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El ladrido de un perro salva 67 vidas

Shimla, RT.- En medio de las intensas lluvias monzónicas que azotan el estado de Himachal Pradesh, en el norte de la India, un perrito de la aldea de Siyathi salvó a 67 personas de una tragedia, informa NDTV este martes.

En la madrugada del 30 de junio, el perro empezó a ladrar con insistencia hasta que su dueño, identificado como Narendra, se despertó. Narendra bajó a la planta baja de su vivienda y se percató de que en una pared se había formado una grieta por la que entraba agua. Entonces no perdió ni un segundo y alertó del incipiente desastre a los habitantes de otras casas.

Gracias a que fueron advertidas con tiempo, 20 familias pudieron evacuar sus hogares y refugiarse en un templo cercano antes de que un desplazamiento de tierra destruyera aproximadamente una decena de casas de este pueblo del distrito de Mandi.

Desde el inicio de la temporada de monzones, al menos 78 personas murieron en Himachal Pradesh. La mitad de incidentes han ocurrido debido a desastres naturales, como lluvias torrenciales, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, reporta el medio indio NDTV. 

Actualmente el distrito de Mandi es uno de los más perjudicados por los desastres naturales del estado, con un gran número de muertos y afectados.

Anteriormente se reportó sobre decenas de personas desaparecidas como consecuencia de la crisis climática en Himachal Pradesh.

Más pruebas sobre el lavado de activos del «cristiano» Adán Cáceres

Santo Domingo.- El Ministerio Público continúa con la presentación de testigos en el juicio seguido a los implicados en la Operación Coral, incorporando nuevas pruebas que demuestran el esquema de lavado de activos y adquisición irregular de bienes por parte de Adán Cáceres Silvestre y los demás acusados.

Durante la audiencia fueron escuchados este martes varios testigos que aportaron datos clave sobre la operatividad financiera y la utilización de estructuras religiosas, sociales y comerciales para encubrir fondos ilícitos.

Entre los testigos, figuran representantes de la Iglesia Bautista Vida Eterna, quienes admitieron haber recibido RD$9,000,000.00 de parte de Cáceres, de los cuales solo devolvieron RD$1,000,000.00 mediante depósitos a Julio Camilo de los Santos Viola.

Fueron sistemático los cultos de Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, alias La Pastora, en el Cuerpo de Seguridad Presidencial cuando era comandado por Adán Benoni Cáceres Silvestre, quien seis meses de estar en el cargo (el 16 de agosto de 2012) se compró sin financiamientos un terreno de 420.60 metros cuadrados por $1.3 millones y una residencia de dos niveles por $9 millones

También, declaró Elvin Rudys Ramírez, quien aparece en documentos como presidente de la Asociación Campesina Madre Tierra. Ramírez señaló que aceptó figurar como tal por un favor a Adán Cáceres, aunque desconocía el manejo y origen de los fondos. Relató que los cheques eran llevados en blanco para su firma por el acusado Kelman Santana y que Rossy Guzmán fungía como tesorera, pese a que Cáceres era, según dijo, el verdadero propietario de la asociación.

El exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) Adán Cáceres Silvestre y la pastora Rossy Guzmán, ambos acusados en el caso Coral.

Asimismo, el representante de la empresa Saramago SRL confirmó que vendió un apartamento a Epifanía Peña Lebrón, pero posteriormente se le solicitó que el contrato final se hiciera a nombre de Único Real State e Inversiones, empresa representada por Rossy Guzmán Sánchez, conocida como “la Pastora”.

Otro testigo, Harmiton Luna, declaró que vendió apartamentos en la torre Harianex XIII a Adán Cáceres y a Julio Camilo de los Santos Viola. A través de la documentación incorporada al proceso, se comprobó que De los Santos Viola realizó los pagos en dólares estadounidenses.

