Santo Domingo.- En el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció el grave deterioro ambiental y un abandono institucional por parte del actual Gobierno.
El partido opositor realizó la denuncia desde el río Nizao, donde el titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del PLD, Alfonso Ureña, leyó un manifiesto del partido morado.
“El río Nizao, símbolo de vida, se ha convertido en testigo silencioso de los abusos, la sobreexplotación y la indiferencia de las autoridades actuales frente a la depredación de nuestros recursos”, expresó Ureña, quien estuvo acompañado del secretario general del PLD, Johnny Pujols, y los vicepresidentes Zoraima Cuello e Yván Lorenzo.
Esta conmemoración es el quinto Día Mundial del Medio Ambiente del Gobierno PRM. El PLD señala que el panorama sigue dominado por la inacción.
“El PRM se ha convertido en el gobierno de las aspiraciones y pocas ejecuciones, de titulares sin sustancia, mientras la realidad en el territorio es alarmante”, sentenció Ureña.
El PLD propone
1-Implementar inmediatamente la Ley 94-20 de Educación y Comunicación Ambiental en todos los niveles escolares.
2- Invertir en tecnologías satelitales y de monitoreo en tiempo real para detectar intervenciones ilegales en ríos y áreas protegidas.
3- Reforzar el cuerpo de guardaparques y técnicos ambientales, con mejores salarios, mayor capacitación e implementar planes y programas para el cuidado, defensa e incremento de la cobertura boscosa.
4-Desarrollar programas para el cuidado, defensa e incremento de la cobertura boscosa como lo hizo el PLD con el exitoso e histórico Plan Nacional Quisqueya Verde.
Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader sugirió al Consejo Económico y Social (CES), que reunió a los expresidentes para debatir sobre la repercusión de la crisis haitiana, que delibere sobre la forma de convertir “nuestras comunidades fronterizas en motores de progreso sostenible”.
De acuerdo con el jefe del Estado, “debemos pensar en infraestructuras modernas, en la provisión de servicios básicos, en la generación de empleo digno y en el fomento de inversiones que transformen la realidad de quienes habitan esas zonas”.
Para Abinader dignificar la vida en la frontera es fortalecer nuestro primer bastión de defensa nacional, es construir la paz desde la equidad y el desarrollo.
La reunión en el CES del gobernante y sus antecesores Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía fue realizada en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU) para definir las acciones de la política migratoria frente a la crisis en Haití.
El texto íntegro del discurso
“En tiempos difíciles, la grandeza de una nación se mide por su capacidad de encontrar unidad entre sus diferencias.”
Hoy es uno de esos momentos para la República Dominicana.
Señoras y señores:
Expresidentes de la República, distinguidos Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina.
Honorables miembros del Consejo Económico y Social.
Representantes de todos los poderes del Estado
Amigos todos:
Nos reúne un deber que no admite dilación, un llamado que trasciende tiempos, generaciones y colores políticos: defender la soberanía, la seguridad y la dignidad de la República Dominicana. Este deber nos convoca no como actores aislados, sino como una nación unida que reconoce que en los momentos de mayor dificultad es cuando se mide la grandeza de los pueblos.
Nos encontramos en un instante decisivo de nuestra historia, un punto de inflexión que nos desafía a estar a la altura de los ideales que han inspirado cada uno de los logros de nuestra nación. Hoy, más que nunca, debemos hacer un alto en el camino para mirar con profundidad y serenidad el presente que enfrentamos y, sobre todo, el futuro que estamos llamados a construir.
El presidente Luis Abinader (centro), junto a los exmandatarios Hipólito Mejía, Danilo Medina, Leonel Fernández y el coordinador del CES, Rafael Toribio
La situación que atraviesa la República de Haití —caracterizada por el colapso de sus instituciones, la fragmentación de su tejido social y una crisis humanitaria sin precedentes— representa no solo un desafío para ellos, sino también para nosotros. Ninguna nación puede ignorar cuando su vecino existe en la inseguridad, y ningún pueblo puede permanecer impasible cuando los vientos de la inestabilidad amenazan su paz y su desarrollo.
Pero nuestra respuesta no puede ser improvisada ni unilateral. Requiere reflexión profunda, análisis serio, voluntad de diálogo y visión de Estado. Por eso, hoy inauguramos esta histórica sesión del Consejo Económico y Social, para que, juntos, demos forma a las soluciones que demanda este tiempo.
Ninguna nación puede ignorar cuando su vecino existe en la inseguridad, y ningún pueblo puede permanecer impasible cuando los vientos de la inestabilidad amenazan su paz y su desarrollo
Convocamos a este foro plural con el firme propósito de abrir un espacio donde, con responsabilidad y patriotismo, podamos identificar las mejores rutas para afrontar esta crisis de manera firme, justa y solidaria. En este recinto no venimos a imponer ideas, sino a sembrar acuerdos; no venimos a proclamar certezas inamovibles, sino a construir, desde el debate respetuoso, las bases de un consenso nacional.
