Por Edwin Paraison
La República Dominicana convive desde hace décadas con una realidad que muchos prefieren simplificar, pese a su gran significado: decenas de miles de niños y adolescentes haitianos —o de origen haitiano— forman parte del sistema escolar dominicano. En algunas comunidades fronterizas, incluso cruzan diariamente para asistir a clases. En la universidad ocurre algo similar: el país ha formado, en los últimos cincuenta años, a numerosos profesionales haitianos, incluyendo altos funcionarios públicos, lo que constituye un aporte real a Haití. Al mismo tiempo, la mano de obra y las inversiones haitianas también han contribuido al dinamismo económico dominicano.
Con estos hechos sobre la mesa, parecería que la convivencia, aunque imperfecta, se sostiene. Pero entonces ocurre una tragedia que rompe la ilusión y obliga a mirar de frente lo que aún germina en el fondo: la muerte de la niña haitiana Stephora Anne-Mircie Joseph.
Y vuelve la pregunta que golpea a la conciencia nacional. Es la misma que formuló, en una misa réquiem celebrada el pasado día 10 de este mes, el padre Jacques Jean, vicario haitiano de la capilla San Juan Macías, en Santiago, con una fuerza moral que no admite evasivas: ¿Por qué murió Stephora?
A esa misa asistimos, entre otros, la madre Lovelie Joseph y familiares de la difunta, allegados y amigos, madres del colegio, oficiales consulares, los abogados de la parte víctima, periodistas conocedores del caso, así como este servidor. No fue un acto protocolar, sino un momento de recogimiento donde el dolor y la esperanza de justicia se hicieron visibles, con una pregunta que sigue pendiente y que el país no debe esquivar.
Responderla exige algo más que tristeza. Exige claridad. Y el primer elemento que no puede ignorarse es una grave irresponsabilidad institucional. El centro educativo decidió realizar una excursión prohibida, sin la vigilancia adecuada para niños pequeños, y en un lugar que —según ha trascendido— no contaba con las condiciones de seguridad necesarias. Cuando una escuela saca a sus alumnos de un entorno controlado, no organiza una actividad cualquiera: asume un deber mayor de cuidado. Eso implica prever riesgos, asegurar supervisión estricta, disponer de personal suficiente y garantizar medidas mínimas de protección. Si estas condiciones fallaron, no estamos ante un hecho inevitable, sino ante una cadena de negligencias.
Aquí aparece una verdad incómoda: una niña no muere “por casualidad” cuando hay adultos responsables a cargo. La muerte de Stephora obliga a preguntar, con firmeza y sin rodeos: ¿quién falló? ¿quién decidió lo que no debía decidirse? ¿quién dejó de cumplir su deber?
En el caso de Stephora, lo más doloroso es que su muerte no llega sola. Arrastra indicios de acoso escolar con contenido racial, palabras crueles que una niña jamás debería escuchar. Los insultos relacionados con su color o su nacionalidad no son frases improvisadas en un recreo: son prejuicios heredados, aprendidos, repetidos. Son el reflejo de una educación social fallida, donde ciertos discursos han normalizado la humillación del otro.
En otras palabras: hubo una falla de seguridad, pero también una falla de humanidad. Y esa doble dimensión convierte este caso en una herida nacional que no puede cerrarse con excusas ni con silencios.
Sin embargo, la reacción del país también merece ser subrayada. La indignación generalizada, el debate público, la avalancha de artículos y comentarios, y el hecho de que el tema llegara hasta las más altas instancias del Estado —incluyendo un pronunciamiento presidencial y un minuto de silencio en el Senado— demuestran que este caso tocó algo profundo. Vale mencionar igualmente el gesto humanitario de uno de los niños, quien recupero el cuerpo de su compañera en la piscina, marcando una diferencia frente al miedo o la indiferencia de otros presentes.
En ese sentido, la respuesta colectiva fue una derrota del antihaitianismo: una prueba de que la mayoría no se identifica con el odio y no quiere esa clase de sociedad. Pero un país no se mide solo por lo que siente cuando ocurre una tragedia, sino por lo que hace después.
Porque la emoción no basta. El símbolo no basta. La justicia no puede quedarse en gestos.
Este 14 de enero se cumplieron dos meses de la muerte de Stephora. Y aunque la agenda mediática esté ocupada por otros escándalos y crisis —como SENASA o Venezuela—, la madre de Stephora, sus familiares y la sociedad siguen pendientes de una sola cosa: una administración de justicia ejemplar. Por ahora, continúa un proceso de apelación de la garantía económica impuesta por el tribunal a las tres docentes implicadas, así como la solicitud de incluir al colegio en el expediente. Pero lo que la ciudadanía espera no es un trámite más: espera verdad, responsabilidades claras y sanciones proporcionales, no solo individuales sino también institucionales.
Porque si el sistema reduce este drama a “tres personas” y deja intacta la estructura que tomó decisiones, el mensaje será devastador: que la vida infantil es negociable, que la negligencia puede maquillarse, que la verdad puede diluirse. Eso no puede permitirse.
Por eso, el Ministerio Público tiene el deber de llegar hasta el fondo sin titubeos, sin presiones y sin atajos. Y el Ministerio de Educación debe responder con acciones contundentes: protocolos obligatorios, supervisión real de excursiones y actividades escolares, sanciones administrativas cuando corresponda, y una política nacional seria contra el acoso escolar, especialmente cuando se cruza con la discriminación racial.
Las escuelas no son solo centros académicos: son espacios de protección. Y cuando una escuela falla en proteger, no falla en un detalle: falla en su razón de existir.
Si este caso termina con medias verdades o con sanciones débiles, se habrá perdido una oportunidad histórica. En cambio, si se esclarece con rigor y se sanciona con firmeza, el país enviará un mensaje claro: aquí la infancia se respeta, aquí el color no condena, aquí la escuela protege, aquí la vida vale.
Quizás el mayor homenaje a Stephora sea que su nombre no quede atrapado en el dolor, sino que se convierta en un punto de inflexión. Un programa educativo nacional contra el acoso —que lleve su nombre— sería más que un gesto: sería una reparación moral y una promesa colectiva.
Porque convivir no es suficiente.
Sin respeto y sin protección, la convivencia es frágil.
Y sin justicia, el duelo se convierte en herida permanente.
