POR PAULA MAYAYO LÓPEZ

Bahoruco, República Dominicana – 19 DIC 2022 –

Supo que le quería matar. Frente a él se encontraba un coronel del Ejército de República Dominicana. Dio un paso atrás, puso las manos en su espalda y, clavando la mirada en su adversario, ganó aquella batalla utilizando como única arma la palabra. No era la primera vez que, a sus 51 años, Enrique González Matos miraba a la cara a la muerte. Vivir en la provincia de Bahoruco, una de las zonas más desfavorecidas de República Dominicana, no le había puesto las cosas fáciles. El 19 de abril de 2021 comenzó la revolución social. Sin embargo, meses antes, los enfrentamientos entre campesinos de la zona y el Consorcio Azucarero Central (CAC) ya eran constantes. González Matos, presidente de la Asociación de Campesinos sin Tierra de Vicente Noble (ASOCATVIN), tomó las riendas de una cruzada que cambiaría su vida y la de sus compañeros para siempre. “Su intención siempre fue despojarnos de nuestras tierras. Y la nuestra es permanecer en ellas”, recuerdan sus ojos negros.
La intención del CAC era, desde hacía tiempo y según denuncian los campesinos de Bahoruco, hacerse con sus tierras: destrozar las plantaciones de yuca, patata, maíz o plátano para en su lugar sembrar caña de azúcar. El conflicto entre ambas partes se recrudeció cuando, de manera irregular y abusiva, el Consorcio entró a los campos de varios agricultores de la zona con maquinaria pesada, destrozó sus cultivos y robó sus canales de riego. Además, instaló candados en los accesos para que nadie pudiera entrar.

Han faltado el respeto a los dueños de las propiedades, a su familia y a todo el pueblo dominicano

La empresa, de origen guatemalteco, cuenta con accionistas dominicanos, y tiene el respaldo del Instituto Agrario Dominicano (IAD) como de parte del Gobierno del país. El Estado mira hacia otro lado mientras los productores locales son sometidos a expropiaciones forzosas y despojados de las tierras que les han dado de comer durante décadas, recriminan los afectados. “Han faltado el respeto a los dueños de las propiedades, a su familia y a todo el pueblo dominicano”, se queja González Matos. Y aclara que los contratos de alquiler entre los locales y el Consorcio Azucarero se firmaron durante el mandato de Leonel Fernández Reyna, que presidió el país entre 2004 y 2012, y no fueron revisados ni por el Senado ni por la Cámara de Diputados. “Ellos se beneficiaron de ese contrato y ahora lo hace el Gobierno actual, que tras muchos años sin estar en el poder le ha dado apoyo”, cuenta.

El CAC fue contactado por correo electrónico para conocer su postura de cara a la publicación de este reportaje, pero no se obtuvo ninguna respuesta. En una conversación telefónica posterior, indicaron que no deseaban hacer ningún comentario al respecto.

La familia Vicini, los hermanos Fanjul y la familia Campollo son señalados por los propios campesinos como los principales actores que han generado esta situación, pues poseen la mayoría del negocio del azúcar. “Varios funcionarios del Gobierno están ligados a estos clanes y los representan mientras miran a otro lado ante las expropiaciones, los desalojos y la precariedad laboral”, explica González Matos.

David contra Goliat

El 19 de abril de 2021, los campesinos nombraron a su campamento Libertad. La lucha por preservar sus tierras y contra los abusos constantes, llevaron a más de 800 productores de la zona a establecerse en tres campamentos situados en lugares estratégicos dentro de sus propios campos. A su alrededor, grandes extensiones arrasadas por las máquinas riegan las semillas de las cañas de azúcar. El día que se instalaron eran apenas 13 personas, las cuales se mantuvieron sobre el terreno durante 15 jornadas de forma continua, dispuestas a recuperar lo que les habían arrebatado. Aquel momento marcó el comienzo de la lucha contra el Consorcio. Las siguientes semanas fueron las más complicadas del conflicto. “El segundo día recibimos un contingente de 18 guardias que vinieron a desmontar el campamento. Les hicimos frente formando una cadena humana. Se marcharon de manera pacífica, pero regresaron a las nueve de la mañana del día siguiente de forma violenta”, recuerda este líder, que también es el coordinador del campamento Libertad 1.

