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    Señas, poder y Tribunal Superior Electoral

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    Guido Gómez Mazara

    Jesús Santrich, exguerrillero de las FARC, electo recientemente legislador en Colombia, ha sido pieza clave en un proceso de pulso entre la institucionalidad y las garras de la política, revelador del afán de sectores partidarios en todo el continente de caricaturizar la justicia, haciéndola un instrumento personal. Afortunadamente, frente al reclamo de extradición e interés del Presidente Iván Duque de que la razón política se imponga sobre el derecho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Álvaro Fernando García, vía una decisión del órgano, no sólo negó el reclamo de la autoridad gubernamental, sino que estableció lo importante para un sistema que la justicia no se reduzca a obedecer al poder. Así acontece en sociedades donde los límites del ejercicio político están claramente definidos.
    En el país luchamos a diario por disolver el fantasma autoritario que seduce una gran parte del bestiario partidario que, administra a su antojo, los mecanismos de elección del aparato institucional pretendiendo “dirigirlo” sobre el criterio de que los agraciados le deben el favor. El pasado cuerpo directivo del Tribunal Superior Electoral (TSE) jugó un papel estelar en el acomodo de sentencias íntimamente asociadas a los vientos del oficialismo, con tanto descaro, que tres de ellos pululan entre el servicio exterior, la nómina del Senado y la representación del PLD en la Junta Central Electoral.
    La reacción pública del presidente de la cámara alta y secretario general del partido de gobierno respecto de la sentencia 012-2019, emitida por el TSE, pone de manifiesto el criterio político, las expectativas creadas en el corazón del oficialismo alrededor de la situación del PRD y el marcado interés de generar miedo en los estamentos de la justicia en todo lo concerniente a “decisiones” contrarias a la agenda gubernamental. Inclusive, las señales se tornan burdas porque cubren en “reconocimiento y distinciones” la preservación de una alianza provechosa en el marco de la rentabilidad financiera para el sector que administra las siglas del partido blanco y bastante útil para un PLD fascinado por validar una opción disponible para travesuras fácilmente identificables.
    Los días por venir serán importantes para un TSE que ha sido objeto de acoso de un poder político claramente identificado con la idea de que, en la actual coyuntura, la política debe imponerse sobre el derecho. Esencialmente, con un reloj electoral que podría servir de excusa para un ejercicio de pragmatismo inmisericorde capaz de facilitar a reconocidos voceros y abogados desbordamientos verbales en plena audiencia por sentirse respaldados por vientos palaciegos con vocación de conseguir sentencias favorables como resultado de auscultar, pervertir y falsificar aspectos privados de magistrados. Parecería un modo de actuación perversa, y lo es, lo dramático es que el modelo logra debilitar a gente frágil e incapaz de mantener posturas frente al poder. Gracias a Dios, no todos se doblan.
    El gobierno tiene sus manos metidas en los procesos de decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) porque en el marco de los acuerdos políticos PLD-PRD, la franja cercana a Danilo Medina consiguió hacer de Miguel Vargas Maldonado un instrumento de sus propósitos. A los efectos, la sentencia que ratifica su postura inicial y enviada por el Tribunal Constitucional en revisión, generó un descuadre en la agenda oficialista porque retardó acciones, como la de hacer del partido blanco el vehículo de mayor utilidad en la carrera de modificación constitucional.

    Los intentos de constituirse en autoridad partidaria modificando los estatutos, rompiendo con la tradición de participación de las bases y transformando métodos indefendibles ante el régimen de valores democráticos elementales, demuestra el aliento del poder porque ninguna autoridad electoral comprometida con interpretar el nuevo ordenamiento consignado en las leyes 33-18 y 15-19 puede justificar mediante sentencia las locuras revestidas de “legalidad” en capacidad de hacer del político más impopular, dirigente “electo” en un proceso convencional.

