Santo Domingo.- El Centro de Reflexión y Acción Social Padre Juan Montalvo, SJ (Centro Montalvo) destacó en el Día internacional de los derechos humanos que mujeres, familias migrantes y hogares rurales se desenvuelven en una interrelación entre pobreza, exclusión sanitaria y hambre.
En el informe se pondera el hecho de que la seguridad alimentaria, estrechamente vinculada con el derecho a la salud, “muestra un deterioro paralelo”.
Para sustentar su hallazgo, el Centro Montalvo refirió que el Informe de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC, 2024) establece que cerca de 925,000 personas (9 % de la población analizada) enfrentan inseguridad alimentaria aguda. “Las mujeres, familias migrantes y hogares rurales son los más afectados, lo que evidencia una interrelación entre pobreza, exclusión sanitaria y hambre”.
“La vulnerabilidad alimentaria”, según precisa el centro guiado por curas jesuitas, “se ha visto exacerbada por la inflación, la dependencia de importaciones y la reducción de redes de protección social para personas sin documentos”.
El Centro Juan Montalvo precisó que el bloque sanitario refleja una paradoja de desarrollo: “mientras el país avanza en indicadores macroeconómicos, la garantía del derecho a la salud se debilita en su dimensión más humana y cotidiana”.
Según la concepción de la organización católica, las medidas migratorias, la crisis de gobernanza del sistema de salud y la inseguridad alimentaria convergen en un escenario de regresividad de derechos.
Un análisis integral, crítico y documentado
El Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en la República Dominicana 2025, elaborado por el Centro Montalvo, presenta un análisis integral, crítico y documentado sobre tres ejes estratégicos de la coyuntura nacional: el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente y la protección de los defensores ambientales, y el derecho al trato digno de las personas privadas de libertad.
El informe, según precisa, parte de un enfoque interseccional y de derechos humanos, que considera los impactos diferenciados por género, edad, discapacidad, condición migratoria y clase social, y articula los hallazgos a los compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano.
El estudio, basado en una investigación cualitativa documental, revisa fuentes secundarias nacionales e internacionales —informes institucionales, estadísticas oficiales, literatura científica, notas periodísticas y pronunciamientos de organismos multilaterales—.
El Centro Montalvo dijo que el enfoque permite identificar no solo los avances normativos e institucionales, sino también las brechas estructurales y patrones comunes de vulneración de derechos, reflejados en la fragmentación institucional, el déficit de financiamiento público, la debilidad de la rendición de cuentas y la persistente exclusión de grupos históricamente marginados.
Medio ambiente, derechos humanos y conflictividad territorial
El segundo bloque del informe de la institución aborda la relación entre medio ambiente, derechos humanos y conflictividad territorial. “En 2025, la República Dominicana enfrenta una presión creciente sobre sus recursos naturales —deforestación, contaminación de cuencas, expansión minera y manejo inadecuado de residuos sólidos— que compromete el derecho constitucional a un ambiente sano (art. 66)”.
Asimismo, el informe destaca la Ley 64-00 como el pilar jurídico de la política ambiental, complementada por resoluciones recientes del Ministerio de Medio Ambiente, como la 0004-2025, que dispone el cierre técnico del vertedero de Boca de Yuma.
“Sin embargo, se evidencia una débil capacidad institucional de monitoreo, cumplimiento y sanción, lo que convierte los avances normativos en logros más formales que sustantivos”, destaca el documento.
Hostigamiento y amenazas
En el plano de derechos humanos, se documentan casos de hostigamiento y amenazas contra defensores ambientales vinculados a denuncias de extracción ilegal de agregados, tala no autorizada y conflictos mineros.
El informe cita que República Dominicana aún no ha ratificado el Acuerdo de Escazú, tratado regional que garantiza el acceso a la información, la participación pública y la protección de quienes defienden el ambiente. “Su no adhesión constituye un vacío político relevante en materia de derechos ambientales y transparencia”.
El análisis del Centro Juan Montalvo concluye que el deterioro ambiental no solo tiene consecuencias ecológicas, sino también sociales y sanitarias: afecta la calidad del agua, la seguridad alimentaria y la salud de las comunidades rurales, reproduciendo desigualdades territoriales.
De acuerdo con el documento, los defensores ambientales emergen como actores de resistencia y esperanza, pero también como blancos de violencia, en un contexto regional donde América Latina sigue siendo la región más peligrosa del mundo para el activismo ambiental (Global Witness, 2924).