La realidad migratoria es uno de los principales temas que merece nuestra atención. No es un secreto que la presión migratoria procedente de Haití ha puesto a prueba nuestras capacidades institucionales y sociales. Esta situación nos invita a reflexionar cómo podemos alcanzar un modelo migratorio que sea humano en su trato, pero firme en su control; que acoja desde la dignidad, pero que también proteja los legítimos intereses de nuestro país. Se hace necesario discutir propuestas que modernicen los sistemas de control, fortalezcan la gestión fronteriza y aseguren un cumplimiento efectivo de nuestras leyes migratorias. El desafío es grande, pero mayor aún es nuestra voluntad de afrontarlo con justicia y generosidad.
«…no venimos a imponer ideas, sino a sembrar acuerdos; no venimos a proclamar certezas inamovibles, sino a construir, desde el debate respetuoso, las bases de un consenso nacional
La frontera, más allá de ser una simple línea en el mapa, para nosotros es mucho más: es el lugar donde nace la Patria, donde empieza el respeto y donde reafirmamos que ser dominicanos es un orgullo que se defiende desde el primer paso. La frontera no es donde termina la República Dominicana. La frontera es el principio. Por eso, debe convertirse en un espacio de desarrollo humano y económico. Este foro tiene ante sí la tarea de deliberar sobre cómo convertir nuestras comunidades fronterizas en motores de progreso sostenible. Debemos pensar en infraestructuras modernas, en la provisión de servicios básicos, en la generación de empleo digno y en el fomento de inversiones que transformen la realidad de quienes habitan esas zonas. Dignificar la vida en la frontera es fortalecer nuestro primer bastión de defensa nacional, es construir la paz desde la equidad y el desarrollo.
Otro tema de trascendental importancia es el comercio bilateral. El intercambio comercial con Haití ha sido, durante décadas, un pilar para numerosos sectores de nuestra economía. Sin embargo, este comercio ha estado marcado por la informalidad, el contrabando y la falta de regulaciones claras. Este Consejo tiene hoy la oportunidad histórica de abrir un diálogo franco sobre cómo institucionalizar un comercio bilateral seguro, transparente y beneficioso para ambas naciones. Urge diseñar mecanismos que eliminen las prácticas ilegales y fortalezcan los canales formales de intercambio, garantizando así una economía más robusta y resiliente.
La frontera es el lugar donde nace la Patria, donde empieza el respeto y donde reafirmamos que ser dominicanos es un orgullo que se defiende desde el primer paso
En paralelo, debemos considerar la dimensión de la seguridad nacional. La crisis haitiana tiene el potencial de afectar de manera directa nuestra estabilidad interna. Por eso, este foro debe reflexionar sobre las estrategias que nos permitan proteger nuestro territorio de las amenazas del crimen transnacional, el tráfico de personas, de armas y de sustancias ilícitas. Pero también debe pensar en cómo combatir, desde sus raíces, las causas de la inseguridad, apostando por políticas integrales que combinen vigilancia e inteligencia con inversión en educación, empleo y cohesión social.
Entendemos también que los problemas que hoy discutimos no pueden resolverse sólo con esfuerzos nacionales. Haití necesita del apoyo decidido de la comunidad internacional. Este Consejo debe debatir sobre cómo articular una política exterior activa y propositiva, que convoque al mundo a una acción conjunta para la reconstrucción institucional y económica de Haití. Se trata de construir alianzas, de sensibilizar conciencias y de movilizar voluntades que reconozcan que la estabilidad de Haití es, en gran medida, la garantía de nuestra propia estabilidad.
En esta misma línea, no podemos soslayar la cuestión laboral. Muchos sectores productivos de nuestro país emplean mano de obra haitiana, situación que ha generado tanto beneficios como desafíos. Este foro tiene la responsabilidad de analizar cómo garantizar que las relaciones laborales se rijan por el respeto a la ley, la dignidad del trabajo y los derechos de todas las personas. Combatir la informalidad y asegurar condiciones laborales justas es parte de la construcción de una República Dominicana más fuerte, más equitativa y más humana.
Señoras y señores,
Nos encontramos en un momento en que las decisiones que tomemos resonarán por generaciones. No podemos permitirnos la indiferencia ni la improvisación. Nos corresponde ser audaces en el diagnóstico, serios en la propuesta y generosos en el consenso.
Debemos pensar en infraestructuras modernas, en la provisión de servicios básicos, en la generación de empleo digno y en el fomento de inversiones que transformen la realidad de quienes habitan esas zonas
Este es el llamado que hoy les hago: a trabajar sin descanso, con la mente abierta y el corazón firme, para que de estas deliberaciones emerjan las respuestas que la patria reclama. Que el diálogo sea nuestro instrumento, la verdad nuestro horizonte y la unidad nuestra fuerza.
