“La solución a los problemas internos de Haití debe ser impulsada por el propio pueblo, sin intervención extranjera y priorizando la soberanía, la autodeterminación y la democracia en el país”, subraya el texto.
Puerto Príncipe atraviesa una crisis económica, política y social en los últimos años, agravada tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse (1968-2021).
Los grupos armados crecieron y actualmente están establecidos en zonas estratégicas, donde aumentan las cifras de secuestros y asesinatos.
Desde mediados de septiembre las pandillas también bloquean la distribución de los combustibles, lo cual pone en riesgo el funcionamiento de servicios esenciales como la atención médica, potabilización de agua y administración pública.
Los políticos no llegan a un acuerdo común y recientemente el primer ministro Ariel Henry solicitó el despliegue de fuerzas internacionales para contener la acción de las bandas, decisión que fue considerada indignante por expertos y recibió rechazo popular.
“Es evidente que están construyendo la opinión pública para justificar una intervención militar. Crear una situación caótica, insostenible, de crisis humanitaria, ayuda a ese proyecto”, dijo a Prensa Latina el economista, analista político y profesor Camille Chalmers.
De acuerdo con la misiva de International Peoples’ Assembly, ese Estado enfrenta una posible nueva ocupación militar similar a lo ocurrido entre 2004 y 2017 a través de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití.
Todo ello ocurre también mientras en esa nación al menos 37 personas murieron como consecuencia del cólera, mal que ya llegó a cuatro de los 10 departamentos del territorio, aunque aún la mayor incidencia es en la capital.
La víspera, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución que busca poner fin a la violencia en Haití con la imposición de sanciones a grupos armados causantes de la desestabilización del país.
«Por favor, que me devuelvan a mi hija y a mi primera nieta que se va a llamar Martina. Mi corazón está partido en dos», imploró su madre frente a las cámaras. También asumió que quizá la habían secuestrado «para quitarle a su bebita».
En una de las primeras reacciones oficiales, la ministra de la Mujer, Claudia Dávila Moscoso, advirtió que ni la víctima ni la familia iban a hablar con la prensa. «Tienen miedo, Gabriela está amenazada», dijo sin ofrecer más detalles.
