Santo Domingo, El Día. – El diputado Miguel Gutiérrez, apresado por agentes de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, figura como accionista en al menos cinco compañías, una de ellas radicada en los Estados Unidos, con un capital invertido que supera los RD$92 millones.
La compañía ubicada en los Estados Unidos figura bajo las iniciales del diputado MAGD (Miguel Andrés Gutiérrez Díaz) y es donde se encuentra su mayor inversión de manera pública con 1.5 millones de dólares.
Las otras empresas tienen su rango de operación en la República Dominicana y funcionan bajo los siguientes nombres: Inmobiliaria la Hacienda SRL donde figura como accionista con RD$4.5 millones; Constructor A. Gutiérrez Díaz SRL con RD$800,000; G.D. Hipotecas y Pagares SRL con RD$820,000 y MIGUDI, Inversiones donde figura con inversión de RD$800,000.
El legislador indica que anualmente por esas inversiones recibe alrededor de RD$18.3 millones.
Los datos están contenidos en su primera declaración jurada de bienes que realizó el año pasado tras ser electo como diputado del Partido Revolucionario Moderno por Santiago.
En ese mismo documento también se evidencian bienes inmuebles, la mayoría de ellos a nombre de su esposa y compañías, entre ellos una residencia en los Estados Unidos valorada en 1.2 millones de dólares.
La agencia antidrogas dominicana especificó que el legislador fue detenido en el aeropuerto de Miami con una orden de arresto de los Estados Unidos por asuntos de tráfico internacional de drogas.
Al momento de su detención llegaba en un vuelo comercial desde República Dominicana a la terminal de Miami y fue detenido de inmediato por las autoridades estadounidenses para que responda por las acusaciones en su contra.
“La detención del legislador Gutiérrez Díaz forma parte del fortalecimiento de la cooperación contra el crimen transnacional entre las agencias antidrogas de Estados Unidos y República Dominicana”, afirmó la DNCD.
El periodista haitiano Rony Mannevil Delva, de la Agencia de Prensa Internacional (API), había informado desde Ouanaminthe (Juana Méndez en español), que el presunto delincuente había sido apresado este domingo al cruzar la frontera por Dajabón.
El entonces fiscal de Puerto Príncipe, Paul Eronce Villard, colocó el 19 de octubre de 2019 un impedimento de salida por las vías aérea, marítima y terrestre contra el presunto delincuente.
El agrónomo Manuel Pérez, quien leyó el manifiesto al final de la caminata que partió de la avenida Luperón esquina Duarte hasta el antiguo local de la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), urgió a Abinader a que contribuya con el manteniendo de la paz social en la demarcación.
Pérez, conocido como Manuel Lemba, aludió de manera directa a tres grandes “problemas”, entre ellos que se anulen las concesiones mineras y cese la explotación exportación a granel de caliza y todo material mineral o industrial granulado, arena o polvo, por el puerto de la ciudad de Barahona y éste sea declarado “de interés turístico”.
El vocero de las organizaciones dijo que se precisa que Abinader ofrezca las garantías de que por parte del Estado las tierras que se regarán con la presa se dedicarán a la agropecuaria “en beneficio de los jóvenes, mujeres y agricultores de la región y no al fomento del latifundio cañero que promueve la familia Campollo, con el apoyo del CEA y el IAD”.
