Por Atilio Borón
Revisando algunos viejos apuntes acumulados en el disco duro de mi computadora encontré una serie de declaraciones de la Academia Nacional de Periodismo de la Argentina manifestando su preocupación por la libertad de expresión y el ataque a “periodistas” como Luis Majul y Daniel Santoro.
La institución de marras la preside Joaquín Morales Solá, un señor que finge ignorar la diferencia entre informar -y sobre la base de información confiable y chequeada opinar- y utilizar los medios de comunicación en los que se desempeña para operaciones propagandísticas presentadas ante su indefensa audiencia como si fueran “periodismo independiente”.
En una reciente emisión de su programa Desde El Llano, el presidente de la ANP “entrevistó” a la señora Elisa Carrió quien se despachó con una serie interminable de disparates, ¡sin que el supuesto periodista atinara a balbucear una sola repregunta! No fue una entrevista periodística sino un caso de propaganda política subliminal, probablemente remunerada. Es decir, una estafa a la teleaudiencia.
Lo mismo había hecho unos días antes Carlos Pagni, otro representante del “periodismo serio” en la Argentina, cuando “entrevistó” durante poco más de media hora a Juan Guaidó que, como lo haría Carrió después con Morales Solá, derramó enormes cantidades de “bullshit” ante un impasible Pagni, que no hizo el menor comentario o formuló pregunta alguna para poner a prueba los dichos de Guaidó.
El objetivo, claro está, era brindarle al esperpento venezolano una plataforma para difundir su proyecto político. En ambos casos un espacio supuestamente periodístico parecería haber sido alquilado para promover la agenda política de una autoproclamada candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, retornada a las lides políticas pocos meses después de haber anunciado su definitivo retiro; o la de un pelele orgulloso de haber sido designado “presidente encargado” de su país por Donald Trump. Todo esto, repito, ante la actitud complaciente de los aquiescentes “entrevistadores”.
En resumen, gran parte de eso que llaman “periodismo independiente” no es otra cosa que una tapadera para que algunos mercaderes trafiquen con su espacio comunicacional y lo subasten (ellos o sus patronos) al mejor postor. ¡Y encima se dan el lujo de pontificar sobre la libertad de expresión, la república y la democracia!
En fin, esta es la dura realidad del periodismo que en nuestro tiempo se autocalifica como “serio y profesional”, y no sólo en la Argentina y Latinoamérica. Europa o Estados Unidos tampoco están a salvo de este flagelo que es una de las mayores amenazas que acecha a la democracia en el mundo moderno.
La ANP salió en defensa de dos personajes de la cloaca mediática como Luis Majul y Daniel Santoro cuyo “periodismo de investigación” es producido por un singular equipo cuyos puntales son los servicios de inteligencia y un manojo de jueces y fiscales corruptos, unos y otros en abierta violación a las leyes de este país.
Esta operación no tiene nada que ver con el periodismo. Su objetivo es obtener instrumentos y supuestas pruebas para perseguir, acosar y eventualmente extorsionar a rivales políticos y sectores ligados en este caso al oficialismo.
Lo de la ANP no es una excepción; tampoco lo son los grandes conglomerados mediáticos argentinos (que incluyen prensa gráfica, radio AM y FM, televisión abierta y por cable, granja de bots, etc.) como Clarín, La Nación o Infobae. Pero por su gravitación mundial el diario El País de España se lleva los laureles en lo que hace a la prostitución del periodismo convertido en un nauseabundo house organ al servicio de los ricos y poderosos de todo el mundo.
Por eso no sorprendió que a mediados del año pasado Antonio Caño, exdirector de aquel diario entre 2014 y 2018, publicara una nota titulada nada menos que El Error de Llamar a Assange periodista. En ella arguye que el fundador de Wikileaks es un “impostor” porque, según él, “los periodistas no roban información legalmente protegida, no violan las leyes de los Estados democráticos, no distribuyen los documentos que les facilitan los servicios secretos sin haberlos verificado”, tarea que Caño confía, corporativamente, al buen saber y entender de periodistas profesionales.
¿Periodistas profesionales, como quiénes? Puede ser, en algunos poquísimos casos, pero ¿por qué no confiar en gente con mayor formación específica para evaluar los datos divulgados por Assange como politólogos, sociólogos, internacionalistas, historiadores, semiólogos y expertos en materias militares o en inteligencia?
Pero además, muchos de los amigos y colegas latinoamericanos de Caño lo que hacen es justamente eso: roban información que “debería” estar legalmente protegida, violan a destajo las leyes de los estados democráticos, y distribuyen los documentos que les facilitan los servicios secretos o funcionarios corruptos del poder judicial para acosar y/o destruir a sus adversarios políticos.
