La repatriación de mujeres embarazadas es una de las medidas adoptadas ante esta situación por el Ejecutivo dominicano desde septiembre pasado, en el contexto de una de las peores crisis de violencia que ha sufrido Haití en los últimos años.

Familias separadas

Cientos de familias padecen las consecuencias de esta medida. Una de ellas recibió a Efe en su paupérrima casa de lata y madera en el municipio dominicano de Los Alcarrizos.

A Geralda, la matriarca embarazada de nueve meses, la interceptaron el pasado 10 de noviembre en la maternidad de La Altagracia, adonde acudió para someterse a un chequeo prenatal acompañada por su hija Wislanda, de 11 años. Acto seguido, ambas fueron deportadas. Ni siquiera tuvieron oportunidad de recoger sus cosas. Se marcharon con lo puesto.

Ahora, su ausencia pesa sobre los otros cuatro hijos y dos sobrinos de Geralda, de entre 5 y 23 años, que comparten el mísero hogar.Están sobrevivendo con lo que saca la mayor de las hijas con la venta ambulante, una actividad con la que esta joven de 16 años se expone a ser deportada.

Ella es la única que se atreve a salir a la calle. Los demás no se alejan de la casa. Ninguno tiene documentos y, como en la mayoría de los casos que Efe ha conocido durante la elaboración de este reportaje, apenas hablan español, a pesar de que llevan años viviendo en República Dominicana.

Mientras tanto, Geralda y Wislanda están a 320 kilómetros, al otro lado de la frontera, acogidas en las instalaciones del Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados (GARR) de la población de Belladere, adonde fueron deportadas.

«Cuando estaba en la maternidad, Migración me atrapó», dice. Eran las cinco de la mañana. El hospital aún estaba cerrado, así que el personal de seguridad lo abrió para que las embarazadas entraran.

«Los agentes nos pidieron la ecografía. Se la entregamos. Entonces nos pusieron en línea y, después, Migración nos lleva», explica Geralda.

Limem, Widelyne y Madocherie también están refugiadas en el GARR, donde duermen en colchones tirados en el suelo que antes sirvieron de lecho a otras cinco embarazadas que llegaron allí desde que empezaron los retornos forzosos. Todas comparten la misma historia de pobreza y exclusión.

La frontera

En algunos casos, los recién deportados, sean hombres o mujeres, vuelven a cruzar la frontera acompañados de los «buscones” que integran las organizaciones de tráfico de migrantes. Los conducen por las zonas menos vigiladas de la frontera a cambio de 200 dólares, explica a Efe el director del GARR, Orbé Rigard.

Actualmente hay 12.000 militares desplegados a lo largo de la línea que separa Haití de República Dominicana, donde avanza la construcción de un muro fronterizo para impedir el paso de migrantes, reforzado con puestos de vigilancia.

En el portón que separa la localidad dominicana de Comendador de la haitiana Belladere, los agentes controlan los desplazamientos, principalmente de haitianos que cruzan para comprar mercancías, y especialmente de los camiones, por si esconden inmigrantes.

Ahí también llegan a diario autobuses amarillos que antaño transportaron escolares y hoy, reforzados con rejas, llevan a haitianos de vuelta a su país, en ocasiones, mujeres embarazadas.

Sobrecarga para República Dominicana

Las autoridades dominicanas justifican estas deportaciones argumentando que los servicios de maternidad del país son incapaces de asimilar la llegada de mujeres haitianas embarazadas, que han pasado del 12,5 % de los alumbramientos en 2018 a un 30 % en la actualidad, según estadísticas oficiales.

El Sistema Nacional de Salud (SNS) cifra en 73 millones de dólares anuales la inversión del país en atenciones médicas a los residentes haitianos, incluyendo 5,8 millones de dólares en partos, según datos de un estudio de 2019.

En diez días desde el inicio de las deportaciones de embarazadas, la afluencia de haitianas ha bajado hasta un 20 % en los centros médicos de la capital y un 10 % en los hospitales de la frontera, señala el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, quien puntualiza que los casos de emergencia siempre serán atendidos en el país.

La saturación hospitalaria, acrecentada por la pandemia de la covid-19, no convence a la ONU, que está «preocupada» por la detención y deportación de embarazadas, y pide que se suspendan estas acciones que atentan contra los derechos humanos.

Detenida y de parto

El caso que hizo saltar las alarmas fue el de Natali Volibal, detenida en la maternidad de la Altagracia el 10 de noviembre. Ella ya había roto aguas y presentaba dolores de parto cuando la subieron al autobús rumbo a Haina.

«En el camino, atrapaban a otras mujeres embarazadas», describe al recordar el pavoroso traslado al centro de acogida donde, al ver que sangraba, decidieron llevarla al Hospital de Barsequillo, donde dio a luz por cesárea a la pequeña Kristell «bajo la supervisión de unos guardias».