Finalmente, José Rafael Madera Madera aseguró que Rafael Núñez de Aza le pidió simular la compra de acciones en la empresa CSNA Universo Empresarial a nombre de Adán Cáceres. Confirmó que, aunque figura como accionista, no es el verdadero dueño, y que la empresa pertenece a Cáceres. Añadió que construyó la Plaza Randa, de 44 locales comerciales, propiedad, según dijo, de Núñez de Aza y Cáceres Silvestre.

El Ministerio Público incorporó pruebas documentales y periciales que refuerzan su teoría del caso y evidencian cómo los imputados utilizaron estructuras religiosas, sociales y empresariales para encubrir el origen ilícito de los fondos.

La audiencia presidida por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, continuará el próximo martes 15 de julio, con la presentación de nuevos testigos por parte del Ministerio Público.

La iglesia evangélica se ha vendido, cambió la cruz por contratos

Por Rubén Teodoro

La iglesia evangélica en República Dominicana ha muerto. O peor aún: se ha vendido. Se arrodilló ante el poder, cambió la cruz por contratos, los púlpitos por cheques, y al Dios de justicia por el dios de la conveniencia. Hoy, mientras personas negras son perseguidas, deportadas, humilladas y dejadas morir, las iglesias callan. Y su silencio es criminal.

En todo el país, mujeres embarazadas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana están muriendo en sus casas porque temen ir al hospital y ser deportadas. Envejecientes y niños son arrancados de sus camas a la madrugada por operativos migratorios. Gente enferma, que necesita tratamiento urgente, es cazada como animales. Viven escondidos, perseguidos, condenados a la angustia. ¿Y la iglesia? Callada. Cómplice. Vendida.
Y lo más indignante, lo más obsceno, lo más doloroso: muchas de esas personas perseguidas, violentadas, deportadas, son miembros activos de esas mismas iglesias.

No son extraños. No son visitantes ocasionales.
Son hermanos y hermanas en la fe.
Son personas que cantan en el coro.
Que sirven en la puerta.
Que participan en ayunos y vigilias.
Que diezman, ofrendan, pagan primicias, sostienen económicamente esos templos.
¿Y qué reciben a cambio?
Silencio.
Traición.
Desprecio.
Hipocresía envuelta en corbata y versículo.
Sus pastores no los defienden.
Sus concilios no los mencionan.
Sus líderes espirituales no se atreven ni a nombrarlos, porque les tiembla la voz si eso pone en juego el favor del gobierno.

𝗘𝘀𝘁𝗮 𝗻𝗼 𝗲𝘀 𝗹𝗮 𝗶𝗴𝗹𝗲𝘀𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗝𝗲𝘀𝘂́𝘀. 𝗘𝘀 𝘂𝗻𝗮 𝗳𝗮𝗿𝘀𝗮 𝗿𝗲𝗹𝗶𝗴𝗶𝗼𝘀𝗮.

Jesús fue un migrante. Fue perseguido por el poder. Nació en un pesebre, huyó como extranjero, vivió entre los pobres. Y hoy, cuando sus hermanos y hermanas son criminalizados solo por tener piel negra o acento extranjero, los que dicen seguirlo miran para otro lado.

La Biblia es clara: “Al inmigrante que viva entre ustedes, lo tratarás como a uno de ustedes.” (Levítico 19:34)

“Tuve hambre y no me diste de comer, fui extranjero y no me acogiste.” (Mateo 25:43)

¿Con qué cara predican ese evangelio si hoy no solo no acogen al extranjero, sino que aplauden su persecución?

Los grandes concilios y muchas iglesias evangélicas han hecho pacto con el diablo del poder. Reciben fondos, favores, reconocimiento. Por eso no abren la boca. Por eso no levantan la voz. Por eso no denuncian que el Estado dominicano está cometiendo crímenes de odio contra haitianos y personas negras. Se han convertido en aliados funcionales del fascismo criollo. En vez de ser refugio del oprimido, son parte del verdugo.