Que no se diga que en tiempos de prueba la República Dominicana vaciló. Que el futuro testifique que, ante el desafío, los dominicanos nos unimos en un solo espíritu para defender nuestra soberanía, proteger nuestra paz y proyectar un futuro de dignidad y prosperidad para todos.
Nuestro compromiso debe ser con una nación que encuentre en la justicia su escudo, en la unidad su fortaleza y en la dignidad su destino. Que el espíritu que nos convoca hoy ilumine cada palabra, cada propuesta y cada decisión que surja de este histórico encuentro.
Que, desde este día, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan mirar hacia atrás y decir: allí, en aquella hora difícil, nuestros padres, nuestros abuelos se sentaron en un diálogo generoso para garantizar la soberanía y la seguridad de la Nación.
Ocupación de Martissant por pandillas: Coacción, extorsión e intentos de legitimación social. Foto: Captura de pantalla
Por Gotson Pierre
Puerto Príncipe, 4 de junio de 2025 [AlterPresse] — Desde la toma de Martissant en junio de 2021, bandas armadas han seguido expandiendo su control sobre el área metropolitana de la capital, Puerto Príncipe. Cuatro años después, la violencia se ha arraigado en la vida cotidiana de millones de personas.
Esta ocupación, marcada por la coerción, la extorsión y un intento de legitimación social, representa una profunda transformación del control urbano en Haití. En zonas como Village Solidarité (Delmas, periferia noreste) o en toda la comuna de Carrefour, esta realidad se impone brutalmente.
Los testimonios, recopilados por AlterPresse bajo condición de anonimato, hablan de una coexistencia forzada entre residentes y grupos armados con poder de vida o muerte. La vida en estos territorios adquiere un cariz anormal y opresivo.
Martissant, punto de inflexión hacia el colapso de la seguridad
Village Solidarité, un barrio de Delmas, oscila entre una calma engañosa y tensiones latentes. La relativa calma, a menudo descrita por los residentes como un «silencio sepulcral», en realidad oculta un control absoluto.
Ocupación de Martissant por pandillas: Coacción, extorsión e intentos de legitimación social. Foto: Captura de pantallaUna banda originaria de Simon Pelé ejerce un amplio control sobre la zona, que abarca Village Solidarité y Cité MilitaireCarrefour, enero de 2024: inicio de la huelga, unos meses antes de la ocupación total de la zona por las bandasPandillas en Haití: Un modelo mafioso en expansión, en detrimento de los derechos fundamentales.Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMSS): Los resultados concretos siguen siendo limitados, a pesar de las promesas iniciales
Una banda surgida de Simon Pelé ejerce un amplio control sobre la zona, abarcando Village Solidarité y Cité Militaire. No ha surgido ninguna forma de resistencia local debido al prolongado cerco y la constante amenaza de ataques.
La infraestructura económica —mercados, escuelas, farmacias— sigue funcionando, pero está bajo control. Se ha instalado un sistema de extorsión semanal.
«Todos los sábados, los comerciantes y profesionales deben pagar una cuota obligatoria», explica a AlterPresse una madre cuyo marido, un pequeño comerciante, mantiene un piso en casa de un familiar en Village Solidarité por motivos profesionales.
Las tácticas de guerra urbana hacen que cualquier intervención policial sea arriesgada: trincheras, estacas metálicas, infiltraciones discretas. Las bandas se establecen gradualmente en los barrios, antes de lanzar rápidas ofensivas, neutralizando toda capacidad de respuesta.
Desde que se unieron a la coalición criminal Viv Ansanm en 2023, los grupos armados de la zona han intensificado sus actividades. Village Solidarité, antes periférico, se ha convertido en una base estratégica.
Carrefour: Un pueblo entero a merced de las bandas
Con más de 500.000 habitantes, la comuna de Carrefour, al sur de Puerto Príncipe, se encuentra casi en su totalidad bajo control armado. Su ubicación geográfica, en la encrucijada entre la capital y el Gran Sur, se ha convertido en una trampa para sus residentes.
Desde abril de 2024, no hay presencia policial en Carrefour, declaró a AlterRadio el exdirector ejecutivo interino Jude Édouard Pierre.
«Ya no hay juzgados, ni ayuntamiento, ni servicios públicos. El pueblo está gobernado por bandas», advierte.
El control se extiende a todos los aspectos de la vida cotidiana: el pago impuesto para el acceso a la electricidad, la extorsión a familias de la diáspora para preservar sus bienes y los presuntos gravámenes ilegales en ciertas oficinas de remesas. La economía local sigue funcionando, pero bajo constante amenaza.
Seis (6) estaciones de peaje ilegales fueron identificadas en el eje Carrefour/centro de Puerto Príncipe, denuncia un profesional residente en Carrefour, obligado a utilizar ese tramo del sur de la capital para cumplir con sus obligaciones.