A pesar de que una subida de la presión arterial la puso al borde del coma, la joven haitiana trajo al mundo a su hija y ambas pudieron marcharse a la humilde casita en una barrio de la capital donde Natali reside desde hace dos años junto a su esposo y otros dos hijos.

El periplo de una madre al rescate de su hijo

Aunque los retornos forzosos de mujeres gestantes son los que han tenido más repercusión, también se están produciendo deportaciones de menores de edad, incluso con documentos en regla.

Es el caso de Mikelson, nacido en República Dominicana hace 16 años pero de nacionalidad haitiana, y cuya madre, Lusía, vive en situación regular y está casada con un dominicano.

«Él fue a comprar unas cosas» y después «de un buen tiempo esperándolo» alguien llegó a casa para avisar que Migración se lo había llevado, relata.

Mikelson «no sabía adónde ir» en Haití, un país totalmente desconocido para él, que además no habla creole. Tampoco podía llamar a casa, porque le quitaron el celular.

«No tenía ninguna comunicación conmigo. Imagínate cómo estaba yo. Yo sé que él no se puede defender en Haití», así que, en lugar de volver a casa, «me fui también a Haití» a buscarlo, afirma su madre.

Entonces, recibió una llamada que la llenó de esperanza. «Por la misericordia de Dios, hay una persona de buen corazón que acoge al niño en su casa», en Puerto Príncipe, cuenta Lusía, donde finalmente pudo reunirse con él menor, quien reflejaba en su aspecto los padecimientos que había sufrido.

La bandera del antihaitianismo

El presidente del Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos (Mosctha), Joseph Cherubin, reconoce que «las autoridades tienen derecho a deportar a gente que está en condición de ilegalidad, pero hay que hacer el debido proceso», puntualiza, no sólo mandar a las personas «sin más» a Haití, comenta a Efe.

El proceso de deportación está fijado en un protocolo firmado en 1999 entre los dos países según el cual República Dominicana se compromete a evitar la separación de familias.

El tema de las deportaciones en República Dominicana es «constante», alega Cherubin, pero el problema, a su entender, es que «después de la matanza» de haitianos que hubo en 1937 con el dictador Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), este «es el primer Gobierno que toma la bandera del antihaitianismo».

República Dominicana mantendrá su estrategia

Las autoridades dominicanas cifran en 31.764 las deportaciones de haitianos efectuadas en lo que va de año, según datos aportados a Efe por la Dirección General de Migración (DGM) a fecha 25 de noviembre, que reflejan un incremento de los retornos desde septiembre, con 4.390.

En octubre se registraron 6.137 deportaciones y 3.192 en las primeras semanas de noviembre.

El viceministro José Manuel Rosario, responsable de Asuntos Migratorios en el Ministerio de Interior y Policía, explica que entre los motivos de que se haya empezado a aplicar de manera estricta la Ley de Migración está la crisis política y de violencia que sufre Haití.

Esa situación provoca que «la República Dominicana tenga que tomar medidas para proteger su territorio. El flujo de personas ya no es sólo una cuestión migratoria, también tiene que ver con la seguridad nacional y la seguridad ciudadana», asegura Rosario a Efe.

En unos meses, y habiendo ya un contexto de crisis política y manifestaciones violentas contra el Gobierno, Haití ha sufrido un magnicidio y un terremoto, mientras las bandas armadas han ido ganando terreno, financiándose mediante secuestros.

Desde el Gobierno «vamos a seguir aplicando la política migratoria, y no es verdad que esté en contradicción con tratados internacionales. Ningún tratado internacional avala el ingreso ilegal de personas al territorio de otro estado», apuntó Rosario, en alusión a las críticas de organizaciones locales e internacionales.

«Tampoco es verdad que contraviene el derecho interno» dominicano, señala en referencia a la ley de Migración que, aunque faculta a las autoridades a hacer deportaciones automáticas de extranjeros en situación irregular, se rige por un reglamento que prohíbe expresamente detener a mujeres embarazadas. E insiste en que «detención y repatriación no es lo mismo».

Llega un momento en que los organismos internacionales «pueden estar cruzando la raya de meterse en los asuntos internos de los Estados», sin ser parte de la solución, considera Rosario.

«Nosotros hemos ofrecido construir tres hospitales de aquel lado para las parturientas haitianas», pero la comunidad internacional, afirma, no ha ofrecido aporte alguno, ni en ese sentido ni para proteger la frontera dominico haitiana «sin inmiscuirse en los asuntos internos» de ambos países.

Aun así, el responsable de Asuntos Migratorios admite que «lo que se haga mal, habrá que enderezarlo. Nosotros tenemos que respetar los derechos humanos; si se violan, tenemos que resolver ese problema», reconoce.

Al migrante «hay que respetarle sus derechos, su integridad física, su dignidad», pero siempre bajo la premisa de que el país tiene sus propios derechos migratorios y, con respaldo o sin él, las autoridades dominicanas están determinadas a ejercerlos, considera el viceministro».