Ya no son iglesia:
Son empresa.
Son negocio.
Son religión vacía.
Sepulcros blanqueados.
Buitres con Biblia en mano.
La iglesia que calla ante la violencia, avala la violencia.
La iglesia que guarda silencio ante la injusticia, es parte de la injusticia.
Y la iglesia que ignora el sufrimiento de las personas negras, será juzgada por el Dios que dice amar.

No hay neutralidad posible. No hay excusa doctrinal. No hay argumento teológico que justifique la cobardía.

Hoy, el Jesús que ustedes dicen adorar
está siendo deportado, perseguido, abandonado, traicionado… por ustedes mismos.
Y ustedes se atreven a llamarse iglesia protestante.

Los cañeros: Cotizaron por décadas y se les niegan las pensiones VÍDEO

Santo Domingo.- Al realizar concentración de trabajadores frente al Palacio Nacional este martes 8 de julio, la Unión de Trabajadores Cañeros (UTC), el Bloque Popular Jesús Adon y la Coordinadora Popular Nacional (CPN), demandaron del gobierno que encabeza Luis Abinader cumplir con la deuda social que tiene el Estado Dominicano con los trabajadores cañeros que por décadas han sustentado lo que alguna vez llego a llamarse la espina dorsal de la economía dominicana, la industria del azúcar.

 Las entidades reclamaron a su vez, el cese delo que denominan política de acoso contra los sectores empobrecidos, no solo los cañeros, sino también los moradores de los sectores populares, los trabajadores migrantes y otros grupos vulnerables, a los que el presente gobierno trata con una conducta deshumanizada de bestialidad.

 Denunciaron que los trabajadores cañeros han cotizado a la seguridad social por décadas, crearon las principales riquezas de este país y ahora se le quiere tratar como desechos sociales, a los que se le niegan pensiones, salud, seguridad social e incluso derecho a la libertad sindical y de tránsito.

Las organizaciones rechazaron que este gobierno que se montó sobre las grandes movilizaciones nacionales por los derechos contra la impunidad, ahora se haya revelado como un defensor de los más ricos y se burla de los trabajadores, queriendo negarle incluso el derecho a la cesantía para satisfacer el afán de lucro de los grandes sectores empresariales a los cuales sirve.

Llamaron a toda la población trabajadora y los sectores populares y comunidades movilizadas a vertebrar una gran unidad nacional en lucha contra los abusos de las elites y el gobierno contra la población empobrecida.

Milagros Ortiz denuncia y Yeni Berenice actúa: Presos por corrupción generales, coroneles y capitanes

Santo Domingo.- Como parte de la Operación Lobo el Ministerio Público arrestó a militares y civiles de una estructura delictiva que se apoyaba en la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
La operación, desarrollada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, incluyó la realización de 15 allanamientos en el Distrito Nacional y Santiago.

Las investigaciones llevaron al arresto en el Distrito Nacional del mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.

Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

Un total de 26 fiscales de los órganos de investigación del Ministerio Público trabajaron con el apoyo de 189 agentes de la Policía Nacional para enfrentar la red que afectó al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).

La Pepca y la Dirección General de Persecución adelantaron que la investigación inició con una denuncia enviada al Ministerio Público por la gestión de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que encabeza la doctora Milagros Ortiz Bosch.

Explicaron que las líneas de investigación siguen su curso con la rigurosidad y la visión holística que promueven para estos casos la gestión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y que buscan encarar la criminalidad y el delito en todos sus ámbitos.

En las próximas horas el Ministerio Público estará depositando su solicitud de medida de coerción contra los miembros de esta red criminal.

Haití: Las bandas en cruenta lucha en Lascahobas tras el control de los pueblos y mercados fronterizos

Santo Domingo.- Las bandas haitianas libran una cruenta lucha en Lascahobas, a poca distancia de Elías Piña, donde son enfrentadas por valientes policías con la ayuda de valientes brigadistas que de igual manera resisten arriesgando sus vidas.

La población civil se moviliza, intentando ayudar en lo que puede, al tiempo que deplora el escaso apoyo de las autoridades, como ocurre en Mirbalais y otras regiones atacadas por bandas armadas, establece el periódico Le Nouvelliste en un artículo de Thomas Lalime.