Las pandillas se mueven libremente allí, imponiendo sus leyes. Los residentes evitan las carreteras principales; solo los vehículos de organizaciones no gubernamentales (ONG) o vinculados a pandillas parecen circular sin obstáculos. Diquini, Tara’s y Pèlerin (en las montañas orientales) se han convertido en rutas de circunvalación, aunque siguen siendo peligrosas, afirma.
El Estado está ausente, las pandillas están presentes
En Martissant, Village Solidarité, Carrefour y muchas otras áreas metropolitanas, se está produciendo una transformación del poder territorial. Las pandillas ya no son solo agresores, sino gestores violentos de la vida cotidiana, imponiendo sus normas económicas, sociales y de seguridad.
Se cree que los drones suicidas, utilizados por las autoridades haitianas desde 2024, han causado más de 200 muertes entre pandillas, según la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH).
Sin embargo, no se observa ningún cambio estructural duradero.
La colusión entre ciertos sectores del Estado y grupos armados, la explotación política de las bandas y la falta de una voluntad real de recuperación de territorio han consolidado un modelo mafioso, en detrimento de los derechos fundamentales.
En el Artibonito y la Meseta Central, territorios agrícolas estratégicos, este modelo se está extendiendo. La frontera con la República Dominicana se está convirtiendo en una nueva fuente de tensión, a medida que se disparan los costos humanos y materiales.
Responsabilidades internacionales: una pieza faltante del rompecabezas
El control territorial de las pandillas se ve impulsado por importantes factores regionales e internacionales. El tráfico masivo de armas desde Estados Unidos, en particular a través de Florida, transita por puertos haitianos poco vigilados. A pesar del reconocimiento oficial del problema por parte de Washington, se han realizado pocos esfuerzos concretos para fortalecer la cooperación aduanera y marítima.
Al mismo tiempo, los canales financieros transnacionales —alimentados por la diáspora o actores económicos vinculados a intereses privados— brindan apoyo logístico a las pandillas. Esta financiación, ya sea directa o indirecta, se produce en un vacío diplomático en torno a la reforma estructural del Estado haitiano.
La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), liderada por Kenia desde junio de 2024 bajo mandato de la ONU, genera expectativas y dudas. Los resultados concretos siguen siendo limitados, a pesar de las promesas iniciales.
Una investigación del New York Times ha revelado conversaciones sobre el posible uso de fuerzas paramilitares privadas lideradas por Erik Prince, fundador de la controvertida empresa Blackwater. Esta opción, considerada en algunos círculos haitianos, genera preocupación debido a los riesgos de abuso, impunidad y una mayor desestabilización.
El propio diplomático surinamés Albert Ramchand Ramdin, nuevo secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), declaró que «la situación en Haití es tan grave que primero debe restablecerse un mínimo de normalidad».
Hacia una reapropiación de territorios y vidas
La dinámica de cohabitación entre comunidades civiles y grupos armados en los barrios de Puerto Príncipe revela una crisis de soberanía territorial, social y simbólica. En zonas como Martissant, Village Solidarité y Carrefour, el Estado se ha convertido en un actor ausente o cómplice, y los grupos armados lo están reemplazando, actuando simultáneamente como proveedores de servicios, garantes del orden local y generadores de terror estratégico.
Pero estos hallazgos, por alarmantes que sean, no deberían reemplazar la reflexión sobre posibles salidas.
Voces haitianas —de barrios, universidades y asociaciones— abogan por una seguridad comunitaria regulada y transparente, en consonancia con la justicia local. Este enfoque se concretaría mediante la creación de Consejos Municipales de Seguridad, en consonancia con las estructuras policiales municipales.
Al mismo tiempo, organizaciones de derechos humanos, apoyadas por abogados como Jacques Letang, presidente de la Federación de Abogados de Haití (Fbh), piden el desmantelamiento de las redes de suministro de armas y municiones.
Este enfoque implica atacar tanto los puntos de entrada (puertos, aduanas, canales de corrupción dentro de la aplicación de la ley) como la complicidad política y económica, tanto a nivel nacional como internacional.
Estos actores también piden la implementación de mecanismos de justicia transicional, diseñados para esclarecer los crímenes del pasado, identificar responsabilidades y sentar las bases de una paz duradera, acorde con la complejidad de la crisis haitiana.
Por último, cualquier respuesta duradera debe pasar por una reapropiación política de los territorios por parte de las propias poblaciones, en primer lugar mediante el regreso de las poblaciones que huyen, formas renovadas de gobernanza local, mediación social y la reconstrucción de los vínculos públicos.
El futuro inmediato de los barrios bajo control sigue dependiendo, en gran medida, de la capacidad del país para reconstruir sus instituciones… y recuperar sus territorios.
San Juan de la Maguana. – El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) realizó su aporte educativo en ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente.
La institución propició el panel conversatorio “Tratamiento de los residuos sólidos: Acciones individuales y colectivas en favor del medioambiente”, en su Oficina Satélite Sur, en San Juan de la Maguana.