    Los oficialistas critican al ministro de Economía

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    Isidoro Santana, ministro de Economía

    Santo Domingo.- Las declaraciones del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana López, que se opone a una modificación a la Constitución,  generó ayer un racimo de reacciones entre los legisladores fieles al presidente Danilo Medina, quienes insisten en que el mandatario debe intentar su reelección.

    Los diputados danilistas  le restaron méritos al funcionario para hacer tal petición,  al definirlo como “un técnico, no un político”.

    Por ejemplo, el diputado  Elpidio Báez, uno de los principales promotores de la reelección, afirmó que esa oposición no tiene importancia, porque (Santana) no es miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y “no le duele el Gobierno, ni hizo nada para que Danilo Medina llegara al poder”.

    “Él es un técnico que el presidente Medina incorporó al Gobierno, pero él no tiene compromisos con esta gestión. No es del partido, no le duele esta administración, pero, lógicamente, respetamos su opinión como ciudadano”, indicó el diputado.

    “Santana no fue llamado como político al Gobierno, él no tiene compromisos con Danilo ni con el Gobierno; es un técnico con fuertes vínculos con las organizaciones de la sociedad civil”, agregó.

    De visita ayer en el Palacio Nacional, los diputados Gustavo Sánchez y Rafael Méndez afirmaron que la reelección del presidente Medina es  el principal punto de la agenda del país.

    Sin embargo, estos legisladores explicaron que estarán a espera, porque esa es una decisión que la debe tomar el propio mandatario.

    Sánchez aclaró que la propuesta de reforma a la Carta Magna no debe llegar  solamente del Poder Ejecutivo, sino que podría ser sometida por cualquier legislador, siempre que se cuente con el quórum en la sesión del día.

    Otro que se manifestó en contra de Santana fue el diputado  danilista por la provincia La Vega, Aridio Reyes, quien utilizó su cuenta de twitter para  calificar de “oportunista y traidor” al funcionario, a la vez que recomendó su destitucion.

    “Lo ideal sería que el presidente Danilo Medina destituya de inmediato, al ministro de Economía y Desarrollo, por desleal, y si ese funcionario se respeta, debiera renunciar al cargo. ¡Fuera del Gobierno, los traidores! Ese funcionario es un oportunista y traidor, hay que llevárselo, ahora”, escribió Vásquez en twitter.

    El diputado de la provincia Santo Domingo, Ramón Cabrera, calificó de “imprudentes” las declaraciones de Santana. Por su parte, Juan Suazo dijo que Santana no sabe de política y que sus declaraciones “son totalmente erradas”.

    Santana planteó, sin que le fuera preguntado, que una eventual modificación a la Constitución no es correcta, y que no es el momento para eso.

    Venezuela reabrirá la frontera con Colombia

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    Caracas, 7 jun (Prensa Latina) El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció hoy la decisión de abrir los pasos fronterizos entre el occidental estado de Táchira con Colombia, cerrados desde finales de febrero último.

    La apertura de los puentes binacionales comenzará a regir a partir de mañana sábado, precisó el mandatario en un mensaje publicado en la red social Twitter.

    ‘En ejercicio pleno de nuestra soberanía, he ordenado la apertura de los pasos fronterizos con Colombia en el estado (de) Táchira, a partir de este sábado #8Jun. Somos un pueblo de paz que defiende firmemente nuestra independencia y autodeterminación’, escribió el jefe de Estado en la plataforma comunicacional.

    El 23 de febrero último sectores de la oposición venezolana, dirigidos por el diputado Juan Guaidó -reconocido por Estados Unidos como presidente interino de Venezuela-, orquestaron acciones desestabilizadoras en la frontera bajo pretextos humanitarios.

    Grupos violentos asociados a la oposición generaron actos vandálicos en la occidental demarcación con saldo estimado de cientos de heridos entre civiles y militares en el lado venezolano.

    El Gobierno bolivariano responsabilizó a la administración colombiana de Iván Duque de prestar su territorio para la agresión de carácter continuado contra Venezuela, y en tal sentido anunció la ruptura de relaciones políticas y diplomáticas contra el vecino país.

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