Santo Domingo.- El Ministerio Público puso en marcha la Operación Domo, con la cual desmanteló una red que se dedicaba a la piratería mediante la reventa ilegal de señales de reconocidos canales de televisión y servicio de plataformas de streaming.
Un equipo de 30 fiscales encabezan 19 allanamientos bajo la coordinación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público conjuntamente con la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), la Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos y Terrorismo, la Unidad de Investigación Criminal (UIC)  y la Fiscalía del Distrito Nacional.
La operación se llevó a cabo en conjunto con miembros del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) y el Departamento Especial de Investigaciones de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional. Además, contó con la cooperación internacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).
En los allanamientos, practicados  en el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y Jarabacoa, se ocuparon equipos electrónicos, documentos y vehículos.
El Ministerio Público adelantó que los integrantes de la red se lucraban con la reventa de contenidos como programas de televisión, series y películas en  violación a los derechos de autor.
Las investigaciones establecieron que los detenidos forman parte de una red de seis imputados, de los cuales cuatro ya habían sido condenados en los Estados Unidos en el año 2017 por hechos similares de piratería digital.
La red utilizaba sofisticados mecanismos tecnológicos para vulnerar los sistemas de seguridad de plataformas de televisión paga y streaming, ofertando suscripciones ilícitas a nivel nacional e internacional.
El esquema incluía pagos con criptomonedas y la reventa de accesos, generando millonarias ganancias ilícitas que luego eran colocadas en el sistema financiero.
El caso se suma a las acciones encaminadas por la actual gestión de la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, para enfrentar la criminalidad y la delincuencia en todas sus manifestaciones.
Los integrantes de la red enfrentarán cargos por violación a la propiedad intelectual y lavado de activos, delitos sancionados en Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Santo Domingo.– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de su presidente, Manuel María Mercedes, declaró este martes su firme disposición de enfrentar cualquier intento de ocupación ilegal de terrenos en el país, sin importar el poder económico o la influencia de quienes estén detrás de estas acciones.

Mercedes hizo la advertencia durante una visita a la parcela 21-C-2 del Proyecto Orquídea, ubicada en Santo Domingo Este, propiedad del ciudadano Juan Rivera Cordero, quien mantiene una batalla judicial desde 2017 contra la empresa Docar y su principal ejecutivo, Jangle Vásquez Rodríguez, a quienes acusa de ejecutar acciones irregulares con el objetivo de despojarlo de sus terrenos.

El dirigente de derechos humanos denunció que, sin autorización legal ni títulos que lo respalden, la empresa inició la construcción de una obra en la propiedad, desafiando abiertamente las disposiciones municipales.

“Pese a que el Ayuntamiento de Santo Domingo Este impuso un impedimento formal para detener la construcción, los responsables retiraron incluso el letrero oficial de prohibición colocado por el cabildo, en un claro acto de irrespeto a la autoridad”, afirmó Mercedes.

Al Consejo Estatal del Azúcar

Mercedes informó que la CNDH solicitó la intervención urgente del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), institución que certificó la titularidad de los terrenos a nombre de Rivera Cordero. La solicitud fue presentada el pasado viernes al director ejecutivo del CEA, Rafael Burgos Gómez, para que actúe con celeridad ante lo que calificó como un intento de fraude.

“Hacemos un llamado al CEA para que intervenga antes de que este caso derive en un conflicto mayor. Rivera Cordero ha sido propietario legítimo por más de treinta años, con documentos y certificaciones legales que lo avalan. No podemos permitir que se imponga la fuerza por encima del derecho”, indicó.

Mercedes también señaló que el único “aval” de los ocupantes ha sido una red de corrupción que ha comenzado a ser desmantelada por la actual gestión del CEA.

Defensa en todos los escenarios

El presidente de la comisión reafirmó que la organización utilizará todas las vías legales y constitucionales para proteger los derechos de Rivera Cordero.

“Nos defenderemos en el terreno que ellos han elegido, porque la ley y la justicia no pueden estar subordinadas a intereses particulares. La propiedad privada es un derecho fundamental que debe ser respetado”, enfatizó.

Destacó que el propio presidente de la República, Luis Abinader, emitió en marzo de este mismo año el Poder Especial 36-25, ordenando al director del CEA formalizar la transferencia a Rivera.

Mercedes instó a las autoridades judiciales y administrativas a actuar con firmeza para garantizar que este conflicto se resuelva conforme a la ley, y advirtió que la organización que preside se mantendrá en vigilancia permanente hasta que exista una decisión irrevocablemente juzgada.

Santo Domingo.- Para el alcalde de la fronteriza comunidad de Dajabón, Santiago Riverón, carece de veracidad la versión difundida por las autoridades en el sentido de que la frontera está blindada,

La frontera solo está blindada para los de allá arriba, aseguró el ejecutivo municipal al momento de quejarse sobre la supuesta proliferación de menores haitianos que supuestamente comenten acciones violentas.

