Por Fulgencio Severino
La democracia representativa dominicana es un sistema político y económico secuestrado por la oligarquía dominicana, que corrompe a funcionarios y legisladores para apropiarse del presupuesto nacional.
El financiamiento de las campañas electorales de los y las candidatos y candidatas al Congreso, de los municipios y de los partidos políticas representativos de sus intereses, es el mecanismo mediante el cual las corporaciones empresariales consiguen influenciar en las leyes y contrataciones públicas o mediante sobornos para que les aprueben leyes favorables y le adjudiquen contratos millonarios.
Lo ocurrido en el Senasa en este gobierno o todos los actos de corrupción en los gobiernos pasados, incluyendo el proceso de privatizaciones de las empresas publicas, muestran el dominio de la oligarquía dominicana sobre el gobierno, el Congreso y los municipios.
Para superar la corrupción sistémica que afecta a nuestro país hay que liberar la democracia y sustituir el modelo fundamentado en un Congreso por un modelo participativo que no pueda ser sobornando por la oligarquía.
Es necesario eliminar el financiamiento millonario de las campañas electorales y restringir el nombramiento de empresarios para que dirijan las instituciones públicas.
Cada acto de corrupción con la admisión de los responsables debería ser castigado con las penas máximas.
Las negociaciones que hace el Ministerio Publico dejando fuera del expediente a responsables de corrupción o negociando la devolución de una parte de los recursos robados, es una forma de impunidad. Necesitamos una legislación que prohíba ese tipo de negociación. Hay que ser implacable con los que se roban los impuesto que paga el pueblo.
La oligarquía se ha apropiado del gobierno, el Congreso, los municipios y la justicia a través de su capacidad para sobornar o de financiar las campañas electorales de candidaturas a todos los niveles de los partidos políticos.
Debemos liberar estas instituciones de estos codiciosos.