En la batalla por la soberanía de Haití, la defensa de Lascahobas se presenta como una prueba decisiva, cuyo resultado podría determinar el futuro de las regiones Norte y Noreste, ya debilitadas por años de abandono e inseguridad.

La caída de Lascahobas abriría un nuevo corredor para la expansión de las bandas hacia el centro, norte y noreste del país, amenazando ciudades como Hinche, e incluso Cabo Haitiano, Fort-Liberté y Ouanaminthe.

¿Sería posible?

Si bien las bandas armadas han logrado conquistar la mayor parte del área metropolitana de Puerto Príncipe, donde se encuentran todas las fuerzas del orden, no se puede afirmar que otras ciudades o departamentos importantes estén exentos, dice Lalime.

Todo parece indicar que la coalición de bandas armadas «Viv ansanm», compuesta por las 400 Mawozo y Canaan, tiene una estrategia bien planificada para conquistar territorio. El visible desacuerdo y la improvisación en las altas esferas del gobierno les dan vía libre para llevar a cabo su plan.

Las ya tensas relaciones con RD

En el contexto de una crisis de seguridad sin precedentes, Haití ve cómo sus zonas fronterizas y corredores estratégicos caen gradualmente bajo el control de bandas armadas.

Si la comuna de Lascahobas fuera conquistada, las consecuencias serían dramáticas, tanto económicas como geopolíticas.

La comuna se encuentra cerca de la frontera con  República Dominicana.

Es un importante punto de cruce para el comercio oficial e informal entre ambos países.

La toma de Lascahobas por bandas armadas interrumpiría importantes flujos comerciales, en particular de productos alimenticios, materiales de construcción y, en particular, el contrabando de armas, municiones y otras sustancias ilícitas.

Esto, estima el autor del trabajo en Le Nouvelliste, ejercería mayor presión sobre las ya tensas relaciones haitiano-dominicanas, con el riesgo de una escalada y un cierre total.

Un punto estratégico

La comuna de Lascahobas sigue siendo un punto estratégico, y su asalto confirmaría una observación clara: el Estado haitiano ya no puede garantizar su soberanía territorial.

Esto abriría la puerta a diversas reacciones por parte de la República Dominicana, que podría verse amenazada por el control de las ciudades fronterizas por bandas armadas que ya considera terroristas.

Lascahobas no es solo una pequeña comuna rural. Es una esclusa estratégica para la seguridad nacional de Haití, un centro neurálgico del comercio fronterizo y un punto de tránsito.

Su pérdida aceleraría la espiral de caos, aislamiento y escasez, aún más grave que la que ya vive el país que comparte la isla con República Dominicana.

Preservar Lascahobas significa proteger mucho más que una ciudad: significa defender una mínima esperanza de estabilidad y un futuro para Haití, dijo Lalime.

Saludan la reapertura de un programa político en radio y tv

Puerto Príncipe.- La organización SOS Journalistes celebra la reanudación de un programa político independiente en Radio Mega tras meses de suspensión «forzosa e ilegal» a instancias del Consejo Presidencial de Transición (CPT).

Según una nota del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), fechada el 22 de noviembre de 2024, Radio Mega utilizaba su frecuencia para difundir masivamente propaganda en apoyo de grupos armados que siembran el terror en la capital.

En la nota, que SOS Journalistes calificó de lamentable, vergonzosa y despreciable, CONATEL ordenó a Radio Mega suspender inmediatamente el programa Intercambio de Palabras (Boukante Lapawòl), que produce  y amenazó con suspender la concesión que le otorgaba su autorización para operar.

Guerrier Henry, presentador del programa político Boukante Lapawòl de Radio Mega FM. En noviembre 20 el Conatel envió ua carta al propietario y director ejecutivo de Radio Mega con sede en Miami, Alex Saint-Surin

La reanudación del programa político independiente Intercambio de Palabras (Boukante Lapawòl) demuestra que la lucha innegociable por la libertad de prensa y expresión, así como por los logros democráticos en general, aún merece ser librada con todas sus fuerzas y sin descanso.