A Riverón se le realizó la misma pregunta de manera reiterada en una entrevista al programa El Show del Mediodía, a lo cual respondió de la misma manera.

Una mafia sobre el puente

Según las explicaciones del alcalde, en el puente sobre el río Masacre opera una mafia “que se ha llevado a mucha gente de aquí, de Dajabón”.

La denuncia de Riverón implica a las autoridades militares de control del flujo sobre tráfico sobre el puente del afluente, una versión que en ocasiones contradijo cuando se le preguntaba sobre su coordinación con los jefes del Ejército dominicano.

“Aquí Migración hace su trabajo, apresa 300 y 400 personas cada día, pero no tiene el apoyo de otros organismos de seguridad del Estado”, dijo el edil.

Una malla electrizada

La afluencia de haitianos sin papeles se produce por el puente sobre el río y de toda la zona, incluido el entorno del mercado. “Los haitianos vuelan la verja y lanzan todo tipo de mercancías para este lado de la frontera sin ser molestados”.

El alcalde anunció que por ese tráfico descontrolado de personas y mercancías debió electrificar la verja del mercado.

Verón Punta Cana.- El Tribunal Superior Administrativo debió emitir un veredicto para ordenar al Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) que reconozca la vigencia de una ley que, como tal, fue aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo en diciembre de 2022.

Incluso, el presidente Luis Abinader emitió su opinión en favor de la aplicación de la ley sin demora.

Conforme lo establece el artículo 24 de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, los distritos municipales fueron autorizados a administra y usar sus suelos y los asentamientos humanos, pero hasta ahora esa facultad ha sido negada de manera arbitraria por el Mived para favorecer una disputa en favor del municipio de Higüey.

En principio se argumentó la falta de un reglamento, fue emitido y publicado por el Poder Ejecutivo y todavía se regatea la aplicación de una medida con todas las garantías de ley.

La sentencia

Este proceso inició el 17 de julio de 2025 cuando el director Ramón Antonio Ramírez (Manolito) interpuso una acción de amparo de cumplimiento ante la negativa del Mivhed de reconocer las autorizaciones emitidas en Verón-Punta Cana.

La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó al Mivhed reconocer las atribuciones que confiere la ley al distrito municipal Verón Punta Cana.

El veredicto fue adoptado a unanimidad por los jueces Antonio O. Sánchez Mejía, Úrsula J. Carrasco Márquez y María Guillermina Calderón Abreu, y firmada el 2 de septiembre de 2025.

Con la disposición se fortalece la autonomía de Verón-Punta Cana y se sienta un precedente de gran importancia para la correcta aplicación de la Ley 368-22 en los distritos municipales del país, dijeron en una declaración escrita las autoridades locales.

Para tales fines debió emitir la sentencia número 03-2025-SSEN-00472, según comunicaron las autoridades de la comunidad perteneciente a la provincia La Altagracia. “La decisión dispone que el Ministerio debe dar curso a los permisos de uso de suelo emitidos por la Oficina de Planeamiento Urbano de la Junta Distrital de Verón-Punta Cana, consolidando así nuestra facultad legal para gestionar y autorizar estas solicitudes en la zona”.

La decisión dispone que se debe dar curso a los permisos de uso de suelo emitidos por la Oficina de Planeamiento Urbano de la Junta Distrital de Verón-Punta Cana, “consolidando así nuestra facultad legal para gestionar y autorizar estas solicitudes en la zona”.

Santo Domingo.- Manolo Ramírez (Pupilo), secretario general Confederación Autónomo Sindical Clasista (CASC) Higüey, llama a diálogo entre empresarios y los transportistas para superar el conflicto generado después que sus unidades fueran atacadas en La Otra Banda.

El conflicto inició el pasado sábado en rechazo a los apagones que, incluso en la zona turística, se producen en la provincia La Altagracia. En esos lugares rige mayormente el servicio de la empresa privada Consorcio Eléctrico Punta Cana Macao (Cepm).

Para “Pupilo” el tema se resuelve con facilitad, toda vez que los organismos de inteligencia del Estado tienen mapeado el movimiento de todo aquel con capacidad de desarrollar acciones revoltosas como la ocurrida el pasado sábado.

Sin embargo, reclamó que sean identificadas personalidades que, como el senador Rafael Barón Duluc (PRD-La Altagracia).

Santo Domingo.- Los transportistas se unificaron para, molestos por el asalto a una de sus unidades en La Otra Banda, cerrar con sus vehículos atravesados todas las entradas y salidas de Higüey, según los reportes desde la zona.

De acuerdo con varios audios y vídeos de los dirigentes, la acción se realiza para reclamar un mejor trato de las autoridades y contra supuestos peajes ilegales de parte de ciudadanos no identificados en el tránsito por La Otra Banda.