Por Anny Minerva Jaquez Reyes
La convivencia escolar no se construye con miedo, sino con responsabilidad, respeto y pensamiento crítico.
La disciplina implica reconocer y cumplir normas, asumir responsabilidades y convivir respetando los derechos de los demás. El autoritarismo, en cambio, impone la voluntad de quien tiene el poder y privilegia la obediencia sobre el diálogo, el pensamiento crítico y la dignidad humana. Aunque ambos pueden confundirse cuando hablamos de orden, no son equivalentes: la disciplina puede educar para la convivencia; el autoritarismo puede enseñar a obedecer por miedo.
Esta diferencia importa al analizar lo que ocurre en nuestras escuelas. Los problemas de conducta afectan el aprendizaje y dificultan el trabajo docente. Debemos atenderlos con seriedad, proteger la autoridad pedagógica y garantizar ambientes seguros, sin convertir la escuela en un espacio de imposición ni renunciar a su misión de formar personas capaces de pensar por sí mismas.
Quienes ejercemos la docencia sabemos que educar nunca ha sido sencillo. En cada aula hay estudiantes con historias que desconocemos, familias que enfrentan dificultades y docentes que, además de enseñar, asumen responsabilidades que exceden sus funciones.
Vengo de una familia de docentes y también ejerzo esta profesión. Por eso valoro profundamente el trabajo del magisterio y sé que no podemos seguir exigiéndole que resuelva por sí solo problemas que comprometen a toda la sociedad.
Desde ese respeto, me preocupa escuchar a colegas afirmar que, ante las dificultades de disciplina en las escuelas dominicanas, necesitamos una Keiko Fujimori en nuestro país. Entiendo la frustración detrás de esas expresiones, pero antes de buscar quién imponga orden debemos preguntarnos qué ocurre con nuestra niñez y juventud, qué sociedad estamos construyendo y qué responsabilidad tenemos los adultos.
Los niños y las niñas aprenden de lo que les decimos, pero también de cómo resolvemos los conflictos y tratamos a los demás. Aunque cada persona tiene capacidad de decisión, la niñez, la adolescencia y la juventud temprana se desarrollan en condiciones familiares, escolares y sociales que influyen en su comportamiento.
Por eso, cuando un estudiante agrede, desafía los límites o tiene dificultades para convivir, debemos intervenir y preguntarnos qué está viviendo, qué ha aprendido y qué herramientas necesita. Comprender una conducta no significa justificarla: permite actuar con responsabilidad. No podemos atribuir exclusivamente a niños y adolescentes comportamientos que también reflejan el mundo adulto que les hemos ofrecido.
Nuestra sociedad incluye hogares atravesados por conflictos, familias con poco acompañamiento institucional y adolescentes que asumen responsabilidades para las que aún no cuentan con la madurez o los recursos necesarios. Las maternidades y paternidades tempranas forman parte de esta realidad y deben abordarse con claridad: las niñas no deberían ser madres, y la maternidad durante la adolescencia no debe normalizarse.
Cuando una niña queda embarazada, debemos preguntarnos qué falló en su entorno, qué mecanismos de protección no funcionaron y dónde estaban la familia, las instituciones y el Estado encargados de garantizar sus derechos. Todavía está desarrollándose y no cuenta con la madurez necesaria para asumir plenamente la crianza. Con frecuencia debe poner en pausa su educación, autonomía y proyectos de futuro para atender a otra persona.
No se trata de culpabilizarla, sino de reconocer que también necesita protección. La familia tiene responsabilidades fundamentales, y el Estado debe asegurar prevención, educación sexual integral, atención y protección. La paternidad temprana también exige responsabilidad de los varones, para que la crianza no recaiga exclusivamente sobre las niñas y las mujeres.
Estas circunstancias no determinan el futuro de nadie ni significan que todos los estudiantes con dificultades de conducta provengan de hogares disfuncionales. Muchas familias acompañan con responsabilidad pese a las adversidades, y numerosos jóvenes encuentran en la escuela oportunidades para transformar sus vidas. Por eso se necesitan políticas públicas que apoyen a las familias, prevengan la violencia y garanticen servicios adecuados de orientación y atención. La escuela no puede sustituir a la familia, los servicios de protección ni las instituciones estatales.
