Por Marco Teruggi
La Paz, sputniknews.- Bolivia vive nuevamente horas críticas. Los bloqueos de carreteras iniciados el 3 de agosto y la violencia desplegada por el Gobierno de facto se ha multiplicado en los hechos y discursos: represiones, despliegues de militares, grupos civiles armados. «Meter bala sería lo políticamente correcto», afirmó el Arturo Murillo, ministro de Gobierno.
El detonante de las protestas fue la tercera postergación de las elecciones presidenciales realizada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que cambió la jornada de votación del 6 de septiembre al 18 de octubre y, en caso de segunda vuelta, el 29 de noviembre.
Esa decisión desencadenó una movilización el 28 de julio, encabezada por la Central Obrera Boliviana (COB) y diferentes sectores sociales movilizados, autoconvocados, indígenas y campesinos. Ese día, desde El Alto, Juan Carlos Huarachi, secretario general de la COB, anunció que le daba 72 horas al TSE para retroceder y mantener el 6 de septiembre.
El lunes 3 de agosto, ante la falta de acuerdo, comenzaron entonces las protestas y bloqueos y los principales puntos del país, como los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, la ciudad de El Alto y La Paz, donde también fue iniciada una huelga de hambre frente al TSE.
El pedido inicial fue que se mantenga la fecha del 6 de septiembre o haya elecciones con garantías antes del 18 de octubre. Con el transcurso de los días la demanda comenzó a orientarse hacia la exigencia de la renuncia de Jeanine Añez quien, además de estar en la presidencia por el golpe de Estado —que, según ella, solo ocuparía cerca de noventa días— también es candidata presidencial.
«Se trata de un Gobierno extremadamente débil al que los sectores populares le demandan su renuncia por haber empobrecido a las familias bolivianas, por no garantizar condiciones mínimas para enfrentar la crisis sanitaria y despojarlas de derechos fundamentales como el acceso a la educación», explica Adriana Salvatierra, senadora por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
Debilidad, postergación y represión
El Gobierno de facto se ha ido debilitando y ese proceso está detrás de las postergaciones de elecciones. No solamente ha caído la imagen de Añez o Fernando Camacho, quien fue parte de la dirección golpista en octubre/noviembre, sino que las encuestas dan preferencia a Luis Arce, candidato presidencial por el MAS junto a David Choquehuanca.
La debilidad, producto de la falta de legitimidad de origen, agravada por las masacres realizadas en Senkata y Sacaba poco después del golpe, se ha acentuado con los meses. La llegada de la pandemia, las acusaciones de corrupción, y la respuesta insuficiente desde el inicio hasta la fecha ha sido un agravante central.
«Hace casi dos meses no hay medicinas básicas como azitromicina, aspirina y otras, escasea el oxígeno medicinal, las pruebas de COVID-19 son escasas desde hace 5 meses, los hospitales están colapsados desde hace 3 meses», explicó Freddy Morales, corresponsal de Telesur desde La Paz.
La situación ante la pandemia ha sido puesta como razón para aplazar las elecciones del 3 de mayo al 2 de agosto al 6 de septiembre y al 18 de octubre. Sin embargo, en vista de la crisis política del país, una nueva postergación habría requerido un diálogo con todos los sectores políticos para alcanzar un acuerdo.
Al no haberse dado ese paso, no querer luego acordar con las organizaciones ante el anuncio de las protestas, y en vista del descontento acumulado junto con el rechazo a Añez, comenzaron los bloqueos.
Las respuestas del Gobierno de facto fueron las esperadas: amenazas, criminalización de los bloqueos, un diálogo nacional sin los principales actores, y la aparición en primera plana, nuevamente, de los grupos civiles armados que actuaron durante la escalada golpista del 2019.