La actividad reunió a estudiantes de la Universidad Instituto Superior Agrario (ISA), empresarios, emprendedores y representantes de la sociedad civil del municipio, quienes reflexionaron junto a especialistas sobre la urgencia de adoptar prácticas responsables en el manejo de los residuos.
La iniciativa forma parte del plan de gestión ambiental de la institución, que involucra a colaboradores, facilitadores, militares, autoridades locales, empresarios y representantes comunitarios organizados en juntas de vecinos.
“Esta actividad se enmarca en el Día Mundial del Medio Ambiente este 5 de junio, fecha que nos invita a reflexionar sobre la urgencia de proteger nuestro planeta y adoptar prácticas más sostenibles”, expresó el encargado de la Oficina Satélite Sur, Necker Alcántara, durante las palabras de apertura.
Por su parte, la directora de la Regional Sur del INFOTEP, Santa Cuevas, destacó que el objetivo del panel es reducir el uso de papel y plástico dentro de la institución, contribuir a la lucha contra el cambio climático y promover un modelo viable de economía circular mediante el manejo adecuado de los desechos sólidos.
Los panelistas invitados, Héctor Romero e Ysmeira Germán, abordaron la sostenibilidad ambiental desde el enfoque de las 3R: Reducir, Reutilizar y Reciclar, motivando a los presentes a asumir compromisos individuales y colectivos por un entorno más limpio y saludable.
“Debemos reconectarnos con la tierra, entenderla e interactuar con ella, porque somos parte de ella. Todo nuestro cuerpo está integrado por elementos que vienen de la tierra y por eso debemos protegerla”, expresó Romero, ingeniero electricista especializado en eficiencia energética y economía circular.
A su vez, Ysmeira Germán, artesana ecológica, ambientalista, educadora y asesora ambiental del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, advirtió sobre las consecuencias de las acciones irresponsables del ser humano:
“El planeta también sufre por nuestras acciones. Los terremotos, maremotos, el calentamiento global, el deshielo y las sequías son respuestas de la tierra a la agresión humana”, señaló.
El panel fue moderado por el encargado del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa del INFOTEP, Yoneidi Domínguez, quien abrió espacio para preguntas e inquietudes de los participantes, promoviendo un diálogo activo y enriquecedor.
“Valoramos mucho la intención del INFOTEP de enseñarnos cómo ser más amigables con el medio ambiente en nuestras comunidades. Vamos a replicar esas buenas prácticas y ser mejores ciudadanos con la naturaleza”, manifestó Karina Pinales, estudiante de la Universidad ISA.
En representación de la Alcaldía de San Juan, participó la señora Yamalí Báez, esposa del alcalde, quien se comprometió a apoyar estrategias medioambientales y replicar este tipo de encuentros en otras localidades del municipio.
El planeta en tus manos
Como parte de las iniciativas en favor del medio ambiente, el INFOTEP, a través de su Dirección de Innovación y Desarrollo, el Departamento de Calidad en la Gestión y la Dirección de Comunicaciones, desarrolló la semana temática “El planeta en tus manos. Producción más limpia, creatividad e innovación por un planeta mejor”.
Durante esta jornada se realizaron talleres, exposiciones, conversatorios y espacios colaborativos enfocados en la producción sostenible y el aprovechamiento de materiales reciclados.
Entre las actividades destacadas se incluyen la entrega de certificados de formación en Producción Más Limpia, la presentación y entrega del proyecto Producción Más Limpia de la DRO, la exhibición de emprendimientos con materiales reciclados, el taller “Aprendiendo a reusar y reciclar”, el conversatorio “Tratamientos de residuos sólidos para mejorar el medioambiente” y la exposición de productos elaborados durante los talleres de la semana.
Estas acciones reafirman el compromiso del INFOTEP con el desarrollo de una cultura institucional sostenible, creativa e innovadora, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el cuidado del planeta.
Santo Domingo. – La Administradora de Fondos de Pensiones Popular (AFP Popular) presentó una innovadora herramienta de educación financiera basada en tecnología de realidad inmersiva, con el objetivo de transformar la forma en que las personas, especialmente los más jóvenes, comprenden y se preparan para su retiro.
La herramienta llamada Visor es una solución interactiva que permite a los usuarios vivir una experiencia educativa guiada, tomando decisiones que impactan su futuro financiero. Combina exploración virtual, dinámicas interactivas y contenidos lúdicos para promover una mayor conciencia sobre el sistema de pensiones de la República Dominicana.
El lanzamiento oficial de Visor se realizó durante la noche de apertura del XVII Congreso Nacional de Gestión Humana de ADOARH 2025, donde AFP Popular fue patrocinador destacado, reforzando su compromiso con la transformación digital aplicada al bienestar y la planificación previsional de los colaboradores.
Estructura y contenidos de la experiencia interactiva
El recorrido dentro de este visor previsional inicia con una introducción lúdica que invita a los usuarios a embarcarse en una «aventura financiera». Luego, los participantes seleccionan un avatar y son guiados por el personaje «Doctor Pensión», quien los acompaña en cada etapa del aprendizaje.