Habían duplicado el número de personas. Entre guardias, policías y funcionarios del CAC sumaban 36. Lanzaron tiros y bombas lacrimógenas contra los campesinos, pero no lograron intimidarles. Al tercer día, 60 guardias y policías amenazaron con llevarlos presos si no levantaban el campamento. “Aquella tarde desmontamos la carpa, pero a la mañana siguiente construimos la enramada”, rememora González Matos.

Si muero defendiendo mis tierras y las de mis compañeros, mis hijos deberán sentirse honrados, porque morir luchando por los intereses comunes, por una causa justa, será siempre un motivo de orgullo

Convencidos de que su lucha iba a ser escuchada, a partir de ese momento se fueron enfrentando a todo tipo de adversidades. Diferentes representantes del CAC y el Gobierno acudían cada semana al campamento rodeados de militares que no dudaban en disparar contra los campesinos. A pesar de herir a varios de ellos, siempre lograron disuadir su presencia de forma pacífica. “Usamos las manos y la boca para defendernos, y aun así nos han herido. La mejor arma, más fuerte que un arma de fuego, es la fe que tengas en ti mismo para poder lograr un objetivo”, reivindica, emocionado, González Matos.

Los que decidieron mirar al suelo

Hoy esta lucha continua. Los campamentos se han convertido ya en su hogar. La bandera de República Dominicana ondea en lo alto del chamizo. Han perdido la esperanza en la política, pero no en su identidad como país. Se organizan por turnos para no dejar nunca solo el terreno de lucha, sabiendo que en el momento que abandonen esos asentamientos habrán perdido la batalla.

Allí duermen, cocinan y matan las horas organizando partidas de dominó. Los enfrentamientos han disminuido, pero las negociaciones con el equipo agropecuario del Gobierno y representantes del CAC son lentas. Su objetivo, recogido ya en un acuerdo, es evitar que el Consorcio siga avanzando sobre sus tierras, que repare los daños causados durante los últimos meses y reubique de manera definitiva a aquellos campesinos que han perdido el único sustento que tienen para sobrevivir.

El conflicto se extiende también contra los que decidieron mirar al suelo: agricultores que arrendaron sus tierras al CAC al precio que ellos mismos marcaron y ahora no tienen un lugar para producir una mata de yuca o de maíz. “Se dejaron influenciar y ahora no pueden mantener a sus familias”, concede González Matos. Esas hectáreas son cultivadas en la actualidad por haitianos que trabajan en condiciones infrahumanas y a los que, según el líder, ni siquiera ofrecen agua.

La explotación ha provocado un repunte de la miseria en la zona, ya de por sí, más desfavorecida del país, donde la debilidad de los pueblos es palpable. En noviembre de 2021 se publicó el último estudio nacional sobre los índices de pobreza. Este documento coloca a Bahoruco como la segunda provincia con mayor porcentaje de hogares pobres, superando el 72% de la población afectada.

A pesar de que los enfrentamientos han cesado, su futuro y el de sus tierras sigue siendo incierto. Muchos han perdido aquello que les proporcionaba alimento y riqueza, y se torna complicado continuar sobre el terreno, pues la necesidad a veces no entiende de luchas; sino que entiende de hambre, de pagar la luz y los libros del colegio. Pero seguirán resistiendo, porque consideran que ningún gobierno debería despojar a sus ciudadanos del único medio de sustento que tienen: la tierra. “No sé qué pasará de aquí en adelante”, reflexiona González, “pero si muero defendiendo mis tierras y las de mis compañeros, mis hijos deberán sentirse honrados, porque morir luchando por los intereses comunes, por una causa justa, será siempre un motivo de orgullo”.