Por Daniel Merán
Los Alcarrizos.- Un Sargento de la Policía Nacional fue muerto a tiros la noche de este martes mientras caminaba por el cementerio de Los Alcarrizos hacia su residencia.
Los autores del crimen, hasta ahora desconocidos, aprovecharon que su víctima, cuyo nombre no ha sido ofrecido todavía, cruzara por el campo santo camino hacia su residencia ubicada en la parte Sur.
Por Germán Reyes
Santo Domingo.- Pese a que en 1999 el gobierno arrendó el Ingenio Barahona a inversionistas guatemaltecos que se agruparon en la empresa Consorcio Azucarero Central, a la fecha carece con precisión de la dimensión de los terrenos envueltos en la concesión, de acuerdo con declaraciones oficiales.
El gobierno, después de la firma del contrato con el CAC, ha firmado tres adendas en las que ha variado la cantidad de terreno sin antes realizar una medición. En ambos casos, sin embargo, las autoridades se han atenido a los designios de los extranjeros que, según datos oficiales, permanecieron por once años sin pagar siquiera un centavo por el usufructo de esos bienes, «además de adeudar más de RD$1,500 millones».
El ingeniero agrónomo Danilo Severino, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), consideró como «un crimen» las pretensiones del gobierno de permitir que el CAC destruya plantaciones agrícolas en terrenos del Sur.
Según Severino, los terrenos del Ingenio Barahona son «Uno-A», de la más alta calidad y los únicos del CEA con la facilidad del regadío por inundación gracias a su privilegiada ubicación en la parte baja del río Yaque del
Sur.
El IAD confirma
El director del director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Danilo del Rosario, declaró al periodista de Neiba Faustino Reyes Díaz que será ahora cuando inicie la mensura catastral para, de esa manera, influir en el conflicto que sostienen los extranjeros con pequeños productores agrícolas que por hasta 90 cultivan sus predios de plátanos, guineos, cocos, mangos, limones y otros rubros.
Los ejecutivos del CAC, con el apoyo del CEA, demolió las plantaciones agrícolas con sus equipos pesados porque, según uno de sus voceros apellidado Candelario, «puede determinarse en las mediciones que realizamos que están dentro de la parte que contratamos».
Esa acción provocó que los campesinos afectados formularan insistentes reclamos que, al ser desoídos, optaron por instalarse en un campamento en los terrenos denominados El Aguacatico, ubicados entre las comunidades de Tamayo y Neiba.
De acuerdo con las declaraciones del funcionario, una de las aspiraciones de los campesinos y de diversos sectores organizados luego del arrendamiento de los terrenos del Ingenio Barahona seria cumplida con el saneamiento de los asentamientos de la reforma agraria.
Del Rosario aseguró que se hará la medición de la porción de tierra que posee el CAC con tal de transparentar y precisar sobre las conjeturas que se manejan.
“Con esa iniciativa el gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader busca establecer si el terreno que tiene la empresa de capital extranjero es menor que la establecida a en el contrato», dijo el funcionario.
Agregó que la medición permitirá completar la cantidad de tierra convenida con el CAC para completarle en el caso de que le faltare o, de lo contrario, aplicar una reducción y la parte restante distribuirla entre los campesinos que las reclaman como suyas.
Del Rosario reiteró el compromiso del IAD «por instrucciones del presidente Abinader», de garantizar la seguridad jurídica en el país y de garantizar que los agricultores tengan sus espacios donde producir los alimentos de sus familias y del pueblo dominicano.
Los agricultores respaldan
Dirigentes parceleros respaldan el saneamiento de los terrenos anunciado por el IAD. Asimismo, anunciaron de antemano su disposición incondicional de «respetar los resultados del levantamiento».
“Estamos de acuerdo que se mida la tierra nuevamente y la que a ellos les toque nosotros no tenemos ningún problema», dijo Pedro P. García, presidente una de las asociaciones de parceleros de terrenos ubicados en la zona denominada El Aguacatico, ubicados entre Tamayo y Neiba.
“No solo apoyamos, estamos reclamando eso porque estamos seguros que ellos están ocupando más de lo que establece el contrato de arrendamiento y pretenden seguir ocupando de manera irregular más terrenos de los que están dentro del contrato”, declaró García.
La desconfianza
De su lado, los productores agrícolas que ocupan el campamento que levantaron el la zona de El Aguacatico expresaron su desconfianza ante las declaraciones del director del IAD, a quien identificaron como patrocinador de las «atrocidades» qu
e atribuyen al CAC con la destrucción de sus cultivos.