SOS Journalistes, que prometió obligar a las autoridades a revertir la decisión represiva del gobierno, agradece a todos aquellos que contribuyeron a su manera a que el CPT y el gobierno del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé finalmente entraran en razón.

La organización, a pesar de las persistentes tendencias arbitrarias dentro del actual gobierno, alienta al Consejo Presidencial de Transición y al gobierno a seguir demostrando apertura y tolerancia política, esenciales para la primacía del orden democrático sobre la repugnante arbitrariedad de un pasado que ha desaparecido para siempre, pero que algunos de nuestros líderes aún añoran.

SOS Journalistes continúa recordando a todos los periodistas y medios de comunicación su obligación de observar, en todo momento y en todos los ámbitos, la ética profesional que garantiza el ejercicio responsable de la libertad de prensa y expresión.

Le embargan bienes: El cantante Charlie Zaa en la mira de la justicia por sus posibles vínculos con paramilitares

Bogotá, RT.- Carlos Alberto Sánchez Ramírez, mejor conocido como Charlie Zaa, es un cantante reconocido por sus boleros románticos, pero ahora saltó a la palestra por estar en la mira de la Justicia colombiana por presuntos nexos con el paramilitarismo.

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó medidas cautelares sobre cinco de sus propiedades, incluida la discoteca Solaris y el centro comercial Oasis, cuyo valor asciende a unos 25.000 millones de pesos (unos 6,1 millones de dólares), refiere la prensa local.

La Fiscalía General de la Nación lo solicitó como parte de un proceso de extinción de dominio que investiga si los bienes fueron adquiridos con dinero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para luego ejecutar un lavado de dinero como presunto testaferro.

Ante esto, Zaa aclaró a La FM el lunes que la investigación no es en su contra, sino sobre bienes de su familia, en especial la discoteca Oasis, situada en el municipio Girardot. Además, negó que tenga vínculos con paramilitares.

«Nunca he cantado para narcotraficantes, ni guerrilleros, ni paramilitares. Si existiera una sola prueba de eso, lo aceptaría, pero no la hay. Mis principios no son negociables», contestó el artista, quien arguyó que su fortuna proviene de su carrera musical.

Un joven abogado dice que le presionan por sus denuncias contra actos corruptos

El joven abogado y activista del Colegio de Abogados de Aquin, Caleb Jean-Baptiste, ha sido inhabilitado por el Colegio de Abogados de Puerto Príncipe para ejercer cualquier actividad judicial en su jurisdicción. De hecho, el Consejo de Disciplina de dicho Colegio le ha prohibido actuar o ejercer en dicha jurisdicción y, al mismo tiempo, ha clausurado su despacho, abierto en el número 9 de la calle La Sorbonne, Delmas 83.

Por Célou Flécher

Puerto Príncipe, (EL FACTOR HAITÍ), 7 de julio de 2025. — ¡ Un golpe bajo en el sistema judicial haitiano! Caleb Jean-Baptiste ya no está autorizado para ejercer la abogacía en Puerto Príncipe.

Mediante notificación del 3 de julio de 2025, el Consejo de Disciplina del Colegio de Abogados decidió prohibir al Sr. Jean-Baptiste actuar y ejercer en esta jurisdicción, a pesar de estar inscrito en el Colegio de Abogados de Aquin (Departamento Sur).

Mediante esta misma decisión, firmada por el presidente interino del Colegio de Abogados, Max Standley Lafortune, el Consejo de Disciplina ordenó también el cierre del despacho de abogados “Caleb Jean-Baptiste & Associés”, domiciliado ilegalmente en el número 9 de la rue La Sorbonne, Delmas 83”.

Mientras tanto, su caso será remitido al Colegio de Abogados de Aquin para que se emprendan acciones legales, indicó el Colegio de Abogados de Puerto Príncipe.

