Por Joseph Guyler C. Delva
Puerto Príncipe, (HCNN).- Docenas de extranjeros se pudren en las cárceles de Haití luego que fueran acusados de tráfico de drogas y asesinatos, muchos de los cuales ignoran cuándo se les permitirá comparecer ante un juez.
Al menos 52 extranjeros -incluidos 17 colombianos, 13 jamaicanos y 10 de la vecina República Dominicana- permanecen en las mismas cárceles donde al menos 142 reclusos fueron asesinados el año pasado en pleitos, además de que muchos de ellos fueron acribillados por padecer de cólera y otras enfermedades infecciosas.
Entre los presos de nacionalidad extranjera encarcelados en Haití se encuentran 17 colombianos, 13 jamaiquinos, 10 dominicanos y 2 bahameños.
Otros cinco ciudadanos extranjeros, uno de cada uno de los cinco países siguientes: Uruguay, Bolivia, Estados Unidos, Camerún, Nigeria y otros cinco con nacionalidades no reveladas.
Los funcionarios penitenciarios dijeron que familiares de varios de los detenidos se han puesto en contacto con ellos a través de sus respectivas embajadas o consulados para conocer más sobre sus condiciones.
«Aunque la lista no es exhaustiva, podemos contar al menos 52 extranjeros en nuestras cárceles, la mayoría de los cuales han sido detenidos por cargos de drogas y asesinato», dijo el inspector general de la policía, Pierre René François, al periódico Haitian-Caribbean News Network en una entrevista.
Varios detenidos colombianos fueron acusados de participar en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise, dijo el inspector de policía a HCNN.
El presidente
Moïse fue asesinado en su residencia privada -la noche del 6 al 7 de julio de 2021- por un comando compuesto principalmente por exmilitares colombianos.
Algunos de los colombianos han negado el crimen, diciendo que habían sido engañados por los autores intelectuales del asesinato. Dijeron que fueron invitados a Haití para ayudar a hacer cumplir una orden de arresto contra el entonces presidente en ejercicio, una acción que nunca habría sido posible por falta de disposiciones legales.
El juez que emitió la controvertida orden se encuentra desde hace algún tiempo refugiado en Canadá.