Para Manuel Pérez, presidente del Centro de Promoción Campesina Lemba, los campesinos ya no confían en ese director del IAD «que cuanto procura con sus declaraciones es debilitar el proceso que hemos emprendido para realizar el día 15 una marcha multitudinaria».
La protesta, que tendría lugar en Barahona en ocasión de celebrar El día del agricultor, será realizada para reclamar el respeto de los derechos de los pequeños productores agrícolas a cultivar su tierra, la terminación de la presa de Monte Grande y el cese de la explotación minera en la sierra de Bahoruco.
Por Germán Reyes
Santo Domingo.- Los generales activos y retirados, tanto de la Policía Nacional como del Ministerio de Defensa, citados por el Ministerio Público en el caso de la Operación Coral fueron revelados por el grupo Somos Pueblo.
Por la organización Somos Pueblo expuso Eduardo Sánchez Tolentino, alias El Piro, quien se refirió al expediente que involucra lo que llama a “un grupo de policías y militares de alto calibre, de alto calibre de verdad”.
En su opinión, la Operación Coral es un tentáculo del supuesto entramado de corrupción denominado oficialmente como El Pulpo. “Se trata de un supuesto entramado de corrupción que habría administrado más de RD$3,000 millones”
Santo Domingo.- Un grupo de organizaciones y ciudadanos de la provincia Peravia, donde funciona el proyecto de la Central Termoeléctrico Punta Catalina (CTPC), reclamaron que sea sometido a la justicia y apresado el ex procurador general Jean Alain Rodríguez «por obstrucción de la justicia en el caso Punta Catalina y el ´escándalo´ Odebrecht».
Asimismo, demandaron que sea investigada la supuesta sobrevaluación de las plantas eléctricas, así como al ex presidente Danilo Medina y el ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Bichara, a quienes acusa de ser los principales responsables políticos «de embarcar al país en un proyecto contaminante e innecesario», que a su entender fue ejecutado con el único propósito de estafar al país.
Exigieron también que sean investigados todos los actores, tanto públicos como privados, involucrados en este «bochornoso» proyecto, según se expresa en un documento escrito entregado en la Procuraduría General de la República.
Refirieron que la CTPC fue contratado por 2,040.7 millones de dólares «con una sobrevaluación de casi mil millones de dólares y en medio de múltiples escándalos terminó costándole al país más de 3,500 millones de dólares, sin que hasta el momento nadie haya sido enjuiciado por este latrocinio contra el pueblo dominicano».
En el documento se establece que la emisión del decreto 6-17, que creó la «comisión de notables» encabezada por monseñor Agripino Núñez Collado y Jaime Aristy Escuder, «tuvo el único propósito de obstruir la justicia, usándose como herramienta para excluir el caso de Punta Catalina del escándalo Odebrecht muy a pesar de las pruebas presentadas por Alicia Ortega y Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en la que se documentaron sobornos en este proyecto por 39.5 millones de dólares».
Dijeron además que la propia comisión de notables encabezada por Núñez Collado y Aristy Escuder «debe ser investigada por prestarse para preparar un informe cómplice, que le permitió a Jean Alain Rodríguez justificar la exclusión del proyecto de la termoeléctrica del expediente del «escándalo Odebrecht».
Para las organizaciones y ciudadanos de la provincia Peravia todo se trató de un andamiaje en el que políticos y empresarios se coaligaron de manera delictiva para terminar afectando el patrimonio público con un sobrecosto de más de 2 mil millones de dólares, por lo cual consideran que sería una vergüenza nacional que este caso quede impune.
Las organizaciones
MARCHA VERDE BANI (PERAVIA SE LEVANTA)
FEDERACION DE MUJERES CAMPESINAS DE BANI (FEMUCABA)
SOCIEDAD ECOLOGICA DE NIZAO(SOEN)
ASOCIACION DE PROFESIONALES Y TECNICOS DE CATALINA(APROTECA)
COMITÉ DE DEFENSA PARA EL DESARROLLO DE PAYA (CODEPA)
BLOQUE POPULAR JESUS ADON-BANI.
MOVIMIENTO DE MUJERES TRABAJADORAS- MMT-BANI.
ASOCIACION DE MUJERES FLOR PEGUERO.
CORRIENTE MAGISTERIAL JUNA PABLO DUARTE- CMJPD-BANI.
JUNTA DE VECINOS UNIDAD Y ACCION, PIZARRETE
JUNTA DE VECINOS NUEVA UNION, BARRIO NUEVA ESPERANZA BANI.
JUNTA DE VECINOS PUERTA DEL REFUGIO, PUEBLO NUEVO BANI.
IGLESIA MISIONERA ASAMBLEA CRISTINA, PIZARRETE.