En su angelical candor, o diabólico cinismo (cuestión que las y los lectores deberán discernir), el ex director de El País dice que los periodistas profesionales “cuidan de no causar daños innecesarios con su trabajo, les dan a las personas aludidas la ocasión de defenderse, buscan la opinión contraria a la que sostiene la fuente principal de una información, no actúan con motivación política para perjudicar a un Gobierno, un partido o un individuo. Los periodistas no defienden más causa en una sociedad democrática que la del ejercicio de su trabajo en libertad.”
Releo estas líneas de Caño y me rectifico: no creo que sea el suyo un caso de infantil ingenuidad. Digámoslo con todas las letras: es la sutil estratagema discursiva de un impostor de alta gama que sabe que en el ejercicio del periodismo hegemónico, ese que él llama “profesional”, aquellas reglas tan prístinas que él enunciara son violadas con premeditación y alevosía; que los autodenominados “periodistas independientes” causan intencionalmente daños a las personas o instituciones víctimas de su persecución; que no les dan ocasión de defenderse; que jamás buscan una opinión contraria a la línea que les bajan sus jefes o patronos y nunca aceptan debatir con quienes sostienen puntos de vista contrarios; y siempre actúan con motivación política para perjudicar a un gobierno, partido o individuo.
El caso de Agustín Edwards Eastman, dueño de El Mercurio de Chile es una muestra paradigmática de lo que hacen los periodistas defendidos por Antonio Caño y por el presidente de la ANP, Joaquín Morales Solá.
Por eso después de más de cincuenta años de prostitución periodística en buena hora el Colegio de Periodistas de Chile lo expulsó de sus filas, precisamente por haber hecho exactamente eso que Caño dice que los periodistas profesionales no hacen. Si en la Argentina existiera una institución con los mismos valores y valentía de sus colegas chilenos la cantidad de operadores políticos disfrazados de periodistas que serían expulsados de sus filas llegaría fácilmente a medio centenar.
Justamente a causa de esta degradación moral es que no sorprende el estruendoso silencio de la ANP ante el caso de Julian Assange, injustamente encarcelado por haber informado al público sobre los crímenes de guerra, la corrupción y el espionaje global del gobierno de Estados Unidos.
Ni una palabra en defensa de un verdadero campeón de la lucha por la libertad de expresión, que mentirosamente la ANP dice defender; ni un gesto de solidaridad ante un periodista retenido en una cárcel de máxima seguridad, en confinamiento absoluto, sin contacto con nadie, sin ver sino por unos minutos la luz del sol una vez a la semana, sometido a maltratos físicos y psicológicos de todo orden pese a la precaria condición de su salud.
Pero al haber revelado los secretos del imperio y sus mandantes -que el sicariato mediático oculta bajo siete llaves- para la ANP Assange es un traidor, un “impostor” como dice Caño, que no merece solidaridad alguna. El próximo 4 de enero la jueza Vanessa Baraitser dará a conocer su sentencia en el juicio por la extradición del australiano a Estados Unidos.
Pese a la debilidad de las pruebas aportadas por el querellante el acusado fue privado de su libertad y enviado a la cárcel. Cunde la indignación entre los periodistas de verdad de todo el mundo, advierte el laureado cineasta y periodista británico John Pilger, quien asegura jamás haber visto una farsa tan grotesca como el juicio celebrado en Londres.
El lawfare se extiende como una mancha de aceite, y de la Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Ecuador ya arribó a Europa y Estados Unidos. Pero la ANP no cree que exista tal cosa porque, según sus dirigentes, el lawfare es una maligna invención de una izquierda totalitaria, populista, chavista, castrista, y por lo tanto desestima olímpicamente la denuncia de Pilger. La inmoralidad de esa institución no tiene límites.
Este negacionismo también se revela en relación a la situación de los periodistas en Estados Unidos. Desde el estallido de las protestas del Black Lives Matters con motivo del asesinato a sangre fría de George Floyd por la policía de Minneapolis, 322 periodistas fueron agredidos (salvo contadas excepciones, por las “fuerzas del orden”); 121 fueron detenidos, a 76 les destruyeron sus equipos (cámaras fotográficas o de video, teléfonos celulares) o instalaciones (salas de prensa) y 13 fueron querellados y sometidos a proceso judicial.