«Este aviso se publica con el fin de proteger al público y para todos los fines útiles «, explicó el presidente en funciones del Colegio de Abogados, Me Standley Lafortune.

Contra acciones corruptas

De su lado, Caleb declaró ha sido atacado en tres ocasiones por sus denuncias de casos de corrupción, una represalia y un intento de desestabilizar su firma en un momento en que ataca directamente las arraigadas redes de corrupción

El abogado se refirió a sus denuncias en casos “delicados”, en particular el caso UNIBANK, el de la empresaria Betty Lamy, las investigaciones contra el director de la ULCC (Unidad de Lucha Contra la Corrupción), Hans Jacques Ludwig Joseph, y el caso de la FNE (Fondo Nacional de Educación).

Caleb declaró que su firma está legalmente reconocida por las autoridades haitianas, por lo que anunció que emprenderá acciones legales contra  Lafortune por violación de la ley.

Mantener la calma

A pesar de esta situación, el abogado instó a sus clientes a mantener la calma, asegurándoles que todos los casos confiados al despacho se gestionarán con rigor y sin trabas.

Mi despacho continúa operando con normalidad y en estricto apego a la ley, dijo Caleb en un comunicado. “No cederé ante presiones ni arbitrariedades».

Expone en el CES: AI dice en RD a haitianos se aplica tortura, violencia física y detiene en condiciones crueles

Santo Domingo.- Amnistía Internacional hizo un llamado urgente a las autoridades dominicanas para que cualquier política migratoria futura se fundamente en el respeto absoluto a los derechos humanos, la no discriminación, la justicia racial y el acceso efectivo a mecanismos de regularización para personas migrantes y refugiadas haitianas.

“En un momento en que la sociedad dominicana busca construir consensos sobre cómo responder a los desafíos de la movilidad humana, el Estado tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de diseñar una política migratoria centrada en las personas, no en la persecución ni en la deportación hacia contextos donde pueden perder la vida”, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, citada por un comunicado de prensa enviado por esa entidad.

Piquer dice que República Dominicana debe asegurar que sus políticas migratorias cumplan con los estándares internacionales, incluyendo el principio de no devolución, el debido proceso, “el interés superior de la niñez y el derecho a la nacionalidad”.

Además, instaron al presidente Luis Abinader a poner fin de inmediato a las deportaciones colectivas, “al perfilamiento racial y a prácticas migratorias discriminatorias”.

Como parte del diálogo convocado por el Consejo Económico y Social de República Dominicana, Amnistía Internacional dijo que presentó una contribución formal ante la mesa temática sobre migración, en respuesta a la pregunta central:

La entidad dice que desde octubre de 2024 más de 180,000 personas haitianas han sido deportadas en operativos masivos sin evaluaciones individualizadas.

“Entre las personas expulsadas se encuentran mujeres embarazadas, niñas y niños, personas negras y dominicanas de ascendencia haitiana. La organización ha documentado casos de tortura, violencia física y detención en condiciones crueles, inhumanas y degradantes”, dice el referido comunicado.

La organización señala que es indispensable que el presidente Abinader retire el protocolo que ordena deportaciones tras recibir atención médica, ya que el derecho a la salud no puede depender del estatus migratorio.

La organización ha catalogado como inaceptables y riesgosas para la vida las prácticas de expulsión e intimidación de personas que buscan atención médica.

“La política migratoria actual ha generado efectos negativos sobre sectores económicos clave, debido a la escasez de mano de obra provocada por las expulsiones masivas. En este contexto, Amnistía Internacional alienta a continuar los consensos emergentes sobre la necesidad de abrir canales de regularización, evitando que dichos mecanismos repitan errores del pasado, como los del fallido Plan Nacional de Regularización, en el que muchas personas beneficiarias no han podido renovar sus documentos desde el inicio de la actual administración, lo que las ha expuesto a detenciones arbitrarias, extorsión por parte de agentes corruptos y redes de trata y tráfico de personas”, dice el documento.