Por Santo Salvador Cuevas
Impensable lo que trajo consigo la embajadora actual de Estados Unidos de América, Leah F. Campos, una señora joven (por demás muy elegante), pero con una autoridad y aparente independencia para actuar.
A su llegada a República Dominicana Campos ha dejado caer dos «bombazos» que han estremecido de cuajo el seno de la sociedad, al margen del trato y manejo mediático de quienes lo controlan todo desde el oficialismo.
Primero, la embajadora se la puso «en china» a la oficina de la DEA en Santo Domingo al denunciar tan pronto llegó un manejo corrupto, complaciente y servil de esos agentes, a tal punto que, por mandato de la misma embajadora, el jefe de la DEA en Santo Domingo, no solo fue destituido y cerrada la oficina, sino también enviado preso hacia su país.
Ese es un hecho novedoso.
En esta misma semana las «bombas» de la embajadora Campos han venido en cadena.
Anunció el restablecimiento del visado al señor Gonzalo Castillo, dándole visa por 10 años, hecho este de la visa de Gonzalo que durante años se usó para el morbo y para alimentar la campaña de descredito orquestada.
El hecho, que no deja de ser de impacto Nacional, no queda ahí, sino que la embajadora arremete diciendo que la Embajada de EEUU ha sido usada con fines políticos para afectar a personas interesadas.
Es decir, la visa o el nombre de Estados Unidos, igual que la justicia independiente, han sido usadas para destruir a una fuerza política opositora que se llama PLD.
Así, con la firma de la misma embajadora Campos circula un documento en el que expresa su «rechazo a que la justicia sea instrumentalizada con fines políticos».
Es decir, lo que tanto denunció el PLD desde 2020, quienes hoy dirigen el Estado han hecho de todo lo que nunca se debe hacer en una sociedad civilizada y cimentada en principios de decencia y convivencia pacífica.
Todo en el poder, desde el primer día, han usado de manera combinada y abusiva el aparato judicial y la fuerza mediática, en hechos combinados para la condena social, sin permitir la decisión previa de los jueces de la República.
Lo cometido contra Gonzalo Castillo, Ramón Peralta y Donald Guerrero, es un hecho criminal que lleva el terror y el rechazo al mismo seno de sus familiares.
Hasta ahora, los argumentos de esa embajadora han sido contundentes e irrefutables, y todavía nadie desde el poder ni del aparato judicial se han atrevido a desmentir.
Independientemente de que simpatice o no con la política oficial de Estados Unidos, veo con sorpresa el valor y la manera frontal como su embajadora hace sus denuncias, con las que pone al desnudo la podredumbre que impera en las instituciones públicas de nuestro país.
