Santo Domingo.– La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, quien conoce el juicio preliminar del caso Calamar, ordenó este viernes a la Clínica Abreu entregar en un plazo de 48 horas el expediente médico completo del exsenador Rafael Calderón.
La disposición se produce luego de que el perito del INACIF (Instituto Nacional de Ciencias Forenses) informara que no pudo emitir un certificado médico concluyente debido a la falta de la historia clínica y de los estudios complementarios del paciente.
La documentación deberá ser entregada a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en manos de la procuradora Mirna Ortiz, con el fin de completar la evaluación médica ordenada por el tribunal y garantizar tanto el derecho a la salud del imputado como el desarrollo adecuado del proceso penal.
La audiencia fue aplazada para el jueves 18 de diciembre a las 9:00 de la mañana, en espera de que el centro de salud remita los documentos requeridos.
Por corrupción administrativa
El caso Calamar es una de las investigaciones por corrupción administrativa más complejas y de alto perfil en la historia reciente de República Dominicana, dirigido por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
El expediente, que suma miles de páginas y múltiples imputados, fue presentado formalmente con acusaciones contra más de 40 personas físicas y jurídicas, incluidos exministros, exfuncionarios y empresarios, por su presunta participación en una red que desfalcaría al Estado dominicano con miles de millones de pesos.
Avances y desafíos en el caso Calamar
Según el Ministerio Público, la estructura delictiva operaba a través de instituciones públicas y canales irregulares para desviar fondos del Estado mediante pagos injustificados por expropiaciones, sobornos y contratos ficticios.
Entre los principales acusados figuran exministros de alto rango, quienes habrían usado su influencia para permitir y facilitar el esquema de corrupción.
El proceso judicial ha enfrentado continuos aplazamientos, en muchos casos motivados por la presentación de licencias médicas de algunos imputados, como ha ocurrido recientemente con el exsenador Rafael Porfirio Calderón Martínez, quien ha provocado la suspensión de audiencias para que se evalúe su estado de salud y se confirme la validez de sus certificados médicos.
Además de las dilaciones procesales, el caso ha generado acuerdos de criterio de oportunidad con algunos implicados, que han aceptado colaborar con la investigación a cambio de beneficios procesales y devolución parcial de fondos al Estado.
Autoridades judiciales y del Ministerio Público han insistido en la importancia de avanzar en las audiencias y agotar las etapas procesales, argumentando que se trata de un procedimiento clave para combatir la corrupción al más alto nivel en el país.
