Faustino Reyes Díaz.
Santo Domingo.- El Consejo Coordinador de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF) aprobó la instalación de dos proyectos que se acogieron a la Ley 12-21, con una inversión general de aproximadamente 367 millones de pesos.
Las iniciativas fueron presentadas por RRICH Agroindustria, instalada en Neiba, dedicada a la captación, depuración y distribución de agua de fuentes subterráneas, y la empresa Gamerfarm, a instarse en Dajabón, para dedicarse principalmente a la producción de otras formas de propagación de cultivos agrícolas, incluidos gajos, bulbos, estacas enraizadas o no, esquejes, plantines, etc.
Los proyectos fueron presentados por el Secretario Ejecutivo del CCDF Erodis Díaz y por el presidente del Pleno, Ramón Pérez Tejada. Se produjo luego del Ministerio de Hacienda realizar los análisis de costo-beneficios de ambas iniciativas y de que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) presentara el Estudio de Impacto Social.
También, se aprobaron la instalación de una oficina del CCDF en Bahoruco, propuesta por el representante de esa provincia, el periodista Faustino Reyes Díaz.
En cada provincia
Erodis Díaz agregó que se propone abrir oficinas en cada provincia fronteriza en lo que resta de 2024.
Ponderó las iniciativas aprobadas como un avance en el proceso de clasificación y aprobación de proyectos, lo que a la vez evidencia un crecimiento en términos de la Ley 12-21.
Díaz dijo que suman 16 los nuevos proyectos aprobados a través de la nueva legislación y 40 que habían sido acogidos por la legislación 28-01. Al mismo tiempo, valoró el acercamiento de la Institución con los empresarios de la frontera.
Acatando lo que el Presidente de la República bien ha dicho, la frontera debe desarrollarse, declaró Díaz. «El mandato de la Constitución y el llamado del poder supremo de la nación creando las condiciones en la frontera. Y eso estamos haciendo en este consejo de desarrollo fronterizo».
El proyecto de RRICH Agroindustrial
Con el proyecto aprobado, con un monto de RD$ 142,547,300.0, RRICH se propone ampliar sus capacidades productivas y operativas tanto en la producción, embotellamiento y comercialización del agua.
Esta empresa había sido clasificada conforme a la extinguida Ley 28-01 para el procesamiento y comercialización de hielo y agua purificada mediante la resolución número 136-202-10, de fecha del primero de diciembre del 2010.
El proyecto de Camefarm
Esta empresa, se propone invertir RD$224,336,093.0, a la producción de frutas y generales para comercializarlos dentro y fuera del país, a fin de impulsar la industria agropecuaria.
La exoneración de impuestos
Los permisos de instalación y operación habilitan a las empresas para recibir los incentivos tributarios previstos en la Ley 12-21, como la exoneración en un 100%, durante la vigencia de la legislación, del pago de los impuestos sobre la renta y los activos; selectivo al consumo, aplicable sobre los servicios de telecomunicaciones y seguros para las instalaciones del proyecto; de los aranceles; el ITBIS sobre maquinarias y equipos objeto de importación o compra local requeridos para la instalación y puesta en operación de la empresa.
También, son obviados del pago del ITBIS para la adquisición e importación de insumos y materia prima utilizada en la producción de bienes exentos y, en el caso de la producción de bienes no exentos se concederá un 50% de este impuesto, conforme a la legislación tributaria vigente; del arancel para la importación de insumos y materia prima utilizados para la producción de bienes, solo cuando las mismas no se produzcan en el país; de los impuestos de transferencias inmobiliarias; del relacionados con las operaciones inmobiliarias sobre los terrenos e infraestructuras donde se desarrollare el proyecto calificado.
La legislación, además, exonera a las empresas de la obligación de retener e ingresar a la administración tributaria los pagos al exterior de servicios de innovación tecnológicas requeridos por los proyectos exclusivamente durante la construcción y puesta en operación; exención de los impuestos, tazas y derechos de servicios relacionados con el aumento de capital y transferencia de partes sociales en la sociedades comerciales con domicilio social dentro de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo.