Durante la experiencia, los usuarios deben tomar decisiones financieras a través de preguntas de opción múltiple, generando futuros hipotéticos para su retiro basados en sus elecciones: un futuro esperanzador, fruto de decisiones informadas y con visión de largo plazo, y otro más vulnerable, que nos recuerda la importancia de actuar a tiempo.
Al finalizar, se propone una reflexión sobre los aprendizajes adquiridos y se ofrece un juego de trivias para reforzar los conceptos tratados.
Los temas abordados incluyen la importancia de elegir y conocer su AFP, la relevancia del ahorro y la planificación temprana para la jubilación al término de la vida laboral, los principios de la seguridad social, los aportes obligatorios y voluntarios, los derechos de los afiliados y los beneficios disponibles en el régimen contributivo. También se destaca la certificación de calidad de AFP Popular bajo la norma ISO 9001.
El mensaje final de la experiencia solicita un acuse de recibo por parte del usuario, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 de la Resolución 391-17.
Con esta incorporación tecnológica, AFP Popular fortalece su compromiso con la innovación en educación financiera y con el desarrollo de una cultura previsional, especialmente en las nuevas generaciones.
Caracas, RT.- Un nuevo escándalo surge desde las entrañas del extremismo opositor venezolano. Esta vez el señalamiento viene del economista Francisco Rodríguez, a quien el Gobierno de Venezuela señala como uno de los «cabecillas de la mafia» que colaboró con el despojo de la refinería estatal Citgo en EE.UU. como parte de las acciones ejecutadas durante la usurpación con fines sediciosos del llamado «gobierno interino» de Juan Guaidó.
Según Rodríguez, el interinato de Guaidó, tras recibir en 2019 el reconocimiento internacional de EE.UU. y de otros países alineados con Washington, desvió al menos 322,5 millones de dólares junto con los exdiputados de la Asamblea Nacional electa en 2015, quienes tras vencer su período de funciones, se autoproclamaron como supuesto Poder Legislativo en el falso gobierno opositor.
«Los 322,5 millones de dólares que se han gastado en la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno interino son más de tres veces el presupuesto anual de funcionamiento de la Organización de Estados Americanos (90 millones)», escribió Rodríguez en X, al citar cifras del llamado «BCV Ad Hoc», que usurpa funciones del Banco Central de Venezuela para administrar ―con respaldo internacional― los recursos del Estado venezolano retenidos en el extranjero.
Estos fondos, que deberían ser controlados legalmente por el Gobierno de Nicolás Maduro, continúan bajo control del extremismo opositor tras ser retenidos por la Reserva Federal de Nueva York desde 2019, a raíz de la creación del estado paralelo o «Gobierno interino» que decidió respaldar EE.UU. durante la primera administración de Donald Trump para intentar tomar el poder por la fuerza en Venezuela.
De acuerdo con el «balance general» de la «junta administradora ad-hoc» del falso BCV, el monto total desviado en la usurpación de Guaidó sería de 322.544.350 dólares, dinero que fue otorgado como «créditos». Además, el informe detalla que la suma de todos los fondos que controlaría el extremismo opositor en el extranjero supera los 3.530 millones de dólares; de los cuáles más de 3.400 están el Banco de Inglaterra; otros 121 millones en el Deutsche Bank de Alemania; y más de 8 millones en «otras cuentas de orden».
Los $322,5 millones de dólares que se han gastado en la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno interino son más de tres veces el presupuesto anual de funcionamiento de la Organización de Estados Americanos ($90 millones), declaró Francisco Rodríguez
Según el diario El Nacional, de marcada línea editorial opositora en Venezuela, el economista Rodríguez ha advertido que «las maniobras» del dinero estatal en el extranjero «no solo podrían constituir una ilegalidad constitucional, sino también alimentar prácticas opacas«. Además, indica que desde 2023, se ha exigido que esos fondos «sean utilizados para la creación de un Fondo de Protección Social, propuesto en la mesa de negociación de México, y administrado por la ONU para asegurar transparencia».
«A pesar de que las estructuras opositoras continúan sesionando virtualmente y controlando parte del patrimonio estatal en el extranjero, el manejo poco claro de estos recursos ha desatado un debate sobre la legitimidad de estas entidades en 2025. La opacidad, los conflictos de interés y la falta de rendición de cuentas resurgen como desafíos cruciales para quienes aspiraban a liderar una transición democrática en Venezuela», añade el mencionado medio.
Tamayo.- Más de 200 agricultores del proyecto «El Aguacatico», ubicado en el municipio Tamayo, expresaron «alegría» por la rehabilitación de la laguna de «Míster Coran», ubicada en el entorno de Bayahonda, en Tamayo, una obra iniciada hace dos meses.