El brazo civil armado
«Son grupos que hacen uso de violencia en muchos casos armada, en complicidad de las actuales autoridades del Estado en especial de la policía, muestran armamento como chalecos antibalas y armas de bajo calibre y actúan impunemente atacando a sectores populares que protestan contra el Gobierno de facto», explica Edmundo Juan Nogales Arancibia, abogado y analista.
Esos grupos tuvieron un rol central en el 2019 actuando con fuerza primero en Santa Cruz, luego Cochabamba, y finalmente en La Paz. En esas semanas atacaron movilizaciones que defendían a Evo Morales, agredieron a mujeres en las calles por ser indígenas, asaltaron casas de dirigentes del MAS, secuestraron a sus familiares, así como a la alcaldesa del municipio de Vinto, a quien golpearon, cortaron el pelo y pintaron de rojo.
Una primera reaparición con fuerza tuvo lugar en La Paz, cuando la denominada Resistencia Juvenil Cochala agredió a quienes llevaban adelante la huelga de hambre ante el TSE. Su actuación se repitió en Cochabamba, y en Santa Cruz actuó la Unión Juvenil Cruceñista (UJC).
«Son un brazo operativo que permitió al actual Gobierno de facto tomar el poder y al cual ayudan a conservarlo atacando a sectores sociales movilizados que piden elecciones nacionales. Se extienden en el país es con el denominativo de ‘Resistencia’ añadiendo los adjetivos de juvenil y el de la región donde quieren instalarlos», explica Nogales.
La más antigua de esas formaciones es la UJC —fundada en 1957—, que actuó con fuerza en el intento de golpe de Estado del 2008, «una organización paramilitar de la oligarquía boliviana, racista, separatista y anticomunista», como la describe el periodista Nicolás Lantos en una investigación.
Aquel intento del 2008 tuvo entre sus principales dirigentes a Branko Marinkovic, empresario cruceño, que huyó del país luego del fracaso de ese plan, y su involucramiento en una operación para asesinar a Evo Morales en la cual estaban implicados cinco europeos vinculados a grupos neonazis.
Marinkovic, que apadrinó a Camacho —formado en filas de la UJC—, fue parte de la articulación del golpe contra Morales desde el exterior, y regresó a Bolivia en enero. Fue nombrado ministro de Planificación del Gobierno de facto el miércoles 5 de agosto, dos días después de iniciarse los bloqueos y protestas.
Los golpistas
Los actores del golpe de Estado del 2019 fueron heterogéneos, pero conformaron lo que Salvatierra llama «el bloque de noviembre» articulado para el derrocamiento del Gobierno de Evo Morales.
Los actores de ese bloque, pasado el golpe, «retornaron a sus reductos político-electorales, sin embargo, la candidatura de Jeanine Añez, quien sorprendió transgrediendo los principios de un ‘Gobierno de transición’, y la aventura electoral de Camacho fragmentaron aún más a la oposición al MAS».
El arco golpista anti-MAS quedó así dividido en diferentes candidaturas: Añez, Camacho, Jorge Quiroga y Carlos Mesa. De ese conjunto de actores Mesa, quien había sido el candidato principal contra Morales, es quien mantiene mayor intención de votos dentro de esos candidatos: 26,8%, según la encuesta realizada por el Centro de Estratégico Latinoamericano de Geopolítica de julio. Arce, en cambio, tiene 41,9% de intención de voto.
El ingreso de Marinkovic al Gobierno de facto podría significar una posible unidad entre Añez y el sector encabezado por Camacho, aunque discursivamente mantenga posiciones críticas contra ella y Murillo. Camacho, ante los bloqueos, volvió a desplegar grupos armados, como anunció y reivindicó luego en sus mismas redes sociales.
Pero tanto Añez, como Camacho, Mesa, y el arco golpista tienen dos puntos centrales de acuerdo: impedir que vuelva el MAS al Gobierno y el modelo económico impuesto luego del derrocamiento de Evo:
«Lo que une a todas estas fracciones es su acuerdo implícito de imponer una agenda económica neoliberal plasmada en el Decreto Supremo 4272 que establece la reducción del Estado en la economía, la privatización de empresas estatales, reducción del gasto público, reducción y precarización del empleo», analiza Nogales.