IGLESIA ASAMBLEA CRISTIANA, PIZARRETE.
ASOCIACIÓN AGRÍCOLA BRAUDILIA GERONIMO, EL CARRETON.
JUVENTUD CARIBE- BANI.
Santo Domingo.- El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) informó este martes que fue premiado como “Regulador Innovador del Año” durante el evento “5G Latin America: Digital Symposium” por el proyecto de licitación de las bandas de los 700Mhz y 3.5Ghz que se realiza en la República Dominicana.
El órgano regulador de las telecomunicaciones en el país estuvo compitiendo junto a otros homólogos de la región de Centroamérica y el Caribe (CEACA), dentro de los que se incluyen la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) de Chile y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MINTIC) de Colombia. El Indotel fue propuesto con el tema “Licitación Internacional para operación de red 5G a nivel nacional”.
Nelson Arroyo, presidente del Consejo Directivo del Indotel, agradeció a los organizadores del evento y felicitó a las demás instituciones nominadas por su trabajo en beneficios del desarrollo de las telecomunicaciones en la región.
“Desde el inicio de la instalación de este nuevo gobierno y atendiendo a la visión de nuestro presidente Luis Abinader, establecimos como prioridad habilitar la banda de 700 MHZ y 3.5 GHZ para ser aprovechadas por servicios móviles de quinta generación, así como la formulación e implementación del Plan Nacional de Banda Ancha, en busca de garantizar de forma eficiente, la cobertura total a nivel nacional de redes móviles y de despliegue de fibra. Mejorando así el acceso, la calidad y asequibilidad de los servicios de Internet de banda ancha de última generación”, explicó Arroyo.
“Este proyecto de licitación internacional incluye aspectos importantes como lo es el de dotar a zonas rurales y rezagadas del país de infraestructura de telecomunicaciones, permitiéndoles a estos sectores tener acceso a tecnologías como telefonía, cable e internet. Esto nos permitirá cerrar la brecha digital que existe en República Dominicana”, aseguró Cruz.
El Simposio Digital 5G de América Latina abordó, entre otros temas, los requisitos de evolución de la red de la comunidad de proveedores de servicios en la región de América Latina, orientada a buscar inversiones en tecnología de próxima generación y comenzar el despliegue de servicios 5G.
En el evento, que se celebró de manera digital, participaron otros expertos de la región quienes conversaron sobre temas claves como la monetización de servicios empresariales y para el consumidor, la regulación y el espectro para 5G, las tecnologías de red y la innovación y la conectividad rural.
Santo Domingo.- El general de brigada Juan Carlos Torres Robiou tiene siete años al frente del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), entidad que, según el Ministerio Público, fue utilizada por los imputados en la Operación Coral para nombrar a cientos de policías y militares de manera fraudulenta, entre otras acciones.
Aunque no figura como imputado en el entramado de corrupción, Torres Robiou es mencionado en el expediente acusatorio contra los implicados en la supuesta red que alegadamente encabezaba el exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre.
De acuerdo al expediente de solicitud de medida de coerción, el general Juan Carlos Torres Robiou tiene alquilado por 3,000 dólares mensuales un inmueble ubicado en El Portillo, provincia Samaná, registrado a nombre de Único Real State e Inversiones SRL, empresa investigada en la Operación Coral. El Ministerio Público consideró como situación “en extremo sospechosa” que el alto oficial tenga rentado un inmueble por un monto cuantioso para usarlo esporádicamente.
A pesar de que el director general del Cestur ha sido mencionado en la Operación Coral, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, no se ha referido al tema, como lo ha hecho en otros casos que han involucrado a funcionarios del Gobierno.
El general de la Fuerza Aérea Dominicana fue designado como director general del Cestur en agosto del 2014, bajo la administración del expresidente Danilo Medina. Permaneció durante los dos periodos del exmandatario y fue ratificado en su cargo por el presidente Luis Abinader, contrario a lo que generalmente se estila en los cambios de gobierno.
Ante el escándalo que ha generado el desmantelamiento de lo que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) denomina como una “organización criminal”, el general piloto puso su cargo a disposición del presidente Luis Abinader Corona, mediante una misiva dirigida este miércoles al ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa.
Torres Robiou dice que tomó esta decisión “con el propósito de facilitar que el Ministerio Público avance, sin obstrucción alguna, la investigación que tiene en curso”, refiriéndose a la Operación Coral. “Si bien no en mi contra esa investigación, es de conocimiento público que aborda algunos servidores de esta institución, cuya reputación estamos todos en el deber de proteger”, dice la misiva.
¿Cómo se involucra al Cestur en la Operación Coral?