Sin embargo, manifestaron preocupación por la paralización sin explicación y demandaron la ampliación del proyecto para beneficiar miles de tareas.
Esperanza de autonomía
Los agricultores celebraron que con esta infraestructura podrán ser ellos quienes siembren y no el Consorcio Azucarero Central (CAC), que históricamente ha controlado grandes extensiones de tierra bajo la modalidad de arrendamiento.
Con la laguna se espera que una mejoría en el acceso al agua para riego, un recurso vital en esta zona agrícola. Esto se lograría luego de un arduo esfuerzo colectivo y negociaciones con el gobierno.
La paralización y las demandas
Manuel Pérez, dirigente agrícola y portavoz de los productores, advirtió sobre el estancamiento de la obra sin justificación. «Exigimos respuestas. No puede ser que un proyecto tan importante se detenga sin explicación, declaró.
Además, Pérez reveló que los agricultores esperan la construcción de cinco reservorios más, los cuales permitirían organizar un sistema de riego por goteo, optimizando el uso del agua y aumentando la productividad.
La capacidad del proyecto
El líder agrícola denunció que, aunque el gobierno planea que la laguna beneficie solo 2,000 tareas, la obra tiene potencial para irrigar 14 mil. «No podemos permitir que se subutilice. Esta agua debe llegar a más productores», exigió Pérez.
Lo que sigue
Los agricultores, según declaró Pérez, mantendrán vigilancia sobre la construcción de la obra.
Asimismo, exigen diálogo con las autoridades para garantizar que el proyecto cumpla con las necesidades reales de la zona.
Mientras tanto, la rehabilitación laguna se perfila como un avance, «pero aún hay desafíos por resolver».
Santo Domingo.- Las autoridades provinciales y municipales de la provincia La Altagracia acordaron acudir ante el presidente Luis Abinader en procura de fondos para solventar la falta de recursos principalmente en Higüey ante la inminencia de que el distrito turístico Verón-Punta Cana decida administrar, apoyado en la ley, los recursos que genera.
El tema agita las pasiones en la provincia. Para el viernes, día 6 de junio de 2025, está prevista una concentración para reclamar la elevación a municipio del distrito municipal Verón-Punta Cana, precisamente por los fondos que genera como comunidad turística y la cantidad considerada exigua con que se queda luego de entregarlos a la Alcaldía de Higüey.
En fase crítica
“El debate por la municipalidad de Verón entra en fase crítica”, según declaró el senador Rafael Barón Duluc (PRM-La Altagracia) para explicar una controversia que, en el fondo, la motiva el reclamo por la distribución de recursos que mayormente recibe el municipio de Higüey.
El Cholitín, como es conocido el legislador Barón Duluc (PRM-La Altagracia) se ha encargado de gestionar la cita de los legisladores y autoridades municipales con el presidente Abinader, urgido precisamente por ese tema.
«Amor no quita conocimiento», dijo comunicador Álex Domingo del Rosario Guerrero. “Higüey, a pesar de que la nueva Ley 368-22 estuvo más de 15 años en discusión antes de su aprobación final, nunca se preparó para ser autosostenible y dejar de depender de los recursos de Verón-Punta Cana”
Con los dedos cruzados
Todos tienen los dedos cruzados luego que el director distrital de Verón-Punta Cana, Ramón Antonio Ramírez (Manolito) se plantara en el reclamo de los derechos a administrar los recursos que genera, mayor que cualquier otra demarcación, incluso, en toda República Dominicana.
Se estima, según las cifras oficiales, que Verón-Punta Cana aporta al fisco alrededor del 15% del Producto Interno Bruto (PBI) de la nación.
Sin acuerdos
La alcaldesa de Higüey, Karina Aristy Cedeño, y el director distrital de Verón-Punta Cana, Ramón Antonio Ramírez (Manolito), se han reunido sin llegar a un acuerdo sobre el tema.
Es más, voy a revelar algo y que me perdone mi amiga Karina, porque eso no lo habíamos dicho: Nosotros no llegamos a acuerdo en la reunión que sostuvimos, dijo Manolito.
Karina y Manolito se han exhibido sonrientes en fotos y videos donde resaltan sus relaciones personales y salen al paso a quienes supuestamente quieren distanciarlos por el tema de los fondos que serán reducidos a la Alcaldía de Higüey.
El sustento legal
“El punto es”, según Ramón Antonio Ramírez (Manolito), “de recursos, porque así lo establece la ley”.
“Sí, es de recursos que se está hablando”, recalcó el funcionario edilicio ante la demanda de los munícipes de que la Alcaldía ejerza su derecho de administrar el 100% de los fondos que genera.
El director distrital refirió que el artículo 24 de la ley 368-22 establece que todos los distritos municipales con más de 15,000 habitantes (y Verón Punta-Cana tiene 138,000) podrán tener su oficina de planeamiento urbano para aplicar sus ingresos con independencia. “En su artículo 117 dice que (esa ley) entrará en vigencia el mismo día que sea publicada y sucedió en diciembre de 2022”.