La escalada de la crisis
El cabildo realizado el martes 11 de agosto al mediodía en la ciudad de El Alto ratificó la exigencia de la renuncia de Añez. El pedido, que se extiende por varios sectores y protestas es, sin embargo, complejo en sus consecuencias políticas.
«Si vamos a ir por derrocar a este Gobierno, como dicen los compañeros, ‘fuera Añez’, ¿qué gobierno va a entrar? Creo que esta reflexión hay que hacerla, lo más rápido, derrocar a Añez implicaría un nuevo gobierno transitorio que tendría que convocar a nuevas elecciones, y, por lo tanto, eso implicaría un período más largo de incertidumbre hasta tener un gobierno democrática y legítimamente elegido», afirmó Arce.
El llamado de reflexión de Arce se dirigió a quienes encabezan las protestas. Las mismas, donde participa la COB, el Pacto de Unidad, y diferentes sectores movilizados, no están siendo dirigidas por el MAS.
Morales convocó el 10 de agosto «a dirigentes y pueblo movilizado» a considerar una propuesta borrador de Acta de Entendimiento, «trabajada por organizaciones sociales y el TSE, con la Organización de Naciones Unidas como testigo, «para que el 18 de octubre sea, con ley, fecha definitiva, impostergable e inamovible de elecciones».
La apuesta, en este momento crítico, es, por parte del MAS, lograr un acuerdo con garantías respetadas, y evitar una escalada aún mayor que pueda llevar a más enfrentamientos armados civiles, así como a nuevas masacres por parte del Gobierno de facto con las fuerzas policiales y militares, como sucedió en noviembre.
Existe otro escenario en juego, también denunciado por Arce y Morales: un plan de «autogolpe militar para perpetrarse en el poder sobrepasando el orden constitucional». ¿Qué acuerdos existen dentro de las fracciones militares para encabezar una acción de esta naturaleza? ¿Qué respaldo tendría por parte de la embajada norteamericana? ¿O está siendo gestado desde la embajada?
El 10 de agosto por la noche, en un programa en el canal estadounidense CNN, el presentador Fernando Del Rincón, además de alabar a los grupos armados de la derecha, exhortó a Murillo a desplegar a los militares a las calles a poner orden, ya que los bloqueos serían «un crimen de guerra». Allí fue cuando Murillo afirmó que «meter bala sería lo políticamente correcto» y que tenía las «horas contadas» para «evitar una guerra civil».
Por el momento la escalada no se detiene. ¿Podría detenerla una decisión del TSE de adelantar las elecciones y poner una fecha anterior al 18 de octubre? Dos vocales de la institución plantearon el martes 11 la necesidad de reconsiderar la fecha en vista de «los acontecimientos actuales de conflictividad social que tienden a agravarse cada día».
El lunes 10 la Fiscalía anunció haber aceptado las denuncias contra Morales, Arce, Choquehuanca y Huarachi para investigarlos por terrorismo. El intento de lograr elecciones con garantías se enfrenta no solamente a las postergaciones, sino también a las persecuciones e intentos de proscripción.
El continente y el mundo asisten al intento de un golpe de Estado de mantenerse en el poder político. Como en los días del derrocamiento muchos de los grandes medios oscilan entre mirar hacia otra parte, desconocer la dimensión golpista de Añez y equiparar actores, o nuevamente, como CNN, apoyar abiertamente a los golpistas. Algo similar ocurre a nivel diplomático.
El número de muertos en esa fecha es de 182 muertes debido a Covid-19 en Haití. Se ha confirmado un total de 7.611 casos de contaminación, mientras que casi 5.000 personas (4.893) han sido tratadas por la enfermedad.