Según el Ministerio Público, parte de los más de RD$3,000,000,000 millones sustraídos desde agosto del 2012 por los implicados en la red debió ser destinada a gastos de operaciones de inteligencia del Cestur. Además, al grupo se le acusa de nombrar a cientos de policías y militares en el Cestur y el Cusep, con sueldos de entre 20 y 70 mil pesos, montos de los que los designados “solo recibían un porcentaje” y el restante debía ser depositado a la red.
“Igual se distraían millonarios fondos de los viáticos, la compra de combustibles, las raciones alimenticias e inteligencia. La diferencia entre lo pagado y la dádiva iban a distintos miembros de la organización, quienes debían entregarlos a los miembros de la organización en las formas que se detallan en los depósitos y transacciones de la presente solicitud de medida de coerción. Otras de las modalidades en la que la red obtenía fondos era a través de las cuotas que debían entregar distintas unidades y organismos de seguridad del Estado”, destaca el expediente.
La acusación del Pepca cita que en el pasado mes de febrero de este 2021, la red logró obtener, del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), la cantidad de 1,271,100, recursos que se distribuyeron de la siguiente manera: al mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre RD$234,000.00; al exsubjefe de la Policía Nacional, Neybi Pérez Feliz, RD$100,000.00; a Rafael Núñez de Aza, en las siguientes partidas le fue entregada RD$308,600.00; RD$101,000.00); RD$58,000.00; RD$79,500.00, RD$200,000.00 y una última de RD$199,000.00).
Miembros del Cestur imputados en la Operación Coral
El coronel Rafael Núñez de Aza era el cerebro financiero del entramado corrupto organizado por Adán Cáceres para defraudar dinero del erario público, según el Ministerio Público.
Conforme establece el expediente, el oficial de la Policía Nacional se desempañaba como encargado financiero del Cusep y del Cestur, lo que le permitía al imputado Adán Cáceres mantener un control discrecional y poco estricto de los fondos que administraba, los cuales ascendieron a unos RD$3,000,000,000 durante los ocho años de gestión al frente del Cuerpo de Seguridad Presidencial.
Mientras que el teniente coronel de la Policía, Raúl Alejandro Girón Jiménez se encontraba asignado al Cestur, donde se desempeña como director de Tecnología y Comunicaciones hasta que se produjo su apresamiento el sábado 24 de abril. Además, era programador de nóminas del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial.
El imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez realizaba compras de inmuebles a nombre propio y suscribía préstamos ficticios a miembros del entramado, según el expediente, que cita la compra por D0P$7,634,231.40 del inmueble que tiene alquilado el general Torres Robiou en el Condominio Balcones del Atlántico, en Samaná.
Otros implicados
Del entramado de corrupción desmantelado bajo la Operación Coral, las autoridades sindican como cabecilla al mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, quien realizó transacciones en efectivo por más de 52 millones de pesos en cinco años, suma que el Ministerio Público califica de producto de actos ilícitos, tomando en cuenta los salarios que el militar devengaba.
El militar también fue apresado el sábado, al igual que la pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, acusada de ser la testaferro y prestanombres de Cáceres Silvestre.
Asimismo, se encuentran detenidos el cabo de la Policía, Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la pastora, y el sargento de la Armada Dominicana, Alejandro José Montero Cruz.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusa al grupo de ocultar, disimular y encubrir el origen ilícito de fondos distraídos a través de una asociación de malhechores que realizó de manera sistemática, organizada y coordinada acciones y omisiones al más alto nivel.
Según la solicitud de medida de coerción, “los imputados crearon un entramado militar-policial, societario y religioso como un mecanismo de utilizar y ocultar sus objetivos reales para granjearse una aceptación social a través de dádivas que no representaban cantidades de mayor importancia frente a los al menos tres mil millones que obtuvo el entramado”. Fuente: diario libre-Procuraduría
Puerto Príncipe. Al menos 21 personas murieron y una treintena resultaron heridas en el choque de dos autobuses en la localidad haitiana de Williamson, a unos 50 kilómetros al noroeste de Puerto Príncipe.
Los heridos han sido trasladados a hospitales de la zona, en la región de Arcahaie, por los equipos de socorro de Protección Civil y la Cruz Roja, según un comunicado.
Según testimonios recogidos por Protección Civil, un minibús que intentaba hacer un adelantamiento chocó frontalmente contra un autobús que venía en sentido contrario.
El minibús cubría la ruta entre Puerto Príncipe y Saint-Marc, mientras que el otro vehículo de transporte colectivo viajaba de Gonaives a la capital haitiana.
La pasada semana, 10 haitianos murieron en un suceso similar.