Ramírez dijo que para evitar ir a los tribunales se decidió un tiempo de espera, “pero ya estamos en 2025, más de dos años”. Hay que aplicar esa ley por un tema de justeza y de necesidades económicas, agregó.
Sólo 25 millones
En 2024 340 millones de pesos llegaron a Higuey procedentes de Verón-Punta Cana, dijo Manolito.
De esa partida, 213 millones correspondieron al concepto de uso de suelo y 127 millones por pagos del Cepm (Consorcio Energético Punta Cana-Macao). “En ese mismo año, a Veron solo llegaron 25 millones”.
«Amor no quita conocimiento», dijo Álex Domingo. “Higüey, a pesar de que la nueva Ley 368-22 estuvo más de 15 años en discusión antes de su aprobación final, nunca se preparó para ser autosostenible y dejar de depender de los recursos de Verón-Punta Cana”.
“Manolito, durante nueve años, participó y esperó este gran momento, porque sabe que solo con la aplicación de esta nueva ley Verón puede comenzar a recorrer un nuevo rumbo, lleno de cambios, transformaciones y el desarrollo que demanda una ciudad turística en constante crecimiento”, refirió Álex Domingo del Rosario, excandidato a la Alcaldía de Higüey
Washington, RT.- El juez federal del Distrito de Columbia James Boasberg ordenó este miércoles al Gobierno de EE.UU. que ofrezca una vía a los migrantes deportados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador para impugnar sus expulsiones y defenderse de las acusaciones que los sindican de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, reporta The Washington Post.
El magistrado argumentó que existen «pruebas significativas» de que muchos de los inmigrantes enviados a la cárcel de máxima seguridad salvadoreña no tienen vinculación con la banda criminal «y, por lo tanto, languidecen en una prisión extranjera bajo acusaciones endebles incluso frívolas».
Sobre esta base, dio a la Administración Trump una semana para encontrar la manera de que «al menos 137» personas presenten sus alegaciones, aun estando bajo custodia de El Salvador.
En marzo pasado, cuando el presidente Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 (AEA, por sus siglas en inglés) para justificar la deportación masiva a El Salvador de personas acusadas de pertenecer a pandillas, Boasberg ordenó que fueran devueltas de inmediato. Las autoridades no acataron el fallo, alegando que el avión se encontraba fuera del territorio estadounidense cuando se les comunicó la decisión.
Luego, la Corte Suprema de EE.UU. dictaminó que todos los afectados por la AEA tenían derecho a apelar ante un juez su calificación de enemigo de EE.UU., por lo que la medida de esta jornada puede interpretarse como la aplicación de ese principio a quienes fueron enviados al Cecot bajo condiciones jurídicamente cuestionables.
Boasberg aseveró que las autoridades «claramente privaron» a los migrantes de un derecho que les asistía antes de que se les embarcara en el vuelo. Ahora, sostuvo, el Gobierno debe responsabilizarse por no haberles proporcionado un proceso adecuado.
Washington, RT.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, prohibió la entrada a EE.UU. de extranjeros de 12 países, según una proclamación publicada por la Casa Blanca este miércoles.
Los ciudadanos de Afganistán, Myanmar, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen están sujetos a la prohibición. «La política de Estados Unidos es proteger a sus ciudadanos de los extranjeros que pretendan cometer atentados terroristas, amenazar nuestra seguridad nacional, propugnar ideologías de odio o aprovecharse de otro modo de las leyes de inmigración con fines malévolos», reza el documento.
Trump también restringió parcialmente la entrada de personas de siete países: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
«Estados Unidos debe estar vigilante durante el proceso de expedición de visados para garantizar que los extranjeros cuya admisión en Estados Unidos se apruebe no pretendan perjudicar a los estadounidenses o a nuestros intereses nacionales», explica la proclamación. De todos modos, hay una serie de excepciones bajo la nueva prohibición.
Así, se permitirá a viajar a residentes permanentes legales, niños adoptados, personas con doble nacionalidad que tengan pasaporte de un país sin restricciones, ciudadanos extranjeros que lleven visas para empleados del Gobierno de EE.UU. u otras visas especiales, como la de inmigrante para familiares directos. Además, será posible la entrada de equipos atléticos y entrenadores a ciertos eventos deportivos, entre otras salvedades de interés nacional.
«No los queremos»
Trump también difundió un mensaje de video en el que personalmente anuncia la medida y explica las razones de su introducción. «No los queremos. En el siglo XXI hemos visto un atentado terrorista tras otro perpetrados por extranjeros que han vencido el plazo de validez del visado», dijo el presidente.
«Gracias a la política de puertas abiertas del [expresidente Joe] Biden, hoy hay millones y millones de estos ilegales que no deberían estar en nuestro país», agregó. «No permitiremos que en EE.UU. ocurra lo que pasó en Europa», enfatizó.