La misma fuente informa que en 2018 cinco periodistas fueron muertos a balazos en Estados Unidos. Pero esto no fue ni jamás será noticia en los medios hegemónicos, apropiadamente caracterizados por sus críticos como la Bullshit News Corporation porque la mayoría de la información que difunden es eso, basura; mucho menos será motivo de preocupación o denuncia para la ANP, obediente hasta la ignominia antes los menores deseos del amo imperial.
La institución defiende a sus mercachifles de la comunicación, no a estos pobres diablos acosados por el poder en Estados Unidos que pagan con sus vidas su lealtad a la profesión que eligieran. En cambio si un periodista, ¡aunque sea sólo uno!, hubiera sido detenido en Venezuela o sufrido la destrucción de su equipo de trabajo la gritería del sicariato mediático mundial habría sido ensordecedora. Su doble estándar moral los convierte en sujetos despreciables.
Conclusión: el autocalificado “periodismo independiente” no es otra cosa que una organización criminal porque, como lo recordara Gilbert K. Chesterton en tiempos de la Primera Guerra Mundial, “los periódicos comenzaron para decir la verdad y hoy existen para impedir que la verdad sea dicha”.
Para ello cuentan con cuatro armas principales: promover la “posverdad”; mentir y usar las fake news a destajo; utilizar el blindaje informativo (por ejemplo, no decir jamás nada sobre la interminable matanza que a diario desangra Colombia o sobre las revelaciones de los Panamá Papers que involucran al expresidente argentino Mauricio Macri) para proteger a socios y/o amigos; y el linchamiento mediático de líderes “molestos” a las cuales es preciso satanizar para que luego jueces y fiscales culminen el proceso enviándolos a la cárcel o inhabilitándolos para competir por cargos públicos.
Por eso hoy esa prensa, así de corrupta, constituye una de las principales amenazas a la democracia, y si la sociedad no reacciona a tiempo probablemente acabe no sólo con lo poco que resta de libertad de expresión sino que acentúe aún más la asimetría entre una prensa hegemónica que domina sin contrapesos el espacio mediático y el periodismo verdaderamente independiente, que sobrevive a duras penas ante tan desigual competencia.
Pero lo que está en juego no sólo es la libertad de expresión; también el derecho de los pueblos a acceder a información verídica y comprobable, legalmente obtenida. Y por supuesto, la democracia también está en peligro porque para sobrevivir requiere que el espacio mediático sobre el que reposa sea efectivamente democrático y plural y no esté amordazado por la dictadura del pensamiento único.
La democracia se vacía de contenidos, se degrada y finalmente sucumbe cuando el sustrato comunicacional sobre el que se apoya es una tiranía informativa. Evitar que esto suceda será una de las grandes e impostergables batallas que deberemos librar una vez derrotada la pandemia.
Cardin se hizo conocido en los años 50 por su estilo vanguardista, y en los 60 por sus diseños futuristas. Prefería las formas y los motivos geométricos, a menudo ignorando la forma femenina. Innovó al diseñar la primera moda unisex y también en los 70 puso de moda la alternancia de faldas mini (a mitad de muslo) y maxi (largas hasta los tobillos) y la combinación de minifalda con abrigo, blusa o casaca muy largas.
Cardin fue el primer diseñador en exportar a Japón, un nuevo mercado para la alta costura, cuando viajó allí en 1959. En 1959, pese a ser considerado el primer ‘couturier’ en París, fue expulsado del Chambre Syndicale por el lanzamiento de una colección ‘prêt-à-porter’ para la cadena de grandes almacenes francesa Printemps. no tardo mucho en volver a ser admitido. Sin embargo, se retiró de la Chambre Syndicale en 1966 y mostraba sus colecciones en el Espace Cardin, inaugurado 1971, en París, donde anteriormente estaba el Théâtre des Ambassadeurs.
Cardin fue de las primeras casas de moda en expandir a otros mercados su marca más allá de la moda, los complementos y la perfumería, al incluir un contrato con American Motors (AMC), tras el éxito de Aldo Gucci quien diseñó el interior de los vagones del Hornet Sportabout. Los automóviles AMC Javelin incorporaban en su interior diseños de Cardin resaltando la audacia y extravagancia, términos que definen exquisitamente al diseñador; estos automóviles estuvieron disponibles en 1972 y 1973. Un total de 4.152 coches recibieron un acabado interior combinando bandas chinas en varios colores creando un conjunto sobre fondo negro. Éste fue uno de los primeros autos americanos en ofrecer un paquete especial que permitía personalizar los asientos quitando los forros, idea creada por el entonces ya famoso diseñador de moda.
