas empleadas lo que no estuvo a nuestro alcance, que fue obra de los dos policías y no del soldado del ejército.
De lo que éste declara, es plausible lo que concuerda con las verificaciones técnicas practicadas por esta Comisión. Habla de un jeep que avanzaba zigzagueando por el camino con luces encendidas y luego se detuvo, descendiendo sus tres ocupantes, que parecían estar peleando.
La autopsia reveló magulladuras en el cuello y contusiones toráxicas del sacerdote, que explicarían que el automóvil que conducía zigzagueara durante el maltrato que recibía. Pero el soldado pretende haber ultimado a los tres que descendieron del jeep, lo cual no concuerda ni con los disparos hechos a corta distancia contra el sacerdote impregnación de pólvora en su ropa, ni con las heridas de a lo menos dos armas que presenta su cadáver.
No nos fue posible completar la investigación del caso, confiada a las autoridades policiales y militares, que lo prosiguen. Conceptuamos sospechosas y equívocas las características que rodearon la muerte del sacerdote. DECIMO CUARTA. Dejamos constancia, muy a nuestro pesar, de la falta de cooperación real de las autoridades militares del Gobierno de Reconstrucción Nacional, para el desempeño de nuestro cometido.
SANTO DOMINGO. 7 de julio de 1965.
DANIEL SCHWEITZER
DR. JORGE AVENDAÑO
DR. ALFONSO QUIROZ CUARON