Los problemas de convivencia escolar son reales. Hay docentes que enfrentan agresiones, amenazas y situaciones que dificultan seriamente su trabajo. El magisterio tiene derecho a ejercer su autoridad pedagógica en condiciones dignas y con herramientas para atender los conflictos. Los estudiantes, a su vez, tienen derecho a aprender en ambientes seguros y respetuosos. Ambos derechos deben protegerse.
Para ello hacen falta normas claras, manuales de convivencia aplicados con coherencia, equipos suficientes de orientación y psicología, y coordinación entre docentes, estudiantes, familias y autoridades educativas. La comunidad educativa debe compartir responsabilidades y construir acuerdos, de modo que la convivencia no dependa únicamente de quien dirige el aula. Las faltas deben tener consecuencias educativas y proporcionales; comprender el contexto no implica justificar agresiones ni desproteger a quienes las sufren.
También debemos revisar qué entendemos por indisciplina. Un adolescente que pregunta por qué debe cumplir una norma, cuestiona una decisión o expresa una opinión diferente no necesariamente falta al respeto. Los estudiantes tienen derecho a pensar, disentir y expresarse, siempre que respeten los derechos ajenos. No toda resistencia es indisciplina, así como no toda obediencia demuestra aprendizaje.
En República Dominicana, esta discusión merece una mirada histórica. La dictadura de Rafael Leónidas Trujillo dejó una huella profunda, y las culturas autoritarias pueden sobrevivir a los regímenes que las instauraron. Persisten cuando suponemos que quien tiene autoridad siempre tiene la razón, interpretamos cualquier desacuerdo como una ofensa o esperamos que los jóvenes acepten las decisiones adultas sin explicaciones. No significa que todos nuestros problemas escolares provengan del trujillismo, sino que debemos reconocer cómo esas prácticas aún pueden influir en nuestra relación con el poder.
En este contexto, presentar a Keiko Fujimori como modelo para enfrentar la indisciplina resulta problemático. Su padre, Alberto Fujimori, fue condenado por violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad, y su gobierno estuvo marcado por graves abusos, entre ellos esterilizaciones forzadas que afectaron especialmente a mujeres pobres e indígenas. Keiko ha reivindicado aspectos de su legado político, por lo que no debería presentarse su figura como referencia de disciplina o autoridad sin examinar críticamente las consecuencias de ese modelo. La educación no necesita opresión, uniformidad ni obediencia ciega para alcanzar buenos resultados. En América Latina existen países con excelentes desempeños académicos que han fortalecido sus sistemas educativos mediante políticas de apoyo, formación docente, convivencia democrática y participación, no mediante el miedo. La disciplina escolar debe construirse con normas claras, responsabilidad y respeto a los derechos humanos, no con la idealización de figuras asociadas a prácticas autoritarias.
El orden no equivale a justicia, ni la obediencia a conciencia. Un estudiante puede guardar silencio por miedo al castigo sin comprender por qué una conducta es dañina, o repetir una respuesta para aprobar sin desarrollar pensamiento crítico. La educación debe formar personas capaces de argumentar, reconocer errores, convivir y cuestionar las injusticias, no individuos que acepten sin preguntas las decisiones de quienes mandan.
No está todo perdido. Hay niños, niñas, adolescentes y jóvenes que estudian, trabajan, cuidan a sus hermanos y sostienen sus sueños en circunstancias difíciles. También hay docentes que, aun agotados, continúan buscando estrategias para enseñar, orientar y acompañar. Esa realidad merece reconocimiento y mejores condiciones.
A mis colegas docentes les digo que nuestro cansancio merece atención, nuestra autoridad necesita respaldo y nuestra labor requiere condiciones dignas. Precisamente porque conocemos el valor de educar, debemos examinar críticamente las soluciones que se nos presentan. No podemos enseñar pensamiento crítico y renunciar al nuestro cuando una consigna política conecta con nuestra frustración.
La disciplina que necesita una sociedad democrática consiste en comprender las normas, asumir responsabilidades y reconocer los derechos propios y ajenos. Para lograrlo necesitamos familias acompañadas, escuelas fortalecidas, docentes respaldados y un Estado que cumpla sus obligaciones.
No necesitamos una figura autoritaria que prometa disciplinar a nuestros estudiantes, sino una sociedad comprometida con la formación de su niñez y juventud. Educar no es fabricar personas obedientes para que el poder actúe sin resistencia; es formar seres humanos capaces de pensar, convivir y transformar las condiciones que les impiden vivir con dignidad.
Esa tarea no corresponde únicamente al magisterio. Nos corresponde a todos y todas.
